1. El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre el caso dieselgate por segunda vez y ha dado la raz贸n de nuevo al comprador. Adem谩s de la notoriedad del esc谩ndalo que supuso la instalaci贸n de un software en veh铆culos de Volkswagen para falsificar los resultados de las emisiones de 贸xido de nitr贸geno (NOx), las sentencias 167/2020, de 11 de marzo y 561/2021, de 23 de julio tienen inter茅s porque rompen con la configuraci贸n tradicional del principio de relatividad de los contratos. De ah铆 que les dediquemos esta entrada.

Cabe empezar subrayando que los dos casos versan sobre contratos de compraventa en que los adquirentes eran consumidores. Y sus abogados ejercitaron las mismas acciones: en primer lugar, la de nulidad del contrato por vicios del consentimiento o, alternativamente, de resoluci贸n por incumplimiento, as铆 como el resarcimiento de los perjuicios sufridos. Subsidiariamente, solicitaron la indemnizaci贸n de los da帽os materiales y morales derivados de no cumplir el veh铆culo las caracter铆sticas relativas a las emisiones con las que hab铆a sido publicitado y la necesidad de someterlo a una revisi贸n. Esta estrategia resultaba arriesgada porque el presunto responsable del 鈥渇raude鈥, el fabricante del autom贸vil, no era parte del contrato de compraventa. Y la contraparte, el concesionario que lo hab铆a vendido, no hab铆a intervenido en la instalaci贸n del dispositivo ilegal; es m谩s, seguramente lo desconoc铆a. Y dado que el veh铆culo funcionaba correctamente, que las autoridades no hab铆an impuesto restricciones a su circulaci贸n y que no parec铆a contaminar m谩s que otros parecidos, no era f谩cil estimar la responsabilidad del vendedor. Ahora bien, las alternativas no parec铆an mejores. Por ejemplo, no parec铆a posible aplicar la normativa sobre la responsabilidad del fabricante por productos defectuoso pues s贸lo rige los da帽os a bienes diferentes del producto defectuoso, que no era el caso, y los personales; pero probar los da帽os morales siempre es complicado, como veremos m谩s adelante. Baste recordar que el art铆culo 142 TRLGDCU remite la compensaci贸n de los da帽os materiales en el bien defectuoso a la legislaci贸n civil y mercantil. En cuanto a la competencia desleal, la Ley 3/1991, de 10 de enero es harto restrictiva, por lo que recurrir a ella es siempre arriesgado. No obstante, el Juzgado de lo Mercantil n煤m. 1 de Madrid ha aplicado esta norma en la sentencia 36/2021, de 25 de enero, fallando a favor de la Organizaci贸n de Consumidores y Usuarios y condenando a Volkswagen Group Espa帽a Distribuci贸n SA a cesar en la conducta desleal y no reiterarla en el futuro, a remover los efectos perjudiciales causados y a indemnizar a los usuarios afectados con 3000 euros cada uno.

2. En los dos litigios que comentamos se suscitan cuestiones que giran esencialmente alrededor de dos extremos. El primero es la legitimaci贸n pasiva del fabricante o del distribuidor del veh铆culo y el segundo la indemnizaci贸n de los da帽os morales. En cuanto al primero, la dificultad est谩 en el principio de relatividad, puesto que ni Seat, SA, fabricante del autom贸vil implicado en el primer caso, ni Volkswagen Audi Espa帽a, SA, el distribuidor del segundo caso, eran partes de la compraventa. De ah铆 que en ambos procedimientos las dos primeras instancias desestimaran las acciones contra ellos. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera al fabricante responsable en el contrato de compraventa frente al comprador final. Para ello revisa la configuraci贸n tradicional del principio de relatividad de los contratos del art. 1257 Cc. Explica que era adecuada a la realidad econ贸mica de la 茅poca en que se aprob贸 ese cuerpo legislativo, pues se trataba de una sociedad eminentemente agr铆cola y artesanal en que los contratos eran concebidos como unidades econ贸micas independientes. Pero esa configuraci贸n no responde a la coyuntura econ贸mica actual, puesto que la producci贸n y negociaci贸n en masa la ha cambiado.

鈥淒el encargo se pas贸 a la puesta en el mercado de forma masiva, elimin谩ndose el car谩cter individualizado del objeto adquirido y cobrando relevancia la adecuaci贸n del mismo a la descripci贸n gen茅rica con la que se puso en el mercado y se publicit贸鈥.

En el fallo 167/2020, de 11 de marzo, explica que este cambio se aplic贸 a las operaciones de construcci贸n y venta masiva de inmuebles, de modo que la conexi贸n que existe entre estos contratos permiti贸 que el comprador final ejercitara las acciones que ten铆a el promotor contra el contratista y el arquitecto. 鈥淓sta excepci贸n al principio de relatividad de los contratos atendi贸 a varios factores, fundamentalmente la unidad del fen贸meno econ贸mico de construcci贸n y venta de viviendas y la correspondencia entre el da帽o sufrido por el acreedor en el segundo contrato (el comprador de la vivienda) y la violaci贸n de las obligaciones de los deudores (contratista o arquitecto) en el primer contrato, el de obra鈥.

Y lo mismo sucede en el sector del autom贸vil debido a la vinculaci贸n existente entre fabricantes, distribuidores, concesionarios y compradores finales, a la importancia de la marca del fabricante, a la fidelidad de los compradores a la misma, que tiene gran trascendencia en la decisi贸n de adquirir el producto, y a la afectaci贸n masiva entre los consumidores. La m谩xima autoridad judicial espa帽ola subraya que en estas operaciones las claves se hallan en los extremos (fabricante y comprador final), mientras que los operadores intermedios son poco relevantes y, adem谩s, econ贸micamente equivalentes.

鈥淓ntre el fabricante y el comprador final, pese a que formalmente no han celebrado un contrato entre s铆, se establecen v铆nculos con trascendencia jur铆dica, como son los relativos a la prestaci贸n de la garant铆a, adicional a la prevista legalmente, que es usual en este sector, o la exigibilidad por el consumidor final de las prestaciones ofertadas en la publicidad del producto, que generalmente ha sido realizada por el propio fabricante y que integran el contrato de compraventa por el que el consumidor adquiere el veh铆culo. Adem谩s, con frecuencia, el importador y el distribuidor pertenecen al mismo grupo societario que el fabricante鈥. Adem谩s recuerda que si el comprador tiene la condici贸n de consumidor, la normativa especial le concede un derecho a la indemnizaci贸n y a la reparaci贸n de los perjuicios.

La combinaci贸n de estos elementos lleva al Tribunal Supremo a introducir una excepci贸n a la configuraci贸n tradicional del principio de relatividad de los contratos. Afirma que la necesidad de interpretar las normas jur铆dicas conforme a la realidad actual (art. 3 Cc) y respetar los derechos de los consumidores (sobre todo, el art. 8.c) TRLGDCU) determina que no sea procedente separar los contratos mediante los que se articula una operaci贸n econ贸mica unitaria. Por lo tanto, falla la responsabilidad solidaria del fabricante del autom贸vil con el concesionario que lo ha vendido respecto del comprador final. Y de este modo salva el problema de la legitimaci贸n pasiva de Seat, SA en la primera demanda. Pero esta soluci贸n no es suficiente en el segundo procedimiento dado que el adquirente del veh铆culo no demand贸 al fabricante sino al distribuidor en Espa帽a.

En efecto, el adquirente de un Audi A3 propulsado por motor di茅sel tipo EA 189 no demand贸 a Volkswagen AG sino a Volkswagen Audi Espa帽a, SA, adem谩s de al concesionario. Pero el mayorista demandado no era parte de la compraventa, ni hab铆a fabricado el veh铆culo, ni hab铆a instalado el software conflictivo, de ah铆 que tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia provincial lo liberasen de responsabilidad.

En cambio, la alta instituci贸n judicial le atribuye legitimaci贸n procesal y le hace responsable de los da帽os y perjuicios causados al adquirente final. Fundamenta su decisi贸n en tres argumentos. El primero es que el distribuidor no s贸lo es una sociedad m谩s del grupo Volkswagen, sino que est谩 铆ntegramente participada por la matriz a trav茅s de otras sociedades del grupo. La segunda raz贸n es la doctrina de los actos propios (art. 7.1 Cc). Entiende que el Volkswagen Audi Espa帽a, SA asumi贸 la responsabilidad propia del fabricante en Espa帽a al enviar una carta a los compradores y usuarios de los veh铆culos del grupo 鈥渆n t茅rminos que solo el fabricante puede asumir, pues no solo reconoci贸 que 鈥榣a incidencia de los motores Di茅sel EA189鈥 afectaba al veh铆culo comprado por el demandante y le inst贸 a permanecer tranquilo respecto de la seguridad del veh铆culo, sino que adem谩s comunic贸 a los compradores c贸mo se abordar铆a la 鈥榠ncidencia鈥 y ofert贸 su realizaci贸n a trav茅s de 鈥榥uestros Servicios Oficiales鈥欌. El 煤ltimo argumento es de corte procesal: negar la legitimaci贸n del distribuidor obligar铆a a los afectados a litigar en Alemania o incrementar铆a en gran medida los gastos de hacerlo en Espa帽a, pues deber铆an traducir la documentaci贸n al alem谩n y, en su caso, promover la ejecuci贸n del fallo favorable en aquel pa铆s. Consecuentemente, el Tribunal Supremo falla la responsabilidad del fabricante (Seat, SA) en el primer caso y del distribuidor (Volkswagen Audi Espa帽a, SA) en el segundo.

3. El otro aspecto que merece destacarse es la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios. En ambas sentencias el Tribunal Supremo concede al comprador 500 euros, resultando muy escueta la explicaci贸n en el fallo 167/2020, de 11 de marzo y mucho m谩s prolija en el 561/2021, de 23 de julio. Se plantan diversas cuestiones al respecto. La primera es la causa de este resarcimiento. Aunque resulta poco transparente al respecto, la corte estima la acci贸n ejercitada subsidiariamente: la indemnizaci贸n de los da帽os derivados de no cumplir el veh铆culo las caracter铆sticas relativas a las emisiones de NOx. Segundo los 煤nicos perjuicios que se resarcen son los morales. En ning煤n momento entra a valorar otro tipo de da帽os. En la resoluci贸n de 2021 explica que se compensa la incertidumbre y el desasosiego derivados del descubrimiento de que el veh铆culo conten铆a un dispositivo que falseaba las pruebas de homologaci贸n, con consecuencias inciertas. Los magistrados otorgan valor al temor del comprador a verse privado de su autom贸vil, aunque fuera de forma temporal o s贸lo respecto de determinadas 谩reas. En cuanto a la prueba, aplica el principio del da帽o moral in re ipsa. Es decir, aunque no se haya demostrado su existencia y alcance, los tribunales pueden estimar que se produjo y calcular ponderativamente su montante a la luz de las circunstancias del caso. El Tribunal Supremo fija la suma total en 500 euros. Esta cantidad es muy inferior a las cifras solicitadas (11.376 euros por da帽os morales m谩s 6.644,71 por intereses y gastos de financiaci贸n en caso de nulidad o resoluci贸n y 15.020,12 en relaci贸n con la indemnizaci贸n por da帽os morales, de financiaci贸n y por la depreciaci贸n del veh铆culo), que considera harto desproporcionadas

鈥溾 tanto por la entidad de las implicaciones anudadas al descubrimiento del dispositivo de desactivaci贸n como, en este caso, la antig眉edad del veh铆culo, nueve a帽os, que necesariamente implicaba que una parte considerable de su vida 煤til hab铆a ya transcurrido y que por tanto las expectativas del comprador no pod铆an ser equiparables al del descubrimiento del fraude, por lo que os da帽os morales derivados de las incertidumbres a que se ha hecho referencia son menores para el demandante鈥.

4. La sentencia no merece una valoraci贸n positiva, pues puede incrementar la inseguridad jur铆dica. La raz贸n es que no precisa suficientemente en qu茅 casos cabe hacer una excepci贸n al principio de relatividad de los contratos, aunque cabe aplaudir la voluntad de adecuar las normas jur铆dicas a la realidad econ贸mica actual y reconocer que quiz谩s compete a la doctrina la labor que pedimos a la m谩xima autoridad judicial espa帽ola. No obstante, la explicaci贸n nos parece excesivamente parca. El Tribunal Supremo emplea dos criterios, el primero de los cuales la producci贸n y contrataci贸n en masa. Evidentemente no puede constituir el canon aplicable, puesto que convertir铆a el citado principio en excepci贸n cuando el art. 1257 Cc lo configura como regla general. El segundo criterio es la unidad econ贸mica de una diversidad de contratos, cuyos elementos principales se hallan en los extremos, que se hayan unidos por alg煤n tipo de v铆nculo jur铆dico. A pesar de su mayor plausibilidad, presenta un alto grado de indeterminaci贸n que dificulta en gran extremo su aplicaci贸n. Puede ser muy bienvenido por abogados que quieran cuestionar el status quo existente, pero igual sus clientes no est谩n muy contentos de pagar por ese riesgo.

La inseguridad jur铆dica tambi茅n est谩 presente en el c谩lculo de la indemnizaci贸n por da帽o moral, lo que no constituye novedad alguna. El Tribunal Supremo no explica qu茅 criterios utiliza para fijar el montante final. Sobre todo en el fallo de 2020, en que se limita a establecer la suma debida. Es cierto que en el de 2021 justifica por qu茅 considera desproporcionada la cifra solicitada por el demandante; pero no revela qu茅 elementos tiene en cuenta para determinar la cantidad impuesta.

Por otra parte, 500 euros parece una cantidad muy baja si tenemos en cuenta que, en la resoluci贸n 36/2021, de 25 de enero, el Juzgado de lo Mercantil n煤m. 1 de Madrid explica que

鈥溾 en Alemania VOLKSWAGEN ha alcanzado un acuerdo para indemnizar a los consumidores alemanes afectados por la manipulaci贸n del software de sus veh铆culos con unas cantidades que oscilan entre los MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.350 EUR) y los SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS (6.257 EUR) 鈥︹.

Consecuentemente, opta por una compensaci贸n de 3.000 euros. De ah铆 que los demandantes de los dos casos comentados les sabr谩 a poco la victoria; m谩s todav铆a si tenemos en cuenta que en el segundo litigio se le imponen las costas del concesionario. De ah铆 el t铆tulo de esta entrada.