Decreto-Ley 11/2020, de medidas urgentes en el ámbito social y económico (nuevas ayudas en vivienda): o es inconstitucional o es ilegal.

1.-No conviene valorar cuestiones profundas a bote pronto. Es una regla básica en el mundo jurídico. Sin embargo, es verdad que -en estos días- la rapidez normativa, la situación de excepcionalidad y la preocupación ciudadana ante la limitación de derechos y libertades nos tiran de la lengua.

Esto es justamente lo que ha ocurrido con el Real Decreto Ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. En dos ocasiones, pergeñé algunas reflexiones para acercarme a su contenido en lo relativo a la modificación del plan estatal de la vivienda. Ello incluía el análisis de la endiablada redacción de la orden ministerial de desarrollo (sobre esto último, me remito a lo que ya apunté aquí, como hipótesis interpretativa).

*

2.-El legislador optó por la fórmula del Decreto-ley.  Ello implica la derogación de las leyes que se le opongan. Ahora bien, la extraordinaria y urgente necesidad sólo le permitía regular aspectos relativos al COVID-19 . Así lo hizo, correctamente, al articular las ayudas al alquiler  cuando el pago de éste se dificulte ante el impacto social y económico de la enfermedad.

…       Sin embargo, ya sabemos que el legislador de urgencia aprovechó para crear otro programa nuevo que sustituía a uno anterior (todavía vigente), que alteraba todo el listado de beneficiarios y que no tenía relación con el COVID-19 (como se reconoce en la exposición de motivos de la Orden de desarrollo).

…       Esto quiere decir que son inconstitucionales los preceptos del Decreto-Ley que articulan el nuevo programa, que no pueden beneficiarse de la extraordinaria y urgente necesidad propia del COVID-19 y que, por tanto, no quedarían derogados los preceptos de la legislación de vivienda que habilitan y regulan la aprobación de los planes estatales del sector.

**

…       3.-Ahora bien, es cierto que, en este punto, puede darse el caso de que no se vea afectado el contenido de ninguna Ley. Es un tema que habría que mirar con algo más de calma, pero es verdad que la legislación del sector es muy generosa con la habilitación entregada a la Administración para aprobar los planes citados. La discrecionalidad reglamentaria es aquí muy ancha y, en la práctica, la clave está en la previsión presupuestaria y en la adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas.

…       Ello me llevó a plantear la posibilidad de “salvar” el contenido del Decreto-ley como simple Decreto, como norma reglamentaria que había modificado el Plan estatal vigente de vivienda. Se planteaba entonces el problema del procedimiento de aprobación de esta nueva norma.

…       Es cierto que la jurisprudencia ha  admitido a menudo el incumplimiento de ciertos trámites en el uso de esta potestad y se ha resistido a  anular la norma y ordenar la retroacción en el procedimiento de elaboración. Es más, el Ejecutivo  podría alegar la especial situación de necesidad que estamos viviendo. Ahora bien, ello sólo jugaría para la materia afectada por el Covid-19 (por ejemplo, las ayudas al alquiler que hemos citado).

 …      En cambio, no parece justificable alterar los trámites habituales de aprobación de los planes estatales de vivienda  y, por supuesto, la consulta, audiencia e información públicas reguladas en el art. 133 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común, para crear un nuevo programa de ayuda, que altera los beneficiarios hasta ahora existentes y que carece de relación con la situación de grave necesidad derivada de la pandemia. Incluso a un nivel meramente divulgativo, es extraño  que organizaciones representativas (art. 133.1 LPAC) y bien conocidas por la Administración (la PAH en el caso de los desahucios, las diversas entidades feministas en el caso de las mujeres maltratadas o las  asociaciones de apoyo a las personas sin hogar) se hayan enterado de un plan crucial sólo por la prensa (y sin haber consultado el expediente).

 …      En definitiva, si el conjunto de reglas del nuevo programa que se incluyen en el Decreto-ley alteran o modifican el contenido de alguna norma con rango de Ley, deben reputarse inconstitucionales, puesto que no están amparadas por una situación de extraordinaria urgencia y necesidad.

       Si, por un principio elemental de conservación de actuaciones, se apuntara que no son contrarias a ninguna Ley en vigor y que pueden subsistir con rango reglamentario gracias a su aprobación por Decreto, entonces han de calificarse como ilegales, puesto que han vulnerado los ritos  propios de aprobación de los planes estatales de vivienda y, de forma clamorosa, el art.133 de la LPAC, no existiendo –como reconoce el mismo legislador- una razón grave de interés público que lo justifique (y sí, más bien, “servirse” de la situación para cambiar la orientación y el listado de beneficiarios de ayudas todavía vigentes y reguladas por norma reglamentaria).

***

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.