Presentación de la Ley 28/2015, para la defensa de la calidad alimentaria (I).

   …             1.-La expansión del vituperado sistema capitalista (con sus muchos correctivos, paños calientes, frenos  y vaselinas) está a punto de encarar un hecho totalmente desconocido en la historia de la humanidad. Se trata de la desaparición, si no del hambre, sí de la noción de hambruna, de la escasez devastadora. El éxito está a la vuelta de la esquina –en términos históricos-, a caballo de la ciencia y del libre comercio (como ocurrió con la peste, el cólera y la muerte de un niño en cada familia).

…       En Occidente, las crisis alimentarias ya no son de suministro (con algunas terribles excepciones), sino de seguridad…y de calidad. La legislación española es un buen ejemplo de ello. Pese a la abundancia, subsiste  el engaño y, por tanto, el papel vigilante y disciplinario de la Administración Pública pasa a ser fundamental.

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      2.-El lector fiel de legislación –ya saben ustedes que yo me desayuno cada mañana con el BOE- habrá detectado un error que no me acaba de encajar. Hace sólo cuatro años, aún bajo el anterior Gobierno, fue promulgada la Ley  17/2001, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Una Ley de ambicioso contenido, ya que pisaba el terreno clásico de la policía administrativa sobre la producción, distribución y venta de alimentos y, además, daba algunas nociones o criterios sobre orientación de hábitos nutricionales. En su articulado, el legislador se enfrentaba, por ejemplo, con la noción de trazabilidad, con los controles previos que deben afrontar los operadores económicos, con la inspección administrativa y los principios de actuación ante una crisis alimentaria, etc.

       Pues bien, la nueva Ley 28/2015, dedicada a la defensa de la calidad alimentaria, incide en algunas cuestiones idénticas (trazabilidad, controles, etc.), pero no menciona en ningún momento a la Ley del 2011. No existe, tampoco, ninguna disposición derogatoria (ni expresa ni tácita, aunque esta última hay que considerarla implícita). Se alude al ya clásico Real Decreto 1945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, desfilan por la Exposición de Motivos una enorme preocupación por la unidad de mercado y una generosa retahíla de normas comunitarias, así como el aviso de modificaciones a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Pero nada se dice sobre la ley previa, respecto a la cual hay una amplia coincidencia de temas (inspección, trazabilidad, etc.). Ciertamente, se puede distinguir entre seguridad y calidad –esto es lo que hace el art. 2.2.-, pero las conexiones son abundantes.

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 …      3.-Antes de iniciar el estudio de esta norma, conviene decir que no se incluyen en su articulado, de acuerdo con el art. 2.2. “los aspectos higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria; la legislación específica de organismos modificados genéticamente y de la irradiación de productos alimenticios; la oferta para la venta al consumidor final, incluidos los obradores de las instalaciones detallistas; el comercio exterior; la producción primaria, incluida la legislación sobre bienestar de los animales y la producción ecológica.”.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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