Presentación de la Ley 28/2015, para la defensa de la calidad alimentaria (y III).

               1.-Además de la inspección administrativa, la Ley regula el autocontrol de calidad, que es un procedimiento preceptivo que deben adoptar todos los operadores del sector alimentario y que abarca la documentación de los procesos, un plan de muestreo y análisis y un sistema de “trazabilidad”. Esta última palabra ya parece haberse generalizado en el lunfardo del sector e incluso la RAE la ha aceptado, aunque es un penoso traslado del inglés traceability  (quizás hubiera sido suficiente con hablar del “origen documentado”, pero la pedantería no tiene límite).

    La información sobre todo ello ha de ponerse a disposición de las autoridades competentes y del inspector administrativo (cuya verificación será, pues, primariamente documental).

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    2.-Una de las preocupaciones centrales de la Ley es la regulación de las entidades de inspección o certificación. La normativa vigente exige a menudo que el autocontrol sea revisado por una de esas entidades. Pues bien, se impone para ellas un régimen de declaración responsable ante la autoridad en cuya circunscripción inician su actividad (normalmente, una Comunidad Autónoma concreta). Esta declaración ya le permite operar en todo el territorio nacional, aunque ha de tenerse en cuenta que, entre la documentación a presentar, ha de constar la acreditación de la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

…     El art. 11.2.c) impone para los certificadores la obligación de denuncia ante la autoridad competente si detectan cualquier incumplimiento de la legislación de calidad.

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 …    3.-La Ley incluye también una amplia regulación del régimen sancionador. Dentro de las infracciones (ya sean leves, graves o muy graves) se insiste en la represión del incumplimiento de las obligaciones documentales y de respeto a los ritos de manipulación reglados. La información falsa al consumidor también está especialmente perseguida, aunque se observa un amplio abanico entre meras diferencias toleradas reglamentariamente (infracción leve) y la defraudación ya fronteriza con el ilícito penal. Debemos recordar, igualmente, que el perjuicio causado al “prestigio de las figuras de protección de la calidad diferenciada” puede ser empuñado como criterio agravante.

    Merece especial comentario la previsión de la publicación de las sanciones (art. 22). Al respecto, téngase en cuenta lo siguiente:

…     -No se clasifica entre las sanciones accesorias (art. 23), sino que forma parte de la sanción principal impuesta, lo cual plantea algunas dudas sobre su justificación.

    -Es una medida optativa y discrecional y, por tanto, ha de ser motivada.

    -Sólo puede acordarse si no se ha interpuesto recurso. Si se hubiera interpuesto recurso contencioso-administrativo, habrá de esperarse a la firmeza de la sentencia. Pero ¿dos o tres años después va a darse publicidad a la sanción? Parece que sólo se va a aplicar a casos de gravedad inusitada.

 

    Finalmente, ha de recordarse la generosa cláusula de reconocimiento mutuo, que hace la norma inaplicable para los productos fabricados o comercializados en otros Estados miembros de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio  o del Espacio Económico Europeo. Tampoco se aplica a los Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la UE. Como ya supone el lector, estamos ante uno de los caballos de batalla del Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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