1. La STS 171/2021, de 26 de marzo trata un tema que se plantea frecuentemente en la pr谩ctica, por lo que los abogados har谩n bien en tenerla muy presente al dise帽ar sus estrategias judiciales: el plazo de prescripci贸n de la acci贸n directa en el seguro de responsabilidad civil (art. 76 LCS). En el caso que nos ocupa, la acci贸n directa contra la aseguradora del subporteador responsable de la p茅rdida de las mercanc铆as. Su origen era una compraventa de tubos de acero entre una empresa italiana ubicada en Erba y otra espa帽ola de Revilla de Camargo (Cantabria). El porteador contratado por el vendedor italiano encarg贸 la ejecuci贸n del transporte a una compa帽铆a espa帽ola, que ten铆a suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil. El cargamento fue robado, el porteador indemniz贸 al cargador y repiti贸 judicialmente contra el subporteador ante el Tribunal de Como. El juez italiano estim贸 la demanda y conden贸 a la empresa de transportes espa帽ola a pagar la cantidad satisfecha al cargador. La sentencia devino firme. El porteador inici贸 acciones contra el asegurador de la responsabilidad civil para hacer efectiva la condena referida. El Juzgado de Primera Instancia desestim贸 la demanda al considerar que la acci贸n hab铆a prescrito, pero no en virtud del art. 23 LCS como hab铆a argumentado la defensa, sino del art. 32.1 del Convenio CMR. La Audiencia Provincial confirm贸 el fallo, mas vari贸 el fundamento jur铆dico: aplic贸 el art 1968.2 Cc. El Tribunal Supremo estima el recurso de casaci贸n y mantiene que la acci贸n no ha prescrito. Pero como las dos instancias anteriores no procedieron a la valoraci贸n de la prueba practicada ni entraron en el fondo, devuelve las actuaciones a la Audiencia.

2. Dos cuestiones esenciales se plantean en esta decisi贸n. La primera es el plazo de prescripci贸n de la acci贸n directa. Durante este procedimiento se plantearon tres posibilidades. La primera era la aplicaci贸n del art. 23 LCS. El Tribunal Supremo la rechaza:

鈥溾o es de aplicaci贸n el plazo de prescripci贸n del art. 23 de la Ley de Contrato de Seguro, toda vez que 茅ste opera en el marco de las relaciones contractuales propias de un contrato de dicha naturaleza, sin que entre el actor y la compa帽铆a aseguradora existan v铆nculos de tal clase.鈥

La segunda posibilidad era un a帽o de prescripci贸n ex art. 1968 Cc. Tampoco es de recibo, dado que no estamos ante una hip贸tesis de responsabilidad extracontractual. Es cierto que no exist铆a un v铆nculo contractual entre el porteador (contractual) y la entidad aseguradora del subporteador (porteador efectivo). Sin embargo, el Tribunal Supremo concibe la acci贸n directa como una suerte de garant铆a ex lege, a la que se aplica el r茅gimen jur铆dico de la relaci贸n entre el demandante y el asegurado (as铆, por ejemplo, STS 71/2014, de 25 de febrero, fundamento jur铆dico quinto); en nuestro caso, entre el porteador contractual y el porteador efectivo. Ahora bien, conviene detenerse en este punto. A nuestro modesto entender, el primero tendr铆a dos v铆as para actuar contra el segundo. La primera ser铆a repetir lo pagado al cargador (rectius, al acreedor del contrato de transporte [principal]), con lo cual seguramente se aplicar铆a la normativa del contrato de transporte que vincula a 茅ste con el porteador contractual. La segunda ser铆a exigir la responsabilidad del porteador efectivo en virtud del contrato que le vincula con el contractual; id est, contrato de (sub)transporte.

La tercera posibilidad era aplicar la ley que rige la relaci贸n entre la persona que ejercita la acci贸n y el asegurado. Al tratarse de un contrato de transporte internacional de mercanc铆as por carretera, era el Convenio CMR. Su art. 32.1 establece un plazo de un a帽o, que ampl铆a a tres en caso de dolo o culpa equivalente del porteador. Pues bien, es la tesis que acoge el Tribunal Supremo.

鈥溾l plazo de prescripci贸n ser谩 el que rija para el ejercicio del derecho que tiene el perjudicado frente a la entidad asegurada que en este caso es el propio de un contrato de transporte internacional de mercanc铆as, y, por consiguiente, el de uno o tres a帽os seg煤n resulta del juego normativo del art. 32 de la CMR鈥.

En particular, establece un plazo de 3 a帽os al considerar que s铆 existi贸 negligencia equiparable al dolo:

鈥淓n primer t茅rmino, el importante valor de las mercanc铆as transportadas de 150.695,02 euros, que exig铆a extremar la obligaci贸n de custodia. En segundo t茅rmino, el hecho concluyente de que se deje estacionado el remolque con la mercanc铆a en un aparcamiento para camiones fuera del pol铆gono industrial en donde se ubicaban los locales del destinatario, sin medidas de seguridad, ni vigilancia est谩tica o din谩mica acreditada, quedando los tubos de acero en el interior del remolque con lonas. Todo ello unido al dato significativo de que la subporteadora no se vuelve a interesar por la mercanc铆a, desde el d铆a 19 de diciembre de 2008 hasta el 7 de enero de 2009, que es cuando, al disponerse a entregarla, comprueba que fue sustra铆da, tal y como resulta de la denuncia formulada a la guardia civil, sin que, a consecuencia de ello, pudiera especificar la fecha concreta en que se produjo el delito denunciado.鈥

3. La segunda cuesti贸n que se plante贸 era la interrupci贸n de la prescripci贸n. Se discut铆a si se trataba de un supuesto de solidaridad propia o impropia pues, en la 煤ltima hip贸tesis, no operaba la interrupci贸n de la prescripci贸n. El TS lo rechaz贸:

鈥淟os hechos litigiosos no constituyen un supuesto de solidaridad impropia, en el que concurran una pluralidad de sujetos, que conjuntamente causen el siniestro sin posibilidad de determinaci贸n de la espec铆fica participaci贸n de cada uno de ellos en la g茅nesis del da帽o, ni es 茅ste causado por miembro indeterminado de un grupo, ni es consecuencia de un concurso entre la conducta culposa del causante material y la falta de activaci贸n de los mecanismos de prevenci贸n controlados por otro sujeto de derecho que lo hubiera evitado, sino ante un caso de incumplimiento de las obligaciones dimanantes de un contrato de transporte por negligencia contractual del demandado, que cuenta con su propia compa帽铆a de seguros que le da cobertura al siniestro objeto del litigio鈥. Sigue as铆 la doctrina que hab铆a mantenido con anterioridad en las sentencias 161/2019, de 14 de marzo y 709/2016, de 25 de noviembre, entre otras.

Por lo tanto, la acci贸n de repetici贸n qued贸 interrumpida en el momento en que se plante贸 la demanda contra el subporteador ante los tribunales italianos y se reanud贸 a partir de la sentencia condenatoria.