Digitalización del Derecho de sociedades (Directiva 2019/1151) y bréxit

El bréxit va a tener un gran impacto en los Derechos de sociedades, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea y de los países miembros. Aunque es imposible conocer todavía a ciencia cierta las consecuencias, es posible ir vislumbrándolas. Utilizo como ejemplo la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, que he analizado en una entrada reciente.

En primer lugar, el Reino Unido no est√° obligado a incorporar esta norma a su Derecho interno. T√©ngase en cuenta que comunic√≥ su decisi√≥n de dejar la UE el 29 de marzo de 2017, que la √ļltima pr√≥rroga (¬Ņde momento?) finaliza el 31 de octubre de 2019 y que el plazo de transposici√≥n de la Directiva termina el 1 de agosto de 2021. Por lo tanto, la normativa societaria brit√°nica, europea y de los Estados miembros se distanciar√° cada vez m√°s. Aunque de momento son parecidas, dado que el Reino Unido ha ido incorporando las Directivas europea, las diferencias se incrementar√°n.

En segundo lugar, las empresa y los ciudadanos brit√°nicos no se beneficiar√°n de las posibilidades que ofrece la Directiva 2019/1151 respecto de la constituci√≥n de sociedades en l√≠nea. Es cierto que la Companies Act 2006 contiene m√ļltiples disposiciones que permiten aprovechar formatos electr√≥nicos en las relaciones entre la sociedad, los administradores y los socios (v√©ase los arts. 184, 291 ss., 296, 298, 303 o 308). Y que tambi√©n contempla la utilizaci√≥n de medios de comunicaci√≥n digitales en las comunicaciones con los registros (por ejemplo, arts. 1068 ss., 1086 s., 1115 o 1135). Ahora bien, la Directiva 2019/1151 va m√°s all√°. Permite constituir sociedades de capital en l√≠nea, en cualquier Estado miembro, sin la presencia f√≠sica de los fundadores, socios o administradores. Obliga a que todos los tr√°mites puedan hacerse digitalmente, aportando los documentos y la informaci√≥n necesaria en soporte electr√≥nico y pudiendo hacer los desembolsos en l√≠nea, a trav√©s de una cuenta abierta en la Uni√≥n Europea. Es posible que los ordenamientos brit√°nicos, ahora o en un futuro pr√≥ximo, permitan constituir sociedades de forma √≠ntegramente digital. Pero, en principio, no podr√°n hacerlo en el territorio de los veintisiete Estados miembros, salvo que los Derechos nacionales lo permitan. La raz√≥n es que, al no formar parte de la Uni√≥n Europea, no se benefician del principio de libertad de establecimiento.

Algo parecido sucede con el registro de sucursales. La Directiva 2019/1151 permite su creaci√≥n en l√≠nea, sin la presencia f√≠sica de la matriz, de sus administradores o de sus socios, en otro Estado miembro. La finalidad es permitir que las empresas europeas se beneficien de las oportunidades de negocio que puedan aparecer en cualquier lugar del mercado interior. Especialmente las PYMEs, pues podr√°n registrar f√°cilmente una sucursal en otro Estado miembro. Las compa√Ī√≠as brit√°nicas no lo tendr√°n tan f√°cil. Es posible que puedan crear una sucursal en alguno de los veintisiete pa√≠ses que conforma la Uni√≥n Europea. Pero para ello ser√° necesario que el Derecho interno de ese pa√≠s lo permita. Cambiar√° mucho, por no decir que desaparecer√°, la pr√°ctica de las letterbox companies, que tanto predicamento tuvo en la primera d√©cada del siglo presente.

Otro de los temas que ha regulado el legislador comunitario ha sido la presentaci√≥n y el acceso a la documentaci√≥n e informaci√≥n corporativas en l√≠nea. La finalidad es permitir que puedan facilitarse en soporte electr√≥nico. Mas su novedad no reside aqu√≠, a mi modesto entender, sino en el principio ‚Äúsolo una vez‚ÄĚ. El considerando 27 lo explica: ‚Äú‚Ķ implica que las sociedades no tengan que presentar la misma informaci√≥n a la administraci√≥n p√ļblica m√°s de una vez‚ÄĚ. Puede resultar tremendamente √ļtil para los nacionales y empresas de los veintisiete al permitir ahorrar tiempo, costes y tr√°mites burocr√°ticos (piensen, por ejemplo, en el registro de una sucursal en otro Estado miembro). Su eficacia se basa en el sistema de interconexi√≥n de registros, que permite a estas oficinas p√ļblicas conectarse y remitirse informaci√≥n y documentos por v√≠a y en soporte electr√≥nico. Es posibles que los ciudadanos y sociedades del Reino Unido puedan tener acceso a la informaci√≥n que proporciona el sistema (Portal Europeo de Justicia en Red). Pero sus registros no podr√°n recibir y obtener informaci√≥n a trav√©s de este sistema al no formar parte de la Uni√≥n Europea, salvo que se llegue a un acuerdo al respecto.

El empleo de instrumentos y herramientas digitales genera diversos riesgos, como el fraude de ley o el blanqueo de capitales. A pesar de que el legislador comunitario era consciente de ello, son m√≠nimas las medidas que prev√© la nueva Directiva. Ha preferido confiar en los instrumentos ya existentes en el Derecho comunitario. Entre ellos destaca el Reglamento 910/2014 por lo que respecta a los medios y sistemas de identificaci√≥n electr√≥nica. Deviene esencial para controlar la capacidad jur√≠dica y la identidad de los socios, los requisitos para la utilizaci√≥n de servicios de confianza, la legalidad del objeto y de la denominaci√≥n de la compa√Ī√≠a, as√≠ como para comprobar el nombramiento d los administradores. Este Reglamento no se aplicar√° al Reino Unido.

El legislador comunitario ha centrado su inter√©s en la inhabilitaci√≥n de los administradores. Desea que las Administraciones P√ļblicas de los Estados Miembros tengan acceso a la informaci√≥n necesaria para evitar que una persona pueda gestionar y representar una sociedad cuando haya sido inhabilitada en alg√ļn Estado miembro. Para ello deviene esencial el sistema de interconexi√≥n de registros. Lamentablemente, el Reino Unido no forma parte del mismo, con lo que es posible que no tengan acceso a la informaci√≥n sobre las inhabilitaciones y, a la inversa, el sistema no informar√° sobre las personas que han sido inhabilitadas en el Reino Unido.

La conclusión evidente es que el bréxit distanciará los Derechos de sociedades del Reino Unido y de la Unión Europea y Estados miembros. Este distanciamiento será perjudicial para el primero, pues no se beneficiará del desarrollo del ordenamiento comunitario y de la estrecha relación que existen entre las legislaciones, Administraciones, empresas y nacionales de los veintisiete Estados miembros. Pero éstos también se resentirán. Echarán (rectius, echaremos) de menos la flexibilidad y vocación práctica del Derecho inglés de sociedades, que ha servido de contrapunto a la influencia de otros ordenamientos. Y también su liderazgo en determinados ámbitos, la trascendencia de su praxis, capaz de generar nuevos mercados y formas de hacer negocios, así como su importancia en la financiación empresarial -de ahí la necesidad de que tenga éxito la Unión de los Mercados de Capitales-.

Carlos Górriz

Financiación del Reino Unido a través de acciones y programas de la UE: Reglamento 2019/1197

Las cuestiones presupuestas constituyen uno de los temas centrales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, junto con los derechos de los nacionales y la frontera entre las dos Irlandas. De ahí el interés del Reglamento 2019/1997 del Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre medidas relativas a la ejecución de la financiación del presupuesto general de la Unión en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión. Esencialmente permite al Reino Unido y a personas e instituciones establecidas en él recibir fondos de la Unión Europea, a condición de que este Estado acepte y contribuya a los presupuestos comunitarios de 2019.

El derecho a recibir fondos europeos deriva normalmente de la participaci√≥n en acciones o programas de la UE y depende de la condici√≥n de Estado miembro. De ah√≠ que el Reglamento se refiera a compromisos jur√≠dicos firmados o adoptados antes del 29 de marzo de 2017. El considerando 6.¬ļ explica que el br√©xit ‚Äú‚Ķlleva consigo la p√©rdida por parte de dichos beneficiarios de la capacidad de acogerse a financiaci√≥n de la Uni√≥n en el marco de los acuerdos y decisiones mencionados‚ÄĚ. Ahora bien, los arts. 3 y 4 del Reglamento extienden la posibilidad de seguir benefici√°ndose de los fondos europeos al a√Īo 2019.

No se configura como un beneficio gratuito, sino que está sujeta a tres condiciones. La primera es que el Reino Unido confirme por escrito su compromiso de seguir contribuyendo a las arcas comunitarias conforme a los criterios previstos en los presupuestos de 2019. La segunda es que haya hecho efectivo el primer pago de la contribución acordada. Y la tercera es que permita los controles y auditorías necesarios para comprobar que cumple con sus obligaciones. La Comisión europea comprobará que se cumplen esas exigencias y deberá emitir una Decisión con ese objeto. Además, el Reglamento le otorga poderes para adoptar los actos delegados necesarios con un procedimiento de urgencia (arts. 7 y 8).

El Reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación del DOUE; o sea, el 16 de julio de 2019. Pero se aplicará el día siguiente a la fecha en que los Tratados de la UE dejen de ser aplicables al Reino Unido. Eso sí, un acuerdo entre este país y la Unión dejaría sin efecto la norma comentada.

Carlos Górriz