Otro paso en la liberalización: la Ley 38/2015, del sector ferroviario (y II).

1.-La administración de las infraestructuras ferroviarias es una función relevante  en este terreno. Ello abarca su mantenimiento y explotación, así como la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad. Dicha gestión no puede encomendarse a terceros y se considera, por tanto, un típico servicio de autoridad.

Los administradores serán una o varias entidades públicas  empresariales, adscritas al Ministerio de Fomento. Sus funciones son importantes.  Por ejemplo, la adjudicación de capacidad de infraestructura a las empresas ferroviarias y la determinación, revisión y cobro de los cánones por utilización de las instalaciones. Si se tratase de una maqueta, el administrador sería la mano soberana y única que decidiría qué trenes (y a qué hora) pueden circular por las diferentes vías. Ésta es justamente la  definición que aparece en el art. 33:

Artículo 33. Concepto de adjudicación de capacidad.

La adjudicación de capacidad de infraestructura es la asignación por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias de aquellas franjas horarias, definidas en la declaración sobre la red, a los correspondientes candidatos con el fin de que un tren o un vehículo ferroviario pueda circular, entre dos puntos, durante un período de tiempo determinado.”

Estamos ante una tarea técnicamente delicada, lo cual no impide que se someta a Derecho y que el último inciso del art. 36 disponga que “el procedimiento de adjudicación de la capacidad deberá ajustarse a principios de transparencia, objetividad y no discriminación”.

Digamos, por último, que el art. 40 admite líneas ferroviarias de titularidad privada.

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2.-La actuación de la empresa ferroviaria se somete a licencia, que es otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (por cierto, el silencio es desestimatorio: art. 49.2).

El Consejo de Ministros puede sujetar a obligaciones de servicio público determinados tráficos que se efectúen sobre la Red Ferroviaria de Interés General. En este caso, la empresa interesada debe obtener una autorización específica, que se otorgará previo procedimiento de licitación (si bien se admite la adjudicación directa para las cuantías más reducidas).

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3.-La Ley dedica el Título V (arts. 61 y ss.) a la seguridad ferroviaria. Se crea al respecto una Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, entre cuyos fines se enumera el otorgamiento de los certificados de seguridad (requisito previo a la prestación de cualquier servicio ferroviario).En este campo, no obstante, el papel de las entidades certificadoras y de homologación va a ser fundamental (véase el art. 68). Igualmente, existe una regulación novedosa en la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios (arts. 71 y ss.).

La Ley ordena también de forma pormenorizada las tasas ferroviarias. Entre ellas, el canon por utilización de infraestructuras ferroviarias (art. 76), cuya cuantía es la clave sobre la cual pivota decisivamente la rentabilidad de un sector sano y liberalizado. Finalmente, la norma regula ampliamente el régimen sancionador y de inspección (art. 103 y ss.).

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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