Carlos G贸rriz L贸pez

Category: Novedad legislativa

RD 1076/2017: requisitos adicionales para las licencias VTC

1. El pasado 29 de diciembre el Gobierno aprob贸 el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, que introduce dos importantes restricciones al r茅gimen del arrendamiento de veh铆culos con conductor; es decir, a las licencias VTC. Proh铆be su transmisi贸n durante los dos a帽os siguientes a su expedici贸n y exige que informen a la Administraci贸n de cada servicio contratado antes de su realizaci贸n. Constituye la respuesta del Gobierno a la avalancha de licencias que deber谩n emitirse en base a la Ley Omnibus. Como coment茅 en una entrada anterior (aqu铆), el Tribunal Supremo ha fallado que su denegaci贸n es ilegal y que, por lo tanto, deber谩n concederse.

El R.D. 1076/2017 desarrolla y complementa el art. 182 ROTT, cuyo apartado 1.潞 condiciona la circulaci贸n de los veh铆culos adscritos a licencias VTC a que est茅n prestando un servicio previamente contratado. Y su apartado 5.潞 exige que se utilicen para atender necesidades del territorio de la comunidad aut贸noma donde se halle domiciliado el titular de la licencia. Interesa a帽adir que los requisitos para obtener las autorizaciones se hallan desarrollados en la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, que fue modificada por la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, para endurecer su r茅gimen. Igualmente, cabe se帽alar que, debido a la distribuci贸n de competencias previsto en los art铆culos 148 y 149 CE, el RD 1076/2017 presenta prima facie un 谩mbito de aplicaci贸n restringido. Solamente se aplica cuando el servicio de arrendamiento de veh铆culos con conductor discurra por m谩s de una Comunidad Aut贸noma. Los intraauton贸micos quedan sometidos a la normativa de la Comunidad, en caso de que exista. As铆 sucede en Catalu帽a, pues en agosto de 2017 regul贸 la prestaci贸n de servicios de arrendamiento de veh铆culos con conductor a trav茅s del Decret Llei 5/2017, d鈥1 d鈥檃gost, de mesures urgents per a l鈥檕rdenaci贸 dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, al que dediqu茅 la entrada 鈥Catalu帽a regula las licencias VTC鈥. Ahora bien, en defecto de legislaci贸n auton贸mica, adquiere eficacia la norma ahora comentada.

2. El Real Decreto contiene dos art铆culos que responden a la finalidad dual que expresa su Pre谩mbulo. En primer lugar, se desea evitar que se especule con las licencias VTC. El Gobierno quiere que se soliciten 鈥溾on el 煤nico y exclusivo objeto de comerciar con ellas y no explotarlas atendiendo a la demanda de transporte鈥. De ah铆 que el art铆culo 1 proh铆ba su transmisi贸n dentro de los a帽os siguientes a la fecha de su emisi贸n por el 贸rgano competente. Se except煤a la transmisi贸n a favor de los herederos del titular en los casos de muerte, jubilaci贸n por edad o incapacidad f铆sica o legal. El segundo p谩rrafo exige que el veh铆culo cumpla las condiciones t茅cnicas se帽aladas en el art. 181.2 ROTT.

El segundo objetivo es facilitar el control ex art. 182.5 ROTT; es decir, que los veh铆culos sean utilizados para satisfacer las necesidades de transporte del territorio de la Comunidad Aut贸noma en que est茅 domiciliado su titular. Para conseguirlo, el art铆culo 2 exige que los titulares de las licencias informen de los servicios que vayan a realizar. En particular, les obliga a comunicar los datos rese帽ados en el art铆culo 24 de la Orden FOM/36/2008 por v铆a electr贸nica antes de ejecutar la prestaci贸n. Es decir, deber谩n notificar la hoja de ruta, en la que deben constar 鈥溾l nombre y n煤mero del documento nacional de identidad o c贸digo de identificaci贸n fiscal del arrendador y el arrendatario; el lugar y fecha de celebraci贸n del contrato; el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y fecha en que haya de concluir; la matr铆cula del veh铆culo; as铆 como el resto de las circunstancias que se establezcan, en su caso, por la Administraci贸n o que libremente pacten las partes鈥. A esos efectos, ordena a la Direcci贸n General de Transporte Terrestre que habilite un registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de veh铆culos con conductor. Hasta que no se encuentre operativa la aplicaci贸n inform谩tica de este Registro no ser谩 necesario realizar las comunicaciones, seg煤n se deriva de la Disposici贸n Transitoria 脷nica.

3. El Real Decreto 1076/2017 resulta criticable porque impone restricciones que no est谩n justificadas, como ha denunciado la CNMC en un informe de 30 de noviembre de 2017 (PRO/CNMC/003/17). En primer lugar, la prohibici贸n de transmitir la licencia restringe la libertad de sus titulares, incrementando los costes que sufren, y generando barreras de acceso para los que desean adquirirlas. Segundo, es discriminatoria respecto de otros mercados, en los que las licencias pueden transmitirse sin mayores obst谩culos. Es el caso del taxi. Tercero, la justificaci贸n de que se impone para conseguir que las licencias se utilicen para prestar servicios no es de recibo: si se transmitieran, los adquirentes seguramente realizar铆an transportes de pasajeros. Lo que no est谩 tan claro es que las empresas que han conseguido las licencias para especular vayan a realizarlos. Cuarto, como advierte la CNMC, tampoco puede admitirse como justificaci贸n la defensa del inter茅s p煤blico: 鈥溾os 鈥榤ovimientos especulativos鈥 son rasgos intr铆nsecos a los mercados y perfectamente l铆citos en una econom铆a de mercado鈥. Quinto, las excepciones que admite no resultan suficientes para eliminar la tacha de falta de justificaci贸n. Y sexto, el fundamento positivo suscita dudas. Es cierto que la DA 7.陋 de la LOTT habilita al Gobierno para su desarrollo. Pero ni la Ley ni su Reglamento contienen disposici贸n alguna que restrinja la transmisi贸n de las autorizaciones de arrendamiento de veh铆culo sin conductor.

La obligaci贸n de comunicaci贸n tampoco est谩 libre de cr铆tica. En primer lugar, aumenta la carga burocr谩tica que soportan las empresas que prestan servicios de arrendamiento de veh铆culos con conductor. Segundo, es discriminatoria respecto de servicios similares, como el taxi, a los que no se les impone una obligaci贸n similar. Y tercero, la eficacia de la medida genera dudas. El pre谩mbulo explica que se impone para controlar que los servicios se presten para atender las necesidades de la Comunidad donde est谩 domiciliado el titular de la licencia. Por lo tanto, parecer铆a que los titulares de la licencia deber铆an informar a los 贸rganos auton贸micos competentes. Sin embargo, el art铆culo 2 establece que la comunicaci贸n deber谩 dirigirse a la Direcci贸n General de Transporte Terrestre. Adem谩s, como subraya la CNMC, la Orden FOM/36/2008 ya exig铆a que los veh铆culos se identificaran como prestadores de servicios de arrendamiento con conductor y llevaran la documentaci贸n correspondiente, por lo que la obligaci贸n impuesta por el art. 2 del RD 1076/2017 resulta desproporcionada.

Esperamos que la autoridad de la competencia impugne esta norma, igual que hizo con el RD 1057/2015 y la Orden FOM/2799/2015 (aqu铆), y que los tribunales le den la raz贸n. No ser铆a la primera vez que esto sucede; es decir, que los tribunales corrigen los 鈥渄esmanes anticompetitivos perpetrados por las autoridades鈥 como explicaba Amadeo Petitb贸, expresidente del Tribunal de la Competencia, en el art铆culo 鈥溌縋or qu茅 hay que flanquear el paso a los Airbnb, Uber o Cabify?鈥, publicado en Expansi贸n 3. 7.5.2017 (aqu铆). V茅ase las SSTSJ Madrid 291/2016 y 292/2016, de 31 de mayo (viviendas de uso tur铆stico); SJCA 11 Barcelona 309/2016, de 29 de noviembre (Generalitat vs Airbnb); STSJ Illes Balears 44/2017, de 31 de enero (estaciones de servicios) y SJM 2 Madrid 30/2017, de 2 de febrero de 20017 (BlaBlaCar).

Catalu帽a regula las licencias VTC (Taxi vs Uber)

La guerra entre Uber y los taxistas se inici贸 en 2014, cuando un tribunal de Bruselas vet贸 la aplicaci贸n y amenaz贸 con una multa de 10.000 euros por conductor contratado. Desde entonces, se han librado numerosas batallas. Algunas de ellas se encuentran todav铆a pendientes de desenlace. Destaca la demanda interpuesta por la Asociaci贸n Profesional Elite Taxi ante el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 3 de Barcelona. Esencialmente alegaba que Uber hab铆a cometido un acto de competencia desleal al prestar servicios de transporte urbano de pasajeros sin contar con la autorizaci贸n preceptiva. El titular del Juzgado present贸 una petici贸n de decisi贸n prejudicial que, transcurridos ya dos a帽os desde su recepci贸n, el TJUE todav铆a no ha resuelto (aunque el Abogado General Szpunar present贸 sus conclusiones el pasado 11 de mayo, como expliqu茅聽aqu铆).

Uno de los campos de batalla en los que se enfrentan la plataforma colaborativa y los taxistas es el arrendamiento de veh铆culos con conductor. Uber desea obtener licencias VTC que le permitan prestar este tipo de servicios para sortear la acusaci贸n de deslealtad. Los taxistas presionan para evitarlo. Y lo han conseguido en Catalunya. El pasado 1 de agosto la Generalitat de Catalunya aprob贸 un Decreto Ley que regulaba, con car谩cter urgente, el alquiler de veh铆culos con conductor. Se trata del Decret Llei 5/2017, d鈥1 d鈥檃gost, de mesures urgents per a l鈥檕rdenaci贸 dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places (puede consultarse la versi贸n original en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n煤m. 7426, de 3.8.2017 i la traducci贸n al espa帽ol en el Bolet铆n Oficial del Estado, n煤m. 234, de 28.9.2017). Ha sido validado por la Resoluci贸 806/XI del Parlament de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n煤m. 7456, de 18.9.2017).

El Decreto Ley establece tres medidas que restringen la prestaci贸n del servicio de arrendamiento de veh铆culo con conductor, favoreciendo al sector del taxi. La primera es la prohibici贸n de cesi贸n de las licencias durante los dos a帽os siguientes a su otorgamiento efectivo. El Pre谩mbulo explica que la finalidad incrementar seguridad jur铆dica y 鈥榚vitar situaciones de car谩cter especulativo鈥. Para entender esta medida hay que recordar que, seg煤n informa la prensa, es posible que en breve se emitan miles de estas licencias. El coste para las personas que las han solicitado ser铆a de 35 o 40 euros. Pero podr铆an llegar a obtener 70.000 euros si las venden a empresas como Cabify o Uber. La Generalitat desea evitar esta situaci贸n. De ah铆 la prohibici贸n temporal. La duda que se nos plantea es por qu茅 perseguir esta especulaci贸n y no otras (bolsa, mercado inmobiliario, etc.

La segunda medida es que las empresas que realicen servicios de arrendamiento de servicios con conductor deber谩n comunicar cada una de las prestaciones contratadas, con anterioridad a su ejecuci贸n, al Registro electr贸nico de comunicaciones de los servicios de alquiler de veh铆culos con conductor. El art. 2.1 del Decreto Ley crea este registro y su apartado 2.潞 ordena la comunicaci贸n previa. La finalidad es evitar que estas empresas puedan captar veh铆culos mientras circulan por las v铆as p煤blicas o mientras est谩n estacionados en lugares de concentraci贸n y generaci贸n de demanda. Es decir, en los lugares en que los taxis tradicionalmente han conseguido sus clientes.

Por 煤ltimo, los veh铆culos que presten servicios de arrendamiento de veh铆culo conductor deber谩n ir identificados con el distintivo previsto en el Anexo de la disposici贸n e indicar la case de autorizaci贸n y el a帽o y mes de caducidad. De nuevo, la finalidad es evitar cualquier confusi贸n con los taxis.聽

As铆 pues, los taxistas han ganado la batalla de las licencias VTC en Catalu帽a. Y es posible que tambi茅n en Espa帽a, pues el Ministro de Fomento I帽igo de la Serna anunci贸 la adopci贸n de medidas parecidas, as铆 como la posibilidad de ayudas al taxi para la renovaci贸n de veh铆culos y la promoci贸n de plataformas digitales (aqu铆). 驴La Comisi贸n Europea o la CNMC tienen algo que decir?

Novedades en Derecho de sociedades: RD 421/2015 y Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria

El legislador espa帽ol se ha mostrado especialmente activo en el 谩mbito del Derecho de sociedades, pues en poco m谩s de 15 d铆as se han publicado dos normas en el Bolet铆n Oficial del Estado: el RD 421/2015 y la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. La primera entronca con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci贸n, una de cuyas finalidades era agilizar la creaci贸n de empresas. Para ello adopt贸 medidas para facilitar la creaci贸n de sociedades de sociedades de responsabilidad limitada. Sus art铆culos 15 y 16 preve铆an un procedimiento que se basaba en la utilizaci贸n del Documento 脷nico Electr贸nico y el sistema de tramitaci贸n telem谩tica del Centro de informaci贸n y Red de Creaci贸n de Empresas (CIRCE). Asimismo ofrec铆an la posibilidad de utilizar unos estatutos-tipo estandarizado, aunque los socios pod铆an optar por redactar una versi贸n libre.

En desarrollo de esos preceptos se ha aprobado el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura p煤blica estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electr贸nica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. En primer lugar, establece los campos que deben tener la escritura y los estatutos-tipo que contempla la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizaci贸n (arts. 2 a 5 y Anexo II). Remite a una Orden del Ministerio de Justicia el modelo de escritura (art. 6) pero s铆 ofrece unos estatutos-tipo estandarizados (Anexo I). Tambi茅n regula el procedimiento de remisi贸n de la escritura al Registro Mercantil (art. 6). En segundo t茅rmino, regula la Bolsa de denominaciones sociales, prevista tanto en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizaci贸n como en la DF 1.陋 de la Ley de Sociedades de Capital (art. 9). Y tercero, el RD 421/2015 disciplina la Agenda Electr贸nica Notarial, que contiene el calendario de disponibilidad de los notarios para la firma de la escritura de constituci贸n de sociedades (art. 8 y DA 1.陋). Entra en vigor a los tres meses de su publicaci贸n en el BOE; por lo tanto, el 13 de septiembre de 2015.

La segunda norma es la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicci贸n voluntaria. Como su t铆tulo indica, esta disposici贸n regula los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de sociedades. Se ubican dentro del T铆tulo VIII rubricado De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia mercantil. Los arts. 117 a 119 disciplinan la convocatoria de la junta general, los 120 a 123 la solicitud de nombramiento y revocaci贸n de liquidador, auditor e interventor de una entidad, el 124 la reducci贸n del capital y la amortizaci贸n de acciones o participaciones y los 125 a 128 la disoluci贸n judicial de sociedades. La convocatoria de la asamblea general de obligacionistas es el objeto de los arts. 129 a 131. Interesa a帽adir que tambi茅n son objeto de disciplina la exhibici贸n de libros, documentos y soportes contables (arts. 112 a 116) y la adopci贸n de medidas en caso de robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulos-valor y de representaci贸n de partes de socio (arts. 132 a 135. V茅ase tambi茅n la DF 11.陋). En todos estos casos la competencia es de los juzgados de lo mercantil.

Las novedades introducidas obligan al legislador a modificar otras normas, entre las que se hallan diversos preceptos mercantiles. En lo que a nosotros afecta, comentar que la DF 2.陋 da una nueva redacci贸n al art. 40 del C贸digo de comercio y la DF 14.陋 incide en la Ley de Sociedades de Capital. En particular, modifica los arts. 139 (apartados 3.潞 y 4.潞), 141 (apartado 2.潞), 169, 170, 171, 265, 266, 377, 380, 381, 389, 422 y 492 (apartado 2.潞). Igualmente, tambi茅n revisa el art. 6. de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulaci贸n de la emisi贸n de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de An贸nimas, Asociaciones u otras personas jur铆dicas y la constituci贸n del Sindicato de Obligacionistas.

Aspectos mercantiles del Real Decreto Ley 4/2013

1. El s谩bado 23 de febrero de 2013 el Bolet铆n Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Est铆mulo del Crecimiento y de la Creaci贸n de Empleo. Consta de cuarenta y dos art铆culos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y doce finales. Inciden en el Derecho mercantil al modificar diversos preceptos de esta disciplina. Entr贸 en vigor el mismo d铆a de su publicaci贸n.

2. El Pre谩mbulo explica que su finalidad es aumentar la competitividad de la econom铆a espa帽ola. Se busca crecer y crear empleo a trav茅s del aumento de flexibilidad que permita ajustar los precios y los salarios. Los dos grandes ejes de la acci贸n del Ejecutivo en este 谩mbito son las PYMEs y los aut贸nomos, por un lado, y los j贸venes, por otro. 鈥溾(E)n el presente real decreto-ley se adoptan medidas, con car谩cter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiaci贸n empresarial a trav茅s de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la econom铆a espa帽ola鈥

3. El T铆tulo I contiene medidas de orden laboral dirigidas a reducir el desempleo juvenil. 鈥淓n el cap铆tulo I 鈥 se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los j贸venes menores de 30 a帽os entre las que destacan la implantaci贸n de una cuota inicial reducida, la compatibilizaci贸n de la prestaci贸n por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliaci贸n de las posibilidades de aplicaci贸n de la capitalizaci贸n de la prestaci贸n por desempleo鈥 De forma complementaria, en el cap铆tulo II se establece un marco fiscal m谩s favorable para el aut贸nomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creaci贸n de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros a帽os de ejercicio de una actividad 鈥 El cap铆tulo III contiene medidas destinadas a incentivar la incorporaci贸n de j贸venes a las empresas de la Econom铆a Social, as铆 como est铆mulos a la contrataci贸n de j贸venes en situaci贸n de desempleo 鈥 El cap铆tulo IV incorpora medidas relacionadas con la mejora de la intermediaci贸n laboral, cuya eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la r谩pida cobertura de los puestos de trabajo disponibles permitiendo que cualquier persona tenga conocimiento de las ofertas de empleo鈥

4. El T铆tulo II contiene medidas para mejorar la financiaci贸n empresarial. Entre ellas se halla la modificaci贸n del Reglamento de Ordenaci贸n y Supervisi贸n de los Seguros Privados (RD 2486/1998, de 20 de noviembre) y del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (RD 304/2004, de 20 de febrero). La finalidad es permitir que las entidades de seguros y los fondos de pensiones puedan invertir en mercados secundarios y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones t茅cnicas. As铆, se a帽ade un subapartado c) en el art铆culo 50.5 del RD 2486/1998 que reza: 鈥渃) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til, o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante real decreto鈥. Segundo, se modifica el tenor de los p谩rrafos sexto y octavo del art. 53.4. El sexto dir谩: 鈥淟a inversi贸n en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociaci贸n en mercados regulados en el 谩mbito de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE), junto con las acciones y participaciones en instituciones de inversi贸n colectiva de inversi贸n libre o en instituciones de inversi贸n colectiva de instituciones de inversi贸n colectiva de inversi贸n libre contempladas en el apartado 5.a.2.o del art铆culo 50, las acciones y participaciones en sociedades y fondos de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.o del art铆culo 50 y la inversi贸n en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til, o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante real decreto, no podr谩n computarse por un importe superior al 10 por 100 del total de las provisiones t茅cnicas a cubrir. Cuando se trate de entidades reaseguradoras y 煤nicamente para la inversi贸n en valores o derechos mobiliarios que no se hallen admitidos a negociaci贸n en mercados regulados en el 谩mbito de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE), dicho l铆mite ser谩 el 30 por 100鈥. El contenido del p谩rrafo octavo ser谩: 芦El conjunto de las acciones y participaciones en una instituci贸n de inversi贸n colectiva de inversi贸n libre o en una instituci贸n de inversi贸n colectiva de instituciones de inversi贸n colectiva de inversi贸n libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.o del art铆culo 50 de este reglamento, o de acciones y participaciones en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere el apartado 5.a.3.o del art铆culo 50 del mismo, no podr谩n computarse por un importe superior al 5 por 100 del total de las provisiones t茅cnicas a cubrir. La inversi贸n en acciones y participaciones emitidas por una sola de las entidades de capital riesgo y en valores o derechos negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til, o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante real decreto, emitidos por una misma entidad no podr谩 superar, conjuntamente, el 3% de las provisiones t茅cnicas a cubrir. El citado l铆mite del 3% ser谩 de un 6% cuando la inversi贸n en acciones y participaciones emitidas por las entidades de capital riesgo y en valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til, o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante real decreto est茅n emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.鈥
En cuanto al Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, se a帽ade un apartado d) al art铆culo 70.9 del RD 304/2004: 鈥渄) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante Real Decreto鈥. Segundo, se revisa la letra b) del art. 72, que queda redactada del modo siguiente:
鈥渂) La inversi贸n en valores o instrumentos financieros emitidos por una misma entidad, m谩s los cr茅ditos otorgados a ella o avalados o garantizados por la misma, no podr谩 exceder del 5 por ciento del activo del fondo de pensiones.
No obstante, el l铆mite anterior ser谩 del 10 por ciento por cada entidad emisora, prestataria o garante, siempre que el fondo no invierta m谩s del 40 por ciento del activo en entidades en las que se supere el 5 por ciento del activo del fondo.
El fondo podr谩 invertir en varias empresas de un mismo grupo no pudiendo superar la inversi贸n total en el grupo el 10 por ciento del activo del fondo.
Ning煤n fondo de pensiones podr谩 tener invertido m谩s del 2 por ciento de su activo en valores o instrumentos financieros no admitidos a cotizaci贸n en mercados regulados o en valores o instrumentos financieros que, estando admitidos a negociaci贸n en mercados regulados no sean susceptibles de tr谩fico generalizado e impersonal, cuando est茅n emitidos o avalados por una misma entidad. El l铆mite anterior ser谩 de un 4 por ciento para los citados valores o instrumentos financieros cuando est茅n emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.
No obstante lo anterior, la inversi贸n en valores o derechos emitidos por una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Burs谩til o en otro sistema multilateral de negociaci贸n que se concrete mediante real decreto, as铆 como la inversi贸n en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo podr谩 alcanzar el 3 por ciento del activo del fondo de pensiones.
El l铆mite anterior del 3 por ciento ser谩 de un 6 por ciento para los citados valores u otros instrumentos financieros cuando est茅n emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo.
No estar谩n sometidos a los l铆mites previstos en esta letra b) los dep贸sitos en entidades de cr茅dito, sin perjuicio de la aplicaci贸n del l铆mite conjunto al que se refiere la letra f) de este art铆culo.鈥
Por 煤ltimo, se a帽ade un art. 30 qu谩ter a la LMV que reza: 鈥淐uando se trate de colocaci贸n de emisiones de obligaciones o de otros valores que reconozcan o creen deuda, contempladas en las letras a), c) y d) del apartado 1 del art铆culo 30 bis, no ser谩 de aplicaci贸n la limitaci贸n establecida en el art铆culo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.鈥

5. Tambi茅n se modifica la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en cuanto a la determinaci贸n de los plazos de pago, el tipo legal de inter茅s que el deudor deber谩 pagar, la indemnizaci贸n por costes de cobro y la inclusi贸n de una nueva cl谩usula abusiva.
Su art. 4 dir谩:
鈥淎rt铆culo 4. Determinaci贸n del plazo de pago.-
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, ser谩 de treinta d铆as naturales despu茅s de la fecha de recepci贸n de las mercanc铆as o prestaci贸n de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deber谩n hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta d铆as a contar desde la fecha de recepci贸n efectiva de las mercanc铆as o de la prestaci贸n de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepci贸n de la factura por medios electr贸nicos producir谩 los efectos de inicio del c贸mputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepci贸n por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptaci贸n o de comprobaci贸n mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duraci贸n no podr谩 exceder de treinta d铆as naturales a contar desde la fecha de recepci贸n de los bienes o de la prestaci贸n de los servicios. En este caso, el plazo de pago ser谩 de treinta d铆as despu茅s de la fecha en que tiene lugar la aceptaci贸n o verificaci贸n de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptaci贸n o verificaci贸n.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podr谩n ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ning煤n caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 d铆as naturales.
4. Podr谩n agruparse facturas a lo largo de un per铆odo determinado no superior a quince d铆as, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho per铆odo, factura resumen peri贸dica, o agrup谩ndolas en un 煤nico documento a efectos de facilitar la gesti贸n de su pago, agrupaci贸n peri贸dica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del c贸mputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del per铆odo de la factura resumen peri贸dica o de la agrupaci贸n peri贸dica de facturas de que se trate, seg煤n el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta d铆as naturales desde esa fecha.禄
Segundo, se a帽ade un p谩rrafo al final del art. 6: 鈥淓n caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensaci贸n previstas en esta ley se calcular谩n 煤nicamente sobre la base de las cantidades vencidas.鈥
Tercero, se le da una nueva redacci贸n al p谩rrafo primero del apartado 2.潞 del art. 7: 芦2. El tipo legal de inter茅s de demora que el deudor estar谩 obligado a pagar ser谩 la suma del tipo de inter茅s aplicado por el Banco Central Europeo a su m谩s reciente operaci贸n principal de financiaci贸n efectuada antes del primer d铆a del semestre natural de que se trate m谩s ocho puntos porcentuales.禄
Cuarto, se modifica el apartado 1.潞 del art. 8: 鈥1. . Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendr谩 derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se a帽adir谩 en todo caso y sin necesidad de petici贸n expresa a la deuda principal.
Adem谩s, el acreedor tendr谩 derecho a reclamar al deudor una indemnizaci贸n por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de 茅ste y que superen la cantidad indicada en el p谩rrafo anterior鈥
Se renueva completamente el art铆culo 9.
芦Art铆culo 9. Cl谩usulas y pr谩cticas abusivas.-
1. Ser谩n nulas las cl谩usulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de inter茅s de demora establecidos con car谩cter subsidiario en el apartado 1 del art铆culo 4 y en el apartado 2 del art铆culo 7 respectivamente, as铆 como las cl谩usulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del art铆culo 6 cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestaci贸n por parte del deudor de garant铆as adicionales y los usos habituales del comercio. Se presumir谩 que es abusiva aquella cl谩usula que excluya la indemnizaci贸n por costes de cobro del art铆culo 8.
No podr谩 considerarse uso habitual del comercio la pr谩ctica repetida de plazos abusivos. Tales pr谩cticas tendr谩n tambi茅n la consideraci贸n de abusivas y ser谩n impugnables en la misma forma que las cl谩usulas por las entidades a que se refiere el apartado 4 de este art铆culo.
Para determinar si una cl谩usula o pr谩ctica es abusiva para el acreedor, se tendr谩 en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna raz贸n objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del inter茅s de demora dispuesto en el art铆culo 4.1 y en el art铆culo 7.2 respectivamente; se tendr谩 en cuenta la naturaleza del bien o del servicio o si supone una desviaci贸n grave de las buenas pr谩cticas comerciales contraria a la buena fe y actuaci贸n leal.
Asimismo, para determinar si una cl谩usula o pr谩ctica es abusiva se tendr谩 en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no est茅n justificadas por raz贸n de las condiciones de que 茅l mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.鈥

6. El RDL incide tambi茅n en dos sectores. El primero es el ferroviario. Se busca su 鈥渞acionalizaci贸n 鈥 para lograr la m谩xima eficiencia en la gesti贸n de los servicios e impulsar los procesos de liberalizaci贸n ya iniciados鈥. Completa as铆 las medias adoptadas en el Real Decreto-Ley 22/2010, de 20 de julio. En primer lugar, Se transmite a la ADIF la titularidad de la red ferroviaria del Estado cuya administraci贸n tiene encomendada. Segundo, se fija la fecha del 01.01.2013 como extinci贸n de la entidad p煤blica empresarial Ferrocarriles Espa帽oles de V铆a Estrecha (FEVE). Tercero, contin煤a la liberalizaci贸n del transporte ferroviario mediante la autorizaci贸n para prestar servicios de transporte viajeros y mercanc铆as a las sociedades mercantiles estatales a que se refiere el art. 1.1, apartados a) y b) del RDL 22/2012. Y cuarto, se modifican diversos preceptos de la Ley del Sector Ferroviario: apartado 1.潞 de la DA 9.陋 y apartados 2.潞, 3.潞, 4.潞 y 5.潞 de la DT 3.陋

7. El segundo sector afectado es el de los hidrocarburos. Se modifican diversos preceptos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En particular, los arts. 41.1, 43.2, 43 bis, 109.1; el art. 3 y la DT 1.陋 (derogada) del RDL 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificaci贸n de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios; y el apartado 1.潞 de la DT 煤nica del RD 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biol铆quidos, el Sistema Nacional de Verificaci贸n de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su c贸mputo. El Pre谩mbulo explica la finalidad de la reforma con las palabras siguientes: 鈥溾e adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que permitir谩n incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos 鈥 En el 谩mbito mayorista, se considera necesario garantizar que la eficiencia de la log铆stica de hidrocarburos permite que los costes de distribuci贸n sean lo m谩s bajos posibles 鈥 En el 谩mbito minorista del sector, se proponen medidas para eliminar barreras administrativas, simplificar tr谩mites a la apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas para fomentar la entrada de nuevos operadores 鈥 Se facilita la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspecci贸n t茅cnica de veh铆culos y zonas o pol铆gonos industriales 鈥 la existencia de contratos de suministro al por menor en exclusiva se considera una de las principales barreras de entrada y expansi贸n de operadores en Espa帽a alternativos a los operadores principales. Las restricciones contractuales que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva, limitan la competencia en el sector, lo que perjudica a los consumidores. Para paliar dicho efecto, se a帽ade un nuevo art铆culo 43 bis a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, para establecer condiciones m谩s estrictas para la suscripci贸n de contratos de suministro en exclusiva y prohibiendo las recomendaciones de precio de venta al p煤blico鈥.

Valor contable de los valores y derechos mobiliarios emitidos por la SAREB

El 2 de febrero el Bolet铆n Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema el茅ctrico y en el sector financiero. Entre sus previsiones se halla la determinaci贸n del valor contable de los valores o derechos mobiliarios emitidos por la Sociedad de Gesti贸n de Activos Procedentes de la Reestructuraci贸n Bancaria (SAREB, el llamado “banco malo”) y adquiridos por entidades aseguradoras. Esencialmente, su art. 5 dispone que se computar谩n por su coste o por el coste amortizado tal y como se define en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras. Segundo, esos valores o derechos se consideran aptos para la cobertura de provisiones t茅cnicas pero no podr谩n exceder del l铆mite del 3 % de las provisiones t茅cnicas a cubrir. Por 煤ltimo, no se computar谩n las plusval铆as o minusval铆as no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de estos activos.

MODIFICACI脫N DE LOS SUPUESTOS ADICIONALES PARA EL C脕LCULO DE LA TASA ANUAL EQUIVALENTE

El pasado 6 de febrero se modificaron los supuestos adicionales para el c谩lculo de la tasa anual equivalente a trav茅s de la Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero, que se public贸 en el BOE n煤m. 34, de 8 de febrero. Constituye la transposici贸n de la Directiva 2011/90/UE de la Comisi贸n, de 14 de noviembre de 2011, por la que se modifica la parte II del anexo I de la Directiva 2008/48/CE (DOUE L 296, de 15.11.2011). Cabe recordar que el punto de partida es la norma europea modificada; es decir, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 abril de 2008, relativa a los cr茅ditos al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CE del Consejo (DOUE L 133, de 22.5.2008). Fue incorporada al Derecho espa帽ol a trav茅s de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Cr茅dito al Consumo (BOE n煤m. 151, de 25 de junio).

El art铆culo 19 de la Directiva 87/102 regula el c谩lculo de la tasa anual equivalente. Se remite al anexo I, cuya parte I establece la f贸rmula matem谩tica que debe utilizarse para realizar el c谩lculo. Los apartados 3.潞 y 4.潞 de aquella disposici贸n establecen el supuesto b谩sico sobre el que se determina el c谩lculo. Y el 5.潞 permite tomar en cuenta supuestos adicionales 鈥(s)i fuera necesario鈥. Estos supuestos adicionales estaban previstos en la parte II del Anexo I. El art. 32 de la Ley 16/2011 constituye el referente del art. 19 de la Directiva. Y el anexo I de la Ley reproduce el de la Directiva.

La Comisi贸n Europea ha modificado los supuestos adicionales sobre los que se calculaba la tasa anual equivalente (id est, la parte II del Anexo I de la Directiva 87/102) a trav茅s de la Directiva 2011/90/UE. La raz贸n ha sido que la previsi贸n original no resultaba suficiente y, adem谩s, no se ajustaban a la situaci贸n comercial del mercado. La competencia de la Comisi贸n para modificar una norma del Consejo deriva de esta 煤ltima, pues el art. 19.5 de la Directiva 87/102 le confer铆a la legitimaci贸n necesaria.

El Ministerio de Econom铆a y Competitividad ha procedido a incorporar la Directiva 2011/90/UE al Derecho espa帽ol a trav茅s de la Orden citada. Se limita a modificar la parte II del anexo I de la Ley 16/2011, estableciendo los supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente. Su legitimaci贸n deriva de la Disposici贸n final 4.陋 de la Ley, lo que explica que una Orden Ministerial pueda modificar una norma con rango de Ley.

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