Fórmulas jurídicas básicas contra el fraude y la evasión fiscal internacional (y II)

1.-El intercambio de información ha sido, hasta ahora, una figura con un desarrollo mucho más amplio que la asistencia en la recaudación. Esta última implica ya un nivel muy elevado de colaboración interestatal. Ahora bien, dentro del indicado intercambio  cabe distinguir un abanico de posibilidades.

La primera es el intercambio de información mediante solicitud previa. Se trata del utensilio primordial. En él, el Estado requeridor pide al Estado requerido datos sobre una persona o sobre una transacción determinada. Esto puede implicar la puesta en marcha de una actividad investigadora específica por parte del Estado requerido. Ha de tenerse en cuenta que se considera que el Estado requirente habrá agotado las fuentes de información previstas por la legislación interna antes de presentar la demanda de referencias.

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2.-La segunda vía es la información automática, con transmisión sistemática de datos al otro Estado. Los Estados que la emplean ya se hallan en una fase de intensa ayuda y, en la práctica,  la situación de paraíso fiscal ya se disuelve completamente.

Más contundente aún es la fórmula del intercambio espontáneo de información, en la cual un Estado ha obtenido elementos que supone de interés para otro Estado y, en consecuencia, procede a transmitírselos.

Aún son posibles técnicas más afinadas, como las inspecciones tributarias simultáneas –con acuerdo de los Estados actuantes- o la inspección tributaria efectuada por un Estado en territorio extranjero.

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3.-Los Estados no suelen asumir todos los renglones del menú descrito. En general, podemos decir que el punto de partida mínimo es el suministro de datos previa petición y para un caso concreto. Luego, en función de su propia relación o de la posición en el concierto internacional, se van incrementando las estrategias de colaboración.

Por supuesto, los Tratados citados recogen causas que impiden suministrar lo pedido. Pero debe tenerse en cuenta que todas ellas se interpretan de modo restrictivo. Desde luego, en modo alguno cabe invocar el secreto bancario u otros institutos que intenten proteger a intermediarios o contrapartes contractuales. Sí se admite, no obstante, la negativa “a desvelar información relativa a las comunicaciones confidenciales entre abogados, procuradores u otros representantes legales reconocidos, en su calidad de tales, y sus clientes en la medida en que estas comunicaciones estén preservadas por la Ley interna” (apartado 19.3 de los Comentarios precitados).  No obstante, esta exclusión debe definirse de forma estricta.

Por otra parte, en fin, se asegura la confidencialidad de la información recibida. Ahora bien, ello no impide que puedan revelarse estos materiales en audiencias judiciales públicas o en resoluciones en las que aparezcan el nombre del contribuyente.

Desde otro punto de vista, el establecimiento de procedimientos de audiencia establecidos por el Estado requerido para conocer las alegaciones del contribuyente no deben operar si ello –en palabras de los Comentarios–  “da al traste con los esfuerzos del Estado que la formula” [la solicitud] o impide o retrasa indebidamente el conocimiento de los datos (o, incluso, si se ha justificado la urgencia en la obtención).

En definitiva, pues, aunque el ritmo es siempre menor que el deseable, lo cierto es que el aumento constante de las jurisdicciones que van firmando estos tratados y van ampliando la asunción de las herramientas previstas ya está poniendo la semilla de un Derecho tributario global.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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