Tercera Reunión del Comité Mixto (28.9.2020)

Ayer, 28 de septiembre de 2020, El Confidencial sorprendía a sus lectores al informar acerca de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Celia Maza afirmaba que crecía el optimismo acerca de un final feliz. Con todo, también reconocía que ese desenlace no está exento de dificultades.

El comunicado de prensa de Maroš Šefčovič acerca de la tercera reunión del Comité Mixto, que también tuvo lugar ayer, nos devolvía a la realidad. La reunión tenía por objeto la implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada y el representante de la Unión Europea se mostró crítico con su contraparte, más que en ocasiones anteriores. Como era de esperar, explicó que la Unión y los Estados miembros están tomando las medidas necesarias para asegurar que se reconocen los derechos de los nacionales británico en el territorio comunitario. No puede decirse lo mismo del Reino Unido, pues parece establecer diferentes estatus para los ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña. Šefčovič se mostró tajante: “We cannot have two classes of beneficiaries of the Withdrawal Agreement”.

El representante europeo también censuró la actitud británica respecto del Protocolo entre Irlanda e Irlanda del Norte, que está en el ojo del huracán debido a la UK Internal Market Bill, de la que informamos en una entrada anterior. Urgía al Reino Unido a acelerar la implementación los mecanismos necesarios para poner en marcha los controles sanitarios y fitosanitarios, las aduanas relacionadas con los sistemas de información y tecnología y el registro de los comerciantes norirlandeses en relación con el IVA. Y, cómo no, reiteró la exigencia de que el Reino Unido eliminase las disposiciones del Internal Market Bill incompatibles con el Protocolo. “The Withdrawal Agreement is to be implemented, not to be renegotiated – let alone unilaterally changed, disregarded or disapplied.”

Las dos partes también repasaron la situación de las bases británicas en Chipre y de Gibraltar, la implementación de los acuerdos financieros y los extremos pendientes. La próxima reunión del Comité Mixto tendrá lugar a mediados de octubre, que es la fecha máxima para haber llegado a un acuerdo sobre las relaciones futuras, según Boris Johnson.

Veremos que nos depara la novena ronda de negociaciones sobre las relaciones futuras que empieza hoy, 29 de septiembre, y debería terminar el viernes 2 de octubre.

Octava ronda de negociaciones

El ruido generado por la UK Internal Market Bill, de la que nos ocupamos en una entrada anterior, ha hecho que pasara desapercibida la octava ronda de negociaciones sobre las relaciones futuras. Tuvo lugar entre los días 8 y 10 de septiembre y, a la luz de las declaraciones de Michel Barnier, resultó infructuosa. La razón es que siguen los desacuerdos sobre temas básicos para la UE: la lealtad concurrencial del Reino Unido, la gobernanza del acuerdo de libre comercio, la prestación de garantías sufientes que permitan la cooperación judicial (id est, la voluntad del Reino Unido de aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos) y la pesca. O sea, nada nuevo bajo el sol. O sí, pues Michel Barnier añadió a los temas anteriores las dudas existentes sobre el régimen sanitario y fito-sanitario británico a partir del 1 de enero de 2021.

La suma de estos dos obstáculos (la UK Internal Market Bill y los desencuentros sobre aspectos clave de la relación futura) nos hacen ser pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, las declaraciones del negociador jefe de la Unión ofrecen un (muy tenue) rayo de esperanza, pues informa de que el Reino Unido hizo una declaración a favor de la lealtad concurrencial (“A new approach to subsidy control”). Esencialmente significa que el Reino Unido seguirá las recomendaciones de la OMC sobre subvenciones públicas. Aunque la Comisión europea lo considera insuficiente, constituye un avance.

Posible incumplimiento del Acuerdo de Retirada (UK Internal Market Bill)

El Gobierno británico ha publicado el proyecto de Ley del mercado interior (United Kingdom Internal Market Bill) cuya aprobación podría significar el incumplimiento del Acuerdo de Retirada; en particular del Protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte. La razón es que permitiría a los ministros británicos sancionar normas que posibilitarían la circulación de mercancías desde Irlanda del Norte sin cumplir las disposiciones aduaneras europeas, a pesar de que exista el riesgo de que acaben en el mercado comunitario, y conceder ayudas públicas sin notificarlas a la Unión (véase Peter Foster, Sebastian Payne y Jim Brunsden: “UK plan to undermine withdrawal treaty puts Brexit talks at risk”, The Financial Times, 6.9.2020; los primeros que informaron sobre el tema).

Boris Johnson y sus acólitos justifica este movimiento en la necesidad de mantener la unidad de mercado del Reino Unido en caso de que fracase la negociación sobre las relaciones futuras (aquí). Igualmente alegan que constituye una clarificación del Protocolo referido, que no es suficientemente preciso en múltiples aspectos (aquí). Pero la propuesta se explica mejor por la voluntad de mantener la promesa electoral de que los empresarios norirlandeses podrían acceder al mercado británico sin traba alguna. No obstante, no cabe descartar que se trate de una maniobra política para conseguir una posición de poder en la negociación de las relaciones futuras (aquí y aquí).

La aprobación del proyecto de Ley podría tener consecuencias perjudiciales para el Reino Unido. En primer lugar, la Unión Europea podría activar las medidas previstas en el Acuerdo de Retirada para este tipo de situaciones, entre las que se halla la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia, que podría imponer una dura sanción al Reino Unido. Igualmente, la Unión podría también suspender parcialmente el Acuerdo de Retirada, imponer sanciones a las exportaciones británicas y empezar una guerra comercial contra su exmiembro, según  informa la prensa inglesa (aquí). En segundo término, podría suponer el fin de la negociación de las relaciones futuras, cuya octava ronda empieza precisamente hoy, diez de septiembre. Tercero, puede poner en jaque los Acuerdos de Viernes Santo, cuya preservación era la finalidad del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte (aquí). Cuarto, ha generado ya una crisis política dentro de la Administración Johnson y del partido conservador, cuya manifestación más explícita es la dimisión del jefe del Departamento Legal del Gobierno, Jonathan Jones (aquí). Por último, socavaría la reputación del Reino Unido en el ámbito internacional ya que estaría incumpliendo normas jurídicas vinculantes. De ahí que Nancy Pelosi, presidenta de la United States House of Representatives, haya advertido que la aprobación de la Ley en cuestión dificultaría en extremo un acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América (aquí).