Diarios para un confinamiento (XXIII).-Reflexiones sobre las ayudas en materia de vivienda establecidas por el Real Decreto-Ley 11/2020 (I).

1.-Ha generado una cierta controversia el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entre otros subsidios, este Decreto-Ley se refiere a tres programas de ayuda en relación a la vivienda:

         -Art. 10: nuevos programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

         -Art. 11: Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables “regulado en el artículo  siguiente”.

         -Art. 12.-Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.

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…         2.-El primer caso no plantea problemas. De acuerdo con el art. 10.2, “este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley”. El supuesto de hecho habilitante no es discutible.

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…         3.-En cambio, el art. 11 tiene una cobertura constitucional más dudosa. Los arts. 11.1 y 11. 2 disponen:

         1. Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

  1. Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.”

         Es decir, se altera totalmente el Plan en ejecución (regulado por el Real Decreto 106/2018) y que duraba hasta el 2021 y se establece un listado totalmente nuevo de posibles beneficiarios. Así, junto a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual –que eran los destinatarios anteriores- aparecen otros administrados que, ahora, compartirán la posible adjudicación: las víctimas de violencia de género, las personas sin hogar “y otras personas especialmente vulnerables” (parece que esto último ha de concretarlo la orden ministerial de desarrollo).

         Por supuesto, estos colectivos merecen protección. Ahora bien, no es ese el debate que quiero plantear. Su posición de menesterosidad no proviene del Covid-19. Por tanto, a mi entender, esta previsión no debe incluirse en el Decreto-Ley 11/2020.

         La solución correcta consistiría en modificar el Decreto 106/2018, que regula el Plan estatal de Vivienda 2018-2021. Es cierto que ello podría generar algún recurso por parte de los beneficiarios iniciales de tal Decreto, si vieran mermadas sus expectativas de obtención de la ayuda. Podría jugar aquí, quizás, el principio de confianza legítima.

         Sin embargo, esto último no es más que una hipótesis que, además, se basa en la suposición de que la legislación actual habilita a la Administración para cambiar el listado de beneficiarios. Si no fuera así, debería ser una norma con rango de Ley la que modificase los criterios para el reparto de ayudas.

         Comprendo que la postura que aquí defiendo puede parecer puntillosa. Ahora bien, si no se acepta mi argumentación, cabría concluir que –en estos momentos- un Decreto-Ley puede alterar el régimen de cualquier ayuda pública ya establecida, aunque la situación de necesidad  que se socorre no provenga del impacto del Covid-19.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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