Insistencia en la defensa del sorteo para el acceso a ciertos cargos.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 He tenido ocasi贸n de escuchar y de leer al profesor Sosa Wagner en su defensa del sorteo para el acceso a ciertos cargos p煤blicos. De hecho, ya hab铆amos transcrito en este cuaderno alguno de sus art铆culos al respecto. En el art铆culo que hoy聽 presentamos, relativo al nombramiento de nuevo Fiscal General del Estado, vuelve a la carga sobre la cuesti贸n. No puedo estar m谩s de acuerdo. En los casos en los que he difundido y discutido la tesis de mi admirado profesor, he observado que ciertas reticencias vienen del olvido de dos caracter铆sticas fundamentales de estos sorteos:
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 -S贸lo pueden alcanzar a las personas que previamente se han presentado de forma expresa (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los miembros de las mesas electorales).
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 -Las exigencias para participar en la selecci贸n deben ser elevadas (evitando que al final salga un candidato a voleo dentro del c铆rculo amplio de los que pueden postularse).
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Debo a帽adir que el sorteo puede convivir con otros mecanismos. Ello no ser铆a posible en el supuesto de 贸rganos unipersonales (como el ya citado Fiscal General del Estado), pero 聽ser铆a muy 煤til en 贸rganos colegiados. Por ejemplo, la mitad del Consejo General del Poder Judicial o un tercio del Tribunal Constitucional.

鈥淧asi贸n y dolores en la Fiscal铆a; por Francisco Sosa Wagner, catedr谩tico

21/07/2022

El d铆a 21 de julio de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, un art铆culo de Francisco Sosa Wagner en el cual el autor propone un nuevo modelo de elecci贸n del Fiscal General del Estado que disipe cualquier sospecha de parcialidad.

PASI脫N Y DOLORES EN LA FISCAL脥A

Algarab铆a y conmoci贸n en el panorama judicial al renunciar a su cargo do帽a Dolores Delgado, pol茅mica fiscal general del Estado, por razones personales de salud. Si la califico como pol茅mica es por mostrarme contenido en el uso de los adjetivos ya que es evidente que quien acababa de abandonar la poltrona de ministra de Justicia y de participar en unas elecciones generales bajo las siglas del PSOE (en las que obtuvo acta de diputada) no parece que fuera la persona id贸nea para ejercer sus funciones con la 鈥渋mparcialidad鈥 que al conjunto del Ministerio Fiscal exige su Estatuto (art铆culo 2.1, ley 50/1981).

Esta es una de las trapacer铆as que est谩n contaminando a nuestras instituciones p煤blicas desprestigi谩ndolas a los ojos de la ciudadan铆a cr铆tica. Una trapacer铆a que no podemos considerar privativa del actual Gobierno pues muchos de los anteriores se han comportado, al decidir sobre este cargo, con igual desparpajo. Pero, en este caso, todo indica que las formas m谩s elementales quedaron groseramente sepultadas en los l煤gubres s贸tanos del sectarismo. Lo que la andadura posterior de la se帽ora Delgado ha confirmado.

A partir de ahora, asistiremos a la secuencia de los acontecimientos. El nuevo fiscal general ser谩 nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, o铆do previamente el Consejo General del Poder Judicial. El nombramiento habr谩 de hacerse entre 鈥渏uristas espa帽oles de reconocido prestigio con m谩s de 15 a帽os de ejercicio efectivo de su profesi贸n鈥. El Gobierno, una vez recibido el informe del Consejo, pedido para decorar el procedimiento pues carece de relevancia, comunicar谩 su propuesta al Congreso de los Diputados 鈥渁 fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisi贸n correspondiente de la C谩mara a los efectos de que se puedan valorar los m茅ritos e idoneidad del candidato propuesto鈥.

Te贸ricamente el esquema es atractivo; estamos en presencia de un cargo cuyo nombramiento ha recorrido los pasillos de los tres poderes: el Ejecutivo que propone m谩s el Legislativo que valora y el Judicial, que es o铆do. Todo ello coronado precisamente con la intervenci贸n de la Corona. La realidad es bastante menos brillante porque tales diligencias son puro aderezo de cart贸n piedra.

Aqu铆 viene la segunda trapacer铆a: todos damos por hecho que el Gobierno nombrar谩 a quien ha elegido -un direct铆simo colaborador de quien ha renunciado- pues el paso por el Congreso vuelve a tener efectos puramente ornamentales.

Es el Gobierno -probablemente su presidente- quien nombra a una persona a la que se conf铆a conducir el Ministerio Fiscal que 鈥渢iene como misi贸n promover la acci贸n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter茅s p煤blico tutelado por la ley as铆 como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacci贸n del inter茅s social鈥. 隆Ah铆 es nada lo que el legislador constitucional atribuye al Ministerio Fiscal! Pues todo eso, tan grandilocuente queda en manos de una persona de la estricta confianza pol铆tica del Gobierno. Por eso ha podido decir en estas mismas p谩ginas (23 de marzo) Consuelo Madrigal, ex fiscal general, que 鈥渆stamos ante un poder del Estado de enorme incidencia en la vida, libertad, hacienda y reputaci贸n de los ciudadanos, pr谩cticamente exento de rendici贸n de cuentas y de responsabilidad, sea penal o de cualquier otra 铆ndole. Una anomal铆a (peligrosa) en cualquier sistema democr谩tico鈥.

Precisamente porque esto es as铆 he propuesto desde hace tiempo otro medio de selecci贸n de tan poderoso personaje con el objeto de que se disipe cualquier sospecha de parcialidad y es la del sorteo entre los magistrados del Tribunal Supremo y fiscales de Sala que voluntariamente quisieran concurrir a 茅l. Y yo a帽adir铆a 鈥25 a帽os de ejercicio efectivo de su oficio鈥.

La persona premiada con la bola de la suerte ser铆a asumida por el Gobierno y se podr铆a continuar con la tramitaci贸n prevista en el Estatuto del Ministerio Fiscal hasta desembocar en la firma regia (comparecencia parlamentaria e intervenci贸n del Consejo general del Poder judicial, ya citadas).

La raz贸n de ampliar el plazo de los 15 a帽os a los 25 es la siguiente: se corregir铆a el deplorable efecto que causa ver a un fiscal general del Estado poni茅ndose al servicio de intereses privados al formar parte de un bufete de abogados una vez concluido su mandato. Como las incompatibilidades sirven para poco o nada, si se consignara ese n煤mero mayor de a帽os previos al acceso al cargo, es probable que se saliera de 茅l con una edad, si no b铆blica, s铆 lo suficientemente avanzada como para tener ya los calores enfriados y haber disipado un gran n煤mero de temerarias tentaciones.

El meollo del poder del fiscal general del Estado se aloja en la pol铆tica de nombramientos. Puede decirse que quien ingresa en la carrera asciende en ella conforme a criterios y concursos reglados -lo que afecta a la inmensa mayor铆a de los fiscales espa帽oles, seleccionados en unas duras oposiciones- pero solo llegar谩 a la cima -fiscal de Sala del Tribunal Supremo- si cuenta con el apoyo del fiscal general: el respeto estricto al principio de m茅rito y capacidad ha sido desterrado en beneficio de la merced (sin que quiera decirse que las personas que llegan a ocupar tales cargos no sean de m茅rito ni carezcan de capacidad). Ocurre como con los magistrados aunque la diferencia radica en que estos, para llegar al Tribunal Supremo, se someten a una cruj铆a que al final decide un 贸rgano colegiado mientras que, en el caso de los fiscales, es un se帽or/se帽ora quien tiene la 煤ltima palabra.

Tan solo hab铆a una cautela: la intervenci贸n del Consejo fiscal, llamado a informar las propuestas respecto al nombramiento de estos cargos superiores, tarea sometida a criterios t茅cnicos y profesionales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo controvertida -y malhadada- de 13 de abril de 1998 (caso del fiscal Eduardo Fungairi帽o) acab贸 con lo que era pr谩ctica habitual, a saber, que para los ascensos a fiscales de Sala era preciso contar con el informe favorable del Consejo fiscal. Hasta 10 votos particulares tiene la sentencia del Supremo y en ellos se pueden leer atinadas consideraciones como la de que 鈥渆l pronunciamiento del Consejo fiscal sobre la aptitud profesional para ser fiscal de Sala no supone que se inmiscuya en cuestiones de oportunidad o conveniencia, reservadas a la responsabilidad del fiscal general, sino que emita un juicio sobre un elemento reglado, basado en datos objetivos, extra铆dos de la anterior conducta profesional鈥. Lo determinante es que la doctrina jurisprudencial mayoritaria de 1998 ha permitido sembrar la insatisfacci贸n entre los fiscales sabedores de que llegar al final de su carrera va a depender, no de su trabajo, no de lo que se esfuercen en estudiar los asuntos, no de sus actuaciones ante los tribunales, sino del favor de quien pasajeramente ostenta el puesto m谩ximo de la organizaci贸n.

Recientemente, el nombramiento de fiscal de Sala de menores efectuado por Dolores Delgado ha sido anulado por sentencias de 19 de abril de 2022 debido a la falta de motivaci贸n. Pero ella volvi贸 a nombrar a la misma persona, lo que ha motivado la reacci贸n -l贸gica- de la Asociaci贸n de Fiscales, que ha pedido al Tribunal que se ejecute la sentencia invalidando la repetici贸n de esa designaci贸n.

Un avispero, como se ve, el de los deplorables nombramientos discrecionales: deber铆an ser desterrados en su pr谩ctica totalidad.

En fin, otro asunto es la supresi贸n de las puertas giratorias entre Ministerio Fiscal y pol铆tica, un matrimonio diab贸lico que urge divorciar y que la se帽ora Delgado ha vivido con complacencia. Para oficiar en esa ceremonia solo hace falta voluntad pol铆tica. 驴Alguien la tiene?鈥

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