Carlos G贸rriz L贸pez

Month: September 2020

DISTRIBUCI脫N DE LOS GASTOS DEL PR脡STAMO HIPOTECARIO SEG脷N EL TJUE Y EL TS

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la distribuci贸n de los gastos que generan los contratos de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria. En efecto, ya lo hab铆a hecho no hace mucho en sus fallos 147/2018, 148/2018, de 15 de marzo y 48/2019, de 23 de enero. Y lo ha vuelto a hacer en su decisi贸n 457/2020, de 24 de julio. El inter茅s de la 煤ltima resoluci贸n deriva de que una semana antes el Tribunal de Justicia hab铆a fallado sobre el mismo tema en respuesta a cuestiones del Juzgado de Primera Instancia n煤m. 17 de Palma de Mallorca y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci贸n de Ceuta.

Nos referimos a la sentencia de 16 julio 2020 (C-224/19 y C-259/19), CY v Caixabank, SA y LG, PK v Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. En ella se posiciona sobre cuatro extremos: la imputaci贸n de los gastos de constituci贸n y cancelaci贸n de la hipoteca, la validez e imputaci贸n de la comisi贸n de apertura, la limitaci贸n en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cl谩usula abusiva y el r茅gimen nacional de distribuci贸n de costas en relaci贸n con cl谩usulas generales nulas.

En cuanto al primer tema, los gastos de constituci贸n y cancelaci贸n de la hipoteca, la autoridad judicial europea no entra a considerar si la cl谩usula en cuesti贸n es v谩lida o no, sino que hace consideraciones de car谩cter general. Recuerda que la nulidad comporta la ineficacia total: es como si la cl谩usula nunca hubiera existido. Por lo tanto, pueden aplicarse las disposiciones del ordenamiento nacional para suplirla. Y no hay mayor problema en que se llegue a la misma soluci贸n; es decir, en el caso que nos ocupa, que determinen que es el consumidor, en su condici贸n de prestatario, quien debe soportar los gastos de constituci贸n y cancelaci贸n de la hipoteca, si as铆 lo ha decidido el legislador interno. As铆 las cosas, responde a las cuestiones prejudiciales que se le formulan afirmando que, si las cl谩usulas sobre gastos de constituci贸n y cancelaci贸n de la hipoteca son nulas, el consumidor debe tener derecho a que se le restituyan las cantidades pagadas, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cl谩usula le impongan el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

A continuaci贸n el TJUE analiza la comisi贸n de apertura. Empieza reflexionando sobre las consecuencias de que forme parte del objeto principal del contrato y recuerda que, en todo caso, hay que realizar el control de transparencia.

鈥溾ncumbe al juez nacional comprobar, tomando en consideraci贸n el conjunto de circunstancias en torno a la celebraci贸n del contrato, si la entidad financiera ha comunicado al consumidor los elementos suficientes para que este adquiera conocimiento del contenido y del funcionamiento de la cl谩usula que le impone el pago de una comisi贸n de apertura, as铆 como de su funci贸n dentro del contrato de pr茅stamo鈥 (p谩rr. 70).

Ahora bien, en caso de que deba realizarse un control de contenido, la comisi贸n de apertura ser谩 abusiva, y por tanto nula, si no responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido. La raz贸n es que comporta un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. De ah铆 que el juez nacional deba comprobar si la entidad financiera ha demostrado que la comisi贸n responde a servicios efectivamente prestados y a gastos en que ha incurrido.

Otro de los temas sobre los que los tribunales espa帽oles piden posicionamiento al Tribunal de Justicia es la compatibilidad de la jurisprudencia nacional sobre el plazo para ejercitar las acciones de restituci贸n con el Derecho comunitario. La instituci贸n europea distingue entre las acciones de declaraci贸n de nulidad de una cl谩usula contraria al Derecho comunitario y las de restituci贸n de las cantidades debidamente impagadas al respecto. En cuanto a las primeras, recuerda que 鈥溾a protecci贸n que la Directiva otorga a los consumidores se opone a una normativa interna que proh铆be al juez nacional, al expirar un plazo de preclusi贸n, declarar el car谩cter abusivo de una cl谩usula inserta en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor (鈥)鈥 (p谩rrafo 81). En cuanto a la segunda, la protecci贸n del consumidor no es absoluta, siendo l铆cita la previsi贸n de plazos razonables preclusivos para exigir la restituci贸n de cantidades.

Como el ordenamiento comunitario no regula esta cuesti贸n, se aplican las disposiciones nacionales. Ahora bien, el legislador interno no tiene total libertad para regular esta cuesti贸n, sino que debe respetar los principios de equivalencia y efectividad. Parecer铆a que el plazo de cinco a帽os que establece el art. 1964.2 Cc es suficiente, puesto que en otras resoluciones el TJUE hab铆a considerado l铆citos t茅rminos de dos y tres a帽os[i]. Sin embargo, el dies a quo determina la incompatibilidad de la interpretaci贸n judicial sobre el art. 1964.2 con el Derecho comunitario. Seg煤n la autoridad europea, la jurisprudencia espa帽ola interpreta que el lapso de cinco a帽os empieza a correr en el momento de perfecci贸n del contrato de pr茅stamo con garant铆a hipotecario. Pero en ese momento el consumidor puede no ser consciente de que la o las cl谩usulas en cuesti贸n son abusivas o no percibir la amplitud de los derechos que le reconoce la Directiva. De ah铆 que el TJUE afirme que

鈥溾uede hacer excesivamente dif铆cil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relaci贸n con el principio de seguridad jur铆dica鈥.

El 煤ltimo tema sobre el que se pronuncia el Tribunal de Justicia es la distribuci贸n de las costas judiciales, ya que si no se estima la totalidad de la acci贸n de nulidad, el art. 394 LEC impone a cada parte las que haya causado y las comunes por mitad, salvo en caso de que exista temeridad. A pesar de que es un tema que cae dentro de la autonom铆a legislativa del legislador interno, pues el comunitario no ha entrado en este 谩mbito, debe respetar los principios de equivalencia y efectividad. Y seg煤n el TJUE no respeta el 煤ltimo: los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13, as铆 como el principio de efectividad 鈥溾e oponen a un r茅gimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en funci贸n del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a ra铆z de la declaraci贸n de la nulidad de una cl谩usula contractual por tener car谩cter abusivo, dado que tal r茅gimen crea un obst谩culo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del car谩cter potencialmente abusivo de cl谩usulas contractuales鈥 (p谩rr. 99).

El fallo del Tribunal Supremo engarza con el primero de los extremos analizados por la autoridad europea. Se pronuncia sobre el reparto de los gastos y tributos derivados de la constituci贸n de la hipoteca, puesto que se hab铆a ejercitado la acci贸n de nulidad de una cl谩usula contractual que rezaba:

鈥淨UINTA: Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparaci贸n, formalizaci贸n, subsanaci贸n, tramitaci贸n de escrituras, modificaci贸n -incluyendo divisi贸n, segregaci贸n o cualquier cambio que suponga alteraci贸n de la garant铆a- y ejecuci贸n de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, as铆 como por la constituci贸n, conservaci贸n y cancelaci贸n de su garant铆a, siendo igualmente a su cargo las primas y dem谩s gastos correspondientes al seguro de da帽os, que la parte prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la cl谩usula 11陋. [鈥鈥

La primera instancia y la Audiencia Provincial hab铆an estimado la demanda. El Tribunal Supremo acoge parcialmente el recurso formulado por la entidad de cr茅dito; en primer lugar, respecto de los gastos notariales y registrales y el impuesto de actos jur铆dicos documentados. Reconoce que la cl谩usula que imputa todos estos gastos al consumidor es nula por abusiva. Ahora bien, la consecuencia no es que el banco demandado deba cargar con todas estas cantidades, sino la aplicaci贸n de la normativa vigente. A la luz de la misma, la m谩xima autoridad judicial espa帽ola decide quien debe pagar las cantidades debidas, trayendo a colaci贸n sus sentencias 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo. Y afirma que no es la entidad de cr茅dito, sino que, conforme a la ley aplicable, la mayor parte de las cantidades gravan sobre el prestatario:

鈥渁) Respecto de la constituci贸n de la hipoteca en garant铆a de un pr茅stamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur铆dicos documentados es el prestatario.

b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jur铆dicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en funci贸n de la cuant铆a del acto o negocio jur铆dico que se documenta, ser谩 sujeto pasivo el prestatario.

c) En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jur铆dicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habr谩 que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario [鈥. Mientras que, respecto de las copias, habr谩 que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.

d) Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelaci贸n de hipotecas de cualquier clase est谩n exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad Actos Jur铆dicos Documentados que grava los documentos notariales鈥

En cuanto a los gastos de notar铆a, la normativa aplicable determina que deban repartirse por mitad los correspondientes al otorgamiento de la escritura. Y el mismo criterio rige los de modificaci贸n del pr茅stamo, pues las dos partes est谩n interesadas en la novaci贸n. En cambio, es el prestatario quien debe correr con los gastos de cancelaci贸n de la hipoteca, pues es el principal interesado. Y los gastos de las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el pr茅stamo hipotecario debe soportarlos quien las solicite 鈥溾n tanto que la solicitud determina su inter茅s鈥.

El RD 1427/1989, de 17 de noviembre, imputa los gastos del Registro de la Propiedad directamente a aqu茅l a cuyo favor se inscriba o anote el derecho. En su decisi贸n 48/2019, de 23 de enero, el Tribunal Supremo ya hab铆a afirmado que era el banco, dado que la garant铆a hipotecaria se inscribe a favor del prestamista.

[i] 鈥淟as acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco a帽os desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligaci贸n. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzar谩 cada vez que se incumplan.鈥

Art铆culo sobre la negociaci贸n de las relaciones futuras entre la Uni贸n Europea y el Reino Unido

He publicado un art铆culo sobre la negociaci贸n de las relaciones futuras entre la Uni贸n Europea y el Reino Unido en el n煤mero 83, de julio de 2020 de聽La Ley. Uni贸n Europea. Tras la retirada del 煤ltimo de la organizaci贸n internacional y la entrada en vigor del Acuerdo de salida, las dos partes intentan alcanzar un consenso sobre c贸mo se relacionar谩n a partir del 31 de diciembre de 2020. Aunque cab铆an otras interpretaciones, la Uni贸n impuso su ex茅gesis del art. 50 TUE de que los dos acuerdos (de Retirada y sobre las relaciones futuras) deb铆an ser sucesivos. Inicialmente hab铆a m煤ltiples alternativas sobre la configuraci贸n de su v铆nculo futuro, pero las partes han consensuado que se tratar谩 de un acuerdo de libre comercio. Tambi茅n pactaron una Declaraci贸n pol铆tica a finales de octubre del 2019, que deber铆a ser el paradigma del pacto final. Sin embargo, las negociaciones (de las que damos cuenta en el blog Brexit y libertad de establecimiento) evidencian que existen varias discrepancias importantes, como la utilizaci贸n del Acuerdo Econ贸mico y Comercial Global con Canad谩 como referente, la lealtad en la competencia, la pesca, la cooperaci贸n judicial y policial en materia penal, as铆 como la interpretaci贸n y aplicaci贸n del acuerdo. Explico resumidamente estas circunstancias en el art铆culo referido.

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