Carlos Górriz López

Month: June 2020

De nuevo sobre la calificación de los “riders” (B v Yodel Delivery Network Ltd)

La calificación de los repartidores que trabajan para plataformas digitales sigue generando debate. La prensa informa de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha preparado un proyecto de ley en el que califica a los llamados riders como trabajadores por cuenta ajena (por ejemplo, aquí, aquí y aquí). Y también comenta que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en sentido contrario. Sí, es cierto, pero con muchos matices.

Se trata del Auto de 22 de abril de 2020 (C-692/19), B v Yodel Delivery Network Ltd, que trae causa del litigio entre un repartidor, el señor B, y la empresa de paquetería para la que trabaja (rectius, presta servicios) en exclusiva, Yodel Delivery Network Ltd. El contrato que les une califica a B como autónomo y no le obliga a realizar el servicio personalmente, sino que le permite utilizar un substituto o subcontratarlo. Igualmente, no le impone la exclusiva, sino que puede “trabajar” para otras empresas de reparto. Cuando llega un encargo, el repartidor tiene libertad para aceptarlo o no, decidir cuándo lo entrega, dentro de un determinado margen, y cuál es la ruta que va a utilizar a esos efectos. B dispone de su propio medio de transporte y su propio teléfono inteligente. La cuestión que se plantea es, evidentemente, si B es un trabajador por cuenta ajena o un autónomo.

Sorprende la forma de la resolución, pues no se trata de una sentencia sino de un auto. El Tribunal de Justicia explica que el art. 99 de su Reglamento de Procedimiento (Respuesta mediante un auto motivado) le permite recurrir a esta forma cuando la cuestión prejudicial versa sobre un tema sobre el que ya se ha pronunciado o cuando la respuesta no suscita ninguna duda razonable; pero no aporta ningún dato más. Hubiera agradecido que se explayara más en la justificación.

Recuerda que la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo no define al “trabajador”. No obstante, comenta que ya se ha pronunciado sobre ese extremo y que ha definido al trabajador por su subordinación a la persona para la que presta los servicios en cuanto a la organización y ejecución de estos. Así, en el fallo de 20 de noviembre de 2018 (C‑147/17), Sindicatul Familia Constanţa and Others, aseveró que: “el concepto de «trabajador» no puede ser objeto de una interpretación variable según los Derechos nacionales, sino que tiene un alcance autónomo propio del Derecho de la Unión. Debe definirse según criterios objetivos que caractericen a la relación laboral atendiendo a los derechos y los deberes de las personas interesadas. Pues bien, la característica esencial de la relación laboral radica en la circunstancia de que una persona realice, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución” (apartado 41).

Ahora bien, el Tribunal advierte que, al analizar si existe una relación de subordinación, hay que tomar en consideración todos los factores y circunstancias de la relación. En el caso analizado estima que no existe y que, por lo tanto, B es un autónomo y no un trabajador. Fundamenta su decisión en la libertad de que disfruta para llevar a cabo el encargo que le han hecho, pues puede rechazarlo, sin mayores consecuencias, o aceptarlo para subcontratarlo o hacerse substituir. Igualmente decide cuándo lo ejecutará, dentro de ciertos límites. Y el Tribunal también subraya que B tiene libertad para prestar servicios para terceros; incluso para competidores de Yodel Delivery Network, SL.

Así las cosas, es cierto que el Tribunal de Justicia califica al repartidor como autónomo, pero en virtud de las circunstancias particulares de su relación con la empresa para la que presta servicios. Debido a la importancia de todos los factores y elementos de la relación, es posible que mantenga la solución contraria cuando la persona que presta el servicio no disfruta de tanta libertad a la hora de organizar y realizar su actividad.

Si desean profundizar más en este caso, les recomiendo las entrada de dos laboralistas, mi compañero de Facultad Eduardo Rojo (aquí) y el profesor Ignasi Beltrán de Heredia (aquí).

Responsabilidad de Seat SA por el ‘dieselgate’: quiebra el principio de relatividad de los contratos (STS 167/2020, de 11 de marzo)

1. El pasado 11 de marzo el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy interesante que versa sobre el principio de relatividad de los contratos. Se trata del fallo 167/2020, de 11 de marzo relativo al caso dieselgate: Volkswagen instaló un software en sus vehículos que desactivaba las emisiones de NOx (combinación de óxido nítrico – NO- y dióxido de nitrógeno -NO2-) cuando detectaba que un automóvil estaba siendo sometido a control. Es decir, manipulaba los resultados para aparentar que sus vehículos contaminaban menos.

El origen de la resolución reside en la demanda interpuesta por la compradora de un Seat Ibiza contra el concesionario que se lo vendió y contra el fabricante del vehículo, Seat, S.A. Solicitaba, con carácter principal, la anulación de la compraventa por vicios del consentimiento o la resolución por incumplimiento más la indemnización de perjuicios morales. Subsidiariamente, pedía el resarcimiento de los daños materiales y morales derivados de no cumplir el vehículo las características, en lo relativo a emisiones, con que había sido ofertado y de la necesidad de someterlo a una modificación para eliminar el mecanismo instalado y cumplir los estándares de emisión de gases contaminantes.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Maó desestimó la demanda. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca estimó parcialmente el recurso de apelación, condenando al concesionario a pagar 500 euros en concepto de indemnización y absolviendo a Seat, SA, esencialmente por carecer de vínculo contractual con la demandante (sentencia 260/2017 de 7 de septiembre). El Tribunal Supremo revisa su decisión respecto del último extremo

2. La máxima autoridad judicial española considera acreditados los hechos y afirma que las acciones del Libro Tercero del TRLGDCU no resultan adecuadas para indemnizar la frustración del interés contractual del adquirente o los daños producidos porque el servicio no se ajustaba a lo contratado. Tampoco son aplicables las normas del Título V del Libro Segundo relativas a las garantía y servicios postventa, ya que se solicita la indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de compraventa debido a las deficiencias del vehículo. Conforme al art. 117 TRLCU deben aplicarse los preceptos del Código civil. Pero estas normas presentan el problema de la vigencia del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc. Al no ser parte de la compraventa, no se podría exigir la indemnización a Seat, SA (ni a la matriz del grupo y responsable de instalar el software). El Tribunal Supremo fuerza la interpretación de este principio para responsabilizar contractualmente al fabricante.

En efecto, explica que la concepción de los contratos “como unidades absolutamente independientes entre sí” resultaba adecuada cuando se aprobó el Código civil, pero entra en crisis al generalizarse la producción en masa. No es apropiada en la construcción y venta masiva de viviendas, pues el adquirente es quien sufre los perjuicios de la violación de las obligaciones del contratista o arquitecto, que no es parte del contrato de compraventa, aunque sí del de obra.

El Tribunal Supremo mantiene que lo mismo sucede en el sector del automóvil “…dados los especiales vínculos que se crean entre el fabricante, los concesionarios y los compradores, la importancia de la marca del fabricante, la fidelidad del consumidor a dicha marca, su influencia en la decisión del adquirente de un automóvil, y la afectación masiva, a una pluralidad de adquirentes, que suelen provocar los defectos de fabricación”. En este ámbito (fabricación, distribución y venta de vehículos), la realidad choca con la configuración de los contratos como unidades autónomas. Los elementos fundamentales de la relación se hallan en los extremos; son el fabricante y el comprador. Los sujetos intermedios, distribuidor y concesionario, tienen un papel menor.

“Entre el fabricante y el comprador final, pese a que formalmente no han celebrado un contrato entre sí, se establecen vínculos con trascendencia jurídica, como son los relativos a la prestación de la garantía, adicional a la prevista legalmente, que es usual en este sector, o la exigibilidad por el consumidor final de las prestaciones ofertadas en la publicidad del producto, que generalmente ha sido realizada por el propio fabricante y que integran el contrato de compraventa por el que el consumidor adquiere el vehículo. Además, con frecuencia, el importador y el distribuidor pertenecen al mismo grupo societario que el fabricante, o están integrados en una red comercial en la que el fabricante tiene un papel importante, como ocurre actualmente en las redes de distribuidores de automóviles.”

El Tribunal Supremo utiliza esta argumentación para extender las obligaciones del contrato de compraventa al fabricante, a pesar de no ser parte. Afirma que si el vehículo no reúne las circunstancias con las que fue ofertado, el responsable no es sólo el concesionario sino también el fabricante, pues lo puso en el mercado, la publicitó y su incumplimiento ha generado los daños cuya reparación se solicita. Limitar la obligación de indemnizar al vendedor perjudicaría injustamente los intereses del adquirente, que a la vez era consumidor.

“…el fabricante del vehículo no puede ser considerado como un penitus extranei, como un tercero totalmente ajeno al contrato. El incumplimiento del contrato de compraventa celebrado por el comprador final se debió a que el producto que el fabricante había puesto en el mercado a través de su red de distribuidores no reunía las características técnicas con que fue ofertado públicamente por el propio fabricante y, por tanto, le es imputable el incumplimiento”.

El Tribunal Supremo se ve obligado a forzar la exégesis del art. 1257 Cc y sustentarla en el principio sociológico de interpretación de las normas jurídicas (art. 3 Cc) y el derecho del consumidor al resarcimiento de los perjuicios sufridos (art. 8.c) TRLGDCU). De ahí que mantenga que “…el fabricante del automóvil tiene frente al adquirente final la responsabilidad derivada de que el bien puesto en el mercado no reúne las características técnicas anunciadas por el fabricante. Esta responsabilidad es solidaria con la responsabilidad del vendedor, sin perjuicio de las acciones que posteriormente este pueda dirigir contra aquel. Y, consecuentemente, procede reconocer al fabricante del vehículo la legitimación pasiva para soportar la acción de exigencia de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual consistente en que el vehículo adquirido por la compradora final demandante no reunía las características, en cuanto a emisiones contaminantes, con las que fue ofertado”. Consecuentemente, condena a Seat, SA y a Talleres Menorca, SA a indemnizar los daños morales causados.

3. A nuestro modesto entender, la sentencia resulta criticable porque genera inseguridad jurídica. Fuerza tanto el principio de relatividad de los contratos que desaparece. No cabe ninguna duda de que Volkswagen es responsable de la instalación del software que falseaba la información sobre las emisiones de NOx y, por lo tanto, debería reparar los perjuicios causados. Pero ni la matriz del grupo empresarial, ni Seat, SA son partes del contrato de compraventa con la demandante. De ahí que sea necesario fundamentar sólidamente que deben responder por el incumplimiento de las obligaciones que derivan de ese contrato. Y, con el debido respeto, el Tribunal Supremo no lo hace de forma convincente. Apelar al derecho de los consumidores a la reparación de los daños y perjuicios que sufren (art. 8.c TRLGDCU) y a la necesidad de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas (art. 3 Cc) no justifica que una persona que no es parte de un contrato deba responder de su incumplimiento. La ley no prevé expresamente una excepción semejante ni para los contratos singulares ni para los actos en masa. Además la máxima autoridad española no explica qué requisitos deben concurrir para no aplicar el principio de relatividad de los contratos, o para aplicar la exégesis que mantiene en esta sentencia. O sea, ¿no se aplica el art. 1257 Cc a los actos y contratos en masa? ¿Sólo cuando no coinciden los sujetos que fabrican y ponen en el mercado productos, los publicitan y los venden a los consumidores? ¿A partir de ahora responden todas las empresas qué son parte de la cadena de fabricación y distribución cuando un consumidor sufre daños porque el producto no reúne las condiciones publicitadas?

4. Para finalizar, cabe comentar que el Tribunal de Justicia está conociendo de una cuestión prejudicial sobre la competencia de los tribunales austríacos para conocer de una demanda por responsabilidad extracontractual formulada contra Volkswagen AG por una asociación de consumidores austríacos. El pasado 2 de abril el abogado general Manuel Campos Sánchez-Bordona publicó sus conclusiones, que pueden consultarse en https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3149390.

La STS 381/2019 abre una puerta a la cancelación de deuda pública

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 enciende un atisbo de luz a la posible cancelación de las deudas contraídas con la Administración pública, como Hacienda o Seguridad Social en el marco de un concurso de persona física. Se introduce así una gran oportunidad a deudores, empresarios o no, cuya deuda incluye un crédito público.

Sin embargo, la resolución en cuestión no abre tal puerta de forma expresa, por lo que debemos delimitar los pronunciamientos que en ella se hacen y que nos permite hacer tal afirmación.

¿Qué resuelve la sentencia?

Se viene a pronunciar sobre una demanda de incidente concursal presentada por la Abogacía del Estado, solicitando la denegación del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el marco de un concurso de persona física en el que una parte de crédito público no había sido satisfecho. Cabe recordar que el art. 178 bis de la Ley Concursal (LC), que regula la obtención del BEPI, prevé dos vías:

  1. Una obtención automática del apartado 4º del punto 3 de dicho artículo, por el que se obtiene el beneficio de forma automática. Habiendo satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa y los privilegiados, y si no se hubiese sometido a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) será necesario además satisfacer el 25% de los créditos ordinarios, el deudor se beneficiará de la obtención automática y definitiva del BEPI sin más trámite o
  2. Una obtención diferida del apartado 5º, sometiéndose a un plan de pagos autorizado por la autoridad judicial respecto aquellos créditos que no hayan sido satisfechos y que no puedan ser condonados (créditos contra la masa y con privilegio especial), siempre que:
    • No haya incumplido el deber de colaboración en la tramitación del concurso;
    • No haya obtenido este beneficio en los últimos 10 años;
    • No haya rechazado una oferta de empleo en los últimos 4 años acorde a su capacidad; y que
    • Acepte la publicación de la obtención provisional de dicho beneficio en el Registro Público concursal durante un plazo de 5 años, siendo definitiva si en este plazo el deudor no ha venido “a mejor fortuna”.

En el caso que nos ocupa, el deudor solicita la obtención diferida del BEPI respecto de un crédito frente a AEAT, la cual se opone a la concesión del beneficio por tener naturaleza pública. En respuesta, el deudor concursado propone un plan de pagos, a lo que la AEAT se vuelve a oponer. Se basa en que el párrafo tercero del punto 6 del art. 178 bis establece que “… respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”. Este precepto deja el crédito público fuera  del alcance del AEP sometido a control judicial al que hacemos referencia anteriormente (art. 178bis.5 LC) necesario para la obtención diferida del BEPI.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo, realiza un exhaustivo análisis de la finalidad del artículo en cuestión y del procedimiento en general, siendo ésta la concesión de una segunda oportunidad a aquellos deudores que cargan con un nivel de deuda de imposible satisfacción. Pone de relieve una clara contradicción de este fin con el hecho de que una parte del crédito quede supeditada a una normativa distinta a la concursal, pues iría en detrimento del resto de acreedores (pars conditio creditorum). Esto podría suponer, por ejemplo, que el pago de intereses de demora del IRPF se realizara antes que el pago de una pensión de alimentos debida frente a un hijo.

Para evitar esta situación, y siendo éste el aspecto novedoso que introduce la sentencia, la máxima instancia judicial española interpreta que las deudas derivadas de un crédito público pendientes de pago en el momento de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, en el marco de la obtención diferida del BEPI (art. 178bis.3.5), han de incorporarse al AEP que requiere dicho precepto, por tanto sometido a la aprobación judicial por parte del órgano que conoce del concurso y no a su normativa específica.

¿Por qué esta novedad abre la puerta a la exoneración de crédito público?

Como hemos visto, la sentencia examinada no se pronuncia sobre la condonación del crédito público, al menos no de forma expresa o directa. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el punto 8 del art. 178bis de la LC. Dispone  que una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del AEP sin que éste se hubiera cumplido en su totalidad, pero el deudor hubiese destinado al menos la mitad de los ingresos inembargables percibidos durante un plazo de 5 años desde la concesión provisional del BEPI, o una cuarta parte de los ingresos si el deudor tuviera se encontrara en umbral de exclusión, el juez podrá igualmente conceder el BEPI de forma definitiva.

De esta manera, aunque no se hubiera cumplido el AEP aprobado judicialmente, aun quedando pendiente parte de deuda pública, y el deudor hubiese destinado todos los medios a su alcance para su cumplimiento, el juez concederá el Beneficio de Exoneración de forma definitiva, condonando así la deuda pública pendiente de pago.

Mario Córdoba Galán

Graduado en Derecho

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