Ayudas a la pesca en Francia

La Comisión Europea ha aprobado tres ayudas públicas francesas en materia de pesca (SA.62421, SA.62426 y SA.62427) por un valor total de 100 millones de euros. Su finalidad es compensar los perjuicios que está generando el brexit en la industria pesquera, incluida su comercialización, a fin de facilitar la reorganización del sector y adaptación a la nueva realidad. Su fundamento es la letra c) del art. 107.3 TFUE, que permite autorizar “las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. Interesa subrayar que la Comisión ha tenido en cuenta que buena parte de los afectados son PYMEs.

La Decisión de la Comisión se alinea con su Propuesta de Reglamento por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit, que puede consultarse en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0854&from=EN. Se trata de una medida para contrarrestar los perjuicios económicos y sociales que el brexit puede generar en los Estados miembros.

Novena ronda de negociaciones (29 de septiembre – 2 de octubre)

El brexit no deja de sorprender. Si en la entrada anterior explicábamos el pesimismo existente debido a la falta de avances significativos en las negociaciones, al progreso legislativo de la UK Internal Market Bill y a los reproches de Maroš Šefčovič, ahora parece que algo se mueve en sentido contrario. Es decir, que podría haber un acuerdo sobre las relaciones futuras. La razón es que el Reino Unido ha enviado a la Comisión varios documentos que acercan las posiciones de las partes sobre pesca, lealtad concurrencial, cooperación judicial y policial, cooperación nuclear civil y coordinación en materia de Seguridad Social, según informaba The Guardian.

Parecería que la propuesta británica caía en saco roto pues, de nuevo según la prensa (por ejemplo, aquí y aquí), Ursula von der Leyen envió una carta al Gobierno Johnson reprochándoles el incumplimiento del Acuerdo de Retirada y dándole un plazo de un mes para responder. Interesa subrayar que el incumplimiento aparece referido al art. 5, que obliga a las partes a negociar de buena fe, y no al Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, pues el proyecto de Ley todavía no se ha aprobado ni se ha adoptado medida infractora alguna. Ahora bien, la presidenta de la Comisión Europea también afirmó que la prioridad de la Unión Europea es alcanzar un acuerdo sobre las relaciones futuras. Y en esa clave debe interpretarse el hecho de que el plazo dado al Reino Unido para contestar sea de un mes, que finalizaría al terminar octubre o comenzar noviembre. Para esa fecha, ya debería haber un acuerdo (o el avance debería ser tan significativo que llevara a los dos partes a seguir negociando), pues Boris Johnson advirtió que la fecha máxima era el 15 de octubre, que es precisamente cuando debe tener lugar una nueva reunión del Consejo Europeo. Y de ahí también que el Gobierno británico esté retrasando la tramitación legislativa de la UK Internal Market Bill y que sea posible que desaparezcan de ella las disposiciones más conflictivas.

En medio de este ambiente ha tenido lugar la novena ronda de negociaciones, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Las dos partes reconocen que ha habido avances, aunque las posiciones todavía se mantienen muy alejadas. En un escueto comunicado, David Frost se mostraba optimista, pues vislumbraba un acuerdo. No obstante, reconocía que las posiciones todavía están muy alejadas en cuanto a las cuotas de pesca y a la competencia leal. “These issues are fundamental to our future status as an independent country”.

También se mostraba parco Michel Barnier, cuya nota de prensa 2 de octubre puede dividirse en dos partes. En la primera repasaba el estado de las negociaciones, subrayando los extremos en los que había acuerdo, aquéllos en los que había habido un progreso (seguridad aérea, coordinación de la seguridad social, y cooperación judicial y política en temas penales), aquéllos en los que no se había conseguido ningún avance (protección de los datos personales y lucha contra el cambio climático) y los temas en los que persistían las divergencias, que son los que más interesan a la Unión, según el representante europeo. En la segunda parte recordaba los tres temas que debían resolverse para alcanzar un acuerdo sobre las relaciones futuras: la lealtad concurrencial, la pesca y la gobernanza. En cuanto al primero, destacaba que no podía aceptarse que el Reino Unido rebajase los estándares sociales, fiscales y medioambientales. Respecto del segundo, la Unión desea un acuerdo estable y duradero, por lo que la oferta británica de cuotas decrecientes durante los próximos tres años no es admisible. Por último, el representante europeo puso el acento en la gobernanza, exigiendo “…a comprehensive agreement, with robust enforcement and dispute settlement mechanisms, as well as effective remedies”. La razón es la desconfianza generada por el proyecto de ley británico sobre el mercado interno. A diferencia de en otros comunicados de prensa, no concluía reiterando que la voluntad de la Unión era alcanzar un acuerdo de libre comercio. Esta vez informaba de que mantendrían una actitud respetuosa y calmada, permaneciendo unidos hasta el final de las negociaciones. ¿Interpretando el papel de ‘poli malo’?