Carlos G贸rriz L贸pez

Month: July 2022

28 de junio de 2022: dos sentencias de Derecho mar铆timo

1. La p谩gina web del Poder Judicial ha publicado dos sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio sobre Derecho mar铆timo; en particular, una sobre transporte y otra sobre seguro. En ninguna de ellas se aplica la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima, pese a que han transcurrido ya ocho a帽os desde su aprobaci贸n. La raz贸n es que los hechos eran anteriores a su entrada en vigor.

2. El primer fallo (512/2022, de 28 de junio) gira alrededor de la normativa aplicable a la responsabilidad del consignatario. A ra铆z de una compraventa CIF, se transportaron 1519 barras de acero desde Novorossiysk (Rusia) hasta Vilanova i la Geltr煤 (Espa帽a). El contrato de transporte conten铆a una cl谩usula Paramount que lo somet铆a a las llamadas Reglas de La Haya 鈥 Visby. Al llegar las mercanc铆as da帽adas a destino, el comprador demand贸 al consignatario. La primera instancia desestim贸 la demanda pero la Audiencia Provincial reverti贸 su decisi贸n.

Ya hemos zarpado, Mil煤!

https://marabierto.eu/dosier/barcos-tintin

La principal cuesti贸n que analiza el Tribunal Supremo es la normativa aplicable: Ley de Transporte Mar铆timo de 1949 junto con el C贸digo de comercio vs Convenio de Bruselas de 1924 con los Protocolos de 1968 y 1979. Fiel a su doctrina, la m谩xima autoridad judicial espa帽ola considera que se trata de un falso dilema, puesto que 鈥溾 la aplicabilidad en Espa帽a del Convenio de Bruselas y sus Protocolos de 1968 y 1979 (Reglas de La Haya-Visby) no excluye en este caso la aplicaci贸n de la LTM ni del CCom.鈥 La raz贸n es que la Ley de 1949 -derogada por la LNM- ten铆a por finalidad incorporar el Convenio al Derecho espa帽ol. El problema es que no fue formalmente modificada para transponer los Protocolos modificativos, lo que origin贸 las dudas acerca de la relaci贸n entre esas normas. El Tribunal Supremo las resuelve afirmando que la Ley de Transporte Mar铆timo sigui贸 en vigor en lo que no hubiera sido modificada por los Protocolos. A nuestro modesto entender, ser铆a m谩s l贸gico mantener que, al ser la disposici贸n que incorpor贸 el Convenio, se hab铆a visto reformada por los Protocolos de 1968 y 1979.

鈥淧or lo expuesto no se acepta la alegaci贸n de que la aplicaci贸n de la L.T.M. de 1.949 resulta excluida por estar sujeto el supuesto que se enjuicia a las Reglas de La Haya- Visby en virtud de la cl谩usula 鈥楶aramount鈥, consignada en el conocimiento de embarque, en relaci贸n con el art. 10 del Protocolo de 1.968. Pero, adem谩s, debe decirse que no hay incompatibilidad con los arts. 2 y 3 de L.T.M., por lo que no cabe pensar en una derogaci贸n parcial t谩cita; aparte de que el art. 3潞 del Protocolo de 1.968, en la redacci贸n que introduce a trav茅s del art. 4 bis, se refiere en el apartado 2 a la acci贸n entablada contra un encargado del porteador -que no fuera contratista por su cuenta- en el sentido de que 鈥榩odr谩 acogerse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador pudiere invocar en virtud del convenio鈥.鈥

En cuanto al C贸digo de comercio, deviene aplicable al caso subsidiariamente, dado que ni el Convenio ni la Ley regulan todos los extremos del contrato de transporte mar铆timo. Adem谩s, la corte a帽ade la coincidencia el art铆culo 586 del primero y el art铆culo 3 de la 煤ltima.

3. La sentencia 516/2022, de 28 de junio trae causa del naufragio del buque en el que muri贸 su patr贸n. La aseguradora rechaz贸 la petici贸n de indemnizaci贸n de la heredera puesto que el buque hab铆a sido despachado por la Capitan铆a Mar铆tima de Gij贸n con dos tripulantes, pero se hab铆a hecho a la mar s贸lo con uno. No obstante, el propietario de la embarcaci贸n hab铆a presentado en la Capitan铆a una solicitud para que pudiera navegar con una sola persona, lo que era conforme con el Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones m铆nimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento para su asignaci贸n. De ah铆 que se interpusiera la pertinente demanda, que fue acogida por el Juzgado de lo Mercantil. Sin embargo, la Audiencia Provincial dio alas al recurso de apelaci贸n y el Tribunal Supremo hace lo mismo con el de casaci贸n, condenando a la aseguradora al pago de la indemnizaci贸n.

El dilema resid铆a en si la exclusi贸n de cobertura por ausencia de condiciones de navegabilidad del buque debe ser la causa del siniestro o basta con que concurra para que la aseguradora quede liberada de su obligaci贸n de pago. El Tribunal Supremo mantiene su doctrina y, en virtud de la literalidad del art. 756 Ccom, reitera que es imprescindible una relaci贸n de causalidad entre la ausencia de condiciones de navegabilidad y el siniestro.

鈥淓n el caso que nos ocupa, la Audiencia Provincial parte de una hip贸tesis no verificada: que si el barco pesquero hubiera sido tripulado por dos personas no se hubiera producido el siniestro reclamado (la p茅rdida del buque). Sin embargo, no consta en modo alguno por qu茅 embarranc贸 el barco en la escollera del puerto, ni si en ello tuvo influencia alguna que fueran uno o dos los tripulantes, ni que a consecuencia de ese embarrancamiento hubieran podido caer al mar uno o varios tripulantes, ni c贸mo la presencia de uno o m谩s marineros hubiera podido evitar el naufragio y la consiguiente desaparici贸n de la embarcaci贸n.

Resulta discutible que hubiera una infracci贸n administrativa, tal y como argumenta la sentencia de primera instancia. Pero es que, incluso aunque di茅ramos por cierta la existencia de tal infracci贸n, no hay prueba que permita afirmar, desde un criterio de imputaci贸n objetiva, que hubo relaci贸n de causalidad entre esa irregularidad y el siniestro objeto de litigio; que es el requisito para poder aplicar la exclusi贸n de cobertura prevista en el art. 756.7 CCom.鈥

Qualcomm v Comisi贸n: pagos por exclusividad compatibles con el 102 TFUE

1. Nuevo rev茅s del Tribunal General a la Comisi贸n Europea. La primera instancia comunitaria ha anulado la Decisi贸n C(2018) 240 final, de 24 de enero de 2018, que sancionaba a Qualcomm por abuso de posici贸n de dominio. Su sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm Inc v European Commission (T-235/18), recuerda mucho la de 26 de enero de 2022, Intel v European Commission (T-286/09 RENV). En los dos casos los protagonistas son empresas estadounidenses que fabrican chips. A las dos se las acusa de abuso de posici贸n de dominio y se les sanciona por ello. Y en las dos sentencias el Tribunal General considera que ha habido defectos de procedimiento -aunque en el caso de Intel no fueron tan graves como para anular el acto administrativo- y que no se ha probado suficientemente el abuso. El resultado en ambos casos ha sido la anulaci贸n de la resoluci贸n de la autoridad europea de la competencia.

2. Qualcomm es una empresa que fabrica chips y software para tel茅fonos inteligentes y dispositivos m贸viles. El 16 de julio de 2015 la autoridad europea de la competencia abri贸 contra ella dos procedimientos: uno relacionado con la financiaci贸n por exclusividad y otro por precios predatorios. Tras enviar el pliego de cargos el 8 de diciembre de 2015, adopt贸 dos decisiones en las que las que consideraba que hab铆a abusado de su posici贸n de dominio. La primera en 2018, en la que le impon铆a una multa de 997.439.000 de euros, y la segunda en 2019, con una sanci贸n de 242.042.000 euros.

La primera decisi贸n, que es la que nos ocupa, hace referencia al suministro de chips conforme a est谩ndares LTE, UMTS y GSM a Apple. El mercado relevante ser铆a el de chips LTE, tanto integrados como independientes, de 谩mbito mundial. La Comisi贸n considera que el fabricante estadounidense tiene una posici贸n de dominio debido a su gran cuota de mercado, a la existencia de barreras de entrada y expansi贸n y a que la fuerza comercial de los adquirentes de chips no afectaba negativamente a su posici贸n en el mercado. El abuso consisti贸 en ofrecer entre 2 y 3.000 millones de euros a Apple para que adquiriera sus productos en exclusiva; id est, un pago por exclusividad susceptible de tener efectos anticompetitivos.

3. El Tribunal General aborda tres cuestiones en la sentencia. La primera es la lesi贸n de los derechos de defensa de Qualcomm al no hab茅rsele proporcionado la documentaci贸n correspondiente a siete entrevistas que la instituci贸n europea tuvo con terceros. Solamente una vez adoptada la Decisi贸n recurrida se le facilit贸 alguna informaci贸n al respecto.

El TG explica que, para que se produzca la infracci贸n, es necesario que la resoluci贸n de la Comisi贸n pudiera haber sido diferente si no se hubiera cometido el error. Para ello el recurrente debe probar que hubiera podido defenderse mejor si no hubiera existido el desliz procesal. Recuerda que ya en la sentencia Intel afirm贸 que el art铆culo 19 del Reglamento 1/2003 se aplica a todas las entrevistas y reuniones de la Comisi贸n dirigidas a obtener informaci贸n para el expediente, resultando irrelevante la forma. Consecuentemente, 鈥(t)he Commission must be in a position to provide an indication of the content of the discussions which took place during the interview, in particular the nature of the information provided during the interview on the subjects addressed鈥 (apartado 190). En el caso que nos ocupa no lo hizo; solo entreg贸 unos apuntes incompletos que no subsanaron el defecto. Por otro lado, Qualcomm demostr贸 que le hubiera sido 煤til conocer el contenido de las reuniones, pues versaron sobre temas relacionados con la delimitaci贸n del mercado relevante, el poder de mercado, los efectos de su cierre y las eficiencias de su conducta.

鈥淚t follows from all the foregoing that, having regard to the specific factual and legal circumstances of the present case, in so far as (i) the Commission did not properly make a record of the interviews in question, and (ii) the applicant or its representatives received no information on the very existence of those interviews until after the contested decision had been adopted and before the present action was brought, the Commission infringed the applicant鈥檚 rights of defence. The evidence submitted by the applicant tends to demonstrate that the interviews with [confidential] and [confidential], namely two competitors of the applicant who were allegedly foreclosed, and with [confidential] and [confidential], namely two OEMs who obtained supplies of LTE chipsets, could have provided information essential to the further course of the proceedings which could have been relevant to the applicant, by making it better able to ensure its defence.鈥 (p谩rrafo 224).

4. El segundo tema abordado es la diferencia entre el pliego de cargos (statement of objections) y la decisi贸n final, puesto que en el primero la Comisi贸n consideraba que hab铆a existido abuso respecto de los mercados de chips LTE y UMTS, pero finalmente s贸lo sancion贸 a la dominante respecto de aqu茅llos. Qualcomm consider贸 que se hab铆a vulnerado su derecho a ser o铆do al no hab茅rsele permitido pronunciarse sobre su conducta en el mercado de los chips LTE exclusivamente. Su defensa se hab铆a basado en un an谩lisis de margen cr铆tico relativo a los dos mercados.

El Tribunal General recuerda que el pliego de cargos es un acto preparatorio de la decisi贸n final, que representa la culminaci贸n del procedimiento administrativo, pero que puede ser modificaci贸n hasta que se adopta la resoluci贸n. Sin embargo, la Comisi贸n vulner贸 los derechos de Qualcomm puesto que la modificaci贸n afect贸 a la relevancia de los datos en los que 茅sta hab铆a basado su defensa. Por lo tanto, aunque el pliego de cargos es provisional y puede ser alterado, la Comisi贸n infringi贸 los derechos de defensa al no permitir a la recurrente pronunciarse sobre la retirada de las objeciones relativas al mercado de chips UMTS y demostrar por qu茅 su conducta no pod铆a producir efectos restrictivos respecto de los chips LTE.

5. La tercera cuesti贸n afectaba a la cualificaci贸n de los pagos por exclusiva de Qualcomm a Apple como abuso de su posici贸n de dominio. Dado que el fabricante de chips hab铆a alegado -y proporcionado un m铆nimo de prueba- que su conducta no ten铆a efectos excluyentes, la Comisi贸n deb铆a examinar todos los elementos de hecho y demostrar que se hab铆a restringido la actividad concurrencial de rivales tan eficientes como la recurrente. El Tribunal General considera que no ha satisfecho estas exigencias. En primer lugar, no ha probado suficientemente que los pagos de Qualcomm redujeran los incentivos de Apple para cambiar de proveedor. Subraya que exist铆an otras circunstancias que pod铆an explicar la decisi贸n de la firma dirigida por Tim Cook y que no fueron suficientemente tenidos en cuenta por el ejecutivo europeo.

鈥淚t follows from all of the foregoing that the Commission鈥檚 conclusion regarding the capability of the payments concerned to have foreclosure effects on the ground that they had reduced Apple鈥檚 incentives to switch to the applicant鈥檚 competitors in order to source LTE chipsets for all its demand is based on an analysis which was not carried out in the light of all the relevant factual circumstances and which is, on that ground, unlawful.鈥 (p谩rrafo 417)

Segundo, la Comisi贸n no ha especificado suficientemente los dispositivos objeto de su an谩lisis. El Tribunal General da la raz贸n a la compa帽铆a sancionada acerca de que la autoridad europea de la competencia estuvo imprecisa sobre a qu茅 dispositivos iban dirigidos los pagos por exclusividad. Y algo parecido sucede con las especificaciones t茅cnicas y cronol贸gicas de los productos de Apple. La autoridad judicial europea afirma que la Comisi贸n deb铆a haber tomado en consideraci贸n que los chips de Intel no cumpl铆an esas exigencias al alegar que los pagos de Qualcomm determinaron que Apple decidiera no cambiar de suministrador durante el periodo objeto de examen. Concluye as铆 que no llev贸 a cabo un examen completo de todos los elementos que deb铆a tomar en consideraci贸n.

https://www.sport.es/es/noticias/tecnologia/qualcomm-muestra-nuevos-procesadores-snapdragon-12936882

6. A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal General falla que la Decisi贸n C(2018) 240 final de 24 de enero de 2018 recurrida es ilegal porque i) infringi贸 los derechos de defensa de la demandante, ii) la Comisi贸n no tom贸 en consideraci贸n todos los hechos relevantes, y iii) no se fundament贸 en pruebas que apoyaran sus conclusiones.

7. La sentencia de 15.6.2022 deja un mal sabor de boca porque da la sensaci贸n de que la Uni贸n Europea est谩 perdiendo la lucha contra las grandes tecnol贸gicas y se han desperdiciado tiempo y recursos preciosos. Es la segunda vez este a帽o que el Tribunal General anula una resoluci贸n de la Comisi贸n sobre abuso de posici贸n de dominio y que deja al descubierto tanto fallos de procedimiento como problemas sustanciales. En cuanto a aqu茅llos, ya sac贸 los colores al ejecutivo comunitario en la sentencia Intel respecto de la documentaci贸n de las reuniones de la Comisi贸n. Pero el caso actual es m谩s grave pues, como subrayan James Killick, Assimakis Komninos, J茅r茅mie Jourdan y Iakovos Sarmas aqu铆, no se trata de una 煤nica entrevista sino de siete. Surge la duda acerca de las razones de este error grave; si se trata de un problema de desidia por parte de los funcionarios de la autoridad de la competencia o de insuficiencia de medios. Se nos plantea el interrogante si habr铆a que cambiar la estructura o el procedimiento de la Direcci贸n General de Competencia y diferenciar la instrucci贸n de la resoluci贸n de los expedientes.

Respecto de los aspectos sustantivos, resulta evidente que no basta con afirmar que los precios de una empresa o su pol铆tica comercial son excluyentes para que merezca la consideraci贸n de abuso de posici贸n de dominio. Si aporta un m铆nimo de pruebas de que su conducta no restringe la competencia o de que tiene efectos positivos, la Comisi贸n debe analizar todos los hechos relevantes y todos los argumentos de la dominante, y demostrar que sus actos y omisiones fueron perjudiciales para competidores al menos tan eficientes como ella. Seg煤n el Tribunal General, no lo hizo en el caso Intel ni tampoco en Qualcomm, con lo que de nuevo se plantea el interrogante de si fue sencillamente un error de c谩lculo, si la autoridad europea de la competencia no dispone de recursos suficientes para pelearse con las grandes empresas -al menos, contra varias a la vez-, o si el Tribunal General se est谩 mostrando excesivamente quisquilloso. Es posible que la autoridad europea de la competencia no examinara con extremo detalle todos los hechos y alegaciones de Qualcomm, pero 驴qu茅 sentido tiene que un proveedor pague a la empresa a la que suministra sus productos?

Por 煤ltimo, vale la pena comentar que la guerra no est谩 perdida, pues la Comisi贸n ha recurrido la sentencia Intel y es posible que haga lo mismo con Qualcomm. Recordar tambi茅n que hay un segundo caso contra esta 煤ltima empresa relacionado con precios predatorios y que el Tribunal General dio la raz贸n al ejecutivo comunitario en el caso Google Search (Shopping), pues su sentencia de 10.11.2021 (T-612/17) confirm贸 la Decisi贸n C(2017) 4444 final. Pero no es menos cierto que la filial de Alphabet ha formulado el recurso pertinente.

驴Retroactividad del T铆tulo VI de la Ley de Defensa de la Competencia? La sentencia Volvo AB

1. Hace casi dos semanas se public贸 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea 22.6.2022, Volvo AB (publ.), DAF Trucks NV y RM (C-267/20). Va a tener una gran trascendencia pr谩ctica, aunque limitada en el tiempo, puesto que versa sobre la aplicaci贸n retroactiva de la normativa que incorpora la Directiva 2014/104/UE -en el caso de Espa帽a, el T铆tulo VI de la Ley de Defensa de la Competencia- a una acci贸n de da帽os relacionada con el famoso c谩rtel de los camiones. Adem谩s, tiene su origen en una petici贸n de decisi贸n prejudicial formulada por la Audiencia Provincial de Le贸n el 12 de junio de 2020 sobre la interpretaci贸n de los art铆culos 101 TFUE y 10, 17 y 22.2 de la Directiva 2014/104/UE.

Para hacerse una idea de la importancia de la cuesti贸n temporal en la determinaci贸n de la normativa aplicable al caso basta con conocer el baile de fechas siguiente. El c谩rtel se desarroll贸 entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. La Directiva se aprob贸 el 26 de noviembre de 2014 y entr贸 en vigor el 25 de diciembre de 2014. La Decisi贸n 鈥淐amiones鈥 tiene fecha de 19 de julio de 2016. Ese mismo d铆a se public贸 la nota de prensa correspondiente; pero el resumen no vio la luz hasta casi nueve meses m谩s tarde, el 6 de abril de 2017. Durante ese lapso termin贸 el plazo para incorporar la Directiva a los ordenamientos nacionales, el 27 de diciembre de 2016. Pero Espa帽a se retras贸 en el cumplimiento de esa obligaci贸n y el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo no entr贸 en vigor hasta el 27 de mayo de 2017. La demanda se present贸 el 1 de abril de 2018.

Esencialmente se trata de saber si los art铆culos 71 y siguientes de la Ley de Defensa de la Competencia rigen la prueba y la cuantificaci贸n de los da帽os, as铆 como la prescripci贸n de la acci贸n ejercitada. Para darse cuenta de la trascendencia de la respuesta basta con saber que, si la respuesta es positiva, el plazo para ejercitar la acci贸n es de 5 a帽os; en caso contrario, 1 a帽o. La soluci贸n depende de la ex茅gesis del art. 22 de la Directiva, que regula su entrada en vigor y diferencia en funci贸n del tipo de precepto:

鈥1. Los Estados miembros se asegurar谩n de que las medidas nacionales adoptadas en virtud del art铆culo 21 a fin de cumplir con las disposiciones sustantivas de la presente Directiva no se apliquen con efecto retroactivo.

2. Los Estados miembros se asegurar谩n de que ninguna medida nacional adoptada en virtud del art铆culo 21, distinta de aquellas a las que se refiere el apartado 1, se aplique a las acciones por da帽os ejercitadas ante un 贸rgano jurisdiccional nacional antes del 26 de diciembre de 2014.鈥

En resumen, las normas sustantivas no se aplican retroactivamente; solo a las situaciones jur铆dicas consolidadas con posterioridad al plazo de transposici贸n de la Directiva. En cambio, las procesales pueden aplicarse a las acciones ejercitadas con posterioridad al 26 de diciembre de 2014. En el caso que nos ocupa, como la demanda se interpuso despu茅s de que entrara en vigor el Real Decreto-Ley 9/2017, adquirir铆an eficacia. Interesa subrayar que el Tribunal precisa que deben valorarse las normas de la Directiva, y no de las leyes nacionales que las transpongan, y ha de estarse al Derecho de la Uni贸n a efectos exeg茅tico y no a los ordenamientos nacionales (p谩rr. 39 s.

2. El Tribunal de Justicia empieza con el plazo de prescripci贸n y afirma que el art铆culo 10 de la Directiva es una norma sustantiva y no procesal 鈥溾l conllevar la extinci贸n de la acci贸n judicial 鈥 ya que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo que la persona afectada ya no podr谩 invocar de manera efectiva ante un tribunal鈥. Por lo tanto, no se aplica retroactivamente; en otras palabras, solo rige si los hechos se hab铆an consolidado antes de que entrara en vigor la normativa interna que incorpora la Directiva (rectius, antes de que terminara el plazo de transposici贸n). Evidentemente no es el caso que nos ocupa, por lo que el plazo de prescripci贸n ser铆a de 1 a帽o en virtud del art. 1968.2 Cc.

Consecuentemente, cobra gran inter茅s la determinaci贸n del dies a quo; tema sobre el que tambi茅n se pronuncia la instituci贸n judicial europea. Dada la asimetr铆a de informaci贸n que caracteriza la aplicaci贸n privada de las normas de defensa de la competencia, deben concurrir dos circunstancias para que empiece a contar el plazo de prescripci贸n para el ejercicio de la acci贸n de indemnizaci贸n: el cese de la infracci贸n y que el perjudicado tenga, o haya podido tener, la informaci贸n necesaria para interponer la demanda[i].

Las partes del litigio subyacente disent铆an acerca del momento concreto. Volvo y DAF Trucks defend铆an que era la fecha de publicaci贸n del comunicado de prensa, mientras que el actor, el Gobierno espa帽ol y la Comisi贸n sostuvieron que era el d铆a de publicaci贸n del resumen de la Decisi贸n. El TJUE se mueve entre las dos (v茅ase p谩rrafo 65) y se pronuncia a favor de la 煤ltima posibilidad dado que la nota de prensa no proporciona toda la informaci贸n necesaria, no produce efectos jur铆dicos frente a terceros y no necesita publicarse en todas las lenguas oficiales. 鈥淓n cambio, s铆 puede considerarse razonablemente que RM [la parte perjudicada] tuvo tal conocimiento en la fecha de la publicaci贸n del resumen de la Decisi贸n C(2016) 4673 final en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea, a saber, el 6 de abril de 2017.鈥

3. El art铆culo 17 versa sobre la prueba y la estimaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados del il铆cito anticoncurrencial. El Tribunal califica su apartado 1.潞[ii] como disposici贸n 鈥減rocesal鈥 dado que las normas relativas al onus probandi tienen, en principio, esta calificaci贸n. Puede aplicarse al caso la norma que la transpone si es anterior al ejercicio de la acci贸n de da帽os (1.4.2018), lo que as铆 suced铆a (p谩rrafo 88).

En cambio, el apartado 2.潞, que establece la presunci贸n relativa de que los c谩rteles causan da帽os, debe calificarse de norma sustantiva, puesto que est谩 estrechamente vinculado al nacimiento, a la imputaci贸n y al alcance de la responsabilidad civil extracontractual de las empresas que han infringido el art. 101 TFUE por su participaci贸n en un c谩rtel (p谩rrafos 96 a 98). Consecuentemente, carece de eficacia en el supuesto que nos ocupa dado que el c谩rtel finaliz贸 antes de que expirara el plazo de transposici贸n de la Directiva. 鈥溾rocede considerar que la presunci贸n iuris tantum establecida en el art铆culo 17, apartado 2, de esta Directiva no puede aplicarse ratione temporis a una acci贸n por da帽os que, aunque fue ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transpusieron tard铆amente dicha Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracci贸n del Derecho de la competencia que finaliz贸 antes de que expirara el plazo de transposici贸n de tal Directiva鈥 (p谩rrafo 104).

 

[i] En el p谩rrafo 60 refiere los extremos de que se trata: 鈥溾a existencia de una infracci贸n del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relaci贸n de causalidad entre ese perjuicio y la infracci贸n y la identidad del autor de esta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acci贸n por da帽os.鈥

[ii] 鈥1. Los Estados miembros velar谩n por que ni la carga de la prueba ni los est谩ndares de prueba necesarios para la cuantificaci贸n del perjuicio hagan pr谩cticamente imposible o excesivamente dif铆cil el ejercicio del derecho al resarcimiento de da帽os y perjuicios. Los Estados miembros velar谩n por que los 贸rganos jurisdiccionales nacionales est茅n facultados, con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los da帽os y perjuicios si se acreditara que el demandante sufri贸 da帽os y perjuicios pero resultara pr谩cticamente imposible o excesivamente dif铆cil cuantificar con precisi贸n los da帽os y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles.鈥

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