1. Hace casi dos semanas se public贸 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea 22.6.2022, Volvo AB (publ.), DAF Trucks NV y RM (C-267/20). Va a tener una gran trascendencia pr谩ctica, aunque limitada en el tiempo, puesto que versa sobre la aplicaci贸n retroactiva de la normativa que incorpora la Directiva 2014/104/UE -en el caso de Espa帽a, el T铆tulo VI de la Ley de Defensa de la Competencia- a una acci贸n de da帽os relacionada con el famoso c谩rtel de los camiones. Adem谩s, tiene su origen en una petici贸n de decisi贸n prejudicial formulada por la Audiencia Provincial de Le贸n el 12 de junio de 2020 sobre la interpretaci贸n de los art铆culos 101 TFUE y 10, 17 y 22.2 de la Directiva 2014/104/UE.

Para hacerse una idea de la importancia de la cuesti贸n temporal en la determinaci贸n de la normativa aplicable al caso basta con conocer el baile de fechas siguiente. El c谩rtel se desarroll贸 entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. La Directiva se aprob贸 el 26 de noviembre de 2014 y entr贸 en vigor el 25 de diciembre de 2014. La Decisi贸n 鈥淐amiones鈥 tiene fecha de 19 de julio de 2016. Ese mismo d铆a se public贸 la nota de prensa correspondiente; pero el resumen no vio la luz hasta casi nueve meses m谩s tarde, el 6 de abril de 2017. Durante ese lapso termin贸 el plazo para incorporar la Directiva a los ordenamientos nacionales, el 27 de diciembre de 2016. Pero Espa帽a se retras贸 en el cumplimiento de esa obligaci贸n y el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo no entr贸 en vigor hasta el 27 de mayo de 2017. La demanda se present贸 el 1 de abril de 2018.

Esencialmente se trata de saber si los art铆culos 71 y siguientes de la Ley de Defensa de la Competencia rigen la prueba y la cuantificaci贸n de los da帽os, as铆 como la prescripci贸n de la acci贸n ejercitada. Para darse cuenta de la trascendencia de la respuesta basta con saber que, si la respuesta es positiva, el plazo para ejercitar la acci贸n es de 5 a帽os; en caso contrario, 1 a帽o. La soluci贸n depende de la ex茅gesis del art. 22 de la Directiva, que regula su entrada en vigor y diferencia en funci贸n del tipo de precepto:

鈥1. Los Estados miembros se asegurar谩n de que las medidas nacionales adoptadas en virtud del art铆culo 21 a fin de cumplir con las disposiciones sustantivas de la presente Directiva no se apliquen con efecto retroactivo.

2. Los Estados miembros se asegurar谩n de que ninguna medida nacional adoptada en virtud del art铆culo 21, distinta de aquellas a las que se refiere el apartado 1, se aplique a las acciones por da帽os ejercitadas ante un 贸rgano jurisdiccional nacional antes del 26 de diciembre de 2014.鈥

En resumen, las normas sustantivas no se aplican retroactivamente; solo a las situaciones jur铆dicas consolidadas con posterioridad al plazo de transposici贸n de la Directiva. En cambio, las procesales pueden aplicarse a las acciones ejercitadas con posterioridad al 26 de diciembre de 2014. En el caso que nos ocupa, como la demanda se interpuso despu茅s de que entrara en vigor el Real Decreto-Ley 9/2017, adquirir铆an eficacia. Interesa subrayar que el Tribunal precisa que deben valorarse las normas de la Directiva, y no de las leyes nacionales que las transpongan, y ha de estarse al Derecho de la Uni贸n a efectos exeg茅tico y no a los ordenamientos nacionales (p谩rr. 39 s.

2. El Tribunal de Justicia empieza con el plazo de prescripci贸n y afirma que el art铆culo 10 de la Directiva es una norma sustantiva y no procesal 鈥溾l conllevar la extinci贸n de la acci贸n judicial 鈥 ya que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo que la persona afectada ya no podr谩 invocar de manera efectiva ante un tribunal鈥. Por lo tanto, no se aplica retroactivamente; en otras palabras, solo rige si los hechos se hab铆an consolidado antes de que entrara en vigor la normativa interna que incorpora la Directiva (rectius, antes de que terminara el plazo de transposici贸n). Evidentemente no es el caso que nos ocupa, por lo que el plazo de prescripci贸n ser铆a de 1 a帽o en virtud del art. 1968.2 Cc.

Consecuentemente, cobra gran inter茅s la determinaci贸n del dies a quo; tema sobre el que tambi茅n se pronuncia la instituci贸n judicial europea. Dada la asimetr铆a de informaci贸n que caracteriza la aplicaci贸n privada de las normas de defensa de la competencia, deben concurrir dos circunstancias para que empiece a contar el plazo de prescripci贸n para el ejercicio de la acci贸n de indemnizaci贸n: el cese de la infracci贸n y que el perjudicado tenga, o haya podido tener, la informaci贸n necesaria para interponer la demanda[i].

Las partes del litigio subyacente disent铆an acerca del momento concreto. Volvo y DAF Trucks defend铆an que era la fecha de publicaci贸n del comunicado de prensa, mientras que el actor, el Gobierno espa帽ol y la Comisi贸n sostuvieron que era el d铆a de publicaci贸n del resumen de la Decisi贸n. El TJUE se mueve entre las dos (v茅ase p谩rrafo 65) y se pronuncia a favor de la 煤ltima posibilidad dado que la nota de prensa no proporciona toda la informaci贸n necesaria, no produce efectos jur铆dicos frente a terceros y no necesita publicarse en todas las lenguas oficiales. 鈥淓n cambio, s铆 puede considerarse razonablemente que RM [la parte perjudicada] tuvo tal conocimiento en la fecha de la publicaci贸n del resumen de la Decisi贸n C(2016) 4673 final en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea, a saber, el 6 de abril de 2017.鈥

3. El art铆culo 17 versa sobre la prueba y la estimaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados del il铆cito anticoncurrencial. El Tribunal califica su apartado 1.潞[ii] como disposici贸n 鈥減rocesal鈥 dado que las normas relativas al onus probandi tienen, en principio, esta calificaci贸n. Puede aplicarse al caso la norma que la transpone si es anterior al ejercicio de la acci贸n de da帽os (1.4.2018), lo que as铆 suced铆a (p谩rrafo 88).

En cambio, el apartado 2.潞, que establece la presunci贸n relativa de que los c谩rteles causan da帽os, debe calificarse de norma sustantiva, puesto que est谩 estrechamente vinculado al nacimiento, a la imputaci贸n y al alcance de la responsabilidad civil extracontractual de las empresas que han infringido el art. 101 TFUE por su participaci贸n en un c谩rtel (p谩rrafos 96 a 98). Consecuentemente, carece de eficacia en el supuesto que nos ocupa dado que el c谩rtel finaliz贸 antes de que expirara el plazo de transposici贸n de la Directiva. 鈥溾rocede considerar que la presunci贸n iuris tantum establecida en el art铆culo 17, apartado 2, de esta Directiva no puede aplicarse ratione temporis a una acci贸n por da帽os que, aunque fue ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transpusieron tard铆amente dicha Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracci贸n del Derecho de la competencia que finaliz贸 antes de que expirara el plazo de transposici贸n de tal Directiva鈥 (p谩rrafo 104).

 

[i] En el p谩rrafo 60 refiere los extremos de que se trata: 鈥溾a existencia de una infracci贸n del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relaci贸n de causalidad entre ese perjuicio y la infracci贸n y la identidad del autor de esta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acci贸n por da帽os.鈥

[ii] 鈥1. Los Estados miembros velar谩n por que ni la carga de la prueba ni los est谩ndares de prueba necesarios para la cuantificaci贸n del perjuicio hagan pr谩cticamente imposible o excesivamente dif铆cil el ejercicio del derecho al resarcimiento de da帽os y perjuicios. Los Estados miembros velar谩n por que los 贸rganos jurisdiccionales nacionales est茅n facultados, con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los da帽os y perjuicios si se acreditara que el demandante sufri贸 da帽os y perjuicios pero resultara pr谩cticamente imposible o excesivamente dif铆cil cuantificar con precisi贸n los da帽os y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles.鈥