Un año fabuloso

       1.-El 2 de octubre se publicó en el BOE la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mantengamos la calma, ya que su disposición final 7ª dispone lo siguiente:

 …      “Entrada en vigor.

       La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.”

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…       2.-Ahora bien, un panorama maravilloso consta en la Disposición final 5ª:

Adaptación normativa.

       En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley.  “

Encaramos, pues, un espectáculo grandioso de desguace de libros y manuales (la maldición de von Kirchmann), ajuste de temarios de opositores, gigantescos trabajos de “adaptación” a realizar por los letrados autonómicos y locales, conferencias y congresos, buceos arqueológicos en la vieja jurisprudencia (por si hay algo que rascar), etc. Un espaldarazo a la reactivación económica que ni el mismo Keynes hubiera soñado.

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 …      3.-Por otra parte, el mismo BOE publica la Ley,  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya disposición final decimotercera también nos da un año de gracia, pero con algunas descargas eléctricas para ir acostumbrando el cuerpo (por cierto, ya se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de entidades aseguradoras, que no resistió el verano):

«»E«Entrada en vigor:.

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el punto doce de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la disposición final primera, de modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda, de modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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