Tributaci贸n de plataformas y econom铆a colaborativa

1. Acabo de publicar un art铆culo sobre econom铆a colaborativa en la Revista Jur铆dica de Catalunya. Su t铆tulo es 鈥Les principals q眉estions de l鈥檈conomia col路laborativa鈥 y aparece en el n煤m. 4 de 2019, en las p谩ginas 891 a 928. Como su t铆tulo da a entender, expongo los principales aspectos de este fen贸meno (Airbnb, Uber, Glovo, Deliveroo, etc. Parto de las consideraciones que la Comisi贸n Europea hizo en su Comunicaci贸n: Una Agenda Europea para la econom铆a colaborativa, Bruselas 2.6.2016 (COM/2016/0356 final). Pero actualizo la informaci贸n, valoro cr铆ticamente las soluciones que ofrece la instituci贸n europea, la doctrina y la jurisprudencia y, cuando es necesario, propongo otras.

Tras abordar brevemente el concepto y la regulaci贸n del fen贸meno, examino la validez de las restricciones de acceso al mercado, respecto de la que hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia: el caso Airbnb Ireland. A continuaci贸n analizo la responsabilidad de las plataformas colaborativas. Tras referirme sucintamente a la protecci贸n de datos, explico la responsabilidad por los servicios prestados y comento (c贸mo no) el caso Uber. El tercer extremo diseccionado es la protecci贸n del consumidor. Expongo los criterios que ofrecen la Comisi贸n y el Tribunal de Justicia a la hora de determina quien es consumidor y cuando puede disfrutar del r茅gimen tuitivo. Critico sus soluciones y aprovecho para referirme al caso TripAdvisor, al que ya dediqu茅 una entrada anterior. Acto seguido examino la condici贸n del prestador de servicios como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. Planteo el dilema jur铆dico, critico la respuesta de la Comisi贸n, explico los nuevos criterios de laboralidad, as铆 como la propuesta de crear un tertium genus. El 煤ltimo extremo es la tributaci贸n, respecto del que expongo los principales problemas y las propuestas de futuro.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en

2. Razones de espacio, tiempo y conocimientos determinaron que quedasen pendientes otros temas, reflexiones e informaciones. Aprovecho esta ocasi贸n para apuntar uno de ellos a ra铆z de una reciente decisi贸n del Tribunal de Justicia: la sentencia de 3 de marzo de 2020 (C鈥482/18), Google Ireland Limited y Nemzeti Ad贸- 茅s V谩mhivatal Kiemelt Ad贸- 茅s V谩migazgat贸s谩ga.

La instituci贸n judicial europea valora la compatibilidad de la Ley h煤ngara XXII de 2014, relativa al impuesto sobre la publicidad con el Derecho comunitario; en particular, con el art. 56 TFUE (libre prestaci贸n de servicios). La Ley 聽grava la publicidad o difusi贸n de publicidad por internet predominantemente en h煤ngaro. Obliga a todas las empresas que difundan publicidad en ese idioma a darse de alta ante la Administraci贸n Tributaria h煤ngara. Este organismo impuso una multa de 31.000 euros a Google Ireland Limited por incumplir la citada obligaci贸n. Y como segu铆a sin cumplir, fijo nuevas sanciones en los cuatro d铆as siguientes hasta llegar al astron贸mico montante de 3,1 millones de euros. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Budapest que debe conocer del recurso interpuesto por la multinacional sancionada plantea siete cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En su respuesta, aborda esencialmente dos temas.

Primero, la obligaci贸n de darse de alta ante la Administraci贸n Tributaria h煤ngara no es contraria al art. 56 TFUE. Es una mera formalidad administrativa que no genera unos costes que desincentiven la prestaci贸n de servicios. Es cierto que los residentes en Hungr铆a no necesitan cumplirla. Pero la instituci贸n judicial entiende que no constituye un trato discriminatorio. En primer lugar, est谩n exentos porque deben haberse dado de alta con anterioridad en relaci贸n con otros tributos. Segundo, obligar a los residentes h煤ngaros constituir铆a una 鈥渇ormalidad administrativa in煤til, toda vez que la referida obligaci贸n de informaci贸n tiene precisamente por objeto que dicha Administraci贸n pueda identificar a los sujetos pasivos del impuesto sobre la publicidad鈥. Tercero, estas gestiones no son m谩s gravosas que las que deben realizarse para registrarse en virtud de otro impuesto o para inscribirse en el Registro Mercantil.

Segundo, las sanciones impuestas por no ofrecer la informaci贸n exigida son contrarias al Derecho de la Uni贸n. Es cierto que la ley no distingue entre residentes y no residentes. Sin embargo, las multas s贸lo recaen sobre los 煤ltimos, dado que los prestadores de servicios h煤ngaros est谩n exentos de la obligaci贸n cuyo incumplimiento genera la penalidad. La raz贸n es que ya est谩n registrados como contribuyentes. Por otra parte, las sanciones son muy superiores y se incrementan mucho m谩s r谩pido que las previstas en el r茅gimen general. Consecuentemente, 鈥溾l r茅gimen sancionador controvertido en el litigio principal constituye una restricci贸n a la libre prestaci贸n de servicios, en principio prohibida en el art铆culo 56 TFUE鈥 (p谩rr. 44).

Ahora bien, la restricci贸n puede ser l铆cita si est谩 justificada y es necesaria y proporcionada. Pero no cumple esto requisitos. El TJUE concede que las sanciones pueden ser id贸neas para desincentivar el incumplimiento de la ley y permitir al Estado controlar la eficacia del impuesto. Sin embargo, la Ley va m谩s all谩 de lo necesario y es desproporcionada: 鈥渘o existe correlaci贸n alguna entre el aumento exponencial, en plazos especialmente breves, del importe acumulado de las multas, que puede ascender a varios millones de euros, y la gravedad del incumplimiento, en tales plazos, de la formalidad administrativa que constituye la obligaci贸n de informaci贸n establecida en el art铆culo 7/B, apartado 1, de la Ley relativa al impuesto sobre la publicidad. Por lo tanto, resulta que el importe de las multas impuestas se establece sin considerar el volumen de negocios que constituye la base imponible del impuesto que se supone debe recaudarse鈥 (p谩rr. 50).

3. A pesar de que la sentencia afirma que la Ley es incompatible con el Derecho de la Uni贸n, el problema no reside tanto en el hecho imponible como en la sanci贸n. No se cuestiona que se pueda imponer un impuesto a una empresa no residente por prestar un servicio en Hungr铆a; o mejor dicho, por hacer publicidad en h煤ngaro. Y la raz贸n de elegir ese hecho imponible reside en la habilidad que tienen las plataformas econ贸micas para 鈥渂urlar鈥 la legislaci贸n tributaria. Gracias a la ingenier铆a financiera y corporativa, organizan su estructura y actividad del modo que les sea m谩s beneficioso para pagar menos impuestos. Esa realidad, combinada con la falta de respuesta de la Uni贸n Europea, obliga a los legisladores nacionales a aguzar el ingenio para conseguir que las multinacionales digitales contribuyan tributariamente. Por eso, es probable que otros pa铆ses repliquen esta iniciativa legislativa o la mejoren. Esperemos que con un r茅gimen sancionador menos desproporcionado.

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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