La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

…  1.-La  recentísima Ley  9/2017 de Contratos del Sector Público es un texto importante y farragoso. Importante, porque incorpora a nuestro ordenamiento recientes directivas comunitarias, hace suya la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asumiendo ciertos riesgos, por cierto) y solventa algunas dudas advertidas en la aplicación de la legislación predecesora (por ejemplo, la naturaleza de los pagos del usuario a los prestadores de ciertos servicios públicos). Farragosa porque con su 347 artículos parece ya desterrar la arcaica distinción entre Ley y Reglamento y aprovecha para  recrecerse de forma desmesurada. La redacción no es oscura y mejora claramente a otras normas recientes, aunque pueden hallarse algunas perlas que precisan de tres lecturas (por ejemplo, art. 159.4 c) o art. 32.1). El vocabulario es ya más pedantón  y recargado.

      No creo que el maestro  Chaves se haya rendido ante portam viuendo el mazacote legal. Pero puede quizás incentivarle la procrastinación que nos sugiere el legislador, ya que la Ley no entró en vigor el día siguiente a su publicación, sino que –como veremos- ha establecido una escala.

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2.-En concreto:

……2.1.-Entran en vigor el día siguiente a la publicación –que fue el 9 de noviembre- los artículos 328 a 334. Estos preceptos se refieren a los órganos consultivos, principalmente en lo relativo a los estatales, pero con algunas reglas que vinculan a los de las Comunidades Autónomas y a los de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Igualmente, ya entra en acción la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación –que no debe confundirse con la Junta Consultiva de Contratación Pública ni con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales-. Asimismo, se efectúa una regulación específica de la Oficina Nacional de Evaluación, que es un órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Importantísima es la referencia a la Estrategia Nacional de Contratación Pública, recogida en el art. 334. Se trata de un “instrumento jurídico vinculante” para todo el sector público (estatal, autonómico y local). Es cierto que su contenido mayoritario parece inclinarse hacia la recomendación y el soft law, pero sin excluir, por ejemplo, la coordinación de criterios para la supervisión de las actuaciones contractuales o la previsión de medidas para reforzar los mecanismos de control de legalidad ex – ante y ex – post (así de redicha es la norma).

También han entrado ya en vigor las reglas establecidas en la disposición final décima, que se refieren a la reforma del artículo 7.8º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta norma concreta las entregas y prestaciones de servicios no sujetas al IVA, dada su realización directa por las Administraciones Públicas. Ahora bien, también aparecen las entregas y servicios que, pese a ejecutarse por las Administraciones, quedan sujetas.

2.2.-El grueso de la Ley entra en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (por tanto, 9 de marzo de 2018).

2.3.-Finalmente, entran en vigor a los 10 meses de la publicación del texto legal dos aspectos que serán relevantes en la práctica:

……a) Reconocimiento expreso en los estatutos o en el acta de creación del carácter de medio propio de la entidad en relación al poder adjudicador que actúe. Estamos ante una formalización indubitada que acredita esta especie de vasallaje organizativo. Si no, no cabría el encargo imperativo, sino que  debería abrirse el pertinente procedimiento contractual   (art. 32.2.d)).

……b) La inscripción de los licitadores que deseen concurrir a un “procedimiento abierto simplificado” en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (art. 159.4 a)). Es un requerimiento operativo importante, teniendo en cuenta que este procedimiento puede acordarse para valores estimados iguales o inferiores a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras e iguales o inferiores a 100.000.-euros para los contratos de suministro y servicios (además de alguna otra característica).

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3.-Por último, la obligación de remisión por parte de la mesa de contratación a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (u órgano autonómico competente) de indicios fundados de conductas colusorias entrará en vigor cuando lo haga el reglamento que ha de dictarse el efecto (tercer párrafo del art. 150.1).

Torre de Telecomunicaciones de Collserola (Barcelona). autor: Norman Foster. Fuente: MC 2 Estudio de Ingeniería***.

 

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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