Seminario sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea. Algunas notas desde el Derecho Administrativo (III).

1.-Otro sector con presencia relevante en la jurisprudencia comunitaria ha sido la contrataci贸n administrativa. De hecho, la Exposici贸n de Motivos de la reciente Ley 9/2017, de Contratos del Sector P煤blico, reconoce expresamente que algunos de sus flamantes preceptos se limitan a acu帽ar en la norma ciertos criterios jurisprudenciales ya consolidados en el Tribunal de Luxemburgo.

En este campo, ha de anotarse el importante y un tanto zigzagueante conjunto de resoluciones sobre la calificaci贸n jur铆dica de los trabajos encargados a ciertos promotores urban铆sticos. (agentes urbanizadores o concesionarios de la obra urbanizadora). Los tabiques de la construcci贸n jurisprudencial han sido estudiados y aclarados en el recientey fundamental聽 libro de la profesora M. LORA-TAMAYO聽 VALLV脡, The europeanisation of Planning Law. The European 鈥搇and use- silent revolution (2017). Un texto, por cierto, que cimenta la hip贸tesis de la europeizaci贸n efectiva del Derecho urban铆stico nacional, pese a la inexistencia de un t铆tulo competencial concreto y expl铆cito en favor de las instituciones comunitarias.

Imagen nocturna de Europa a partir de los datos obtenidos por el sat茅lite de la聽 NASA Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) . Foto: Reuters/NASA/Handout.

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2.-Por 煤ltimo, examinar茅 las dos sentencias en las cuales deseaba profundizar y que corresponden al 谩mbito del Derecho del transporte. Es probable que hayan o铆do hablar de la primera, relativa a los servicios prestados por 脺ber Systems Spain, S.L. (Sentencia de la Gran Sala de 20 de diciembre de 2017).

En s铆ntesis, se discut铆a si el servicio prestado por 脺ber pod铆a beneficiarse del r茅gimen mimado de libertad de prestaci贸n de servicios en la sociedad de la informaci贸n o si quedaba excluida de esta regulaci贸n para caer en el pozo 聽restrictivo de los servicios de transporte. Esto no quiere decir, sin embargo, que la libertad de prestaci贸n de servicios de la sociedad de la informaci贸n 鈥搑egulada, en concreto, por las directivas 2000/31 y 2006/123- no permita la imposici贸n de un r茅gimen de autorizaci贸n previa con ciertos requisitos (por ejemplo, el ya cl谩sico de la presencia de una raz贸n imperiosa de inter茅s general).

Ahora bien, la clave estaba en la aplicaci贸n del art. 2.2. d) de la Directiva 2006/123, que exclu铆a a los servicios de transporte de la menos estricta regulaci贸n de los servicios de la sociedad de la informaci贸n. Pues bien, para el Tribunal de Luxemburgo no hay duda de que el elemento principal de la oferta de 脺ber es el servicio en el 聽campo del transporte.

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3.-En consecuencia 鈥搚 esto ya no lo precisa la sentencia, sino que corresponde a los poderes p煤blicos del Estado afectado-, deber铆a aplicarse la reglamentaci贸n propia del servicio de taxi. Esto es, licencia municipal (o de otra entidad local competente) en caso de servicio urbano y licencia de la Comunidad Aut贸noma si se lleva a cabo un transporte interurbano a trav茅s de autom贸viles con conductor.

Desconozco exactamente la soluci贸n concreta que va a adoptarse, aunque no parece f谩cil que el arcaico ordenamiento del taxi pueda acoger a 脺ber como nuevo operador (entre otras razones, por el n煤mero limitado y cerrado de licencias). Otra cosa es que la sentencia, como dec铆a el viejo verso marxista, acent煤e las contradicciones del Derecho interno, ya que estas plataformas operan en Espa帽a apoy谩ndose en una autorizaci贸n de arrendamiento de veh铆culo con conductor (VTC), regulada por normativa estatal. Estas licencias se han multiplicado exponencialmente y el Tribunal Supremo ha establecido una jurisprudencia favorable a su otorgamiento con obst谩culos m铆nimos. Ahora bien, con el fallo del TJUE en la mano, es dif铆cil que el camello de聽 脺ber pueda entrar por el ojo de aguja de la peculiar autorizaci贸n administrativa para el 鈥渁rrendamiento de veh铆culos de turismo con conductor鈥 (VTC, regulada en los arts. 180 y ss. del Reglamento de la Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres). El usuario de 脺ber no arrienda un veh铆culo con el conductor dentro, sino que recibe un servicio de transporte. En puridad, pues, todo ello obliga a revisar la vigente trayectoria jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo.

El aut茅ntico VTC o alquiler de veh铆culo con un conductor (por ejemplo, para bodas). Fuente: ***.

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Acerca de Joan Amen贸s 脕lamo

Professor de Dret Administratiu
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