Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre de 2020

Mediados de octubre parecía la fecha clave para conocer el desenlace final de las negociaciones sobre las relaciones futuras; es decir, para saber si se llegaría a un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. De un lado, Boris Johnson había afirmado que debería haber consenso al respecto antes del 15 de octubre. De otro, durante ese día y el siguiente tenía lugar una reunión del Consejo Europeo. Pues bien, hemos superado esa fecha y el cielo no ha caído sobre nuestras cabezas. Es cierto que la tensión ha aumentado y el acuerdo parece más difícil, pero las partes continúan negociando.

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Antes que nada cabe referirse a la tercera reunión del Comité Especial sobre Irlanda e Irlanda del Norte de 9 de octubre de 2020. Urgía al Reino Unido a acelerar los trabajos para que los controles fronterizos estuvieran operativos el 1 de enero de 2021 y para diferenciar la identificación tributaria de los empresarios norirlandeses de la del resto del Reino Unido. Igualmente consideraba que debía avanzarse en los encargos realizados por el Comité mixto; en particular, garantizar los derechos de los representantes de la Unión Europea en el Reino Unido, en la identificación de los “bienes en riesgo” (aquéllos que transitan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte y pueden entrar en la Unión Europea), en las ayudas en agricultura y en las exenciones tarifarias británicas en materia de pesca.

El 15 de octubre el Consejo Europeo confirmó que ha habido avances pero que no son suficientes para llegar a un acuerdo conforme a las directrices de 25 de febrero de 2020. Pedía a Michel Barnier continuar con las negociaciones, instaba al Reino Unido a dar los pasos necesarios para conseguir el consenso y exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para el caso de que no pudiera alcanzarse el fin deseado. Pueden verse las conclusiones de la reunión aquí. En la conferencia de prensa que Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Michel Barnier dieron el 15 de octubre el último reiteró que estaban determinados a llegar a un acuerdo con el Reino Unido, aunque no a cualquier precio. Y anunció que viajaría a Londres el lunes para reunirse con el equipo de David Frost, al que proponía intensificar las negociaciones.

Al día siguiente Boris Johnson replicó que se están preparando para el caso de que no se llegué a un acuerdo sobre las relaciones futuras, que a estas alturas considera harto improbable (aquí y aquí). Volvió a repetir que el Reino Unido sólo pide el mismo trato que otros Estados -en particular, Canadá- con los que la Unión Europea ha concluido tratados de libre comercio, y le recriminó que quisiera seguir controlando la legislación y la pesca británicas “…in a way that is obviously unacceptable to an independent country”. Con todo, mantiene la puerta abierta a seguir negociando, aunque advierte que debe ser la Unión la que haga el siguiente paso. Ese paso podía ser el viaje de la delegación comunitaria a Londres, que anunció Michel Barnier. Sin embargo, según la prensa, David Frost le pidió ayer que no lo hiciera ya que no hay base para continuar con las relaciones. Pero también se informa de que se comunicarán por teléfono.

La conclusión es que continúan las negociaciones, aunque es más difícil alcanzar un acuerdo dado que la tensión ha aumentado, que cada vez hay menos tiempo, que no se ha recuperado la confianza rota por la UK Internal Market Bill y que el coronavirus está acaparando casi toda la atención.

Novena ronda de negociaciones (29 de septiembre – 2 de octubre)

El brexit no deja de sorprender. Si en la entrada anterior explicábamos el pesimismo existente debido a la falta de avances significativos en las negociaciones, al progreso legislativo de la UK Internal Market Bill y a los reproches de Maroš Šefčovič, ahora parece que algo se mueve en sentido contrario. Es decir, que podría haber un acuerdo sobre las relaciones futuras. La razón es que el Reino Unido ha enviado a la Comisión varios documentos que acercan las posiciones de las partes sobre pesca, lealtad concurrencial, cooperación judicial y policial, cooperación nuclear civil y coordinación en materia de Seguridad Social, según informaba The Guardian.

Parecería que la propuesta británica caía en saco roto pues, de nuevo según la prensa (por ejemplo, aquí y aquí), Ursula von der Leyen envió una carta al Gobierno Johnson reprochándoles el incumplimiento del Acuerdo de Retirada y dándole un plazo de un mes para responder. Interesa subrayar que el incumplimiento aparece referido al art. 5, que obliga a las partes a negociar de buena fe, y no al Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, pues el proyecto de Ley todavía no se ha aprobado ni se ha adoptado medida infractora alguna. Ahora bien, la presidenta de la Comisión Europea también afirmó que la prioridad de la Unión Europea es alcanzar un acuerdo sobre las relaciones futuras. Y en esa clave debe interpretarse el hecho de que el plazo dado al Reino Unido para contestar sea de un mes, que finalizaría al terminar octubre o comenzar noviembre. Para esa fecha, ya debería haber un acuerdo (o el avance debería ser tan significativo que llevara a los dos partes a seguir negociando), pues Boris Johnson advirtió que la fecha máxima era el 15 de octubre, que es precisamente cuando debe tener lugar una nueva reunión del Consejo Europeo. Y de ahí también que el Gobierno británico esté retrasando la tramitación legislativa de la UK Internal Market Bill y que sea posible que desaparezcan de ella las disposiciones más conflictivas.

En medio de este ambiente ha tenido lugar la novena ronda de negociaciones, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Las dos partes reconocen que ha habido avances, aunque las posiciones todavía se mantienen muy alejadas. En un escueto comunicado, David Frost se mostraba optimista, pues vislumbraba un acuerdo. No obstante, reconocía que las posiciones todavía están muy alejadas en cuanto a las cuotas de pesca y a la competencia leal. “These issues are fundamental to our future status as an independent country”.

También se mostraba parco Michel Barnier, cuya nota de prensa 2 de octubre puede dividirse en dos partes. En la primera repasaba el estado de las negociaciones, subrayando los extremos en los que había acuerdo, aquéllos en los que había habido un progreso (seguridad aérea, coordinación de la seguridad social, y cooperación judicial y política en temas penales), aquéllos en los que no se había conseguido ningún avance (protección de los datos personales y lucha contra el cambio climático) y los temas en los que persistían las divergencias, que son los que más interesan a la Unión, según el representante europeo. En la segunda parte recordaba los tres temas que debían resolverse para alcanzar un acuerdo sobre las relaciones futuras: la lealtad concurrencial, la pesca y la gobernanza. En cuanto al primero, destacaba que no podía aceptarse que el Reino Unido rebajase los estándares sociales, fiscales y medioambientales. Respecto del segundo, la Unión desea un acuerdo estable y duradero, por lo que la oferta británica de cuotas decrecientes durante los próximos tres años no es admisible. Por último, el representante europeo puso el acento en la gobernanza, exigiendo “…a comprehensive agreement, with robust enforcement and dispute settlement mechanisms, as well as effective remedies”. La razón es la desconfianza generada por el proyecto de ley británico sobre el mercado interno. A diferencia de en otros comunicados de prensa, no concluía reiterando que la voluntad de la Unión era alcanzar un acuerdo de libre comercio. Esta vez informaba de que mantendrían una actitud respetuosa y calmada, permaneciendo unidos hasta el final de las negociaciones. ¿Interpretando el papel de ‘poli malo’?

Tercera Reunión del Comité Mixto (28.9.2020)

Ayer, 28 de septiembre de 2020, El Confidencial sorprendía a sus lectores al informar acerca de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Celia Maza afirmaba que crecía el optimismo acerca de un final feliz. Con todo, también reconocía que ese desenlace no está exento de dificultades.

El comunicado de prensa de Maroš Šefčovič acerca de la tercera reunión del Comité Mixto, que también tuvo lugar ayer, nos devolvía a la realidad. La reunión tenía por objeto la implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada y el representante de la Unión Europea se mostró crítico con su contraparte, más que en ocasiones anteriores. Como era de esperar, explicó que la Unión y los Estados miembros están tomando las medidas necesarias para asegurar que se reconocen los derechos de los nacionales británico en el territorio comunitario. No puede decirse lo mismo del Reino Unido, pues parece establecer diferentes estatus para los ciudadanos europeos que residen en Gran Bretaña. Šefčovič se mostró tajante: “We cannot have two classes of beneficiaries of the Withdrawal Agreement”.

El representante europeo también censuró la actitud británica respecto del Protocolo entre Irlanda e Irlanda del Norte, que está en el ojo del huracán debido a la UK Internal Market Bill, de la que informamos en una entrada anterior. Urgía al Reino Unido a acelerar la implementación los mecanismos necesarios para poner en marcha los controles sanitarios y fitosanitarios, las aduanas relacionadas con los sistemas de información y tecnología y el registro de los comerciantes norirlandeses en relación con el IVA. Y, cómo no, reiteró la exigencia de que el Reino Unido eliminase las disposiciones del Internal Market Bill incompatibles con el Protocolo. “The Withdrawal Agreement is to be implemented, not to be renegotiated – let alone unilaterally changed, disregarded or disapplied.”

Las dos partes también repasaron la situación de las bases británicas en Chipre y de Gibraltar, la implementación de los acuerdos financieros y los extremos pendientes. La próxima reunión del Comité Mixto tendrá lugar a mediados de octubre, que es la fecha máxima para haber llegado a un acuerdo sobre las relaciones futuras, según Boris Johnson.

Veremos que nos depara la novena ronda de negociaciones sobre las relaciones futuras que empieza hoy, 29 de septiembre, y debería terminar el viernes 2 de octubre.

Octava ronda de negociaciones

El ruido generado por la UK Internal Market Bill, de la que nos ocupamos en una entrada anterior, ha hecho que pasara desapercibida la octava ronda de negociaciones sobre las relaciones futuras. Tuvo lugar entre los días 8 y 10 de septiembre y, a la luz de las declaraciones de Michel Barnier, resultó infructuosa. La razón es que siguen los desacuerdos sobre temas básicos para la UE: la lealtad concurrencial del Reino Unido, la gobernanza del acuerdo de libre comercio, la prestación de garantías sufientes que permitan la cooperación judicial (id est, la voluntad del Reino Unido de aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos) y la pesca. O sea, nada nuevo bajo el sol. O sí, pues Michel Barnier añadió a los temas anteriores las dudas existentes sobre el régimen sanitario y fito-sanitario británico a partir del 1 de enero de 2021.

La suma de estos dos obstáculos (la UK Internal Market Bill y los desencuentros sobre aspectos clave de la relación futura) nos hacen ser pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, las declaraciones del negociador jefe de la Unión ofrecen un (muy tenue) rayo de esperanza, pues informa de que el Reino Unido hizo una declaración a favor de la lealtad concurrencial (“A new approach to subsidy control”). Esencialmente significa que el Reino Unido seguirá las recomendaciones de la OMC sobre subvenciones públicas. Aunque la Comisión europea lo considera insuficiente, constituye un avance.

Posible incumplimiento del Acuerdo de Retirada (UK Internal Market Bill)

El Gobierno británico ha publicado el proyecto de Ley del mercado interior (United Kingdom Internal Market Bill) cuya aprobación podría significar el incumplimiento del Acuerdo de Retirada; en particular del Protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte. La razón es que permitiría a los ministros británicos sancionar normas que posibilitarían la circulación de mercancías desde Irlanda del Norte sin cumplir las disposiciones aduaneras europeas, a pesar de que exista el riesgo de que acaben en el mercado comunitario, y conceder ayudas públicas sin notificarlas a la Unión (véase Peter Foster, Sebastian Payne y Jim Brunsden: “UK plan to undermine withdrawal treaty puts Brexit talks at risk”, The Financial Times, 6.9.2020; los primeros que informaron sobre el tema).

Boris Johnson y sus acólitos justifica este movimiento en la necesidad de mantener la unidad de mercado del Reino Unido en caso de que fracase la negociación sobre las relaciones futuras (aquí). Igualmente alegan que constituye una clarificación del Protocolo referido, que no es suficientemente preciso en múltiples aspectos (aquí). Pero la propuesta se explica mejor por la voluntad de mantener la promesa electoral de que los empresarios norirlandeses podrían acceder al mercado británico sin traba alguna. No obstante, no cabe descartar que se trate de una maniobra política para conseguir una posición de poder en la negociación de las relaciones futuras (aquí y aquí).

La aprobación del proyecto de Ley podría tener consecuencias perjudiciales para el Reino Unido. En primer lugar, la Unión Europea podría activar las medidas previstas en el Acuerdo de Retirada para este tipo de situaciones, entre las que se halla la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia, que podría imponer una dura sanción al Reino Unido. Igualmente, la Unión podría también suspender parcialmente el Acuerdo de Retirada, imponer sanciones a las exportaciones británicas y empezar una guerra comercial contra su exmiembro, según  informa la prensa inglesa (aquí). En segundo término, podría suponer el fin de la negociación de las relaciones futuras, cuya octava ronda empieza precisamente hoy, diez de septiembre. Tercero, puede poner en jaque los Acuerdos de Viernes Santo, cuya preservación era la finalidad del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte (aquí). Cuarto, ha generado ya una crisis política dentro de la Administración Johnson y del partido conservador, cuya manifestación más explícita es la dimisión del jefe del Departamento Legal del Gobierno, Jonathan Jones (aquí). Por último, socavaría la reputación del Reino Unido en el ámbito internacional ya que estaría incumpliendo normas jurídicas vinculantes. De ahí que Nancy Pelosi, presidenta de la United States House of Representatives, haya advertido que la aprobación de la Ley en cuestión dificultaría en extremo un acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América (aquí).

Séptima ronda de negociaciones

El pasado 21 de agosto Michel Barnier hizo su habitual comunicado de prensa tras una ronda de negociaciones. Y de nuevo mostró su pesimismo sobre la posibilidad de conseguir un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Aunque ha habido algunos progresos en aspectos técnicos (por ejemplo, cooperación energética, participación en los programas de la Unión y medidas contra el lavado de dinero), no son suficientes y cada vez queda menos tiempo. Una vez más el representante europeo reprocha a los negociadores británicos la escasa voluntad en conseguir avances significativos en temas clave y advierte que “(t)oday, at this stage, an agreement between the United Kingdom and the European Union seems unlikely”.

Propone empezar a trabajar (semana del 7 de septiembre) en la consolidación de las propuestas de acuerdos presentadas hace algunos meses por las dos partes. Ahora bien, para que sea fructífera será necesario que los dos equipos negociadores colaboren estrechamente y que se aborden todos los temas de forma paralela.

Interesante publicación sobre la incidencia del Brexit en el establecimiento de sociedades, centrada en el caso de Gibraltar

Recientemente ha visto a luz una interesante publicación del profesor Ángel María Ballesteros Barros, de la Universidad de Cádiz, titulada “El Brexit y la libertad de establecimiento de sociedades en la UE: el caso de Gibraltar”. Dicha publicación ha aparecido en Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports, núm. 3, 2018-2019 (publicado en mayo de 2020), y se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “La incidencia del Brexit en la cooperación transfronteriza entre Gibraltar-Campo de Gibraltar y Andalucía” (PRY2015/19), proyecto subvencionado por el Centro de Estudios Andaluces.

El trabajo reseñado aborda las consecuencias que tiene, para la libertad de establecimiento de las sociedades con sede en Gibraltar, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tanto en el émbito societario como en el concursal. Asimismo, el trabajo pone de relieve cómo el Brexit incide en la libre prestación de servicios por parte de las sociedades consituidas conforme al Derecho inglés o al de Gibraltar, en sectores como el financiero o el de los juegos de azar.  Como bien demuestra el trabajo del profesor Ballesteros, las consecuencias del Brexit en esta materia ya están teniendo como resultado modificaciones estructurales o traslados de sede por parte de las sociedades gibraltareñas.

Puede accederse al texto del trabajo en este enlace:

https://revistas.uca.es/index.php/cdg/article/view/5899

M. Gardeñes Santiago

 

 

Sexta ronda: ¿vaso medio vacío o medio lleno?

El 23 de julio Michel Barnier informaba sobre los resultados de la sexta ronda de negociaciones sobre las relaciones futuras (aquí). ¿Y la quinta? Pues bien, no mereció esta calificación, sino que se la denominó sesión “restringida” y tuvo lugar a principios de julio, después de que Boris Johnson confirmara que el Reino Unido quería seguir adelante con las negociaciones (aquí). En la nota de prensa posterior a la sesión restringida (aquí), Michel Barnier explico que continuaban las divergencias, pero también expuso las líneas rojas del Reino Unido: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deberá tener ninguna función respecto de las relaciones futuras y el Reino Unido no quedará sometido al Derecho de la Unión. Además, los acuerdos sobre pesca deberán evidenciar que el Reino Unido ha dejado de ser un Estado miembro. Asimismo, recordó cuáles continuaban siendo los mínimos de la Unión: la lealtad en la competencia, una solución sostenible y duradera en materia de pesca y un sistema de gobernanza y resolución de conflictos único.

El 20 de julio tuvo lugar la sexta ronda de negociaciones. El jefe del equipo negociador europeo informó acerca de dos novedades prometedoras. La primera es que el ambiente de trabajo había sido muy positivo y que la comisión británica había actuado de forma profesional. La segunda era que se había conseguido progresar respecto de la coordinación de la seguridad social y los programas de la Unión, de la gobernanza del acuerdo y de la cooperación judicial y policial. A continuación, el jarró de agua fría: continúan las divergencias sobre dos extremos esenciales: evitar la deslealtad y la pesca. Y lo que es peor, Michel Barnier continúa reprochando al Reino Unido no querer ningún compromiso al respecto. ¿Será una táctica negociadora?

Nueva ronda a mediados de agosto.

Publicada la Instrucción por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia en España de las personas amparadas por el Acuerdo de Retirada del RU

En el BOE del pasado 4 de julio se ha publicado la Resolución de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Instrucción conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuedo de Retirada del Reino Unido.

Tal como comenta el profesor Górriz López en su post “Documento de residencia ex Art. 18.4 del Acuerdo de Retirada”, publicado en este mismo blog, España no ha hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 18.1 del citado Acuerdo, y que hubiera permitido exigir a los nacionales del Reino Unido, sus familaires, u otras personas que pudieran acogerse al Acuerdo de Retirada, que solicitaran una nueva condición de residente y un documento que la acreditara. En vez de ello, se opta por la vía del artículo 18.4, que dispensa a los interesados de la obligación de tener que solicitar una nueva condición de residente, y simplemente les otorga el derecho a solicitar y obtener un documento de residencia en el que conste que se ha expedido de conformidad con las previsiones del Acuerdo de Retirada.

Así pues, la Instrucciones comentadas tienen por objeto establercer la forma, requisitos y plazos para proceder a la expedición del documento de residencia al que se refiere el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada. Se aplicarán a los nacionales del Reino Unido, a los miembros de sus familias y a cualesquiera otras personas que residan en España y a las que resulten aplicables las condiciones previstas en el Título II del Acuerdo de Retirada. La solicitud de la documentación prevista podrá efectuarse a partir del 6 de julio de 2020 (Instrucción tercera). Las solicitudes de certificados de registro de ciudadano de la UE o de tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la UE que las personas afectadas por las Instrucciones presenten durante el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada (en principio, hasta el 31 de diciembre de 2020), se tramitarán como solicitudes del documento previsto en las Instrucciones (Instrucciones cuarta y quinta). Asimismo, se prevé que los procedimientos administrativos iniciados antes del 6 de julio, relativos a la obtención de certificados de registro por parte de nacionales del Reino Unido, o de tarjetas de residencia de familiar de ciudadano de la UE por parte de sus familiares, se tramiten y resulevan de acuerdo con los previsto en las recién aprobadas Instrucciones (Instrucción octava).

M. Gardeñes Santiago

Documento de residencia ex art. 18.4 del Acuerdo de Retirada

El Acuerdo de Retirada concede a los nacionales británicos, y a sus familiares, que residan en España al finalizar el periodo transitorios los derechos de residencia, trabajo y acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. Para acreditar que cumplan los requisitos, el art. 18 del Acuerdo establece que los interesados deberán solicitar una nueva condición de residente y el Estado de acogida entregarles el documento acreditativo. Pero el apartado 4.º del citado precepto permite que el Estado les dispense de ese trámite y les libre un documento de residencia.

4. Si el Estado de acogida opta por que los ciudadanos de la Unión o los nacionales del Reino Unido, los miembros de sus familias y cualesquiera otras personas que residan en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en el presente título no tengan que solicitar una nueva condición de residente con arreglo al apartado 1 para tener residencia legal, las personas a las que corresponda uno de los derechos de residencia establecidos en el presente título tendrán derecho a recibir, con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38/CE, un documento de residencia, que podrá estar en formato digital, que mencione que ha sido expedido de conformidad con el presente Acuerdo.

España se ha acogido a esta posibilidad y recientemente ha publicado una norma sobre el procedimiento para la obtención de este título. Se trata de la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Instrucción conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía, por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Puede consultarse en https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7276.pdf.