Universo hiperfotografiado y vulneración del principio de taxatividad.

    1.-El debate político oscurece a menudo la discusión jurídica. Esto es absolutamente normal –y casi obligatorio- cuando se refiere a la normativa sobre seguridad ciudadana. Baste recordar los debates sobre la “patada en la puerta” en la anterior  Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A la actual Ley –Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana–  se le ha colgado el sambenito de “Ley mordaza”. Una calificación probablemente exagerada, aunque en algunos aspectos las dudas de constitucionalidad están realmente fundadas.

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    2.-Uno de los puntos más discutidos ha sido la filmación o la fotografía de  la actuación policial por parte de personas que  estaban en el lugar de los hechos. En concreto, el art. 36.23 califica como grave la siguiente   infracción:

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.»

…     La regla transcrita pone sobre el tapete situaciones muy delicadas. Recuerdo perfectamente que el primer problema que se planteaba en los años noventa en procedimientos sancionadores por alborotos y disturbios diversos era la identificación de los responsables. Hoy en día no hay problema: una artillería de artefactos de foto y filmación ha grabado con toda seguridad la situación y, además, la ha colocado en una red de acceso universal. Incluso, cualquier grupo anti-sistema o anti lo que sea ya tiene en plantilla su fotógrafo profesional.

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 …    3.-El artículo transcrito tiene el acierto de procurar la seguridad personal y familiar de los agentes. De hecho, la tradición normativa y jurisprudencial sobre protección de la imagen de estos funcionarios públicos ayudaría a salvar en este apartado la constitucionalidad del precepto.

 …    Los problemas vienen, a mi entender,  cuando se observa la redacción –no taxativa– de la primera parte del artículo y el uso de la expresión “que puedan poner en peligro”. Se debería haber escrito, como mínimo, “que pongan en peligro”. En la misma línea, también es dudosa la referencia a un “uso no autorizado”. ¿Quién autoriza ese uso?¿Sólo se autorizarían las fotografías tomadas por miembros acreditados de los medios de comunicación? Es, en definitiva, una expresión neblinosa, impropia de un tipo infractor.

 …    Por último, la doctrina ya ha señalado que el nivel de protección de la seguridad personal o familiar de los agentes no puede ser el mismo que el de la salvaguardia de las instalaciones protegidas o del “éxito de una operación” (otra vez, obsérvese, la alegría en la escritura sancionadora). Para estos bienes quizá convendría una tutela menos exigente, ya que en caso contrario parece desproporcionada la limitación del derecho a la información (sobre esto, es interesante el estudio contenido en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre esta Ley).

  …   Por último, hay que decir que el particular podría legítimamente difundir imágenes de la actuación con técnicas de oscurecimiento que asegurasen la no identificación de los miembros de los cuerpos de seguridad[1]. Esto no impediría, por ejemplo, la presentación de la grabación íntegra como denuncia administrativa o penal (claro que, una vez foliado el documento dentro del expediente, la triste experiencia nos enseña que ese es, justamente, el momento ideal para la difusión a diestro y siniestro).

 

[1] Por ejemplo, el vídeo siguiente –difundido por la versión digital del diario El País no pone en peligro la seguridad de los agentes:

 

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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