Carlos G贸rriz L贸pez

Month: July 2020

Falta de legitimaci贸n de una concursada para recurrir en casaci贸n (STS 389/2020, de 1 de julio)

En la STS 389/2020, de 1 de julio, se plantea un interesante problema de legitimaci贸n activa para plantear el recurso de casaci贸n porque la recurrente hab铆a sido declarada en concurso voluntario y la administraci贸n concursal no hab铆a autorizado este acto procesal. Pero el caso es m谩s complejo todav铆a: no estaba en concurso cuando fue demandada y, tras interponer el recurso, se aprob贸 un convenio concursal que produjo el levantamiento de los efectos del T铆tulo III de la Ley Concursal. Por lo tanto, al dictarse la sentencia la recurrente no estaba sometida a intervenci贸n concursal. No obstante, el Tribunal Supremo desestima el recurso por falta de legitimaci贸n activa.

鈥… apreciamos que el recurso de casaci贸n adolece de un defecto de legitimaci贸n activa, pues quien lo formul贸 estaba en ese momento bajo la intervenci贸n de la administraci贸n concursal y precisaba de su conformidad. Al no haberse prestado esta conformidad ni antes ni despu茅s de la interposici贸n del recurso, concurre un motivo de inadmisi贸n que en este momento se convierte en una causa de desestimaci贸n del recurso鈥.

Dos sentencias recientes sobre la responsabilidad por deudas (art. 367 LSC)

El Tribunal Supremo se ha pronunciado dos veces recientemente sobre la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad ex art. 367 LSC. En ambos casos la clave resid铆a en uno de los presupuestos de la responsabilidad: en la concurrencia de la causa de disoluci贸n que desencadena los deberes de los administradores. En la sentencia 202/2020, de 28 de mayo se discut铆a si la falta de dep贸sito de las cuentas anuales (que finalmente s铆 fueron depositadas) en el Registro Mercantil permit铆a considerar acreditado que el patrimonio neto estaba por debajo de la mitad del capital social. As铆 lo hab铆a considerado la Audiencia Provincial: la m谩xima autoridad judicial espa帽ola explica que el demandante no hab铆a fundado la responsabilidad del administrador en la existencia de p茅rdidas; simplemente hab铆a alegado la falta de dep贸sito. Fue la segunda instancia quien recondujo esta alegaci贸n a la causa prevista en el art. 363.1.e) LSC.

El Tribunal Supremo no secunda esta correlaci贸n. En primer lugar subraya que la ley no hace responsable a los administradores de las deudas sociales por haber incumplido la obligaci贸n de la sociedad de depositar las cuentas anuales. Reconoce que la jurisprudencia menor ha utilizado este hecho (鈥減erif茅rico鈥) para acreditar la existencia del d茅ficit patrimonial o de inactividad social y admite que pueda dar lugar a una inversi贸n de la carga de la prueba, puesto que imposibilita a terceros el conocimiento de la situaci贸n econ贸mica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultaci贸n de la situaci贸n de insolvencia. Sin embargo, recuerda que la falta de dep贸sito de las cuentas anuales no constituye por s铆 sola una prueba directa de la concurrencia de la situaci贸n de p茅rdidas. Y niega que en este caso se pudiera considerarse acreditada la existencia de una causa de disoluci贸n:

鈥溾 aunque las cuentas de la sociedad deudora correspondientes al ejercicio del a帽o 2007 no se depositaron dentro del plazo legal, lo cierto es que, aunque extempor谩neamente, dichas cuentas se depositaron el 8 de enero de 2009. Por tanto, antes de la fecha de interposici贸n de la demanda rectora del presente pleito, momento en el que aquellas cuentas estaban ya publicadas en el Registro Mercantil (art. 281 LSC), decayendo con ello la base argumental del demandante, apoyada en la imposibilidad de conocimiento de la situaci贸n contable y patrimonial de la sociedad deudora.鈥

En el fallo 215/2020, de 1 de junio, se pronunci贸 sobre la determinaci贸n del patrimonio neto a efectos de calcular si baj贸 por debajo de la mitad del capital social. El dilema resid铆a en si deb铆a tomarse en consideraci贸n s贸lo el patrimonio neto o la suma del patrimonio neto con el pasivo, como sorprendentemente hab铆a interpretado la Audiencia Provincial. El TS se posiciona en sentido contrario: recurre a la normativa contable (art. 36.1 Ccom., y art. 4 .2 y .3 del RD 1514/2007) en apoyo de la literalidad del art. 363.1.e) LSC y afirma que hay no que sumar el pasivo al patrimonio neto al valorar si concurre la causa de disoluci贸n prevista en esa disposici贸n.

Al aplicar este criterio, falla que exist铆a causa de disoluci贸n y que, por lo tanto, el administrador deb铆a haber cumplido los deberes contractuales que imponen los arts. 356 y 366 LSC. Al no hacerlo deb铆a responder de las deudas sociales. Y aqu铆 se planteaba otra duda. El demandante solicitaba el pago de los c谩nones arrendaticios que no hab铆a abonado la compa帽铆a gestionada por el demandado. 脡ste aleg贸 que el contrato de arrendamiento era anterior a la aparici贸n de las p茅rdidas que, a la postre, hab铆an producido su responsabilidad; por lo tanto, las rentas debidas eran anteriores a la aparici贸n de causa de disoluci贸n. Pero el Tribunal Supremo no acept贸 esta argumentaci贸n dado que el contrato de arrendamiento de una nave industrial es de tracto sucesivo. Y en este tipo de contratos

鈥溾o cabe considerar que la obligaci贸n nazca en el momento de celebraci贸n del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestaci贸n en el marco de la relaci贸n de que se trate. Lo que significa, en el caso del arrendamiento, que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disoluci贸n han de considerarse obligaciones posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 367 LSC.鈥

BEPI: STS 383/2020, de 1 de juliol

En la sentencia 383/2020, de 1 de julio, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre uno de los requisitos del Beneficio de Exoneraci贸n del Pasivo Insatisfecho: el pago del 25% del importe de los cr茅ditos concursales ordinarios (art. 178 bis .4潞 de la Ley Concursal). Sucintamente recuerda los presupuestos del BEPI: el concursado debe ser una persona f铆sica y el concurso debe haber terminado por liquidaci贸n o insuficiencia de la masa activa. En cuanto a los requisitos, explica que la exigencia de buena fe del deudor significa que el concurso no debe haber sido declarado culpable, que durante los diez a帽os anteriores a la declaraci贸n de concurso el deudor no haya sido condenado por determinados delitos patrimoniales y que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos que, al no haber tenido 茅xito, haya dado lugar al concurso consecutivo. Existen requisitos adicionales que aparecen alternativamente en los n煤meros 4 y 5 del art. 178 bis .3.聽 Se centra en los del n煤mero 4: deben haberse pagado todos los cr茅ditos contra la masa, los concursales privilegiados y al menos el 25% de los concursales ordinarios. Ahora bien, se dispensa la 煤ltima exigencia (pago del 25% de los cr茅ditos ordinarios) si el deudor ha intentado sin 茅xito un acuerdo extrajudicial de pagos. Y aqu铆 reside el dilema con que se enfrenta el Tribunal Supremo, pues la declaraci贸n de concurso fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que introdujo el expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Para resolverlo interpreta que es suficiente haber intentado un acuerdo equivalente.

Si no se hubiera podido acudir al expediente del acuerdo extrajudicial de pagos, ya sea porque no se reun铆an los requisitos del art. 231 LC, ya sea porque cuando se inst贸 el concurso ese expediente no hab铆a sido introducido en la ley, la exigencia del ordinal 4潞 de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo puede entenderse cumplido cuando constare un intento de acuerdo con los acreedores por un medio equivalente. Pero, como advert铆amos en esa sentencia 150/2019, de 13 de marzo, ese intento de acuerdo deb铆a contener una propuesta de un pago, al menos parcial, y sin perjuicio de que fuera fraccionado y demorado en el tiempo.

Este requisito se cumple en nuestro caso pues consta que se abri贸 la fase de convenio y que el deudor present贸 una propuesta de convenio que fue rechazada por los acreedores. Tambi茅n servir铆a una propuesta de acuerdo con un plan de pagos presentada a los acreedores con ocasi贸n de la comunicaci贸n del art. 5 bis LC, sin perjuicio de que deber铆a quedar constancia documental. En nuestro caso, como el tribunal de instancia declara probado que el deudor present贸 una propuesta de convenio que no alcanz贸 la aceptaci贸n de los acreedores exigida para su aprobaci贸n, debe entenderse cumplida la exigencia del ordinal 4潞 del art. 178 bis.3 LC para que pueda concederse al deudor la exoneraci贸n inmediata del pasivo insatisfecho sin necesidad de acreditar el pago del 25% del pasivo ordinario.

P茅rdida de equipaje en transporte a茅reo: 驴c贸mo calcular la cifra de indemnizaci贸n?

Es usual que en verano se pierdan muchos equipajes. Aunque el presente es at铆pico, no est谩 de m谩s traer a colaci贸n el fallo del Tribunal de Justicia de 9.7.2020 (C-86/19), SL y Vueling Airlines SA sobre la indemnizaci贸n de los perjuicios generados por la p茅rdida de las maletas en un transporte a茅reo entre Ibiza y Formentera, con escala en Barcelona. La controversia resid铆a en el montante del resarcimiento, pues el pasajero ped铆a la cifra m谩xima prevista en el art. 22.2 del Convenio de Montreal (1132 euros) y la aerol铆nea le ofrec铆a s贸lo 250 euros, argumentando que no hab铆a indicado el contenido, ni el valor o el peso del equipaje, y tampoco hab铆a aportado justificantes de las compras de reemplazo. El juzgado remitente observaba discrepancias en la jurisprudencia menor espa帽ola: unas sentencias consideran que la p茅rdida es el supuesto m谩s grave de da帽os al equipaje y el pasajero no necesita demostrar nada al respecto. Otras mantienen que el perjudicado debe probar los da帽os que ha sufrido y el juez decidir en virtud de los perjuicios acreditados.

La autoridad judicial europea desdobla la cuesti贸n prejudicial formulada en dos. La primera pregunta es si el art. 22.2 del Convenio de Montreal fija una indemnizaci贸n a tanto alzado, adeudada ipso iure al pasajero, o si se trata de un l铆mite m谩ximo de indemnizaci贸n. Se pronuncia a favor de la segunda interpretaci贸n en base a cuatro argumentos. En primer lugar, recuerda que ya fall贸 en ese sentido en su decisi贸n de 22.11.2012 (C-410/11), Espada S谩nchez y otros. Segundo, la posibilidad de declarar el valor del equipaje y que sirva para fijar la indemnizaci贸n prueba que la cifra prevista en el precepto referido es un l铆mite m谩ximo que incluye tanto los da帽os morales como los materiales. Tercero, los trabajos preparatorios acreditan que las cantidades indicadas en el art. 22 del Convenio de Montreal constituyen un l铆mite m谩ximo y no una cantidad fija a tanto alzado. Por 煤ltimo, niega la p茅rdida sea el supuesto de da帽os m谩s graves que se pueden causar al equipaje -aunque no indica cu谩l es el m谩s pernicioso. A la luz de estas razones, concluye que

鈥渆l art铆culo 17, apartado 2, del Convenio de Montreal, en relaci贸n con el art铆culo 22, apartado 2, del mismo Convenio, debe interpretarse en el sentido de que la cantidad prevista en esta 煤ltima disposici贸n en concepto de l铆mite de responsabilidad del transportista a茅reo en caso de destrucci贸n, p茅rdida, aver铆a o retraso del equipaje facturado, sin que medie declaraci贸n especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino, constituye una indemnizaci贸n m谩xima que no corresponde ipso iure y a tanto alzado al pasajero afectado. En consecuencia, incumbe al juez nacional determinar, dentro de ese l铆mite, el importe de la indemnizaci贸n adeudada al pasajero atendiendo a las circunstancias del caso concreto.鈥

La respuesta a la primera cuesti贸n genera una segunda: 驴c贸mo calcular la indemnizaci贸n hasta el m谩ximo fijado por el art. 22.2 del Convenio de Montreal? El Tribunal de Justicia explica que ya abord贸 este extremo en la resoluci贸n del caso Espada S谩nchez, que hemos citado, donde afirm贸 que corresponde al pasajero demostrar de forma suficiente en Derecho, y bajo el control del juez, el contenido de los efectos extraviados, los da帽os sufridos o los gastos en que ha incurrido para substituir los elementos desaparecidos. Ahora bien, como ni el Reglamento 2027/97 ni el Convenio de Montreal regulan este extremo, se aplica el Derecho nacional (principio de autonom铆a procesal). Con todo, aunque el pasajero no aporte evidencia alguna, la autoridad judicial europea afirma que el juez puede tener en cuenta todos los datos de que disponga, como el peso de los efectos extraviados o si se trataba del viaje de ida o de vuelta.

An谩lisis y valoraci贸n cr铆tica de la sentencia Dinosaurus vs Gallesaurus

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil n潞 8 de Barcelona 123/2019, de 3 de abril de 2019, resuelve la controversia surgida entre Galletas Artiach, S.A.U., y La Flor Burgalesa, S.L., partes demandante y demandada, respectivamente, en relaci贸n con la fabricaci贸n, ofrecimiento y comercializaci贸n por parte de la sociedad demandada de las galletas Gallesauros, cuya forma de dinosaurio fue considerada por la parte demandante como infractora de sus marcas registradas para fabricar y comercializar sus galletas Dinosaurus. Asimismo, dichos actos de fabricaci贸n, ofrecimiento y comercializaci贸n fueron considerados por Artiach como actos constitutivos de competencia desleal por inducir a confusi贸n al consumidor, constituir una imitaci贸n de las galletas Dinosaurus y suponer un aprovechamiento indebido de la reputaci贸n ajena.

En este sentido, la sentencia mencionada llev贸 a cabo un juicio de semejanza entre las marcas de ambas sociedades que le permiti贸 concluir la inexistencia de riesgo de confusi贸n entre los signos enfrentados y deneg贸 el car谩cter notorio de las marcas de la parte demandante.

Asimismo, consider贸 que el hecho de que la parte demandante pretendiera extender la protecci贸n jur铆dica que el ordenamiento confiere a las marcas tridimensionales sobre la forma de la galleta carec铆a de amparo legal, por cuanto (i) las marcas registradas de la parte demandante no son tridimensionales y (ii) la forma de las galletas, al representar diferentes especies de dinosaurios, pertenecen al dominio p煤blico por cuanto se refieren al mundo animal, de manera que no resulta apropiable ni registrable.

En lo que respecta a la acci贸n ejercitada de manera subsidiaria, la sentencia resolutoria del caso analiz贸 la compatibilidad del ejercicio de acciones basadas en la regulaci贸n marcaria y en la legislaci贸n de competencia desleal, cuya relaci贸n se basa en el principio de complementariedad relativa. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal cuando los elementos f谩cticos consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas. De este modo, descartada la infracci贸n marcaria y dado que los hechos alegados por la sociedad demandante para fundamentar ambas acciones son los mismos y no presentan facetas de desvalor distintas, el Juzgado Mercantil n潞 8 de Barcelona consider贸 que no cab铆a analizar si la demandada hab铆a actuado deslealmente, por cuanto dichos hechos entraban en la esfera de la protecci贸n jur铆dica conferida por la normativa marcaria.

Por todo lo anterior, la sentencia desestim贸 el caso, absolviendo a La Flor Burgalesa y condenando a Artiach a abonar las costas procesales.

Tras el an谩lisis exhaustivo de la resoluci贸n del Juzgado Mercantil n潞 8 de Barcelona, pude concluir que dicha sentencia cumple con los requisitos establecidos en el art铆culo 218 de la LEC, ya que es clara, precisa y congruente con las pretensiones de las partes, resuelve conforme a las normas aplicables al caso y motiva todos los razonamientos tanto f谩cticos como jur铆dicos que llevan a la desestimaci贸n de la demanda presentada por Artiach. Asimismo, resuelve conforme a los criterios establecidos por la doctrina y se sirve de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea y el Tribunal Supremo respecto de las distintas materias objeto de la controversia.

Finalmente, a modo de valoraci贸n personal, conviene destacar que comparto la argumentaci贸n jur铆dica respecto a la cual no pueden registrarse las diferentes especies de dinosaurios como forma de las galletas, por cuanto pertenecen al dominio p煤blico. Adem谩s, el hecho de permitir dicho registro generar铆a un monopolio por parte de Artiach de la comercializaci贸n de las galletas con forma de dinosaurio. No obstante, considero que la resoluci贸n analizada supone un perjuicio a la originalidad y a la innovaci贸n, puesto que Artiach es una empresa pionera en su sector, ya que tuvo una idea de negocio basada en la comercializaci贸n de unas galletas que atra铆an la atenci贸n de su p煤blico objetivo, los m谩s peque帽os, casando las ideas de alimentaci贸n y diversi贸n. De este modo, bajo mi punto de vista, la comercializaci贸n por parte de Florb煤 de unas galletas con forma de dinosaurio se aprovecha de la reputaci贸n de la parte demandante, no por generar confusi贸n acerca del origen empresarial de dicho producto, sino por medio de la explotaci贸n de una idea que ha tenido una gran acogida entre su p煤blico objetivo. Dicho aprovechamiento se ve acentuado por el hecho de que la parte demandada escogiera la forma de dinosaurio y no cualquier otra especie animal, ya que la primera era una f贸rmula que ya hab铆a sido probada con 茅xito en el mercado.

Sin embargo, esta sentencia sigue la tendencia de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni贸n Europea (EUIPO) de terminar con monopolios de marcas conocidas como en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de 31 de enero de 2019 que resuelve el caso Apple vs. Pear o la resoluci贸n de la EUIPO de 11 de enero de 2019 sobre el caso Big Mac vs. Supermac.

En conclusi贸n, esta l铆nea jurisprudencial crea un perjuicio a la idea innovadora de Artiach, de manera que debemos preguntarnos qu茅 prima m谩s: proteger y reconocer la innovaci贸n y la originalidad o la libertad de mercado permitiendo que un competidor se apropie de las ideas de otro.

En este sentido, cabe se帽alar que, a principios de junio, tras la presentaci贸n de mi trabajo de final de grado, la Audiencia Provincial de Barcelona fall贸 de manera pr谩cticamente opuesta a la sentencia del Juzgado Mercantil n潞 8 de Barcelona, estimando el recurso de apelaci贸n presentado por Artiach. Consider贸 que la marca Dinosaurus, denominativa y mixta, es notoria y que el grado de similitud existente entre los signos distintivos denominativos enfrentados es suficiente para producir en los consumidores un v铆nculo entre ambos, suponiendo as铆 un aprovechamiento indebido de la marca notoria. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona no considera infringidas las marcas gr谩ficas, por cuanto Artiach no puede pretender el monopolio de las galletas con forma de dinosaurio.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona conden贸 a La Flor Burgalesa (i) a cesar la actividad infractora, (ii) a retirar del mercado los productos infractores, embalajes, material comercial y cualesquiera otros documentos utilizados en la comercializaci贸n de las galletas Gallesauros y (iii) al pago del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos il铆citamente marcados durante los 5 a帽os inmediatamente anteriores a la interposici贸n de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese de la comercializaci贸n.

 

IRENE MOREIRO MART脥NEZ

ADE + Derecho. Universitat Aut貌noma de Barcelona

Competencia desleal e infracci贸n del Derecho de la Uni贸n

En nueva resoluci贸n sobre competencia desleal (STS 264/2020, de 8 de junio), el Tribunal Supremo niega que una empresa (Betfair) que ofrec铆a juegos de azar en l铆nea sin autorizaci贸n administrativa pero con una licencia emitida en Malta hubiera cometido un il铆cito. La demanda hab铆a sido interpuesta por un competidor (Codere), se refer铆a a la actividad realizada antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, Reguladora del Juego y se basaba en los arts. 15, 21, 23, 29.2 y 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), y 1,3 y 5.1 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en relaci贸n con el art. 18 LCD.

Santeri Viinam盲ki

El Tribunal Supremo confirma que antes de la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Juego, exist铆a una prohibici贸n general de los juegos de azar y que los ofrecidos por internet no estaban regulados. Pero esta prohibici贸n constitu铆a una restricci贸n a la libre prestaci贸n de servicios, que constituye uno de los principios b谩sicos del Derecho comunitario (art. 56 TFUE).

鈥溾a situaci贸n normativa anterior a la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Juego constitu铆a una restricci贸n excesiva de la libertad de prestaci贸n de servicios reconocida en el art. 49 CE, posteriormente 56 TFUE, que no guardaba proporci贸n con ninguno de los objetivos que legitiman las restricciones a esta libertad comunitaria y no era sistem谩tica ni coherente con la situaci贸n existente, en la que estas empresas de juego on line operaban p煤blicamente y desarrollaban una actividad publicitaria y de patrocinio, y eran sometidas incluso a exacciones fiscales.鈥

Dado que no estaba justificada, ni era necesaria, ni proporcionada, el incumplimiento de la prohibici贸n no pod铆a constituir una infracci贸n legal que fundamentara un acto de competencia desleal ex art. 15 LCD. El hecho de que la demanda contara con una licencia de otro Estado miembro otorgaba licitud a su actividad en Espa帽a y tambi茅n exclu铆a los il铆citos relacionados con los c贸digos de conducta y con la naturaleza y caracter铆sticas de los servicios.

聽鈥淩especto de las conductas previstas en los arts. 21.1.c y 23.1 LCD, la indicada contrariedad de la normativa nacional con el Derecho de la UE, que imped铆a obtener una autorizaci贸n por parte de las autoridades espa帽olas, y el hecho de que Betfair contara con una autorizaci贸n concedida en otro Estado miembro de la UE, excluye tambi茅n la comisi贸n de la conducta desleal prevista en tales preceptos legales por el hecho de que afirmara en su web que 鈥榙ispone de un n煤mero de licencias de juego que nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos de forma global y de manera justa y regulada鈥, licencias concedidas en varios Estados miembros que describ铆an a continuaci贸n.鈥

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén