El pasado 30 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decrteto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptaron medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español, en ámbitos diversos, a la situación de Estado tercero del RU tras la finalización, el 31 de diciembre de 2020, del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada. Aunque el RU dejó de ser un Estado miembro de la UE el 1 de febrero de 2020, el Acuerdo de Retirada previó un período de transición hasta el 31 de diciembre del mismo año, y durante dicho período el Derecho de la UE seguía siendo aplicable al y en el RU (arts. 126 y 127 del citado Acuerdo). Por tanto, de hecho, las plenas consecuencias de la retirada de la UE por parte del RU se han demorado hasta el 1 de enero de 2021, y ello explica que la conveniencia de adoptar medidas de adapatación para tener en cuenta la nueva situación de Estado tercero se haya demorado también hasta el momento de finalización del período transitorio.
En cuanto a las previsiones de fondo, destaca principalmente la establecida en el artículo 2.1, relativo al régimen aplicable a los ciudadanos del RU en España a partir del 1 de enero de 2021. Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo de Retirada, que constituye un régimen particularmente favorable que grosso modo se aplicará a los británicos que residieran o trabajaran en España al amparo de las disposiciones de la UE sobre libre circulación de personas en el momento de finalizar el período transitorio, así como a sus familiares, de ahora en adelante la normartiva aplicable a los británicos será el régimen de extranjería aplicable a los ciudadanos de un Estao tercero, complementado por lo dispuesto en el Decreto-ley 38/2020 y su normativa de desarrollo, así como los acuerdos internacionales que en el futuro pudieran celebrarse con el RU.
Ahora bien, bastantes de las medidas de adaptación que prevé el Real Decreto-ley no han llegado a entrar en vigor, y probablemente nunca lo harán, puesto que dicha entrada en vigor se supedita a que no llegue a aplicarse el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación (o de relaciones futuras) de diciembre de 2020. Esto se desprende claramente de la Disposición final sexta del Decreto-ley, a cuyo tenor, éste entrará en vigor el 1 de enero de 2021 (ap. 1), aunque sus artículos 4, 9, 11 y 14.2 no lo harán si en dicha fecha hubiera entrado en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación y dicho Acuerdo contemplara expresamente las previsiones establecidas en dichos artículos. A día de hoy, y como mínimo hasta el 30 de abril de 2021, el citado Acuerdo es provisionalmente aplicable, mientras se espera la autorización del Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Por tanto, si el Acuerdo llegara a aprobarse definitivamente, los preceptos del Decreto-ley antes citados no llegarían a entrar en vigor. Si, por el contrario, no se consiguiera la aprobación definitiva, entonces entrarían en vigor en cuanto cesara la aplicación provisional del Acuerdo. Tales preceptos se refieren al acceso a las actividades profesionales y su ejercicio (art. 4), a la determinación de la legislación aplicable en materia de seguridad social (art. 9), al acceso a la asistencia sanitaria (art. 11) y al régimen aplicable a los operadores económicos del RU que participen en procedimientos de contratación de las Administraciones públicas cuado el expediente de contratación se hubiera iniciado tras la finalización del período transitorio (art. 14.2). A este respecto cabe decir, sin embargo, que el apartado 4 de la citada disposición adicional sexta proclama que lo dipuesto en los anteriores apartados 2 y 3 -es decir, la previsión de que los mencionados artículos del Decreto-ley no entren en vigor si llega a aplicarse el Acuerdo de Comercio y Cooperación- “no será de aplicación a Gibraltar”. Sin duda, esto obedece a que el Acuerdo de Comercio y Cooperación no se aplicará a Gibraltar ni tendrá efectos en su territorio (véase, en este sentido, la nota publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en:http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Documents/Acuerdo%20de%20Comercio%20y%20Cooperacio%CC%81n%20UE-Reino%20Unido.pdf). De ello se deduciría que los mencionados artículos 4, 9, 11 y 14.2 del Decreto-ley sí resultarían aplicables, desde el 1 de enero de 2021, con respecto a Gibraltar, y que no perderán su vigencia aunque llegue e entrar en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación.
Otras disposiciones del Decreto-ley sí entraron en vigor el 1 de enero de 2021, aunque su aplicación tendría carácter temporal. Un ejemplo sería la previsión del artículo 10.3, a cuyo tenor los ciudadanos de la UE que se desplacen diariamente a Gibraltar para realizar una actividad laboral y que mantengan su residencia en España, y no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Retirada, podrán acceder, hasta el 31 de diciembre de 2022, a las prestaciones por desempleo por los períodos de seguro acreditados en Gibraltar antes y después del período transitorio, sin que sea necesario que hayan cotizado en último lugar en España. Otro ejemplo sería el del artículo 12, que regula el acceso a la Universidad, y establece que el alumnado procedente de los sistemas educativos del RU podrá seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española para el curso 2021/2022, en las mismas condiciones que el alumnado procedente de los sistemas educativos de los Estados de la Unión. También cabe citar el artículo 15, relativo a los permisos de conducción, que dispone que los permisos expedidos por las autoridades británcias habilitarán para conducir en España durante un plazo de seis meses desde el 1 de enero de 2021, y que, transcurrido dicho plazo, el régimen de los permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos expedidos en terceros países, en los términos regulados por la normativa de tráfico. Por tanto, pasados dichos seis meses, los titulares de permisos británicos que residan en España deberán haber obtenido el canje de su permiso por el correspondiente permiso español. La regla general aplicable a las medidas que, como las anteriores, se hallan sometidas a plazo es que dejarán de aplicarse por el mero transcurso del plazo, salvo que el Gobierno proceda a prorrogarlo (art.2.2).
De entre las disposciones del Decreto-ley que entraron en vigor el 1 de enero de 2021, también cabe mencionar las que se encuentran sometidas a la condición de trato recíproco por parte de las autoridades británicas, previéndose la posibilidad de suspender su aplicación, tras un plazo de dos meses desde su entrada en vigor, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en caso de falta de reciprocidad (art. 3). Tal sería el caso, por ejemplo, del artículo 6.3, del que se desprende que los trabajadores de empresas establecidas en el RU o en Gibraltar que hayan sido temporalmente desplazados a España en el marco de una prestación de servicios (en el sentido de la Directiva 96/71) con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 podrán permanecer en España hasta que concluya la duración prevista del desplazamiento que se hubiera comunicado a la autoridad laboral, sin que sea necesario que los trabajadores en cuestión obtengan una autorización previa de residencia y trabajo (aunque el precepto se refiere a los desplazamientos ocurridos “con anterioridad” al 31 de diciembre de 2020, entendemos que de de la finalidad y contexto de la norma se deduce que en realidad pretende referirse a los acaecidos hasta dicha fecha). Ahora bien, semejante trato favorable se supedita a trato recíproco por parte del RU por lo que respecta a los trabajadores de empresas establecidas en España que huberan sido temporalmente desplazados al RU en el marco de un prestación de servicios por parte de su empresa. Otro ejemplo sería el del artículo 17, que se refiere a las autorizaciones relativas a armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería. A tenor de su apartado primero, las autorizaciones y consentimienots previos de transferencia de los productos citados expedidos con anterioridad al 1 de enero de 2021 tendrán validez hasta la expiración del plazo fijado en dichas autorizaciones o consentimentos previos, aunque ello se supedita a trato recíproco por parte del RU (ap. 5). Sin embargo, las Tarjetas Europeas de Armas de Fuego expedidas por el RU pierden su validez en España a partir del 1 de enero de 2021 (ap. 2).
Por supuesto, huelga decir que las disposiciones del Decreto-ley 38/2020 en nada afectan a la aplicación del Acuerdo de Retirada de enero de 2020, en aquellos supuestos en que resulte aplicable. Finalmente, también cabe reseñar que el Decreto-ley ahora comentado deroga expresamente el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptaron medidas de contingencia ante la eventualidad de la retirada del RU de la UE sin que hubiera llegado a entrar en vigor el Acuerdo de Retirada previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. En puridad, dicha derogación no hubiera sido realmente necesaria, puesto que las disposiciones del Decreto-ley 5/2019 nunca llegaron a entrar en vigor, puesto que nunca llegó a cumplirse el presupuesto lógico que hubiera determinado dicha entrada en vigor, esto es, que en el momento en que el RU se convirriera en un Estado tercero no estuviera en vigor el Acuerdo de Retirada, circunstancia qua afortunadamente no se ha dado. A pesar de ello, y probablemente por razones de claridad y simplificación, el Decreto-ley 38/2020 ha optado por hacer limpieza, suprimiendo del ordenamiento jurídico un texto ya desprovisto de cualquier utilidad.
M. Gardeñes Santiago
