Dos sentencias recientes sobre la responsabilidad por deudas (art. 367 LSC)

El Tribunal Supremo se ha pronunciado dos veces recientemente sobre la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad ex art. 367 LSC. En ambos casos la clave resid铆a en uno de los presupuestos de la responsabilidad: en la concurrencia de la causa de disoluci贸n que desencadena los deberes de los administradores. En la sentencia 202/2020, de 28 de mayo se discut铆a si la falta de dep贸sito de las cuentas anuales (que finalmente s铆 fueron depositadas) en el Registro Mercantil permit铆a considerar acreditado que el patrimonio neto estaba por debajo de la mitad del capital social. As铆 lo hab铆a considerado la Audiencia Provincial: la m谩xima autoridad judicial espa帽ola explica que el demandante no hab铆a fundado la responsabilidad del administrador en la existencia de p茅rdidas; simplemente hab铆a alegado la falta de dep贸sito. Fue la segunda instancia quien recondujo esta alegaci贸n a la causa prevista en el art. 363.1.e) LSC.

El Tribunal Supremo no secunda esta correlaci贸n. En primer lugar subraya que la ley no hace responsable a los administradores de las deudas sociales por haber incumplido la obligaci贸n de la sociedad de depositar las cuentas anuales. Reconoce que la jurisprudencia menor ha utilizado este hecho (鈥減erif茅rico鈥) para acreditar la existencia del d茅ficit patrimonial o de inactividad social y admite que pueda dar lugar a una inversi贸n de la carga de la prueba, puesto que imposibilita a terceros el conocimiento de la situaci贸n econ贸mica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultaci贸n de la situaci贸n de insolvencia. Sin embargo, recuerda que la falta de dep贸sito de las cuentas anuales no constituye por s铆 sola una prueba directa de la concurrencia de la situaci贸n de p茅rdidas. Y niega que en este caso se pudiera considerarse acreditada la existencia de una causa de disoluci贸n:

鈥溾 aunque las cuentas de la sociedad deudora correspondientes al ejercicio del a帽o 2007 no se depositaron dentro del plazo legal, lo cierto es que, aunque extempor谩neamente, dichas cuentas se depositaron el 8 de enero de 2009. Por tanto, antes de la fecha de interposici贸n de la demanda rectora del presente pleito, momento en el que aquellas cuentas estaban ya publicadas en el Registro Mercantil (art. 281 LSC), decayendo con ello la base argumental del demandante, apoyada en la imposibilidad de conocimiento de la situaci贸n contable y patrimonial de la sociedad deudora.鈥

En el fallo 215/2020, de 1 de junio, se pronunci贸 sobre la determinaci贸n del patrimonio neto a efectos de calcular si baj贸 por debajo de la mitad del capital social. El dilema resid铆a en si deb铆a tomarse en consideraci贸n s贸lo el patrimonio neto o la suma del patrimonio neto con el pasivo, como sorprendentemente hab铆a interpretado la Audiencia Provincial. El TS se posiciona en sentido contrario: recurre a la normativa contable (art. 36.1 Ccom., y art. 4 .2 y .3 del RD 1514/2007) en apoyo de la literalidad del art. 363.1.e) LSC y afirma que hay no que sumar el pasivo al patrimonio neto al valorar si concurre la causa de disoluci贸n prevista en esa disposici贸n.

Al aplicar este criterio, falla que exist铆a causa de disoluci贸n y que, por lo tanto, el administrador deb铆a haber cumplido los deberes contractuales que imponen los arts. 356 y 366 LSC. Al no hacerlo deb铆a responder de las deudas sociales. Y aqu铆 se planteaba otra duda. El demandante solicitaba el pago de los c谩nones arrendaticios que no hab铆a abonado la compa帽铆a gestionada por el demandado. 脡ste aleg贸 que el contrato de arrendamiento era anterior a la aparici贸n de las p茅rdidas que, a la postre, hab铆an producido su responsabilidad; por lo tanto, las rentas debidas eran anteriores a la aparici贸n de causa de disoluci贸n. Pero el Tribunal Supremo no acept贸 esta argumentaci贸n dado que el contrato de arrendamiento de una nave industrial es de tracto sucesivo. Y en este tipo de contratos

鈥溾o cabe considerar que la obligaci贸n nazca en el momento de celebraci贸n del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestaci贸n en el marco de la relaci贸n de que se trate. Lo que significa, en el caso del arrendamiento, que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disoluci贸n han de considerarse obligaciones posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 367 LSC.鈥

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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