Diarios para un confinamiento (XXIV).-Reflexiones sobre las ayudas en materia de vivienda establecidas por el Real Decreto-Ley 11/2020 (y II).

1.-Observábamos ayer  algunas dudas de constitucionalidad del Decreto-ley 11/2020.  De todos  modos, es cierto que, si sólo estuviera afectado en este punto el Decreto aprobatorio del Plan estatal de la Vivienda 2018-2021 y no hubiera  en este aspecto ninguna  norma con rango de ley alteradabastaría una norma con rango de Decreto para modificarlo. En tal caso, hay que observar que  no era necesaria para esta derogación parcial la fórmula del Decreto-ley. Por otra parte, la disposición transitoria primera del  Decreto-ley 11/2020 mantiene los efectos de las ayudas ya reconocidas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento. Con estas premisas, he de reconocer que el Decreto-ley  salvaría en esta materia su constitucionalidad.

Sin embargo, es verdad que la polémica pública ha venido más bien por la  oscura redacción del art. 4.3 de la Orden Ministerial TMA/336/2020, de 9 de abril, que lo desarrolla y que regula la “solución habitacional” prevista para este programa:

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.”

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2.-Obsérvese que el primer inciso es muy claro cuando distingue los dos tipos de viviendas en las cuales podría vivir la persona beneficiaria:

-Una vivienda de titularidad pública.

-Una vivienda “que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada”.

Estos dos supuestos no merecen comentario y son situaciones ordinarias en la práctica (de hecho, para el segundo caso, se ha usado con normalidad el convenio de cesión de viviendas a la Administración).

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3.-Los problemas han nacido en el segundo inciso, que no añade nada y se limita a perturbar la interpretación:

Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes  “

Si se trata de una vivienda cedida voluntariamente, ya se ha referido a ello el primer inciso. Si es otra cosa, entonces la hermenéutica se complica, especialmente en estos tiempos de excepcionalidad.

Una posible interpretación (porque el texto ya está ahí, mientras no se derogue), es que se refiera a los alquileres sociales que, según algunas leyes autonómicas, deben ofrecer los grandes tenedores de viviendas en ciertos casos de tramitación de desahucios. Abonaría esta interpretación el hecho de que el programa, precisamente, pretende dar respuesta a las situaciones de desahucio y lanzamiento (antes, sólo a eso; ahora a muchos supuestos más).  Se trata de un na regla que ya ha sido fuente de diversos litigios y que ha tenido  varias soluciones judiciales. Quizás este inciso venga a favorecer alguna de las líneas jurisprudenciales en esta materia. De todos modos, esta última hipótesis merecería algún estudio más detallado.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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1 respuesta a Diarios para un confinamiento (XXIV).-Reflexiones sobre las ayudas en materia de vivienda establecidas por el Real Decreto-Ley 11/2020 (y II).

  1. The White Caveman dijo:

    Bien precisado. Pues, sería conveniente que la Administración lo especificara.

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