Número monográfico de La Ley Unión Europea sobre la UE tras el primer año de Brexit

Debemos felicitarnos de que, bajo la eficaz dirección del profesor José Carlos Fernández Rozas, la Revista La Ley Unión Europea, de aparición mensual,  haya llegado a su número 100 (febrero de 2022). No hay duda de que se trata de una revista imprescindible, por la calidad e interés de sus contenidos y por la rapidez con que se publican. También debemos felicitarnos, y ello justifica la noticia en este blog, que el tema elegido para festejar que la revista haya alcanzado un número de tres dígitos sea el de la Unión europea tras el primer año desde que se hizo efectiva la salida plena del Reino Unido, una vez finalizado el período transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada.

El monográfico cuenta con nada menos que 37 contribuciones sobre los más diversos temas, para  tener en cuenta los múltiples aspectos en los que ha incidido el Brexit. Entre otras, se abordan cuestiones específicas relativas a la fiscalidad, al Derecho internacional privado, al Derecho de sociedades, al transporte marítimo y aéreo, a la política social, a la política medioambiental, a la ciberseguridad o a la coordinación en materia de seguridad social, a las que se añaden otras valiosas aportaciones de un enfoque más general, como por ejemplo el post-Brexit ante el Tribunal de Justicia de la UE.  Pienso que es de gran interés un primer análisis a la luz de la experiencia, una vez que ya se ha producio la salida del Reino Unido, aunque dicha experiencia todavía sea relativamente corta. Como no, también hay que agradecer la decisión editorial de publicar este número monográfico en abierto.

Puede accederse al monográfico en el siguiente enlace:

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbENcTYAARMzSwvTeCMDIxCyUCtKLcgvzizJL6oMSCzJsA1xcVY1TYYjkBpkvgEKTy01JbMkMz_PJbEk1dbIQtXIBChvZALSBABfCAW-cQAAAA==WKE

Por todo ello, no cabe sino felicitar al profesor Fernández Rozas  y a los autores que han conrtribuido al número 100 por esta iniciativa.

M. Gardeñes Santiago

La UE rechaza que el Reino Unido pueda acceder al Convenio de Lugano

Una vez que el Reino Unido ya no es un Estado miembro de la UE y, salvo lo dispuesto por las normas transitorias del Acuerdo de Retirada, ya no le será aplicable el Reglamento 1215/2012 y demás normas de la UE en materia de Derecho internacional privado, se planteó la posibilidad de su posible acceso, dada su nueva condición de Estado tercero, al Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial y al reconocimieto de resoluciones en materia civil y mecantil, del que son parte la UE y algunos Estados europeos no miembros de la Unión.

El RU presentó su solicitud el 8 de abril de 2020, pero ahora ya queda claro que no prosperará. Tal como ha notificado el Consejo Ferderal Suizo el pasado 1 de julio, en su condición de depositario del Convenio, el 28 de junio la UE le comunicó que no estaba en posición de dar su consentimiento para invitar al RU a que accediera al Convenio de Lugano (al respecto, véase el post de E. Pannebakker “UK & Lugano: the final no”, del pasado 8 de julio, en conflictoflaws.net, con enlaces a los textos de las citadas comunicaciones, accesible en: https://conflictoflaws.net/2021/uk-lugano-the-final-no/). Entonces, la cuestión queda zanjada, poniendo fin al debate entre los contrarios (por ejemplo, R. Arenas García, “El Reino Unido y el Convenio de Lugano”, Diario La Ley Unión Europea, núm. 83, 2020) y los partidarios (véase el manifiesto, de mayo de 2021, accesible en este enlace: https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/05/Lugano_UK_NGO_Expert_Open_Letter.pdf) de dicho acceso.  Ahora bien, que ahora se haya cerrado esta puerta no quiere decir que en un futuro no pudiera volver a plantearse la posibilidad de que se abriera, habida cuenta de que, como señala en su post E. Pannebakker, al menos en teoría, sería posible que más adelante el RU presentara una nueva solicitud. Sin embargo, no es de prever que esto vaya a suceder en un futuro próximo.

M. Gardeñes Santiago

Hoy termina el plazo para acogerse al settlement scheme en el Reino Unido

El acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE previó que los ciudadanos de la UE y familiares de  los mismos residentes en el RU, y que se encontrararan en alguna de las situaciones contempladas por las disposiciones de la UE relativas a la libre circulación de personas al final del período transitorio (31-12-2020), pudieran seguir residiendo en el RU, si así lo desearan, al amparo de lo previsto en la segunda parte del acuerdo de retirada, relativa a los derechos de los ciudadanos (para una más amplia información al respecto, M. Gardeñes Santiago, “La circulación de personas físicas en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unióin Europea”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 40, diciembre de 2020, accesible en: https://www.reei.org/index.php/revista/num40/articulos/circulacion-personas-fisicas-acuerdo-retirada-reino-unido-union-europea).

El acuerdo (art. 18) prevé que los Estados miembros de la UE y el Reino Unido puedan optar por un sistema “declarativo”, en el que el derecho a continuar residiendo se adquiere ex lege, por el mero cumplimiento de los requisitos legales (opción por la que, por ejemplo, se ha decantado España) o bien por un sistema “constitutivo”, en el que el derecho a continuar residendo se supedita a una solicitud expresa ante la Administrtación. Esta segunda opción es la que claramente ha escogido el Reino Unido mediante el settlement scheme (puede encontrarse información sobre el mismo en: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility?step-by-step-nav=0c79b832-75de-4854-8154-d62774a8dfb8). En esencia, obliga a las personas concernidas (ciudadanos de la UE, del Espacio Económico Europeo o suizos, o bien los familiares de los anteriores a los que se refiere el acuerdo de retirada, salvo en determinados supuestos en los que las personas anteriores quedan exentas) a solicitar su nueva condición de residente en el RU y la documentación correspondiente. Para ello disponían de plazo hasta el día de hoy. En principio, dicho plazo podría parecer suficiente para que los interesados pudieran presentar la solicitud que les permitiera hacer valer los derechos que les reconoce el acuerdo de retirada. Ahora bien, y como se ha señalado acertadamente, existe el riesgo de que algunas personas, particularmente las más vulnerables, hayan tenido dificultades para presentar la solicitud a tiempo (a este respecto, C. Barnard y E. Leinarte, “Citizens’ Rights”, en F. Fabbrini (ed.), The Law and Politics of Brexit. Volume II, The Withdrawal Agreement, Oxford University Press, 2020, pp. 109-112). Por ello, resulta del todo oportuno que el  acuerdo de retirada haya previsto un margen de discrecionalidad en favor del solicitante  en caso de que no  presente la solicitud dentro del plazo. En tal supuesto, dispone que la autoridad del Estado de acogida valorará las razones por las que se hubiera producido el incumplimiento del plazo y, caso de estar justificadas, concederá un plazo adicional al interesado (art. 18.1, letras b) y d).

Por último, cabe añadir que el acuerdo de retirada también reconoce derechos en favor de los trabajadores fronterizos, esto es, los que hayan ejercido antes del período transitorio una actividad por cuenta propia o ajena en el RU sin residir en dicho Estado,  y sigan ejerciéndola después de dicho período, según los términos de las letras b) y d) del art. 9. En particular, el acuerdo dispone  que los trabajadores fronterizos gozarán del derecho a entrar y salir del Estado de trabajo, y que conservarán sus derechos en tanto que trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia aun cuando hayan  dejado de trabajar, si se encuentran en alguno de los supuestos que prevé el artículo 7.3, letras a) a d), de la Directiva 2004/38 (por ejemplo, encontrarse en situación de incapacidad temporal como resultado de una enfermedad o accidente), sin que para ello pueda exigírseles que cambien el lugar de su residencia al Estado de trabajo (arts. 24.3 y 25.3). Ahora bien, el Estado de trabajo podrá exigir a los trabajadores fronterizos la obligación de que soliciten un documento que acredite su condición (art. 26), y esto es los que ha hecho precisamenre el RU: los trabajadores fronterizos que hubieran trabajado en dicho Estado hasta el final del período transitorio, podrán seguir haciéndolo, pero para ello deberán solicitar obligatoriamente un “frontier worker permit”. Entonces, a partir del 1 de julio de 2021, los trabajadores fronterizos deberán estar provistos del permiso en cuestión, junto con su documentación de identidad, para poder entrar en el RU (puede encontrarse información sobre este permiso en https://www.gov.uk/frontier-worker-permit).

M. Gardeñes Santiago

 

Prorrogados algunos de los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 38/2020

En el post publicado en este blog el pasado 22 de abril, ya tuve ocasión de comentar el Real Decreto-ley 38/2020, de 28 de diciembre de 2020 (BOE de 30), por el que se adoptaban medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido. Como se recordará, algunas de las medidas que incorporaba estaban sujetas a un plazo, previéndose que dejarían de estar en vigor por el transcurso del mismo, a no ser que el Gobierno, mediante acuerdo, procediera a prorrogar dichos plazos (art,. 2.2). Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de junio, por el que se han prorrogado por cuatro meses los plazos previstos en los artículos 11, 15 y disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 38/2020.  Dicho Acuerdo se ha publicado mediante la Orden PCM/648/2021, de 23 de junio (BOE del 24); de no haberse adoptado el Acuerdo, estas disposiciones de carácter temporal habrían dejado de aplicarse el 1 de julio de 2021.

Por lo que se refiere al artículo 11, se refiere a la asistencia sanitaria, y establece que las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar con cargo a las entidades británicas correspondientes puedan recibir la asistencia sanitaria del sistema español, en las mismas condiciones que podían recibirla antes del 1 de enero de 2021, siempre que el Reino Unido actúe con reciprocidad y reembolse a España los gastos ocasionados por la asistencia prestada a los nacionales del Reino Unido, o a los ciudadanos con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar a cargo de las entidades británicas correspondientes. A este respecto, cabe recordar que las medidas concretas que prevé el artículo 11 del Decreto-ley no se aplican con respecto al Reino Unido, puesto que en su lugar ya se aplica el Acuerdo de Comercio y Cooperación  entre la UE y el RU de diciembre de 2020, que contiene disposiciones sobre coordinación en materia de seguridad social que incluyen la asistencia sanitaria. Ahora bien, como el citado Acuerdo no se aplica a Gibraltar, lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto-ley sí resulta aplicable con repecto a Gibraltar, al menos por ahora. Es decir, tal como recuerda el propio preámbulo del Acuerdo del Consejo de Ministros (párrafo 12), en estos momentos se está negociando un acuerdo entre la UE y el RU sobre Gibraltar, que en un futuro debiera contemplar la coordinación en materia de seguridad social y la asistencia sanitaria, desplazando así al artículo 11 del Decreto-ley. Pero mientras no entre en vigor este futuro acuerdo, resulta necesario mantener vigentes las disposiciones temporales del Derecho español que organizan el derecho a la asistencia sanitaria y los correspondientes reembolsos de gastos. Por ello se ha decidido, con buen criterio, prorrogar la vigencia del artículo 11 del Decreto-ley  hasta el 31 de octubre de 2021, aunque con la salvedad de que el citado artículo podría dejar de aplicarse en una fecha anterior si, antes del 31 de octubre, llegara a entrar en vigor el acuerdo entre el RU y la UE sobre Gibraltar, y en su ámbito de aplicación material se incluyera la prestación de la asistencia sanitaria (acuerdo primero).

La segunda disposición cuya vigencia se prorroga es el artículo 15 del Real Decreto-ley 38/2020, que fijaba un período transitorio de seis meses, desde el 1 de enero de 2021, para que los titulares de un permiso de conducir expedido por las autoridades británicas que residieran en España pudieran seguir conduciendo en el territorio español al amparo de dicho permiso, a pesar de la retirada del Reino Unido de la UE. Pasado dicho período transitorio, se aplicará la normativa española prevista para permisos de terceros países, con la consiguiente obligación de canje del permiso extranjero por el español para poder seguir conduciendo en España. Pues bien, en este contexto, se ha considerado oprtuno prorrogar la vigencia del artículo 15.1 del Decreto-ley también hasta el 31 de octubre (acuerdo segundo), mientras se neogocian entre España y el RU los requisitos para dicho canje.

Por último, también se prorroga cuatro meses el plazo previsto en la disposición adicional tercera del Decreto-ley 38/2020, que se refiere a la homologación, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios. En concreto, dicha disposición dispensa de la exigencia de la apostilla prevista en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 (y, aunque no se diga expresamente, hay que entender que dicha dispensa se predica también de cualquier otra exigencia de legalización) a los documentos expedidos por Universidades y otros centros de educación del Reino Unido presentados a las autoridades españolas en el marco de las solicitudes de homologación, declaración de equivalencia y convalidación de títulos, ya sea al amparo del RD 967/2014, de 21 de noviembre (títulos universitarios o de educación superior), o del RD 104/1988, de 29 de enero (educación no universitaria). En consecuencia, la dispensa de legalización que hasta ahora se aplicaba a las solicitudes presentadas hasta el 30 de junio se prorroga a las que se presenten hasta el 30 de octubre de 2021 (acuerdo tercero).

M. Gardeñes Santiago

 

 

Publicación en el DOUE y entrada en vigor con carácter definitivo del Acuerdo de Comercio y Cooperación

El 30 de abril se ha publicado en el DOUE el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Ello supone la culminación de un largo proceso, que encuentra su origen en el referéndum de junio de 2016 en el Reino Unido, se inició formalmente, en 2017, con la noitificación del RU a la UE de su intención de abandonarla, a la que siguió un período de difíciles negociaciones, que dio como resultado el Acuerdo de Retirada de enero de 2020,  al que luego siguió una nueva etapa negocaiadora para encauzar las relaciones futuras, que culminó in extremis con la firma del Acuerdo de Comercio y Cooperación, muy poco antes de que finalizara el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada.

Como se apuró tanto el plazo, no hubo tiempo de acometer la revisión jurídico-lingüísitca final del texto en los distintos idiomas antes de su publicación y aplicación provisional. Por ello, la primera versión del Acuerdo fue adoptada por el Consejo mediante la Decisión 2020/2252, de 29 de diciembre de 2020, relativa a la firma del mismo en nombre de la UE y a su aplicación provisional, y se publicó en el DOUE L 444, de 31 de diciembre de 2020. Es decir, en espera de que se procediera a dicha revisión y de que el Parlamento Europeo  prestara su consentimiento al Acuerdo de Comercio y Cooperación, se previó su aplicación provisional a partir del 1 de enero de 2021, hasta el 28 de febrero. Posteriormente, la aplicación provisional se prorrogó hasta el 30 de abril. Tras haber prestado su consentimiento el Parlamento Europeo, ha quedado el camino libre para que el Consejo adoptara definitivamente el Acuerdo en nombre de la UE, mediante la Decisión 2021/689, de 29 de abril, publicada en el DOUE  de 30 de abril, y de este modo el Acuerdo ha entrado en vigor definitivamente el 1 de mayo de 2021 (a este repecto, cabe recordar que el Acuerdo ya había sido ratificado anteriormente por el Parlamento del Reio Unido).

Así pues, la versión definitiva del Acuerdo de Comercio y Cooperación, que por tanto sustituye a la que se publicó con carácter provisional el pasado 30 de diciembre, es la que acaba de publcarse en el DOUE L 149, de 30 de abril de 2021. En concreto, en dicho DOUE se publican:

  • una nota de información,
  • el texto de la Decisión 2021/689,
  • el texto del Acuerdo de Comercio y Cooperación,
  • el texto del Acuerdo entre la UE y el RU relativo a los procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada,
  • las declaraciones previstas en la Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación y del Acuerdo relativo a los procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada,
  • la notificación relativa a la entrada en vigor definitiva, a partir del 1 de mayo  de 2021, de los dos Acuerdos anteriores.

Por su parte, el texto del Acuerdo entre el RU y la Comunidad Europea de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y pacífico de la energía nuclear se ha publicado en el DOUE L 150, también de 30 de abril. Dicho texto también viene aplicándose provisionalmente desde el pasado 1 de enero (vid. DOUE L 1, de 1-1-2021).

En conclusión, ya ha quedido definitivamente establecido el armazón jurídico básico que deberá regular las relaciones entre la UE y el RU: el Acuerdo de Retirada, que se ocupa esencialmente de resolver las cestiones de Derecho transitorio que suscita la salida del RU, y el Acuerdo de Comercio y Cooperación, que encauza las relaciones futuras. Sin duda, es un resultado importante, y que hace unos meses no podía darse por garantizado, dadas las dificultades surgidas durante las negocaiciones. Esperemos, entonces, que ambas partes cumplan sus compromisos de manera leal y efectiva. Sin duda, los próximos años pondrán a prueba dichos Acuerdos.

M. Gardeñes Santiago

 

 

El Parlamento Europeo da su consentimiento al Acuerdo de Comercio y Cooperación

El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el RU, dando su consentimiento a que la UE quede definitivamente vinculada por el mismo. De este modo, queda expedita la vía para que el Consejo pueda adoptar la decisión de aprobación definitiva del Acuerdo en nombre de la UE.  Dicha decisión deberá publicarse en los próximos días en el Diario Oficial, y está previsto que entre en vigor el próximo día 1 de mayo, una vez que concluya el plazo de aplicación provisional del Acuerdo que, como se recordará, vence el día 30 de abril.

Puede encontrarse información el respecto en el siguiente enlace:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-approves-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement

M. Gardeñes Santiago

Convocada la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que se votará sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación

El próximo martes, día 27 de abril, se ha convocado una sesión plenaria en la que el Parlamento Europeo deberá pronuciarse sobre si otorga o no su consentimiento al Acuerdo de Comercio y Cooperación concluido con el Reino Unido en diciembre de 2020, y que por el momento se está aplicando con carácter provisional, hasta el 30 de abril. Si el Parlamento diera su consentimiento, ello permtiría al Consejo adoptar la decisión por la que se adopte definitivamente el Acuerdo en nombre de la UE.

Puede encontrarse información al respecto en el siguiente enlace:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-04-26/0/parliament-to-decide-whether-to-give-its-consent-to-eu-uk-agreement

Medidas de adaptación para tener en cuenta la nueva situación de Estado tercero del Reino Unido

El pasado 30 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decrteto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptaron medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español, en ámbitos diversos, a la situación de Estado tercero del RU tras la finalización, el 31 de diciembre de 2020, del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada. Aunque el RU dejó de ser un Estado miembro de la UE el 1 de febrero de 2020, el Acuerdo de Retirada previó un período de transición hasta el 31 de diciembre del mismo año, y durante dicho período el Derecho de la UE seguía siendo aplicable al y en el RU (arts. 126 y 127 del citado Acuerdo). Por tanto, de hecho, las plenas consecuencias de la retirada de la UE  por parte del RU se han demorado hasta el 1 de enero de 2021, y ello explica que la conveniencia de adoptar medidas de adapatación para tener en cuenta la nueva situación de Estado tercero se haya demorado también hasta el momento de finalización del período transitorio.

En cuanto a las previsiones de fondo, destaca principalmente la establecida en el artículo 2.1, relativo al régimen aplicable  a los ciudadanos del RU en España a partir del 1 de enero de 2021. Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo de Retirada, que constituye un régimen particularmente favorable que grosso modo se aplicará a los británicos que residieran o trabajaran en España al amparo de las disposiciones de la UE sobre libre circulación de personas en el momento de finalizar el período transitorio, así como a sus familiares, de ahora en adelante la normartiva aplicable a los británicos será el régimen de extranjería aplicable a los ciudadanos de un Estao tercero, complementado por lo dispuesto en el Decreto-ley 38/2020 y su normativa de desarrollo, así como los acuerdos internacionales que en el futuro pudieran celebrarse con el RU.

Ahora bien, bastantes de las medidas de adaptación que prevé el Real Decreto-ley no han llegado a entrar en vigor, y probablemente nunca lo harán, puesto que dicha entrada en vigor se supedita a que no llegue a aplicarse el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación (o de relaciones futuras) de diciembre de 2020. Esto se desprende claramente de la Disposición final sexta del Decreto-ley, a cuyo tenor, éste entrará en vigor el 1 de enero de 2021 (ap. 1), aunque sus artículos 4, 9, 11 y 14.2 no lo harán si en dicha fecha hubiera entrado en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación y dicho Acuerdo contemplara expresamente las previsiones establecidas en dichos artículos. A día de hoy, y como mínimo hasta el 30 de abril de 2021, el citado Acuerdo es provisionalmente aplicable, mientras se espera la autorización del Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Por tanto, si el Acuerdo llegara a aprobarse definitivamente, los preceptos del Decreto-ley antes citados no llegarían a entrar en vigor. Si, por el contrario, no se consiguiera la aprobación definitiva, entonces entrarían en  vigor en cuanto cesara la aplicación provisional del Acuerdo. Tales preceptos se refieren al acceso a las actividades profesionales y su ejercicio (art. 4), a la determinación de la legislación aplicable en materia de seguridad social (art. 9), al acceso a la asistencia sanitaria (art. 11) y al régimen aplicable a los operadores económicos del RU que participen en procedimientos de contratación de las Administraciones públicas cuado el expediente de contratación se hubiera iniciado tras la finalización del período transitorio (art. 14.2). A este respecto cabe decir, sin embargo, que el apartado 4 de la citada disposición adicional sexta proclama que lo dipuesto en los anteriores apartados 2 y 3 -es decir, la previsión de que los mencionados artículos del Decreto-ley no entren en vigor si llega a aplicarse el Acuerdo de Comercio y Cooperación- “no será de aplicación a Gibraltar”. Sin duda, esto obedece a que el Acuerdo de Comercio y Cooperación no se aplicará a Gibraltar ni tendrá efectos en su territorio (véase, en este sentido, la nota publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en:https://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Documents/Acuerdo%20de%20Comercio%20y%20Cooperacio%CC%81n%20UE-Reino%20Unido.pdf).  De ello se deduciría que los mencionados artículos 4, 9, 11 y 14.2 del Decreto-ley sí resultarían aplicables, desde el 1 de enero de 2021, con respecto a Gibraltar, y que no perderán su vigencia aunque llegue e entrar en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación.

Otras disposiciones del Decreto-ley sí entraron en vigor el 1 de enero de 2021, aunque su aplicación tendría carácter temporal. Un ejemplo sería la previsión del artículo 10.3, a cuyo tenor los ciudadanos de la UE que se desplacen diariamente a Gibraltar para realizar una actividad laboral y que mantengan su residencia en España, y no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Retirada, podrán acceder, hasta el 31 de diciembre de 2022, a las prestaciones por desempleo por los períodos de seguro acreditados en Gibraltar antes y después del período transitorio, sin que sea necesario que hayan cotizado en último lugar en España. Otro ejemplo sería el del artículo 12, que regula el acceso a la Universidad, y establece que el alumnado procedente de los sistemas educativos del RU podrá seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española para el curso 2021/2022, en las mismas condiciones que el alumnado procedente de los sistemas educativos de los Estados de la Unión. También cabe citar el artículo 15, relativo a los permisos de conducción, que dispone que los permisos expedidos por las autoridades británcias habilitarán para conducir en España durante un plazo de seis meses desde el 1 de enero de 2021, y que, transcurrido dicho plazo, el régimen de los permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos expedidos en terceros países, en los términos regulados por la normativa de tráfico. Por tanto, pasados dichos seis meses, los titulares de permisos británicos que residan en España deberán haber obtenido el canje de su permiso por el correspondiente permiso español. La regla general aplicable a las medidas que, como las anteriores, se hallan sometidas a plazo es que dejarán de aplicarse por el mero transcurso del plazo, salvo que el Gobierno proceda a prorrogarlo (art.2.2).

De entre las disposciones del Decreto-ley que entraron en vigor el 1 de enero de 2021, también cabe mencionar las que se encuentran sometidas a la condición de trato recíproco por parte de las autoridades británicas, previéndose la posibilidad de suspender su aplicación, tras un plazo de dos meses desde su entrada en vigor, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en caso de falta de reciprocidad (art. 3). Tal sería el caso, por ejemplo, del artículo 6.3, del que se desprende que los trabajadores de empresas establecidas en el RU o en Gibraltar que hayan sido temporalmente desplazados a España en el marco de una prestación de servicios (en el sentido de la Directiva 96/71) con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 podrán permanecer en España hasta que concluya la duración prevista del desplazamiento que se hubiera comunicado a la autoridad laboral, sin que sea necesario que los trabajadores en cuestión obtengan una autorización previa de residencia y trabajo (aunque el precepto se refiere a los desplazamientos ocurridos “con anterioridad” al 31 de diciembre de 2020, entendemos que de de la finalidad y contexto de la norma se deduce que en realidad pretende referirse a los acaecidos hasta dicha fecha). Ahora bien, semejante trato favorable se supedita a trato recíproco por parte del RU por lo que respecta a los trabajadores de empresas establecidas en España que huberan sido temporalmente desplazados al RU en el marco de un prestación de servicios por parte de su empresa. Otro ejemplo sería el del artículo 17, que se refiere a las autorizaciones relativas a armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería. A tenor de su apartado primero, las autorizaciones y consentimienots previos de transferencia de los productos citados expedidos con anterioridad al 1 de enero de 2021 tendrán validez hasta la expiración del plazo fijado en dichas autorizaciones o consentimentos previos, aunque ello se supedita a trato recíproco por parte del RU (ap. 5). Sin embargo, las Tarjetas Europeas de Armas de Fuego expedidas por el RU pierden su validez en España a partir del 1 de enero de 2021 (ap. 2).

Por supuesto, huelga decir que las disposiciones del Decreto-ley 38/2020 en nada afectan a la aplicación del Acuerdo de Retirada de enero de 2020, en aquellos supuestos en que resulte aplicable. Finalmente, también cabe reseñar que el Decreto-ley ahora comentado deroga expresamente el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptaron medidas de contingencia ante la eventualidad de la retirada del RU de la UE sin que hubiera llegado a entrar en vigor el  Acuerdo de Retirada previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. En puridad, dicha derogación no hubiera sido realmente necesaria, puesto que las disposiciones del Decreto-ley 5/2019 nunca llegaron a entrar en vigor, puesto que nunca llegó a cumplirse el presupuesto lógico que hubiera determinado dicha entrada en vigor, esto es, que en el momento en que el RU se  convirriera en un Estado tercero no estuviera en vigor el Acuerdo de Retirada, circunstancia qua afortunadamente no se ha dado. A pesar de ello, y probablemente por razones de claridad y simplificación, el Decreto-ley 38/2020 ha optado por hacer limpieza, suprimiendo del ordenamiento jurídico un texto ya desprovisto de cualquier utilidad.

M. Gardeñes Santiago

Voto favorable al Acuerdo de Comercio y Cooperación por parte de las comisiones de asuntos exteriores y de comercio internacional del Parlamento Europeo

La entrada en vigor definitiva, y ya no meramente provisional, del Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido se encuentra un poco más cerca. Ayer, día 15 de abril, las comisiones de asuntos exteriores y de comercio internacional del Parlamento Europeo dieron su voto favorable al Acuerdo, recomendando así su adopción por parte del pleno, que deberá convocarse en los próximos días.

Puede encontrarse información al respecto en el siguiente enlace:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement

M. Gardeñes Santiago

Votación sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido por parte de las comisiones de asuntos exteriores y de comercio internacional del Parlamento Europeo

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El jueves 15 de abril, a las 13:00 horas, está previsto que los comités de asuntos exteriores y de comercio internacional del Parlamento Europeo voten para decidir si dan su cosentimiento al Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reuino Unido, que actualmente se está aplicando provisionalmente hasta el día 30 de abril. La decisión final deberá adoptarse ulteriormente por el Parlamento en sesión plenaria.

Puede encontrarse más información sobre  esta votación en el seno de dichos comités en el siguinete enlace, que proporciona también la posibilidad de seguir en vivo este acontecimiento:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210412IPR01813/eu-uk-trade-agreement-committees-to-vote-on-thursday

M. Gardeñes Santiago