Genius loci

       Visc a prop de l’hospital de Can Ruti, a Badalona. En pocs dies, canvià la seva fesomia i, segons em comenta un amic, una part dels malalts passaren a l’Institut Guttmann (un hospital proper dedicat a la neurorrehabilitació) i uns altres a un hotel situat a uns tres quilòmetres -crec que era l’hotel San Rafael, també a Badalona-.

       Moltes altres clíniques modificaren de manera similar i abrupta la seva distribució i  les seves mides. Es crearen sanatoris del no-res. També dipòsits de cadàvers. L’espai, que tant inflexible ens sembla sovint, fou reordenat en un immens trencaclosques de supervivència. Ara que les parets i el terra van recuperant l’aspecte que tenien abans, em ve al cap l’avís de Narcís Comadira, al seu poema  “Les ciutats”:

 

He llegit que Morosini,
general ambaixador
de Venècia, volgué
endur-se les escultures
del frontó del Partenó.

Va fer muntar una bastida,
hi va fer grimpar els esclaus
i, en el moment més difícil,
algun puntal va fallar.
Caigueren homes i estàtues.

Decebut, el general
va abandonar el seu projecte.
Ell les volia senceres.
Els trossos allà escampats
varen servir per fer cases.

Molts savis han meditat
sobre el sorprenent misteri
de poder crear bellesa
a partir d’un bloc de marbre.
Pocs sobre el camí contrari:

treure un carreu escairat
del tors d’algun déu antic,
convertir en grava una Venus,
poder trepitjar llambordes
fetes d’homes sagrats…

Així s’han fet les ciutats:
construïdes lentament
amb pedres que ahir van ser
vides humanes: amors,
sofriments que ningú recorda.

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Narcís Comadira, Les ciutats. (1976), en Formes de l´ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169

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Distancia social

        Es probable que el origen esté en la copia de la expresión inglesa “social distancing”, aunque en dicha lengua también se usa “physical distancing” y  existe asimismo la forma verbal “to keep distance”. Ahora bien, en castellano suena un poco cargante y nada añade al tradicional y más preciso “guardar distancia”. Es la primera regla del boxeo y se ha revelado como la norma normarum contra la pandemia.

        Cuando uno sale de casa, automáticamente empieza a operar la ley del alejamiento, con o sin pandemia, porque el ámbito ya es colectivo y lo normal es, precisamente, la presencia no escrita de áreas donde el contacto o la mera cercanía no se aceptan. Por eso se dice que toda distancia es social. En consecuencia, esta moda  de la “distancia social” sería algo así como la “distancia distanciada” o la “distancia sobre distancia”. En definitiva, un adjetivo que nada añade y que se muestra pesado y reiterativo. Conviene, pues, guardar o mantener las distancias si quiere  arrimarse.

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Hipócrates del brazo de Marte.

            El número de julio-septiembre de 2019 de Sanidad Militar. Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, incluye un artículo titulado “Desarrollo de solución inyectable de ribavirina en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa como tratamiento de urgencia frente a agentes víricos altamente infecciosos. Cobertura de una laguna terapéutica “ (firmado por Rodríguez Fernández, M.J.Ballesteros Torres, E.García Cifuentes, M.Somalo Duque, S.Miguel Sebastián, A. deDíaz Martínez, S.Diez Álvarez, N.). No se refiere al Covid-19, pero para nosotros los legos su primera parte nos da una interesante información sobre las posibles crisis derivadas de transmisión de infecciones en tiempo de paz (y, en su caso, como dispositivo con finalidad bélica).

…        La llamativa  irrupción de las Fuerzas Armadas en el paisaje de estos días (con un punto colorista para nuestra mentalidad civil) pone sobre el tapete la decisión sobre el papel que conviene atribuirles en los años venideros. Alguna vez nos habíamos entretenido hablando  –medio en broma y medio en serio- sobre el contraste entre su callada tarea y su genética disposición al sacrificio (rara avis en esta modernidad líquida). El compañero J.C. Alli-Turrillas ha reflexionado sobre estos temas y, casi sin querer, ha dado el pistoletazo a una meditación necesaria.

            “¿Qué fue de la sanidad militar?”   J-C Alli-Turrillas

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Ridiculez desvelada.

Cuando el lenguaje asume sus funciones naturales, se libera inmediatamente de lastre. Desde hace más de un mes, no he oído todavía estas combinaciones: «sanitarios y sanitarias», «curados y curadas», «fallecidos y fallecidas», «muertos y muertas»…

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Este cuaderno se confinó.

Bartleby me ha pedido que concrete cuáles fueron los artículos que preocuparon a este blog durante los veinticinco días en que cumplió escrupulosamente con su reclusión (por supuesto, sigue haciéndolo). Sus deseos son órdenes para mí:

Diarios para un confinamiento (I-XXV).

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Decreto-Ley 11/2020, de medidas urgentes en el ámbito social y económico (nuevas ayudas en vivienda): o es inconstitucional o es ilegal.

1.-No conviene valorar cuestiones profundas a bote pronto. Es una regla básica en el mundo jurídico. Sin embargo, es verdad que -en estos días- la rapidez normativa, la situación de excepcionalidad y la preocupación ciudadana ante la limitación de derechos y libertades nos tiran de la lengua.

Esto es justamente lo que ha ocurrido con el Real Decreto Ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. En dos ocasiones, pergeñé algunas reflexiones para acercarme a su contenido en lo relativo a la modificación del plan estatal de la vivienda. Ello incluía el análisis de la endiablada redacción de la orden ministerial de desarrollo (sobre esto último, me remito a lo que ya apunté aquí, como hipótesis interpretativa).

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2.-El legislador optó por la fórmula del Decreto-ley.  Ello implica la derogación de las leyes que se le opongan. Ahora bien, la extraordinaria y urgente necesidad sólo le permitía regular aspectos relativos al COVID-19 . Así lo hizo, correctamente, al articular las ayudas al alquiler  cuando el pago de éste se dificulte ante el impacto social y económico de la enfermedad.

…       Sin embargo, ya sabemos que el legislador de urgencia aprovechó para crear otro programa nuevo que sustituía a uno anterior (todavía vigente), que alteraba todo el listado de beneficiarios y que no tenía relación con el COVID-19 (como se reconoce en la exposición de motivos de la Orden de desarrollo).

…       Esto quiere decir que son inconstitucionales los preceptos del Decreto-Ley que articulan el nuevo programa, que no pueden beneficiarse de la extraordinaria y urgente necesidad propia del COVID-19 y que, por tanto, no quedarían derogados los preceptos de la legislación de vivienda que habilitan y regulan la aprobación de los planes estatales del sector.

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…       3.-Ahora bien, es cierto que, en este punto, puede darse el caso de que no se vea afectado el contenido de ninguna Ley. Es un tema que habría que mirar con algo más de calma, pero es verdad que la legislación del sector es muy generosa con la habilitación entregada a la Administración para aprobar los planes citados. La discrecionalidad reglamentaria es aquí muy ancha y, en la práctica, la clave está en la previsión presupuestaria y en la adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas.

…       Ello me llevó a plantear la posibilidad de “salvar” el contenido del Decreto-ley como simple Decreto, como norma reglamentaria que había modificado el Plan estatal vigente de vivienda. Se planteaba entonces el problema del procedimiento de aprobación de esta nueva norma.

…       Es cierto que la jurisprudencia ha  admitido a menudo el incumplimiento de ciertos trámites en el uso de esta potestad y se ha resistido a  anular la norma y ordenar la retroacción en el procedimiento de elaboración. Es más, el Ejecutivo  podría alegar la especial situación de necesidad que estamos viviendo. Ahora bien, ello sólo jugaría para la materia afectada por el Covid-19 (por ejemplo, las ayudas al alquiler que hemos citado).

 …      En cambio, no parece justificable alterar los trámites habituales de aprobación de los planes estatales de vivienda  y, por supuesto, la consulta, audiencia e información públicas reguladas en el art. 133 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común, para crear un nuevo programa de ayuda, que altera los beneficiarios hasta ahora existentes y que carece de relación con la situación de grave necesidad derivada de la pandemia. Incluso a un nivel meramente divulgativo, es extraño  que organizaciones representativas (art. 133.1 LPAC) y bien conocidas por la Administración (la PAH en el caso de los desahucios, las diversas entidades feministas en el caso de las mujeres maltratadas o las  asociaciones de apoyo a las personas sin hogar) se hayan enterado de un plan crucial sólo por la prensa (y sin haber consultado el expediente).

 …      En definitiva, si el conjunto de reglas del nuevo programa que se incluyen en el Decreto-ley alteran o modifican el contenido de alguna norma con rango de Ley, deben reputarse inconstitucionales, puesto que no están amparadas por una situación de extraordinaria urgencia y necesidad.

       Si, por un principio elemental de conservación de actuaciones, se apuntara que no son contrarias a ninguna Ley en vigor y que pueden subsistir con rango reglamentario gracias a su aprobación por Decreto, entonces han de calificarse como ilegales, puesto que han vulnerado los ritos  propios de aprobación de los planes estatales de vivienda y, de forma clamorosa, el art.133 de la LPAC, no existiendo –como reconoce el mismo legislador- una razón grave de interés público que lo justifique (y sí, más bien, “servirse” de la situación para cambiar la orientación y el listado de beneficiarios de ayudas todavía vigentes y reguladas por norma reglamentaria).

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Diarios para un confinamiento (y XXV).-Al asalto.

Por supuesto, el confinamiento va a continuar, estricto o atenuado. Pero me reconocerán que ya llevamos días mirando más afuera que adentro. Seguirá la situación de peligro, pero enmarcada en graves interrogantes políticos, sociales y económicos.

Por devoción o por obligación, habrá que ir contestando a muchas preguntas. Hemos aprendido, otra vez más, que todos dependemos de todos, como anotábamos el primer día. El heroísmo mostrado por cualquier hijo de vecino es nuestra principal esperanza. Pero ello no nos puede llevar al triunfalismo. Habrá que pensar, entre otras muchas cosas, en el brumoso relajamiento de las semanas previas a la declaración de alarma, en el inestable equilibrio entre control y libertad, en el nuevo tablero internacional…

Evidentemente, este cuaderno seguirá su camino, aunque se cierra la crónica compacta y cotidiana de veinticinco jornadas de encierro. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud. Lo del título es por la tarea inmensa que nos queda por delante. Mucha suerte.

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Diarios para un confinamiento (XXIV).-Reflexiones sobre las ayudas en materia de vivienda establecidas por el Real Decreto-Ley 11/2020 (y II).

1.-Observábamos ayer  algunas dudas de constitucionalidad del Decreto-ley 11/2020.  De todos  modos, es cierto que, si sólo estuviera afectado en este punto el Decreto aprobatorio del Plan estatal de la Vivienda 2018-2021 y no hubiera  en este aspecto ninguna  norma con rango de ley alteradabastaría una norma con rango de Decreto para modificarlo. En tal caso, hay que observar que  no era necesaria para esta derogación parcial la fórmula del Decreto-ley. Por otra parte, la disposición transitoria primera del  Decreto-ley 11/2020 mantiene los efectos de las ayudas ya reconocidas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento. Con estas premisas, he de reconocer que el Decreto-ley  salvaría en esta materia su constitucionalidad.

Sin embargo, es verdad que la polémica pública ha venido más bien por la  oscura redacción del art. 4.3 de la Orden Ministerial TMA/336/2020, de 9 de abril, que lo desarrolla y que regula la “solución habitacional” prevista para este programa:

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.”

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2.-Obsérvese que el primer inciso es muy claro cuando distingue los dos tipos de viviendas en las cuales podría vivir la persona beneficiaria:

-Una vivienda de titularidad pública.

-Una vivienda “que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada”.

Estos dos supuestos no merecen comentario y son situaciones ordinarias en la práctica (de hecho, para el segundo caso, se ha usado con normalidad el convenio de cesión de viviendas a la Administración).

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3.-Los problemas han nacido en el segundo inciso, que no añade nada y se limita a perturbar la interpretación:

Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes  “

Si se trata de una vivienda cedida voluntariamente, ya se ha referido a ello el primer inciso. Si es otra cosa, entonces la hermenéutica se complica, especialmente en estos tiempos de excepcionalidad.

Una posible interpretación (porque el texto ya está ahí, mientras no se derogue), es que se refiera a los alquileres sociales que, según algunas leyes autonómicas, deben ofrecer los grandes tenedores de viviendas en ciertos casos de tramitación de desahucios. Abonaría esta interpretación el hecho de que el programa, precisamente, pretende dar respuesta a las situaciones de desahucio y lanzamiento (antes, sólo a eso; ahora a muchos supuestos más).  Se trata de un na regla que ya ha sido fuente de diversos litigios y que ha tenido  varias soluciones judiciales. Quizás este inciso venga a favorecer alguna de las líneas jurisprudenciales en esta materia. De todos modos, esta última hipótesis merecería algún estudio más detallado.

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Diarios para un confinamiento (XXIII).-Reflexiones sobre las ayudas en materia de vivienda establecidas por el Real Decreto-Ley 11/2020 (I).

1.-Ha generado una cierta controversia el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entre otros subsidios, este Decreto-Ley se refiere a tres programas de ayuda en relación a la vivienda:

         -Art. 10: nuevos programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

         -Art. 11: Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables “regulado en el artículo  siguiente”.

         -Art. 12.-Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.

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…         2.-El primer caso no plantea problemas. De acuerdo con el art. 10.2, “este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley”. El supuesto de hecho habilitante no es discutible.

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…         3.-En cambio, el art. 11 tiene una cobertura constitucional más dudosa. Los arts. 11.1 y 11. 2 disponen:

         1. Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

  1. Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.”

         Es decir, se altera totalmente el Plan en ejecución (regulado por el Real Decreto 106/2018) y que duraba hasta el 2021 y se establece un listado totalmente nuevo de posibles beneficiarios. Así, junto a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual –que eran los destinatarios anteriores- aparecen otros administrados que, ahora, compartirán la posible adjudicación: las víctimas de violencia de género, las personas sin hogar “y otras personas especialmente vulnerables” (parece que esto último ha de concretarlo la orden ministerial de desarrollo).

         Por supuesto, estos colectivos merecen protección. Ahora bien, no es ese el debate que quiero plantear. Su posición de menesterosidad no proviene del Covid-19. Por tanto, a mi entender, esta previsión no debe incluirse en el Decreto-Ley 11/2020.

         La solución correcta consistiría en modificar el Decreto 106/2018, que regula el Plan estatal de Vivienda 2018-2021. Es cierto que ello podría generar algún recurso por parte de los beneficiarios iniciales de tal Decreto, si vieran mermadas sus expectativas de obtención de la ayuda. Podría jugar aquí, quizás, el principio de confianza legítima.

         Sin embargo, esto último no es más que una hipótesis que, además, se basa en la suposición de que la legislación actual habilita a la Administración para cambiar el listado de beneficiarios. Si no fuera así, debería ser una norma con rango de Ley la que modificase los criterios para el reparto de ayudas.

         Comprendo que la postura que aquí defiendo puede parecer puntillosa. Ahora bien, si no se acepta mi argumentación, cabría concluir que –en estos momentos- un Decreto-Ley puede alterar el régimen de cualquier ayuda pública ya establecida, aunque la situación de necesidad  que se socorre no provenga del impacto del Covid-19.

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Diarios para un confinamiento (XXII).-Parece confirmarse.

Algunas Unidades de Cuidados Intensivos, en ciertos  hospitales, empiezan a estar libres.

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