Cambio de plataforma.

Estimados lectores: durante unos días, este blog no estará operativo, a causa de un cambio de de plataforma.

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S√°bados exclusivos. Me apunto a la fiesta.

 

 Yosi en un gesto típico suyo durante una actuación de Los Suaves.

(Fuente:aquí).

¬† ¬† Como estamos en √©poca de mudanzas ‚Äďdentro de unos d√≠as, este cuadernillo se mudar√° a otra plataforma-, he aprovechado hoy para ceder la voz al maestro. Lo poco que s√© de los temas que tratamos en estos s√°bados exclusivos empec√© a aprenderlo con la lectura de Pablo de Lora. Luego vinieron ya mis errores y el acantonamiento de esta secci√≥n en esa maravilla cultural, en esa gloria del patrimonio art√≠stico, que es el mal llamado ‚Äúlenguaje inclusivo‚ÄĚ.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Me remito, pues, a un art√≠culo aparentemente sat√≠rico y burlesco. Pero, en realidad es muy serio y algo tiene del cl√°sico Gonzalo de Berceo, ¬†escribiendo como se habla al vecino, en rom√°n paladino. Aparece ¬†en el meollo del texto don Gregorio Luri. Hace ya muchos a√Īos que una compa√Īera ‚Äďla profesora y abogada √Ängels Orriols– me dio a conocer el trabajo de este gigante. Desde entonces, hemos procurado seguir su f√©rtil pista. Creo que cualquier profesor universitario deber√≠a leer al menos un libro de ¬†este hombre de letras (esta venerable expresi√≥n le va como anillo al dedo y a√ļn m√°s con su √ļltima obra).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pues bien, como indica el art√≠culo, lleva unos d√≠as don Gregorio dando a conocer, a modo de rosario penitencial, algunos de los objetivos que, para las diferentes asignaturas, impone la LOMLOE. Parece mentira que esta Loles (ay, Lomloe) enloquecida haya nacido en una naci√≥n que vio crecer la Instituci√≥n Libre de Ense√Īanza y donde Ortega y Gasset public√≥ su Misi√≥n de la Universidad.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Les dejo ya con ‚ÄúSufre mam√≥n‚ÄĚ. Pero, como yo tambi√©n voy al guateque (uy, qu√© antiguo), les he tra√≠do un disquito un poco m√°s rockero que los que se citan. Debo confesar que ni me gusta ni entiendo esta √ļltima tendencia. Para estas cuestiones me remito a Josu de Miguel, experto en estos palos y tambi√©n en Kelsen y otras m√ļsicas. Ahora bien, siento una incurable debilidad por Los suaves y el m√≠tico Yosi. Les dejo con una cosa tranquila y educada -ya saben ustedes que suelo ser muy contenido-, una defensa del denostado amor rom√°ntico, de sus locuras y promesas (no s√© si cumplidas o incumplidas), y contra la correcci√≥n inclusiva que se derramar√° sobre nuestros muchachos.

¬ęSufre mam√≥n¬ę, En The objective, Pablo de Lora.

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Esquemas docentes.-El dominio p√ļblico.

DERECHO ADMINISTRATIVO III.2022. TEMA 6. EL DOMINIO P√öBLICO.

I.-LEGISLACI√ďN Y CONCEPTO.
II.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES.
II.BIS.-EN ESPECIAL, LA INALIENABILIDAD.
III.-LA UTILIZACI√ďN DE LOS BIENES DE DOMINIO P√öBLICO.
IV.-POSIBLES TEMAS AMPLIATORIOS.

I.-LEGISLACI√ďN Y CONCEPTO.

1. La ley principal en este campo es la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P√ļblicas.
2. El patrimonio de las Administraciones P√ļblicas est√° constituido por conjunto de bienes y derechos propios de las Administraciones. Observad que es un conjunto inmenso que, no obstante, es contemplado de manera unitaria.
3. Ahora bien, la Ley citada no incluye dentro del patrimonio de las Administraciones P√ļblicas ‚Äúel dinero, los valores, los cr√©ditos y los dem√°s recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades p√ļblicas empresariales y entidades an√°logas dependientes de las comunidades aut√≥nomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorer√≠a‚ÄĚ. Estamos aqu√≠ ante el denominado ‚Äúpatrimonio financiero‚ÄĚ de las Administraciones P√ļblicas. Observad que, grosso modo, se trata del dinero. Ese dinero, por tanto, tiene una regulaci√≥n espec√≠fica y se aparta de lo relativo a los bienes (que es lo que nos interesa). Tambi√©n tiene un r√©gimen peculiar el ‚Äúpatrimonio empresarial‚ÄĚ (en s√≠ntesis, las acciones que son titularidad de la Administraci√≥n). Es decir, nos vamos a centrar en los bienes y pertenencias de la Administraci√≥n, pero vamos a dejar a un lado el dinero y los t√≠tulos representativos de capital (las acciones).

II.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES.

4. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el art. 132 CE ha regulado los bienes de dominio p√ļblico:

132
1. La ley regular√° el r√©gimen jur√≠dico de los bienes de dominio p√ļblico y de los comunales, inspir√°ndose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, as√≠ como su desafectaci√≥n.
2. Son bienes de dominio p√ļblico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona mar√≠timo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ√≥mica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

5. Observamos, pues, los siguientes criterios:
-Reserva de ley. En efecto, se dispone que la ley regular√° el r√©gimen jur√≠dico de los bienes de dominio p√ļblico. Ya hemos citado al respecto la relevante Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P√ļblicas.
– La ley se inspirar√° en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Todos ellos procuran proteger estos bienes, para que se mantengan dentro de la propiedad p√ļblica (recu√©rdese el problema tradicional de los poderes estatales en toda Europa de progresiva p√©rdida de estos bienes, ya desde la Edad Moderna, por motivos b√©licos, por simple corrupci√≥n o por necesidades de liquidez).
-Son bienes de dominio p√ļblico estatal, por prescripci√≥n constitucional:
-Los que determine la ley [por ejemplo, el agua].
-La zona marítimo-terrestre.
-Las playas. *
-El mar territorial.
-Los recursos naturales de la zona económica.
-La plataforma continental.
6. Como vemos, pues, la Administraci√≥n tiene sus propios bienes y, adem√°s, los que ha precisado la ley. Para protegerlos, ya hemos dicho que la Constituci√≥n dispone la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad del dominio p√ļblico.

II.BIS. EN ESPECIAL, LA INALIENABILIDAD.

7. Vais a analizar la inalienabilidad del dominio p√ļblico, respondiendo a las siguientes preguntas.*
8. Atención, debéis indicar en vuestra exposición el manual o los manuales utilizados. En relación a la extensión, os lo dejo a vuestro criterio, pero recordad que el conjunto del tema se mueve entre un mínimo de cinco y un máximo de diez minutos. Por lo tanto, no hace falta que lo alarguéis demasiado. Veamos.
9. ¬ŅQu√© es la inalienabilidad del dominio p√ļblico?
10. ¬ŅQu√© es la desafectaci√≥n?
11. ¬ŅSe aplica la inalienabilidad a los denominados ‚Äúbienes patrimoniales‚ÄĚ de la Administraci√≥n?

III.-LA UTILIZACI√ďN DE LOS BIENES DE DOMINIO P√öBLICO.

12. Visto lo anterior, debemos tener en cuenta que los bienes de dominio p√ļblico pueden ser:
13. -De uso p√ļblico (por ejemplo, una calle).
14. -De servicio p√ļblico (por ejemplo, estas aulas, que est√°n asignadas al servicio p√ļblico educativo).
15. Los bienes de uso p√ļblico pueden ser de uso com√ļn o de uso privativo.
16. El uso com√ļn puede ser, en primer lugar, de car√°cter general. El ejemplo t√≠pico son las calles y los caminos, que cualquiera puede usar, sin necesidad de un t√≠tulo jur√≠dico espec√≠fico.
17. Ahora bien, los bienes p√ļblicos tambi√©n pueden ser de uso com√ļn especial. En este caso, un t√≠tulo jur√≠dico concreto permite a una persona (o a varias) usar de forma privilegiada el bien, pero sin impedir el uso normal de los dem√°s. Por ejemplo, la licencia de navegaci√≥n en r√≠os y embalses (que no obsta a que los dem√°s administrados se ba√Īen o pesquen), la licencia para instalar un bar (o chiringuito) en la playa (que permite a los dem√°s ba√Īarse, tomar el sol, jugar a voleibol, etc.), etc.
18. Observad que el uso com√ļn especial precisa de la obtenci√≥n de una licencia o autorizaci√≥n. Estas autorizaciones se otorgar√°n directamente a los peticionarios aunque, en caso de que deba limitarse su n√ļmero, se impondr√° un r√©gimen de concurrencia competitiva o, si ello no fuere procedente, el sorteo. Ello ocurre, por ejemplo, con los permisos de instalaci√≥n para la venta ambulante (el ‚Äúmercado semanal‚ÄĚ).
19. Atenci√≥n, estas autorizaciones se otorgan por un tiempo determinado y, adem√°s, podr√°n ser revocadas unilateralmente por la Administraci√≥n concedente en cualquier momento por razones de inter√©s p√ļblico, sin generar derecho a indemnizaci√≥n, cuando:
20. -Resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad.
21. -Produzcan da√Īos en el dominio p√ļblico.
22. -Impidan su utilizaci√≥n para otras actividades de mayor inter√©s p√ļblico o
23. -Menoscaben el uso general.
24. *
25. Finalmente, cabe hablar ‚Äďen contraposici√≥n al uso com√ļn- de la posibilidad de un uso privativo. En este caso, se trata de un uso que excluye a los dem√°s y que ha de sustentarse en un t√≠tulo administrativo que se denomina concesi√≥n demanial. Dentro de ese uso exclusivo se sit√ļan las instalaciones que tienen un car√°cter fijo (a diferencia, por ejemplo, de los servicios de temporada o chiringuitos en las playas, que son instalaciones desmontables y que s√≥lo necesitan una autorizaci√≥n).
26. La concesi√≥n demanial no puede otorgarse en ning√ļn caso por tiempo indefinido. Adem√°s, es susceptible de ser inscrita en el Registro de la Propiedad.
27. La concesión demanial se otorga en régimen de concurrencia, aunque en muchos casos sólo una persona está legalmente en condiciones de obtenerla (por ejemplo, el investigador que encontró el yacimiento y al cual se otorga la concesión de explotación de minas o, del subsuelo en general).
28. *FINAL.

IV.-POSIBLES TEMAS AMPLIATORIOS.

1.-La distinci√≥n entre bienes de dominio p√ļblico, bienes patrimoniales, bienes comunales y Patrimonio Nacional.
2.-Las concesiones demaniales.
3.-Técnicas de gestión y protección del patrimonio: el inventario, la catalogación y el Registro.
4.-Las potestades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios p√ļblicos: investigaci√≥n, deslinde, recuperaci√≥n de oficio y desahucio administrativo.
5.-La cuesti√≥n de la inembargabilidad. ¬ŅC√≥mo se cobra una deuda que ha contra√≠do la Administraci√≥n P√ļblica?
6.-¬ŅQu√© es la polic√≠a demanial?
7.-En realidad, el r√©gimen especial del dominio p√ļblico podr√≠a llevarnos todo el a√Īo. Es probable que alguien quiera hacer alguna referencia concreta al r√©gimen de las aguas terrestres, al demanio mar√≠timo y a las costas y puertos, los montes, las minas, el patrimonio cultural o el dominio p√ļblico radioel√©ctrico.

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Dissabtes exclusius. Tocant i magrejant la llengua.

[Font:xxx]

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1.-Em reben, a l‚Äôentrada del campus, banderoles i anuncis imperatius: ‚Äúno em toquis la llengua‚ÄĚ. Dedueixo que es tracta d‚Äôun anunci preventiu dels pr√≤xims contagis, per√≤ de seguida comen√ßo a saltar entre paraules ben boniques que no curen, per√≤ alegren l‚Äôesperit: ‚Äúgratacels‚ÄĚ, ‚Äúamanyagar‚ÄĚ, ‚Äúsetci√®ncies‚ÄĚ…Se‚Äôns informa que faran tasses i samarretes. Sense dubte, un treball filol√≤gic de nivell universitari. Segueixo el meu cam√≠ sedu√Įt per la m√ļsica d‚Äôalguns mots, fins que topo amb dues sorpreses:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -‚ÄúLletraferit‚ÄĚ

         -“Primmirat“

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† El llenguatge sexista ho empastifa tot i fa mal als ulls. Com tothom sap i sempre se‚Äôns recorda a la casa, calia escriure ‚ÄúLletraferit o lletraferida‚ÄĚ o b√© ‚ÄúLletraferit/da‚ÄĚ. Aix√≠ ho va fer, per exemple, el m√≠tic article 28.1 del Reglament de la Facultat de Veterin√†ria, aprovat l‚Äôany passat (el 15 d‚Äôabril), aquesta meravella liter√†ria:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äú‚ÄúEls coordinadors i coordinadores de grau s√≥n anomenats/des pel rector o rectora a proposta del deg√† o degana, [‚Ķ]‚ÄĚ.

*

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 2.- Com que m‚Äôestic convertint en un torracollons ‚Äďparaula que tamb√©¬† llueix al¬† llistat selecte-, ho deixo c√≥rrer, per√≤¬† just quan ja marxava m‚Äôapareix un dels documents que fonamenten la campanya: el ‚ÄúComprom√≠s contra la crisi educativa‚ÄĚ. Es presenta ‚Äďa la not√≠cia–¬† com un manifest que va ser subscrit ‚Äúpels rectors i rectores de l’Associaci√≥ Catalana d’Universitats P√ļbliques‚ÄĚ. No obstant, quan passem ja al text, sembla que s‚Äôhan perdut algunes rectores: ‚Äúels rectors i la rectora de les universitats representades per l‚ÄôAssociaci√≥ Catalana d‚ÄôUniversitats P√ļbliques (ACUP) presentem…‚ÄĚ.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Reconec que aquest √©s un sup√≤sit sorprenent i imaginatiu. Sembla evident que hi ha dos grups: per una banda, els rectors i, per l‚Äôaltra, la rectora. √Čs perfectament interpretable que hi vagin per una costat els rectors i, per l‚Äôaltra, la rectora ‚Äď√≤rgan unipersonal- que governa les universitats¬† integrades dins l‚Äôassociaci√≥. Potser ho entendrem millor si li donem la volta i imaginem un rector solitari i dirigent i, per altre costat, les rectores :

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚ÄúLes rectores i el rector de les universitats representades per l‚ÄôAssociaci√≥ Catalana d‚ÄôUniversitats P√ļbliques (ACUP) presentem…‚ÄĚ.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† √Čs a dir, sembla que ‚Äďd‚Äôentrada- hi ha un grup no formalitzat de rectores i ‚Äďdespr√©s- un rector que mana. El mateix que pensar√≠em si escric: ‚Äúels abanderats i l‚Äôabanderada de l‚Äôassociaci√≥ ‚ÄúEl diluvi‚ÄĚ presenten…‚ÄĚ.

**

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 3.-Per√≤ no volia precisament jugar amb la hip√≤tesi indicada, sin√≥ introduir un debat de m√©s volada. Realment cal marcar que hi ha ‚Äúuna rectora‚ÄĚ? He conegut v√†ries rectores i em sembla que l‚Äôimportant del seu mandat no era la seva condici√≥ sexual. Els defensors del dogma de la visibilitat afirmen que cal¬† determinar el sexe en la refer√®ncia indiscriminada als conjunts no marcats. √Čs una opci√≥ molt discutible. De tota manera, reconec que estem davant un cas de frontera, que mescla l‚Äô√≤rgan associatiu ‚Äďformal, gen√®ric, no marcat, neutre- i el grup de persones que es coneixen, que probablement s√≥n amics i que consideren que el sexe dels rectors √©s un tret rellevant que cal tenir molt en compte.

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Esquemas docentes.-El empleo p√ļblico.

TEMA 5.- EL EMPLEO P√öBLICO.

I.-DEFINICI√ďN Y CATEGOR√ćAS.
II.-TIPOLOG√ćA.
II.1.-LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA.
II.2-LOS FUNCIONARIOS INTERINOS.
II.3.-EL PERSONAL LABORAL.
II.4.-EL PERSONAL EVENTUAL.
II.5.-LA POSICI√ďN DIFERENCIADA DE LAS AUTORIDADES POL√ćTICAS Y DE LOS ALTOS CARGOS.
III.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES.
IV.-EN ESPECIAL, EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN LA FUNCI√ďN Y EL DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL.
V.-POSIBLES AMPLIACIONES.

I.-DEFINICI√ďN Y CATEGOR√ćAS.

1. Hemos visto ya los campos de actuaci√≥n de la Administraci√≥n p√ļblica ‚Äďintervenci√≥n, fomento y servicio p√ļblico- y, de acuerdo con la clasificaci√≥n inicial, vamos a ver ahora los recursos que el ordenamiento ha dispuesto para que la Administraci√≥n ejecute su actividad de servicio al inter√©s general (art. 103. 1 CE). Se trata, en primer lugar, de los recursos humanos. Esto es, los empleados p√ļblicos. En segundo lugar, del dominio p√ļblico (o sea, los bienes cuya titularidad corresponde a la Administraci√≥n P√ļblica).

2. EL EMPLEO P√öBLICO: de acuerdo con el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto B√°sico del Empleado P√ļblico (EBEP), el concepto y tipolog√≠a de empleados p√ļblicos es el siguiente:

Art√≠culo 8. Concepto y clases de empleados p√ļblicos

1. Son empleados p√ļblicos quienes desempe√Īan funciones retribuidas en las Administraciones P√ļblicas al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados p√ļblicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

II.-TIPOLOG√ćA.

II.1.-FUNCIONARIOS DE CARRERA.

3. -De acuerdo con el EBEP , son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, est√°n vinculados a una Administraci√≥n P√ļblica por una relaci√≥n estatutaria regulada por el Derecho Administrativo [y no por el Derecho laboral]*. .
El art. 9 concreta la noci√≥n de funcionario de carrera en el n√ļmero 1 y, en el n√ļmero 2, lo liga de forma directa con el ejercicio de potestades p√ļblicas y con el servicio a los intereses generales (con lo cual, el personal laboral tiene una conexi√≥n menor con el n√ļcleo de esos intereses):

Artículo 9 Funcionarios de carrera

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, est√°n vinculados a una Administraci√≥n P√ļblica por una relaci√≥n estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempe√Īo de servicios profesionales retribuidos de car√°cter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participaci√≥n directa o indirecta en el ejercicio de las potestades p√ļblicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones P√ļblicas corresponden exclusivamente a los funcionarios p√ļblicos, en los t√©rminos que en la ley de desarrollo de cada Administraci√≥n P√ļblica se establezca.

4. Por tanto, el funcionario no firma un contrato con la Administraci√≥n, sino que se somete a una regulaci√≥n establecida por la Ley. As√≠, por ejemplo, no se pueden ‚Äúnegociar condiciones‚ÄĚ al entrar al servicio de la Administraci√≥n, ni pactar indivicualmente una mejora por ‚Äúresultados‚ÄĚ, etc.

II.2.-FUNCIONARIOS INTERINOS.

5. El art. 10 del EBEP regula los funcionarios interinos. Su actual redacci√≥n se basa en la reforma establecida por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci√≥n de la temporalidad en el empleo p√ļblico. Examinaremos ahora los n√ļmeros 1 y 2 de dicho art√≠culo:
Artículo 10 Funcionarios interinos

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con car√°cter temporal para el desempe√Īo de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se d√© alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un m√°ximo de tres a√Īos, en los t√©rminos previstos en el apartado 4.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecuci√≥n de programas de car√°cter temporal, que no podr√°n tener una duraci√≥n superior a tres a√Īos, ampliable hasta doce meses m√°s por las leyes de Funci√≥n P√ļblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
2. Los procedimientos de selecci√≥n del personal funcionario interino ser√°n p√ļblicos, rigi√©ndose en todo caso por los principios de igualdad, m√©rito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendr√°n por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selecci√≥n en ning√ļn caso dar√° lugar al reconocimiento de la condici√≥n de funcionario de carrera.

6. -El art. 10. 1 del EBEP nos dice, ¬īpues, que son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempe√Īo de funciones propias de funcionarios de carrera. Probablemente, los que hay√°is sido alumnos de escuela p√ļblica hab√©is tenido alg√ļn profesor interino, nombrado justamente antes del inicio de curso.

7. Dicho esto, el precepto que hemos citado dispone que los procedimientos de selecci√≥n del personal interino ser√°n p√ļblicos. Pero, atenci√≥n, su nombramiento no dar√° lugar, en ning√ļn caso, al reconocimiento de la condici√≥n de funcionario de carrera. Por otra parte, cuando acabe la situaci√≥n de interinidad no habr√° derecho a compensaci√≥n alguna.

8. Es cierto, no obstante, que la Ley indicada ha establecido un r√©gimen especial para la ‚Äúestabilizaci√≥n‚ÄĚ (esto es, ingreso en la funci√≥n p√ļblica) de una parte del actual grupo de funcionarios interinos. Esta estabilizaci√≥n se har√° a trav√©s de procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, m√©rito, capacidad y publicidad.
[*]

II.3.-EL PERSONAL LABORAL.

9. -Personal laboral (los trabajadores, seg√ļn la dicci√≥n tradicional del Derecho laboral): de acuerdo con el art. 11. 1 del EBEP, son las personas que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito ‚Äďy en cualquiera de las modalidades de contrataci√≥n previstas en la legislaci√≥n laboral- prestan servicios retribuidos por las Administraciones P√ļblicas*. En funci√≥n de la duraci√≥n del contrato √©ste podr√° ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. √Čste es el texto del art. 11. 1 EBEP:
Artículo 11 Personal laboral
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contrataci√≥n de personal previstas en la legislaci√≥n laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones P√ļblicas. En funci√≥n de la duraci√≥n del contrato √©ste podr√° ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

II.4.-PERSONAL EVENTUAL.

10. -Personal eventual: atenci√≥n, este personal tiene, de acuerdo con el EBEP, un car√°cter no permanente (pueden ser cesados en cualquier momento) y s√≥lo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. No operan, pues, en el marco de la cadena jer√°rquica administrativa. Su n√ļmero es porcentualmente muy reducido, ya que las leyes de funci√≥n p√ļblica del Estado y de las Comunidades Aut√≥nomas determinan concretamente las autoridades y √≥rganos de gobierno que pueden operar con esta clase de personal. Por ejemplo, el Director de Gabinete del presidente del Gobierno, el secretario particular del Alcalde, etc*.
11. De acuerdo con los cuatro primeros n√ļmeros del art. 12 del EBEP, debemos concretar, pues, lo siguiente:
Artículo 12 Personal eventual
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
2. Las leyes de Funci√≥n P√ļblica que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinar√°n los √≥rganos de gobierno de las Administraciones P√ļblicas que podr√°n disponer de este tipo de personal. El n√ļmero m√°ximo se establecer√° por los respectivos √≥rganos de gobierno. Este n√ļmero y las condiciones retributivas ser√°n p√ļblicas.
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
4. La condici√≥n de personal eventual no podr√° constituir m√©rito para el acceso a la Funci√≥n P√ļblica o para la promoci√≥n interna.

II.5.- LA POSICI√ďN DIFERENCIADA DE LAS AUTORIDADES POL√ćTICAS Y DE LOS ALTOS CARGOS.

12. Hay que precisar que hemos excluido de nuestra explicación a las autoridades políticas y altos cargos, que tienen un estatuto diferenciado y cuyo nombramiento se produce por dos posibles vías:

13. -Elección democrática (ya sea de primer grado o sde segundo grado).
14. -O bien, libre nombramiento y cese dictados por las autoridades elegidas democr√°ticamente.

15. Son ejemplo de los anteriores supuestos el Alcalde y los concejales en la Administraci√≥n Local ‚Äďelegidos en cada proceso electoral-, el Presidente del Gobierno ‚Äďelegido por el Congreso de los Diputados-, los Ministros ‚Äďnombrados y cesados por el Presidente del Gobierno-, los directores generales ‚Äďnombrados y cesados por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro-, etc. *

III.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES.

16. Vista ya la fundamental clasificaci√≥n anterior, debemos decir que nuestra Constituci√≥n hab√≠a establecido expresas reglas para los funcionarios p√ļblicos. Estas reglas se aplicar√°n tambi√©n a los interinos, aunque de acuerdo con su peculiar naturaleza. Repas√©moslas.

17. El art. 103.3 de la CE se refiere a la funci√≥n p√ļblica en los siguientes t√©rminos:
-Reserva de ley: le corresponde a la ley regular el estatuto de los funcionarios p√ļblicos.
-El acceso a la funci√≥n p√ļblica se har√° de acuerdo con los principios de m√©rito y capacidad [se trata de elegir al mejor y de forma objetiva].
-Se admiten ‚Äúpeculiaridades‚ÄĚ en el ejercicio de su derecho a sindicaci√≥n [que llegan hasta la prohibici√≥n, por ejemplo, en el caso de los militares, aunque dichas peculiaridades son pr√°cticamente irrelevantes para la mayor√≠a de funcionarios p√ļblicos].
-La ley reguladora de la funci√≥n p√ļblica establecer√° ‚Äúel sistema de incompatibilidades y las garant√≠as para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones‚ÄĚ [entre esas garant√≠as figura de forma destacada el principio de estabilidad en la funci√≥n].

IV.-EN ESPECIAL, EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN LA FUNCI√ďN Y EL DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL.

18. Sin duda, dentro de las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, destaca la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. También se denomina, como hemos dicho, principio de estabilidad en la función.

[*]

19. Ciertamente, esta inamovilidad puede cesar. Por ejemplo, porque el funcionario solicite la excedencia voluntaria por inter√©s particular o cuando sea sancionado disciplinariamente con la m√°xima sanci√≥n. En concreto, la denominada ‚Äúseparaci√≥n del servicio‚ÄĚ.

20. La inamovilidad facilita la continuidad de los servicios p√ļblicos y permite al funcionario la realizaci√≥n de su tarea de forma imparcial. Por ejemplo, el inspector puede indicar y valorar en el acta lo que ha percibido sin temor a que el superior jer√°rquico le presione para cambiar su contenido.

21. Por otra parte, dentro de esa estabilidad, se habla de que el funcionario tiene un derecho a la carrera profesional. Esto es, a la progresi√≥n por acumulaci√≥n de m√©ritos (antig√ľedad, formaci√≥n cont√≠nua, etc.). Estos m√©ritos le permitir√°n acceder a puestos de car√°cter superior (normalmente, mejor retribuidos).

V.-POSIBLES AMPLIACIONES.

1.-El contenido y la aplicaci√≥n de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci√≥n de la temporalidad en el empleo p√ļblico. Puede ser √ļtil el seguimiento por internet del impacto de esta norma.
2.-La ordenación de los puestos de trabajo.
3.-Las ofertas de empleo p√ļblico.
4.-Los sistemas de selecci√≥n de los empleados p√ļblicos. La oposici√≥n, el concurso y el concurso-oposici√≥n.
5.-Los procedimientos de selección. La convocatoria y sus bases. Los órganos de selección. El control jurisdiccional de la actuación de los órganos de selección.
6.-La provisión de los puestos de trabajo.
7.-La distinción entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
8.-Las situaciones administrativas y la pérdida de la condición de funcionario.

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Esquemas docentes. -La actividad administrativa de servicio p√ļblico.

Tema 4.-La actividad administrativa de servicio p√ļblico.

I.-CONCEPTO Y PROBLEM√ĀTICA GENERAL.

II.-PREVISIONES CONSTITUCOINALES. EL ART. 128.2 E.

III.-LA IRRUPCI√ďN DE LA UNI√ďN EUROPEA.

IV.-CLAVES PARA UNA TIPOLOG√ćA DE LOS SERVICIOS P√öBLICOS.

            A)SERVICIOS DE AUTORIDAD.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† B)SERVICIOS NO ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL.

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†C) SERVICIOS ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL O, TOUT COURT, SERVICIOS DE INTER√ČS GENERAL.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† C‚Äô)LA PECULIAR REGULACI√ďN DE LOS SERVICIOS ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL. EN ESPECIAL, LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO P√öBLICO.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† D)OTROS SERVICIOS, YA EN R√ČGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA.LA ACTIVIDAD P√öBLICA MERAMENTE EMPRESARIAL.

V.-LA GESTI√ďN DE LOS SERVICIOS P√öBLICOS QUE SON TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACI√ďN P√öBLICA. GESTI√ďN DIRECTA Y GESTI√ďN INDIRECTA.

VI.-OTROS POSIBLES TEMAS PARA PROFUNDIZAR.

I.-CONCEPTO Y PROBLEM√ĀTICA GENERAL.

¬† ¬†La regulaci√≥n del servicio p√ļblico es un gran palimpsesto en el que se mezclan una tradici√≥n normativa que arranca con fuerza en el siglo XIX, algunos art√≠culos de la Constituci√≥n todav√≠a elaborados bajo la euforia de una hipot√©tica transici√≥n al socialismo y los martillazos que ha tenido que dar el legislador europeo para crear un marco com√ļn en todo el territorio de la Uni√≥n.
¬† ¬†Calificamos como servicio p√ļblico a la actividad que el legislador considera de inter√©s general y que, adem√°s, ¬†asigna a la Administraci√≥n P√ļblica. La Administraci√≥n P√ļblica es, por tanto, el titular de ese servicio. Este dato de la titularidad es fundamental desde un punto de vista jur√≠dico. Ustedes mismos est√°n ahora disfrutando de un servicio p√ļblico (en este caso, de la instrucci√≥n de nivel universitario).
 (Fuente: aquí).
¬† ¬†Cada naci√≥n ha organizado jur√≠dicamente de manera diferente sus servicios p√ļblicos. En general, se han buscado f√≥rmulas y categor√≠as que diesen un m√≠nimo de agilidad¬† a las Administraciones P√ļblicas. Estas deben buscar el inter√©s general pero no tienen como par√°metro de actuaci√≥n el √°nimo de lucro (que es siempre un est√≠mulo a la actuaci√≥n del hombre) y operan impulsadas directa o indirectamente por las partidas del presupuesto p√ļblico.¬† En definitiva, se trata de servicios que disparan con p√≥lvora del rey, seg√ļn la cl√°sica expresi√≥n . Adem√°s, cada Estado ha de decidir si impone o no a un concreto servicio p√ļblico un car√°cter legalmente monopol√≠stico (por ejemplo, si s√≥lo puede haber un ej√©rcito o si puede haber varios, un poco a lo Mad Max).
II.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES. EL ART. 128.2 CE.
El art. 128.2 CE es nuestro punto de partida y dispone lo siguiente:
¬† ¬† A)-Se reconoce la iniciativa p√ļblica en la actividad econ√≥mica. Por tanto, nada impide que, si se considera de inter√©s general, la Administraci√≥n del Estado instale una f√°brica de jeringuillas (o de mascarillas). Un ejemplo real de esta iniciativa lo tenemos en las editoriales p√ļblicas.
¬† ¬†B)-Mediante ley se podr√°n reservar al sector p√ļblico recursos o servicios esenciales. Esta reserva puede hacerse bajo monopolio (s√≥lo podr√° operar la Administraci√≥n P√ļblica competente: pensad en la defensa nacional) o sin monopolio. Esto es, en este √ļltimo caso, permitiendo que, adem√°s de la Administraci√≥n, intervengan sujetos privados (por ejemplo, aparecen otras f√°bricas de mascarillas cuyo titular son empresas farmac√©uticas y que compiten en el mercado con las que produce la entidad p√ļblica).
III.LA IRRUPCI√ďN DE LA UNI√ďN EUROPEA.
¬† ¬†La Uni√≥n europea se encontr√≥ con situaciones diversas en cada uno de los Estados, pero deb√≠a articular unas normas de cara a construir un mercado √ļnico de bienes y servicios. Imaginemos, siguiendo con el mismo ejemplo, que una f√°brica francesa de mascarillas quiere instalarse en Espa√Īa y que, no obstante, nuestra legislaci√≥n ha impuesto la reserva monopol√≠stica de este servicio. En tal caso (que es puramente hipot√©tico, claro), no podr√≠a operar en Espa√Īa. Hab√≠a que armonizar m√≠nimamente la regulaci√≥n. *
¬†IV.-CLAVES PARA UNA TIPOLOG√ćA DE LOS SERVICIOS P√öBLICOS.
   Para encauzar estas situaciones, se ha establecido la siguiente distinción:
¬† ¬†A) SERVICIOS DE AUTORIDAD (defensa nacional, seguridad p√ļblica, vigilancia ambiental y sanitaria, administraci√≥n de justicia‚Ķ*): se trata de servicios donde, normalmente, existe una reserva en exclusiva al Estado (que los prestar√° a trav√©s de concretas Administraciones). Es cierto que, en alg√ļn caso, se permite que existan operadores privados, pero en situaci√≥n claramente auxiliar y secundaria respecto al poder p√ļblico (por ejemplo, la seguridad privada -que puede recibir instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, los servicios de arbitraje ‚Äďcuya decisi√≥n se enmarca en el aparato judicial, posibilitando recursos en ciertos casos- , etc.).
B) SERVICIOS NO ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL. Servicios p√ļblicos tradicionales que el Derecho p√ļblico de la Uni√≥n Europea califica como ‚Äúservicios no econ√≥micos de inter√©s general‚ÄĚ.¬† Estamos ante el bloque ‚Äúfuerte‚ÄĚ del servicio p√ļblico, en el cual incluimos la tr√≠ada de la educaci√≥n , la sanidad y los servicios sociales, adem√°s de ciertos aspectos de la cultura (por ejemplo, los museos y los teatros p√ļblicos)*.
¬† ¬†En estos casos, no hay reserva monopol√≠stica en favor del sector p√ļblico. Observad, en efecto, que existen tambi√©n una educaci√≥n privada, una sanidad privada y servicios sociales privados (por ejemplo, las residencias de ancianos de titularidad particular). No obstante, la relaci√≥n entre los operadores p√ļblicos y privados no respeta las reglas de la libre competencia, ya que el operador p√ļblico se beneficia de su conexi√≥n directa con los presupuestos p√ļblicos, tiene un r√©gimen fiscal y laboral diferenciado y, adem√°s, la normativa atribuye al poder p√ļblico decisiones relevantes (por ejemplo, la aprobaci√≥n de planes de estudios en la universidad privada, etc. ).
En este campo podr√≠amos incluir tambi√©n, aunque con matices y diferenciadamente, ciertos sectores en los cuales s√≠ se ha optado por la reserva monopol√≠stica, pero ‚Äď a diferencia del supuesto a)- no cabe hablar de autoridad.¬† Me refiero, por ejemplo, al abastecimiento de agua potable, a la recogida de residuos, etc. ¬†*

¬† ¬† ¬†C) SERVICIO ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL O, TOUT COURT, SERVICIOS DE INTER√ČS GENERAL. Servicios que, en su d√≠a, fueron servicios p√ļblicos ordinarios y que, actualmente, el Derecho de la Uni√≥n Europea califica como ‚Äúservicios econ√≥micos de inter√©s general‚ÄĚ (a veces, la doctrina ya habla directamente de ‚Äúservicios de inter√©s general‚ÄĚ). Observad la doble esencia de estos servicios: lo econ√≥mico, lo ‚Äúsucio‚ÄĚ, lo lucrativo, ‚Äútoma el dinero y corre‚ÄĚ, lo innovador y, por otro lado, el inter√©s comunitario, el cuidado de todos, ‚Äúpap√° Estado‚ÄĚ… Miren ustedes la evoluci√≥n liberalizadora ‚Äďuna transformaci√≥n que ha durado a√Īos- comparando con la anterior fotograf√≠a (Iberia, la compa√Ī√≠a hist√≥rica de titularidad p√ļblica/Ryanair: la compa√Ī√≠a privada que opera en diversos pa√≠ses), : .***

   En este supuesto de los servicios económicos de interés general, la Unión Europea impone un escenario de apertura a la libre competencia, pero es cierto que cada sector presenta  sus propias peculiaridades. Así, podemos observar el transporte aéreo como típico servicio ya casi plenamente liberalizado, mientras que otros son más lentos en alcanzar esta situación (por ejemplo, el transporte ferroviario, actualmente abriéndose a la libre competencia, como podéis ver ya, por ejemplo, en los servicios de alta velocidad Barcelona-Madrid y veréis pronto en ciertos trayectos de cercanías).

¬† ¬†Cada sector, como digo, tiene una regulaci√≥n propia y en cada¬† uno de ellos hay una incidencia mayor o menor de las decisiones p√ļblicas. Se habla a veces en este √°mbito de ‚Äúsectores regulados‚ÄĚ y entran en ellos la energ√≠a (por ejemplo, la producci√≥n y distribuci√≥n de energ√≠a el√©ctrica), la banca y los seguros, el transporte a√©reo y ferroviario, las telecomunicaciones, los servicios funerarios, el correo postal, etc. Observad que son mercados fuertemente intervenidos por la Administraci√≥n P√ļblica.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† C‚Äô) LA PECULIAR REGULACI√ďN DE LOS SERVICIOS ECON√ďMICOS DE INTER√ČS GENERAL. EN ESPECIAL, LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO P√öBLICO.
  1. Pues bien, es aqu√≠ ‚Äďen estos servicios econ√≥micos de inter√©s general-¬† donde vamos a hallar normas jur√≠dicas que desfiguran la libre competencia. En efecto, en todos ellos, con mayor o menor amplitud, el Estado retiene una potestad de regulaci√≥n que incluye diversos aspectos:
  2.             A)-Protección a los usuarios, con un importante poder de inspección y sanción a los operadores (un aspecto, en muchas ocasiones, relacionado con la normativa de defensa de la competencia y con la tutela de los consumidores).
  3.             B)-Establecimiento de  precios máximos o aprobación de la propuesta de precios presentada por los operadores, de acuerdo con unas reglas previas. Es lo que se denomina potestad tarifaria.
  4.             C)-Estipulación imperativa de estándares básicos de calidad o seguridad.
  5. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† D)-Imposici√≥n de obligaciones de servicio p√ļblico. Vamos a analizar √©stas con m√°s calma.
  6. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Las obligaciones de servicio p√ļblico recaen, en virtud de la norma, sobre los operadores del sector. Observad que son cargas que se les imponen y que no sufren las empresas que operan en un marco de libre competencia. Entre los diversos ejemplos de tales obligaciones, cabe citar:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -La creaci√≥n y el mantenimiento de infraestructuras (por ejemplo, una red de repetidores de se√Īales que Movistar pone en los Monegros ‚Äďdonde casi no vive nadie- y que utilizan todos los operadores)¬† o de un suministro de reserva (por ejemplo, un determinado volumen de ata√ļdes disponible para el caso de calamidad p√ļblica).
                        -El ofrecimiento a los usuarios de prestaciones gratuitas, como ocurre con las llamadas de emergencia que el operador ha colocado en ese teléfono móvil que no paras de mirar.
                        -Los precios especiales para usuarios desfavorecidos.
                        -La prestación contínua del servicio en todas las franjas horarias.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† A menudo, estas obligaciones son exigencias que se imponen a todos los operadores que prestan el servicio y que son, m√°s bien, requisitos para¬† obtener la autorizaci√≥n inicial. No obstante, en otros casos recaen sobre un solo operador, que carga con su coste. Por ejemplo, la asunci√≥n por el prestador dominante de la tarea de llevar a cabo el servicio en una zona sin atractivo econ√≥mico (el¬† supuesto tan citado de la telefon√≠a m√≥vil en Los Monegros). Esto √ļltimo se hace para garantizar el denominado servicio¬† universal.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ahora bien, en el caso referido ‚Äďy en otros- hay que indemnizar a ese prestador forzoso y singularizado. Para ello, la legislaci√≥n prev√© diversas soluciones:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Una subvenci√≥n p√ļblica (que est√° admitida por el Derecho europeo).
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -La constituci√≥n por los operadores de un fondo com√ļn que se nutre de las prestaciones econ√≥micas forzosas que se aportan ex lege.
Con esto concluye la exposición de los servicios económicos de interés general.
D) OTROS SERVICIOS, YA EN R√ČGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA.LA ACTIVIDAD P√öBLICA MERAMENTE EMPRESARIAL.
¬† ¬†Fuera de lo indicado, es verdad que la Administraci√≥n podr√≠a asumir cualquier servicio, pero ‚Äďen tal caso- deber√≠a respetar las normas ordinarias del mercado y su actividad ser√≠a tratada con las mismas reglas presupuestarias, fiscales y laborales que ya tienen los sujetos privados. Por ejemplo: la Generalidad de Catalu√Īa decide crear y gestionar una f√°brica de rataf√≠a. El Derecho espa√Īol y comunitario le obliga a competir sin falsear la competencia con el resto de los fabricantes.
V.-LA GESTI√ďN DE LOS SERVICIOS P√öBLICOS QUE SON TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACI√ďN P√öBLICA. GESTION DIRECTA Y GESTI√ďN INDIRECTA.
¬† ¬† Por √ļltimo, debemos tener en cuenta que, cuando la Administraci√≥n P√ļblica es titular de un servicio p√ļblico, puede prestarlo:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Bajo gesti√≥n directa: la Administraci√≥n P√ļblica, sin recurrir a empresas privadas, asume la regulaci√≥n, la producci√≥n y la financiaci√≥n del servicio. Puede hacerlo a trav√©s de un simple √≥rgano o unidad especializada o atrav√©s de un organismo aut√≥nomo, una entidad p√ļblica empresarial o unasociedad mercantil de titularidad p√ļblica.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Bajo gesti√≥n indirecta: la prestaci√≥n del servicio la realiza una empresa privada (normalmente, el denominado concesionario de servicios p√ļblicos), aunque la titularidad¬† le sigue correspondiendo a la Administraci√≥n P√ļblica. Veremos c√≥mo se regula esta relaci√≥n en la Ley de Contratos del Sector P√ļblico (que ser√° la √ļltima lecci√≥n).
            VI.-OTROS POSIBLES TEMAS PARA PROFUNDIZAR.
1.-Las modalidades de la gesti√≥n directa: la propia estructura ordinaria de la Administraci√≥n titular del servicio, un √≥rgano especial, un organismo aut√≥nomo, una entidad p√ļblica empresarial o una sociedad mercantil de titularidad p√ļblica.
2.-La gestión indirecta: modalidades y situación jurídica del gestor indirecto. Duración y causas de extinción. La noción de rescate.
3.-Breve ampliaci√≥n y recapitulaci√≥n sobre las obligaciones de servicio p√ļblico.
4.-‚ÄúAportaci√≥n a la noci√≥n de gesti√≥n indirecta a trav√©s de sociedad de econom√≠a mixta‚ÄĚ.
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Esquemas docentes.-La actividad administrativa de fomento. En especial, la subvención.

Tema 3.-La actividad administrativa de fomento.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1.-En la actividad de fomento, la Administraci√≥n P√ļblica incentiva o estimula una actividad privada que se considera de inter√©s general. El ejemplo principal viene constituido por las subvenciones, pero existen otros instrumentos relevantes. Por ejemplo:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Beneficios fiscales: debemos recordar que la Constituci√≥n estipula (en su art. 133.3) que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deber√° establecerse en virtud de ley.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† –Menciones honor√≠ficas: uno de los ejemplos principales es la matr√≠cula de honor, otorgada como calificaci√≥n en las asignaturas de las licenciaturas y grados universitarios. Tiene, adem√°s, una consecuencia econ√≥mica (reducci√≥n de las tasas acad√©micas). Adem√°s de este supuesto, existen otros muchos casos de distintivos y premios otorgados por la Administraci√≥n P√ļblica.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -El alquiler reducido de locales o inmuebles p√ļblicos, los cr√©ditos otorgados por entidades p√ļblicas bajo condiciones privilegiadas, etc.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -La atribuci√≥n del derecho de explotaci√≥n de un yacimiento minero a su descubridor. Se fomenta as√≠ la b√ļsqueda e investigaci√≥n de nuevos recursos.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 2.-Estudiaremos ahora, por tanto, la subvenci√≥n. La Ley General de Subvenciones (LGS, del a√Īo 2003) la define como disposici√≥n dineraria realizada por la Administraci√≥n P√ļblica a favor de personas p√ļblicas o privadas y que cumpla los siguientes requisitos:

-Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

-Que dicha entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -Que el proyecto, la acci√≥n, conducta o situaci√≥n financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad p√ļblica o inter√©s social o de promoci√≥n de una finalidad p√ļblica. Esta actividad puede ser financiada en su totalidad por la subvenci√≥n, pero lo normal es que haya una cofinanciaci√≥n (es decir, el particular asume una parte del coste de lo que va a ser realizado).

            3.-Una vez definida la subvención, debemos tener en cuenta los principios que rigen su otorgamiento (y que se enumeran en el art. 8 de la LGS). En síntesis, son los siguientes:

            Рa) Los principios de publicidad y transparencia.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď b) Los principios de objetividad, igualdad y no discriminaci√≥n.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äďc)El principio de concurrencia competitiva.

                                   Es decir, la subvención debe otorgarse mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria y en las bases reguladoras. Ahora bien, la LGS admite la adjudicación directa de acuerdo con lo previsto en su art. 22.2, que establece un supuesto excepcional que, no obstante, ha sido interpretado de forma muy generosa:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -‚ÄúCuando se acrediten razones de inter√©s p√ļblico, social, econ√≥mico o humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria p√ļblica‚ÄĚ.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -d) Los principios de eficacia y de eficiencia en la asignaci√≥n de los recursos p√ļblicos.

            -e) El principio de neutralidad respecto al libre juego del mercado. En efecto, el Derecho de la Unión Europea prohíbe las subvenciones y ayudas que alteren el normal funcionamiento del mercado. Este dato nos obliga a efectuar las siguientes precisiones:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† e.1)La Uni√≥n Europea ha puesto en marcha un enorme programa de ayudas en torno a la Pol√≠tica Agr√≠cola Com√ļn y otros programas relacionados. Se trata de sustanciosas cantidades de dinero que procuran mejorar las instalaciones agrarias y que, en su caso, se dirigen al sostenimiento de los precios.

                       e.2) El Derecho comunitario admite además que los Estados otorguen determinadas ayudas. Por ejemplo:

                                   -En sectores donde el normal funcionamiento del mercado se ve sometido a ciertas cortapisas. Por ejemplo, los servicios no económicos de interés general (sanidad, servicios sociales, educación y ciertos aspectos de la cultura).

                                   -Subvenciones para proyectos de innovación tecnológica, en el marco de programas aprobados por la Unión Europea. Se trata, por ejemplo, de los famosos fondos Next Generation (que ya tenían antecedentes en otros programas).

                                   -Subvenciones  relativas a regiones desfavorecidas.

            e.3) Ahora bien, para asegurar que las ayudas que otorguen los Estados respetan estos límites, se establecen un control basado en dos elementos:

                       -En primer lugar, la obligación de los Estados de comunicar a la Comisión de la Unión Europea las ayudas que concedan a partir de determinadas cuantías.

                       -En segundo lugar, la  legitimación de la Comisión Europea para impugnar  ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  la ayuda otorgada por un determinado Estado y, en su caso, pedir a ese Tribunal su anulación.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 4.-La subvenci√≥n, como hemos dicho, es otorgada por una Administraci√≥n P√ļblica. El sujeto que la recibe es el beneficiario (como requisitos previos se exigen, entre otros requerimientos, que est√© al d√≠a en sus obligaciones tributarias y de seguridad social).¬† Adem√°s, pueden existir unas entidades colaboradoras que, seleccionadas de forma previa y objetiva por la Administraci√≥n, se encargan de realizar los pagos previstos a los beneficiarios, recibir los documentos que sean pertinentes, etc. Juegan ese papel en ocasiones las entidades bancarias.

            5.-Por supuesto, el beneficiario debe devolver la subvención cuando no ha podido destinarla al fin para el que se le otorgó, cuando no ha cumplido los deberes de justificación, cuando ha incumplido obligaciones específicas impuestas a la concreta subvención concedida, etc. Es lo que se denomina obligación de reintegro.

            Este reintegro puede ser total o parcial (en función del grado del incumplimiento). Debe tenerse en cuanta que esa obligación de devolver es compatible con la imposición de sanciones administrativas a los beneficiarios (por ejemplo, si se desvían los fondos a otro fin distinto al previsto, si hay retraso en la justificación de los pagos, si se produce obstrucción a las facultades inspectoras de la Administración, etc.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 6.-Es verdad que parec√≠a que la subvenci√≥n hab√≠a iniciado un camino de reducci√≥n, a causa del monstruoso d√©ficit p√ļblico o por la restricci√≥n de supuestos para los que es admisible su concesi√≥n. Sin embargo, lo cierto es que est√° viviendo una nueva primavera con su elecci√≥n por el legislador espa√Īol como medio habitual para el est√≠mulo a los particulares en el marco del proyecto europeo NEXT GENERATION (y otros proyectos paralelos). Se trata de proyectos orientados a la recuperaci√≥n econ√≥mica y a la configuraci√≥n de una econom√≠a verde y digital. A este impresionante volumen de fondos deber√≠an a√Īadirse los desembolsos por subvenciones derivadas de la denominada Agenda 2030 y los programas que la acompa√Īan. Reflexi√≥n pol√≠tico-econ√≥mico final: ¬Ņuna econom√≠a de mercado o una econom√≠a dirigida?

***

            7.-POSIBLES PUNTOS PARA AMPLIAR EL TEMA (hemos tenido en cuenta su importancia teórica o práctica y se trata sólo de una guía orientativa):

[*]

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1.-Reflexi√≥n sobre los diferentes modalidades de ayudas p√ļblicas: subvenci√≥n, beneficios y desgravaciones fiscales, ayudas crediticias, aportaciones de bienes (aunque no dinerarias) a personas, empresas o entidades con cargo a recursos o patrimonios p√ļblicos (por ejemplo, aportaci√≥n de terrenos del patrimonio p√ļblico del suelo para la instalaci√≥n de industrias), medidas de fomento de contenido jur√≠dico (por ejemplo, expropiaci√≥n por razones de inter√©s social a favor de beneficiarios particulares) y un variado abanico denominado ayudas indirectas (por ejemplo, la organizaci√≥n de viajes para jubilados en el IMSERSO y la ventaja que supone para hoteles concretos, la subvenci√≥n para la adquisici√≥n de autom√≥viles menos contaminantes, etc.). El TJUE analiza a menudo estos supuestos y anula las ayudas que suponen una ventaja competitiva anormal en el marco de la inversi√≥n privada.

2.-La subvenci√≥n no debe encubrir privilegios econ√≥micos y sociales. Por ejemplo, se declararon incompatibles con el Derecho europeo los beneficios fiscales establecidos por las Diputaciones Forales de √Ālava, Guip√ļzcoa y Vizcaya. La asimilaci√≥n entre ayuda contraria al Derecho europeo y r√©gimen fiscal desproporcionadamente beneficioso es uno de los temas m√°s discutidos en Derecho europeo (localizaci√≥n de Google y otras grandes compa√Ī√≠as en Irlanda, por ejemplo).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 3.-El procedimiento de control de ayudas por la Comisi√≥n. ¬ŅQu√© son las ayudas de minimis? La distinci√≥n entre ayudas existentes o ya otorgadas y nuevas ayudas.

            4.-El plan estratégico de subvenciones, las bases reguladoras (su contenido, aprobación y publicación) y el crédito presupuestario adecuado.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 5.-El beneficiario de la subvenci√≥n: sus requisitos y sus causas impeditivas. Sus obligaciones (arts. 11-14 LGS). La distinci√≥n entre la Administraci√≥n P√ļblica concedente, el beneficiario y las entidades colaboradoras.

            6.-El procedimiento de concesión de subvenciones y, en especial, el problema de la concesión directa.

            7.-El reintegro de la subvención. Sus razones:

            -La anulación del acto administrativo de otorgamiento, ya sea en vía administrativa o en vía judicial.

            -Obtención fraudulenta de la subvención (art. 37 LGS).

            -Un órgano de la Unión Europea ordena la devolución de las ayudas recibidas.

            Procedimiento de reintegro. Prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro (véanse arts. 38-40 LGS). Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del beneficiario (v. título IV LGS).

            8.-La justificación y el control del empleo de la subvención. La potestad inspectora de la Administración.

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S√°bados exclusivos. El enigma ¬ęx¬Ľ me persigue (y II).

[*]

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1.- El art√≠culo que dejamos anunciado en nuestro primer¬† acercamiento¬† -‚ÄúMiradas efractivas, ojos refractivos, y sujetxs inclinadxs. Genealog√≠as de la (re)visi√≥n feminista-l√©sbica-queer‚ÄĚ- est√° firmado por Meri Torras Franc√©s y apareci√≥ en el n√ļmero 27 de la revista 452¬ļF. Revista de Teor√≠a de la Literatura y Literatura comparada. Se trata de una publicaci√≥n conjunta de la Universidad de Barcelona y de la Asociaci√≥n Cultural 452¬ļF.Tiene proceso de revisi√≥n por pares y est√° incluida en¬† diversos √≠ndices de calidad de revistas universitarias.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† El uso de la ‚Äúx‚ÄĚ para el g√©nero no marcado se ha visto acompa√Īado √ļltimamente por otros intentos c√≥micos como el del uso de @. Hace unos d√≠as, por cierto, recib√≠ una carta de la editorial Tecnos con este extra√Īo encabezamiento: ‚ÄúEstimad@ docente‚ÄĚ. Espero que este magn√≠fico ¬†sello no empiece ahora a manipular sus libros con arrobas de harina de estos costales.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pero vayamos ya al texto que hemos citado. No voy a entrar en su contenido, porque no me compete. La tesis, de entrada,¬† es sugerente y trata de examinar la mirada femenina en la literatura ‚Äďinclinada, borrosa, desorientada, problem√°tica-¬† en comparaci√≥n con la mirada masculina ‚Äďhegem√≥nica, unidireccional, can√≥nica-. Aparecen en el texto, por cierto, dos escritoras que admiro ‚ÄďMontserrat Roig y Maria Merc√® Mar√ßal– que, aunque fallecieron antes de esta moda, intuyo que no seguir√≠an los caprichos ‚Äúinclusivistas‚ÄĚ. Desde luego, no imagino una sextina de Mar√ßal con la exigencia de desdoblar o de cambiar ‚Äúasesino‚ÄĚ por ‚Äúpersona asesina‚ÄĚ (como en alguno de sus versos m√°s famosos).

*

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 2.-Pero vayamos ya a la inc√≥gnita que nos ha tra√≠do aqu√≠. Seg√ļn deduzco ‚Äďcomo ya dije antes- se trata de cambiar, en el g√©nero no marcado, la ‚Äúo‚ÄĚ por la ‚Äúx‚ÄĚ. As√≠, por ejemplo, se habla de ‚Äúlxs sujetxs‚ÄĚ, ‚Äúaquellxs‚ÄĚ, ‚Äúsujetxs a ellas‚ÄĚ, ‚Äúborradxs‚ÄĚ, ‚Äúinvisibilizadxs o menospreciadxs‚ÄĚ,‚ÄĚlxs escritorxs minoritarixs‚ÄĚ. Ello origina alguna duda aislada. Por ejemplo, cuando dice que ‚Äú[‚Ķ]es la √ļnica forma de existir, mediante la autodenominaci√≥n en pro de un discurso que les [sic] materialice, para aquellxs que no son miradxs o son, directamente, borradxs, invisibilizadxs‚Ķ‚ÄĚ. Teniendo en cuenta la fuerte opci√≥n por alterar incluso el discreto ‚Äúaquellxs‚ÄĚ, deber√≠a haber escrito ‚Äúlxs‚ÄĚ y no ‚Äúles‚ÄĚ (aunque ahora que lo pienso quiz√° no, porque simplemente se tratar√≠a de condenar la letra ‚Äúo‚Ä̂Ķ, ufff, qu√© l√≠o).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Tambi√©n tengo reparos con la frase ‚Äú[‚Ķ]lo uso para poner de manifiesto que este proceso de devenir sujeto [sic] nos inclina porque [‚Ķ]‚ÄĚ. En efecto, a diferencia de lo que ocurre justo en el mismo t√≠tulo ‚Äď‚Äúsujetxs inclinadxs‚ÄĚ-, aqu√≠ la ‚Äúx‚Ä̬† desaparece por arte de magia y en la misma palabra.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† En fin, es lo que pasa con las neolenguas, que uno sabe d√≥nde empiezan ‚Äďo eso cree- y ya no sabe por d√≥nde acaban.

**

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 3.-La autora es honesta con las traducciones y las transcripciones de otros autores y respeta la graf√≠a tradicional para el g√©nero no marcado. Es decir, la ‚Äúx‚ÄĚ s√≥lo luce cuando habla Meri Torras. Esto me lleva a un punto crucial: ¬Ņadmitir√≠an los ocultos pares el art√≠culo si, en vez de ‚Äúx‚ÄĚ, hubiera usado ‚Äú@‚ÄĚ?¬† ¬ŅY por qu√© no ‚Äúm‚ÄĚ, con esas dos monta√Īitas que miran a cada uno de los sexos? ¬ŅY por qu√© no ‚Äúz‚ÄĚ, con su transversalidad de espadach√≠n?

         El tema se complica si nos preguntamos cómo se pronuncia el invento. Tenemos tres opciones:

¬† ¬†a) Escribimos ‚Äúx‚ÄĚ pero decido, como Juan Palomo, que se vocaliza ‚Äúcomo antes‚ÄĚ. Es decir, ‚Äúsu-je-tos‚ÄĚ para ‚Äúsujetxs‚ÄĚ, ‚Äúbo-rra-dos‚ÄĚ para ‚Äúborradxs‚ÄĚ, etc. Para este viaje no hac√≠an falta alforjas (y tampoco se ha escrito eso, est√° clar√≠simo).

¬† ¬†b) Pues pronunciamos ‚Äúx‚ÄĚ tal como hemos escrito y que arda Troya. No va a ser f√°cil. Pru√©benlo ante el espejo: ‚Äúsu-je-txxxxs‚ÄĚ, ‚Äúbo-rra-dxxxs‚ÄĚ, etc. Ya les aviso que quiz√° no le entienden.

¬† ¬†c) Me vengo arriba y me saco de la manga una pronunciaci√≥n. Imaginemos un discurso en el que cito el art√≠culo y empiezo a hablar de ‚Äúsujetfus‚ÄĚ o de ‚Äúsujetchus‚ÄĚ . Es posible que no le comprendan, pero se van a reir.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cualquiera de las tres salidas es absurda. Evidentemente, se√Īoras y se√Īores, el lenguaje es una fuente permanente de creaci√≥n de palabras y soluciones. Es m√°s: el avance tecnol√≥gico o la presi√≥n del ingl√©s, por ejemplo, nos sit√ļan ante vacilaciones diarias. Pero estamos hablando de revistas universitarias y de revisi√≥n por pares. Desde luego, no titular√≠amos un art√≠culo ¬†de medicina refiri√©ndonos alegremente a la ‚Äúhepatitix¬† v√≠rica‚ÄĚ (para indicar, por ejemplo, que tiende a impactar en iguales porcentajes en ambos sexos). Luego nos quejamos de la decadencia y el descr√©dito de las ciencias sociales y de las humanidades (quiz√° nos lo estamos ganando a pulso). Y es as√≠, queridox amigox, como una interesante reflexi√≥n acaba resbalando por la pendiente fr√≠vola del selfi acad√©mico.

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Diarios dispersos. Bartleby es tomista.

Comento con Bartleby la infinidad de debates que √ļltimamente oigo sobre la adecuada organizaci√≥n econ√≥mica. Nos dicen, nada m√°s y nada menos, que estamos en transici√≥n hacia un nov√≠simo modelo que llenar√° de sentido nuestras vidas. En la academia, en la prensa, en las redes o en las bares se habla constantemente de justicia tributaria (hasta la √ļltima gota), de la nueva ‚Äúeconom√≠a dirigida‚ÄĚ (subvencionada y engrasada), de la colaboraci√≥n p√ļblico-privada con selecci√≥n ¬†imparcial de los elegidos‚ĶBartleby me mira con melancol√≠a y piensa en la causa primera aristot√©lica, en la ilusi√≥n y el dinamismo del que levanta la puerta enrollada cada ma√Īana mientras suenan en una antigua radio debates sobre la justicia tributaria, la colaboraci√≥n p√ļblico-privada, la econom√≠a dirigida,‚Ķ

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Notas docentes. Esquemas y articulado en materia de sanciones administrativas.

Tema 2: la potestad sancionadora de la Administración.

 

1.-Ya dijimos que en esta lecci√≥n examinamos la regulaci√≥n de las infracciones administrativas y del castigo que se dispone en caso de que se realicen. Este castigo es impuesto por la Administraci√≥n P√ļblica (no por la autoridad judicial). El tema suele descomponerse en dos partes. Por un lado, las nociones sustanciales de potestad sancionadora y de infracci√≥n y sanci√≥n. Por otro, el an√°lisis del procedimiento sancionador. Punici√≥n administrativa
Atenci√≥n: debemos tener en cuenta que la sanci√≥n no es propiamente un medio de la actividad administrativa de limitaci√≥n o de intervenci√≥n, como lo eran las licencias o las √≥rdenes de la Administraci√≥n. Tiene, pues, un tratamiento conceptual y doctrinal aut√≥nomo y observaremos que nos aparece en otras lecciones. Por ejemplo, sanciones disciplinarias a los funcionarios p√ļblicos, sanciones a los usuarios de un servicio p√ļblico, sanciones administrativas por incumplimiento de las reglas y finalidades impuestas a un sujeto subvencionado, sanciones por da√Īos causados al dominio p√ļblico, etc.

Ahora bien, cuando no se trata de sanciones de autoprotecci√≥n (funci√≥n p√ļblica, dominio p√ļblico, servicio p√ļblico, sanciones tributarias‚Ķ), podemos decir que nos hallamos ‚Äďdesde el punto de vista politol√≥gico- en el marco de la Administraci√≥n disciplinaria (del orden social). Por ese camino, s√≠ habr√≠a una conexi√≥n entre la actividad de intervenci√≥n y sus medios y la potestad sancionadora.

Administraci√≥n P√ļblica y disciplina del orden social
2.-Estamos ante un tema importante. Observad el extraordinario aumento de la potestad sancionadora administrativa en todos los sectores. Y esto se combina, por supuesto, con un espectacular incremento de su cuant√≠a pecuniaria. As√≠, por ejemplo, la infracci√≥n definida como ‚Äúincumplir la obligaci√≥n del titular de viviendas vac√≠as de comunicar a la Agencia de la Vivienda de Catalu√Īa el n√ļmero y la relaci√≥n de viviendas desocupadas en Catalu√Īa‚ÄĚ puede ser castigada con una multa que oscila entre 9.001.- y 90.000. euros, seg√ļn la Ley catalana 18/2007, del derecho a la vivienda.. M√°s sanciones y mayores cuant√≠as.
3.-La CE se refiere en diversas ocasiones a las infracciones y sanciones administrativas. As√≠, por ejemplo, en el importante art. 25.1, seg√ļn el cual ‚Äúnadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracci√≥n administrativa, seg√ļn la legislaci√≥n vigente en ese momento‚ÄĚ. El traslado al orden administrativo del principio cl√°sico nullum crimen, nulla poena sine lege previa, abstracta et stricta.
4.-Adem√°s, nos recuerda en el art. 25.3 que ‚Äúla Administraci√≥n civil no podr√° imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privaci√≥n de libertad‚ÄĚ. En la pr√°ctica, la inmensa mayor√≠a de las sanciones previstas por la legislaci√≥n son las multas pecuniarias.

No obstante, existen otras como, por ejemplo,  la clausura de una industria tras una infracción de las normas ambientales., la mera amonestación,etc.

La relevancia de la multa.
¬†5.-Adem√°s de lo previsto en las normas sectoriales, la legislaci√≥n espa√Īola ha estipulado una regulaci√≥n general de las sanciones en dos leyes:

 

‚ÄďEn primer lugar, en los arts. 25 y ss. de la Ley de r√©gimen jur√≠dico del sector p√ļblico. Aparecen ah√≠ unos ‚Äúprincipios de la potestad sancionadora‚ÄĚ que afectan especialmente a la configuraci√≥n material y sustantiva de infracciones y sanciones.

 

-En segundo lugar, en diversos preceptos de la Ley de procedimiento administrativo com√ļn de las Administraciones P√ļblicas se establecen aisladamente ciertas reglas relativas al procedimiento sancionador.

Atención: las leyes sectoriales suelen incorporar la concreción de lo previsto en la normativa general. Fundamentalmente, el cuadro de infracciones y sanciones.
6.-Vamos a empezar, pues, por las estipulaciones establecidas en los arts. 25 y ss. de la Ley de R√©gimen Jur√≠dico del Sector P√ļblico.

El art. 25 regula el principio de legalidad y el 25.1 establece la definición de este principio, con la admisión de ciertas especialidades para la Administración Local:

 

‚Äú1.La potestad sancionadora de las Administraciones P√ļblicas se ejercer√° cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicaci√≥n del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Com√ļn de las Administraciones P√ļblicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el T√≠tulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril‚ÄĚ

 

Principio de legalidad. La peculiaridad de las Corporaciones Locales.
7.-Tradicionales problemas ha generado la aplicaci√≥n de la normativa general que estamos comentando (m√°s garantista) a determinados supuestos espec√≠ficos. As√≠, la Ley opta por¬† extender esta regulaci√≥n general a la potestad disciplinaria, pero elude su aplicaci√≥n cuando se trata de la legislaci√≥n del √°mbito contractual o de la legislaci√≥n patrimonial (dominio p√ļblico). Ello permitir√≠a la reaparici√≥n, en este campo, de algunas de las modulaciones que proporcionaba la teor√≠a de las relaciones especiales de sujeci√≥n. As√≠ se deduce de los arts. 25.3 y 25.4:

 

‚Äú3. Las disposiciones de este Cap√≠tulo ser√°n extensivas al ejercicio por las Administraciones P√ļblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jur√≠dica de la relaci√≥n de empleo.

 

4. Las disposiciones de este cap√≠tulo no ser√°n de aplicaci√≥n al ejercicio por las Administraciones P√ļblicas de la potestad sancionadora respecto de quienes est√©n vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislaci√≥n de contratos del sector p√ļblico o por la legislaci√≥n patrimonial de las Administraciones P√ļblicas.‚ÄĚ

Mayor discrecionalidad administrativa en ciertos campos.
8.-El segundo principio que resalta la ley es el de irretroactividad, con la pertinente admisión de la retroactividad in bonus (art. 26):

 

“Artículo 26. Irretroactividad.

 

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producir√°n efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificaci√≥n de la infracci√≥n como a la sanci√≥n y a sus plazos de prescripci√≥n, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposici√≥n.‚ÄĚ

(*)

 

*

 

9.-El tercer principio regulado por la Ley es el de tipicidad. Nos interesa anotar tres cuestiones:

 

-La previsión de especialidades para la Administración local.

-La admisión de un campo de regulación propio del reglamento administrativo.

-La prohibición de analogía.

 

Veámoslo en los artículos 27.1, 27.3 y 27.4:

 

“1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

 

Las infracciones administrativas se clasificar√°n por la Ley en leves, graves y muy graves.

[…]

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

 

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no ser√°n susceptibles de aplicaci√≥n anal√≥gica.‚ÄĚ

*

 

10.-El art. 28 regula diversos aspectos de la responsabilidad administrativa sancionatoria. Nos interesan especialmente los tres primeros apartados:

 

“Artículo 28. Responsabilidad.

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

[*]

 

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisi√≥n de una infracci√≥n ser√°n compatibles con la exigencia al infractor de la reposici√≥n de la situaci√≥n alterada por el mismo a su estado originario, as√≠ como con la indemnizaci√≥n por los da√Īos y perjuicios causados, que ser√° determinada y exigida por el √≥rgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnizaci√≥n en el plazo que al efecto se determine en funci√≥n de su cuant√≠a, se proceder√° en la forma prevista en el art√≠culo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Com√ļn de las Administraciones P√ļblicas.

[*]

 

3. Cuando el cumplimiento de una obligaci√≥n establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responder√°n de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanci√≥n sea pecuniaria y sea posible se individualizar√° en la resoluci√≥n en funci√≥n del grado de participaci√≥n de cada responsable.‚ÄĚ

*

 

11.-Nos toca ahora referirnos al principio de proporcionalidad, respecto al cual se establecen diversas reglas en el art. 29. Se trata de un tema importante, teniendo en cuenta que, habitualmente, los extensos umbrales para la imposición de sanciones otorgan a la Administración un amplio margen para la determinación de la cuantía:

 

‚Äú1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ning√ļn caso podr√°n implicar, directa o subsidiariamente, privaci√≥n de libertad.

[*]

 

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

 

3. En la determinaci√≥n normativa del r√©gimen sancionador, as√≠ como en la imposici√≥n de sanciones por las Administraciones P√ļblicas se deber√° observar la debida idoneidad y necesidad de la sanci√≥n a imponer y su adecuaci√≥n a la gravedad del hecho constitutivo de la infracci√≥n. La graduaci√≥n de la sanci√≥n considerar√° especialmente los siguientes criterios:

 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

 

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

 

d) La reincidencia, por comisi√≥n en el t√©rmino de un a√Īo de m√°s de una infracci√≥n de la misma naturaleza cuando as√≠ haya sido declarado por resoluci√≥n firme en v√≠a administrativa.

 

4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.

 

5. Cuando de la comisi√≥n de una infracci√≥n derive necesariamente la comisi√≥n de otra u otras, se deber√° imponer √ļnicamente la sanci√≥n correspondiente a la infracci√≥n m√°s grave cometida.

 

6. Ser√° sancionable, como infracci√≥n continuada, la realizaci√≥n de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecuci√≥n de un plan preconcebido o aprovechando id√©ntica ocasi√≥n.‚ÄĚ

*

 

12.-La Ley ha regulado de modo amplio  en su art. 30 la prescripción de las infracciones y de las sanciones:

 

“Artículo 30. Prescripción.

 

1. Las infracciones y sanciones prescribir√°n seg√ļn lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si √©stas no fijan plazos de prescripci√≥n, las infracciones muy graves prescribir√°n a los tres a√Īos, las graves a los dos a√Īos y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir√°n a los tres a√Īos, las impuestas por faltas graves a los dos a√Īos y las impuestas por faltas leves al a√Īo.

 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

 

En el caso de desestimaci√≥n presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resoluci√≥n por la que se impone la sanci√≥n, el plazo de prescripci√≥n de la sanci√≥n comenzar√° a contarse desde el d√≠a siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resoluci√≥n de dicho recurso.‚ÄĚ

*

 

13.-Finalmente, el art. 31.1 regula (de un modo muy restrictivo, por cierto), la regla del non bis in ídem:

‚Äú1. No podr√°n sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.‚ÄĚ

 

 

14.-Vayamos ahora al estudio del procedimiento sancionador Como ya hemos dicho, la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Com√ļn de las Administraciones P√ļblicas, asumi√≥ la regulaci√≥n del procedimiento sancionador y le asign√≥ una ordenaci√≥n muy¬† discutible. Para empezar, entreg√≥ a la Ley 40/2015 (arts.25 a 31, que ya hemos comentado), relativa al r√©gimen jur√≠dico del sector p√ļblico, la articulaci√≥n de los principios de la potestad sancionadora. Jam√°s se supo por qu√© esta Ley, relativa al r√©gimen jur√≠dico y organizativo de las Administraciones P√ļblicas, se dedic√≥¬† a dichos menesteres.

*

 

15.-Por lo que respecta ya estrictamente al procedimiento, el legislador opt√≥ por ir a√Īadiendo ¬†fragmentos del proceso sancionador a la regulaci√≥n general. Es f√°cil, por tanto, despistarse cuando uno intenta explicarse sistem√°ticamente las claves del rito de la punici√≥n administrativa. En consecuencia, expondremos brevemente algunas cuestiones que conviene no olvidar.

**

En concreto, han de tenerse en cuenta los siguientes preceptos. En primer lugar, el art. 63, relativo a las ‚Äúespecialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora‚ÄĚ (respecto a las actuaciones previas y a las medidas provisionales,¬† pueden verse los arts. 55 y 56 y, sobre la denuncia, el art. 62):

 

“1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

 

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

 

2. En ning√ļn caso se podr√° imponer una sanci√≥n sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

 

3. […]

*

 

16.-Por lo que respecta al acuerdo de iniciación, hemos de decir que se regula en el art. 64, del cual seleccionamos lo siguiente:

 

“1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

 

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

 

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

 

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

 

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

 

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

 

d) √ďrgano competente para la resoluci√≥n del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art√≠culo 85.

 

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.

 

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

 

3.[‚Ķ]‚ÄĚ

 

*

 

17.-Respecto a los actos de instrucci√≥n, conviene echar un vistazo al art. 77.5 ‚Äďprueba documental evacuada por funcionarios- por su importancia habitual para el procedimiento sancionador.

*

 

18.-Art. 77.4:este precepto precisa que ¬†‚Äúlos hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincular√°n a las Administraciones P√ļblicas respecto a los procedimientos sancionadores que substancien‚ÄĚ.

 

*

 

19.-El art. 85 regula la terminación de los procedimientos sancionadores en estos términos:

 

“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

 

2. Cuando la sanci√≥n tenga √ļnicamente car√°cter pecuniario o bien quepa imponer una sanci√≥n pecuniaria y otra de car√°cter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resoluci√≥n, implicar√° la terminaci√≥n del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposici√≥n de la situaci√≥n alterada o a la determinaci√≥n de la indemnizaci√≥n por los da√Īos y perjuicios causados por la comisi√≥n de la infracci√≥n.

 

3. En ambos casos, cuando la sanci√≥n tenga √ļnicamente car√°cter pecuniario, el √≥rgano competente para resolver el procedimiento aplicar√° reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanci√≥n propuesta, siendo √©stos acumulables entre s√≠. Las citadas reducciones, deber√°n estar determinadas en la notificaci√≥n de iniciaci√≥n del procedimiento y su efectividad estar√° condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acci√≥n o recurso en v√≠a administrativa contra la sanci√≥n.

 

El porcentaje de reducci√≥n previsto en este apartado podr√° ser incrementado reglamentariamente.‚ÄĚ

*

 

20.-Dejando ya atrás la terminación anticipada del procedimiento sancionador (art. 85 de la Ley 39/2015, como hemos visto), hemos de examinar ahora la terminación del procedimiento por resolución, regida por los arts. 84 y 87 y ss. de la Ley 39/2015.

*

 

21.-Respecto a la configuraci√≥n general del acto resolutorio -que debe ser motivado-, es importante retener que ‚Äúla resoluci√≥n que ponga fin al procedimiento decidir√° todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo‚ÄĚ.

 

22.-El órgano instructor formulará propuesta de resolución una vez concluida la instrucción del procedimiento. Dos aspectos nos interesan en este trámite de propuesta:

………-Desde el punto de vista procesal:

…………-a) Debe ser notificada a los interesados.

…………-b) Debe indicar la puesta de manifiesto del expediente.

…………-c) Debe indicar el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

……-Desde el punto de vista substancial se fijarán:

………..-a)-Los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica (que puede precisar la inexistencia de de infracción o responsabilidad).

……… -b)-La infracción cometida.

………-c)La persona o personas responsables.

………-d)La sanción que se proponga.

………-e)La valoración de las pruebas practicadas, especialmente las que constituyan los fundamentos básicos de la decisión.

………-f)Las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

*

23.-Finalmente, hemos de tener en cuenta las previsiones del art. 90, seg√ļn el cual:

“Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.

 

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

 

2. […]

 

3. La resoluci√≥n que ponga fin al procedimiento ser√° ejecutiva cuando no quepa contra ella ning√ļn recurso ordinario en v√≠a administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podr√°n consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

 

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

 

1.¬ļ No se haya solicitado en el mismo tr√°mite la suspensi√≥n cautelar de la resoluci√≥n impugnada.

 

2.¬ļ El √≥rgano judicial se pronuncie sobre la suspensi√≥n cautelar solicitada, en los t√©rminos previstos en ella.

 

4.[‚Ķ].‚ÄĚ

 

 

 

 

La irretroactividad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipicidad. Puede a√Īadirse la noci√≥n de taxatividad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinariamente, personas físicas y jurídicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reposición.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia pr√°ctica de la regla de proporcionalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporcionalidad afecta a la norma y al acto decisorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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