Digitalización del Derecho de sociedades (Directiva 2019/1151) y bréxit

El bréxit va a tener un gran impacto en los Derechos de sociedades, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea y de los países miembros. Aunque es imposible conocer todavía a ciencia cierta las consecuencias, es posible ir vislumbrándolas. Utilizo como ejemplo la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, que he analizado en una entrada reciente.

En primer lugar, el Reino Unido no está obligado a incorporar esta norma a su Derecho interno. Téngase en cuenta que comunicó su decisión de dejar la UE el 29 de marzo de 2017, que la última prórroga (¿de momento?) finaliza el 31 de octubre de 2019 y que el plazo de transposición de la Directiva termina el 1 de agosto de 2021. Por lo tanto, la normativa societaria británica, europea y de los Estados miembros se distanciará cada vez más. Aunque de momento son parecidas, dado que el Reino Unido ha ido incorporando las Directivas europea, las diferencias se incrementarán.

En segundo lugar, las empresa y los ciudadanos británicos no se beneficiarán de las posibilidades que ofrece la Directiva 2019/1151 respecto de la constitución de sociedades en línea. Es cierto que la Companies Act 2006 contiene múltiples disposiciones que permiten aprovechar formatos electrónicos en las relaciones entre la sociedad, los administradores y los socios (véase los arts. 184, 291 ss., 296, 298, 303 o 308). Y que también contempla la utilización de medios de comunicación digitales en las comunicaciones con los registros (por ejemplo, arts. 1068 ss., 1086 s., 1115 o 1135). Ahora bien, la Directiva 2019/1151 va más allá. Permite constituir sociedades de capital en línea, en cualquier Estado miembro, sin la presencia física de los fundadores, socios o administradores. Obliga a que todos los trámites puedan hacerse digitalmente, aportando los documentos y la información necesaria en soporte electrónico y pudiendo hacer los desembolsos en línea, a través de una cuenta abierta en la Unión Europea. Es posible que los ordenamientos británicos, ahora o en un futuro próximo, permitan constituir sociedades de forma íntegramente digital. Pero, en principio, no podrán hacerlo en el territorio de los veintisiete Estados miembros, salvo que los Derechos nacionales lo permitan. La razón es que, al no formar parte de la Unión Europea, no se benefician del principio de libertad de establecimiento.

Algo parecido sucede con el registro de sucursales. La Directiva 2019/1151 permite su creación en línea, sin la presencia física de la matriz, de sus administradores o de sus socios, en otro Estado miembro. La finalidad es permitir que las empresas europeas se beneficien de las oportunidades de negocio que puedan aparecer en cualquier lugar del mercado interior. Especialmente las PYMEs, pues podrán registrar fácilmente una sucursal en otro Estado miembro. Las compañías británicas no lo tendrán tan fácil. Es posible que puedan crear una sucursal en alguno de los veintisiete países que conforma la Unión Europea. Pero para ello será necesario que el Derecho interno de ese país lo permita. Cambiará mucho, por no decir que desaparecerá, la práctica de las letterbox companies, que tanto predicamento tuvo en la primera década del siglo presente.

Otro de los temas que ha regulado el legislador comunitario ha sido la presentación y el acceso a la documentación e información corporativas en línea. La finalidad es permitir que puedan facilitarse en soporte electrónico. Mas su novedad no reside aquí, a mi modesto entender, sino en el principio “solo una vez”. El considerando 27 lo explica: “… implica que las sociedades no tengan que presentar la misma información a la administración pública más de una vez”. Puede resultar tremendamente útil para los nacionales y empresas de los veintisiete al permitir ahorrar tiempo, costes y trámites burocráticos (piensen, por ejemplo, en el registro de una sucursal en otro Estado miembro). Su eficacia se basa en el sistema de interconexión de registros, que permite a estas oficinas públicas conectarse y remitirse información y documentos por vía y en soporte electrónico. Es posibles que los ciudadanos y sociedades del Reino Unido puedan tener acceso a la información que proporciona el sistema (Portal Europeo de Justicia en Red). Pero sus registros no podrán recibir y obtener información a través de este sistema al no formar parte de la Unión Europea, salvo que se llegue a un acuerdo al respecto.

El empleo de instrumentos y herramientas digitales genera diversos riesgos, como el fraude de ley o el blanqueo de capitales. A pesar de que el legislador comunitario era consciente de ello, son mínimas las medidas que prevé la nueva Directiva. Ha preferido confiar en los instrumentos ya existentes en el Derecho comunitario. Entre ellos destaca el Reglamento 910/2014 por lo que respecta a los medios y sistemas de identificación electrónica. Deviene esencial para controlar la capacidad jurídica y la identidad de los socios, los requisitos para la utilización de servicios de confianza, la legalidad del objeto y de la denominación de la compañía, así como para comprobar el nombramiento d los administradores. Este Reglamento no se aplicará al Reino Unido.

El legislador comunitario ha centrado su interés en la inhabilitación de los administradores. Desea que las Administraciones Públicas de los Estados Miembros tengan acceso a la información necesaria para evitar que una persona pueda gestionar y representar una sociedad cuando haya sido inhabilitada en algún Estado miembro. Para ello deviene esencial el sistema de interconexión de registros. Lamentablemente, el Reino Unido no forma parte del mismo, con lo que es posible que no tengan acceso a la información sobre las inhabilitaciones y, a la inversa, el sistema no informará sobre las personas que han sido inhabilitadas en el Reino Unido.

La conclusión evidente es que el bréxit distanciará los Derechos de sociedades del Reino Unido y de la Unión Europea y Estados miembros. Este distanciamiento será perjudicial para el primero, pues no se beneficiará del desarrollo del ordenamiento comunitario y de la estrecha relación que existen entre las legislaciones, Administraciones, empresas y nacionales de los veintisiete Estados miembros. Pero éstos también se resentirán. Echarán (rectius, echaremos) de menos la flexibilidad y vocación práctica del Derecho inglés de sociedades, que ha servido de contrapunto a la influencia de otros ordenamientos. Y también su liderazgo en determinados ámbitos, la trascendencia de su praxis, capaz de generar nuevos mercados y formas de hacer negocios, así como su importancia en la financiación empresarial -de ahí la necesidad de que tenga éxito la Unión de los Mercados de Capitales-.

Carlos Górriz