Presentación de la Ley 28/2015, para la defensa de la calidad alimentaria (II).

  1.-La ley distingue dos tipos de control de calidad:

a) El control ejercido por autoridad competente.

b) El autocontrol del operador, que podrá ser verificado por entidades de inspección y certificación acreditadas. Este autocontrol también puede ejercerse en un marco de colaboración, ya sea al amparo de una asociación sectorial o bien bajo el paraguas de una cooperativa.

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…       2.-El control oficial implica normalmente actividades inspectoras en las diferentes fases en las que se va formando el producto alimenticio (desde la recepción hasta le envasado, almacenamiento y transporte).

….       Como viene precisando últimamente la legislación con implacable unanimidad, se recuerda que las actuaciones de inspección se realizarán por funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad. Están obligados a cumplir el deber de sigilo profesional. Como ya reza en general la legislación de procedimiento administrativo,  se recuerda que los hechos que constaten y que se formalicen en las actas observando los requisitos legales pertinentes, son coronados con el premio procesal del valor probatorio.

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 …      3.-Como ya es habitual en la legislación del sector, se regulan con un cierto detenimiento (art. 9) las medidas cautelares de inmovilización. Son adoptadas por los funcionarios inspectores, pero “deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas, en un plazo no superior a quince días por la autoridad competente” (en caso de alimentos perecederos, se fomenta el acortamiento de plazos). En principio, lo normal va a ser la impugnabilidad del acto confirmatorio o del levantamiento, no del acto previo de trámite (aunque puede haber excepciones).

…       Igualmente, siguiendo la tradición de esta parcela de la actividad administrativa, no hay piedad para la actividad clandestina (art. 9.4):

….       4. La autoridad competente en sus actuaciones podrá acordar, sin carácter de sanción, la clausura o cierre temporal de empresas, instalaciones, locales o medios de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos o no hayan realizado las comunicaciones o declaraciones responsables, en caso de estar sujetos a dicha obligación, hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para las mismas.”

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Centro comercial. Mostrador.

Centro comercial. Mostrador.

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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