驴Se puede exigir a una plataforma que intermedia en el mercado del alojamiento tur铆stico a proporcionar informaci贸n de sus clientes para obligarles a pagar tributos? 脡sta es la cuesti贸n que subyace en el litigio que ha dado lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2022 (C-674/20), Airbnb Ireland UC y R茅gion de Bruxelles-Capitale (aqu铆). La administraci贸n tributaria de la Regi贸n de Bruselas-Capital dirigi贸 a Airbnb Ireland UC varios requerimientos solicitando informaci贸n relativa a los sujetos pasivos del impuesto tur铆stico. La multinacional incumpli贸 argumentando que ten铆a dudas sobre la licitud del precepto en el que se fundaba el requerimiento; id est, el art铆culo 12 de la Ley de la regi贸n de Bruxelles-Capitale de 23 de diciembre de 2016, relativa al impuesto regional sobre los establecimientos de alojamiento tur铆stico. La raz贸n es que lo consideraba incompatible con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 200, relativa a determinados aspectos jur铆dicos de los servicios de la sociedad de la informaci贸n. Coherentemente, interpuso recurso de anulaci贸n ante el Tribunal Constitucional belga, que formul贸 una cuesti贸n prejudicial en relaci贸n a aplicaci贸n de la Directiva sobre comercio electr贸nico, dado que su art铆culo 1.5.a) excluye su aplicaci贸n 鈥溾n materia de fiscalidad鈥. Interesa subrayar que Airbnb no era el sujeto pasivo del impuesto, pero la ley s铆 le obligaba a suministrar informaci贸n al respecto; en particular, los datos del operador y las se帽as de los establecimientos de alojamiento tur铆stico, as铆 como el n煤mero de pernoctaciones y de unidades de alojamiento explotadas durante el a帽o anterior.

El Tribunal de Justicia responde a dos cuestiones. La primera es si la Directiva sobre el comercio electr贸nico se aplica o no a la obligaci贸n de proporcionar informaci贸n relacionada con un impuesto tur铆stico dado su art铆culo 1.5.a). Contesta negativamente. En primer lugar, porque su base jur铆dica, el art铆culo 95 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actual 114 TFUE), excluye de su 谩mbito de aplicaci贸n las disposiciones fiscales, que la autoridad judicial europea ha interpretado extensivamente, de modo que comprenden tanto los aspectos materiales como procedimentales. A la misma conclusi贸n lleva la aplicaci贸n del criterio sistem谩tico de interpretaci贸n, puesto que el Cap铆tulo 3 (鈥淎proximaci贸n de las legislaciones鈥) del T铆tulo VI del referido Tratado, en el que se incluye el art铆culo 95, es diferente del 2, que est谩 dedicado a las 鈥渄isposiciones fiscales鈥. Tercero, procede una interpretaci贸n amplia de la letra del art铆culo 1.5.a) dado que se refiere a la 鈥渕ateria鈥 fiscal y no a los tributos. Igualmente, los considerandos 12 y 13 de la Directiva excluyen del radio de eficacia las 鈥渃uestiones鈥 fiscales.

El Tribunal concede que Airbnb presta servicios de la sociedad de la informaci贸n. No obstante, el requerimiento de informaci贸n forma parte de la materia fiscal por lo queda excluida del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva: 鈥溾n primer lugar, la Administraci贸n destinataria de esa informaci贸n es la Administraci贸n tributaria, en segundo lugar, como subraya el propio 贸rgano jurisdiccional remitente, el antedicho art铆culo forma parte de una normativa fiscal, a saber, la Ley regional de 23 de diciembre de 2016 y, en tercer lugar, la informaci贸n cuya transmisi贸n impone esta disposici贸n es indisociable, en cuanto a su contenido, de la referida normativa, pues ella sola puede permitir identificar al sujeto pasivo efectivo del mencionado impuesto, la base imponible de este 煤ltimo, a saber, el lugar del alojamiento en un domicilio particular, el n煤mero de unidades de alojamiento y el n煤mero de pernoctaciones y, por consiguiente, su importe.鈥 (p谩rr. 33)

Por lo tanto, la obligaci贸n de informaci贸n que pesa sobre las plataformas de alojamiento tur铆stico ex art铆culo 12 de la Ley de 23 de diciembre de 2016 queda excluida del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva sobre comercio electr贸nico.

La segunda cuesti贸n tiene por objeto la compatibilidad del citado precepto con el art铆culo 56 TFUE; en otras palabras, si la obligaci贸n de informaci贸n que impone el art铆culo 12 referido restringe la libre prestaci贸n de servicios en la Uni贸n Europea. De nuevo el Tribunal responde negativamente. La raz贸n es que no es discriminatoria ni afecta en s铆 a las condiciones de prestaci贸n de servicios de intermediaci贸n. Simplemente obliga a los prestadores de servicios a conservar datos relacionados con su prestaci贸n. Es cierto que puede incrementar sus cargas, pero es un reflejo del n煤mero de transacciones que llevan a cabo (cuantas m谩s transacciones m谩s costes pero m谩s beneficios). Adem谩s, el incremento de costes es reducido. Por lo tanto, 鈥溾na normativa como la controvertida en el litigio principal, que obliga a los prestadores de servicios de intermediaci贸n inmobiliaria, con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediaci贸n, por lo que ata帽e a los establecimientos de alojamiento tur铆stico situados en una regi贸n del Estado miembro de que se trate para los que act煤an como intermediarios o realizan actividades de promoci贸n, a comunicar a la Administraci贸n tributaria regional, previo requerimiento por escrito de esta 煤ltima, los datos del operador y las se帽as de los establecimientos de alojamiento tur铆stico, as铆 como el n煤mero de pernoctaciones y de unidades de alojamiento explotadas durante el a帽o anterior, no es contraria a la prohibici贸n establecida en el art铆culo 56聽TFUE鈥