Carlos G贸rriz L贸pez

Month: April 2020

Tributaci贸n de plataformas y econom铆a colaborativa

1. Acabo de publicar un art铆culo sobre econom铆a colaborativa en la Revista Jur铆dica de Catalunya. Su t铆tulo es 鈥Les principals q眉estions de l鈥檈conomia col路laborativa鈥 y aparece en el n煤m. 4 de 2019, en las p谩ginas 891 a 928. Como su t铆tulo da a entender, expongo los principales aspectos de este fen贸meno (Airbnb, Uber, Glovo, Deliveroo, etc. Parto de las consideraciones que la Comisi贸n Europea hizo en su Comunicaci贸n: Una Agenda Europea para la econom铆a colaborativa, Bruselas 2.6.2016 (COM/2016/0356 final). Pero actualizo la informaci贸n, valoro cr铆ticamente las soluciones que ofrece la instituci贸n europea, la doctrina y la jurisprudencia y, cuando es necesario, propongo otras.

Tras abordar brevemente el concepto y la regulaci贸n del fen贸meno, examino la validez de las restricciones de acceso al mercado, respecto de la que hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia: el caso Airbnb Ireland. A continuaci贸n analizo la responsabilidad de las plataformas colaborativas. Tras referirme sucintamente a la protecci贸n de datos, explico la responsabilidad por los servicios prestados y comento (c贸mo no) el caso Uber. El tercer extremo diseccionado es la protecci贸n del consumidor. Expongo los criterios que ofrecen la Comisi贸n y el Tribunal de Justicia a la hora de determina quien es consumidor y cuando puede disfrutar del r茅gimen tuitivo. Critico sus soluciones y aprovecho para referirme al caso TripAdvisor, al que ya dediqu茅 una entrada anterior. Acto seguido examino la condici贸n del prestador de servicios como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. Planteo el dilema jur铆dico, critico la respuesta de la Comisi贸n, explico los nuevos criterios de laboralidad, as铆 como la propuesta de crear un tertium genus. El 煤ltimo extremo es la tributaci贸n, respecto del que expongo los principales problemas y las propuestas de futuro.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en

2. Razones de espacio, tiempo y conocimientos determinaron que quedasen pendientes otros temas, reflexiones e informaciones. Aprovecho esta ocasi贸n para apuntar uno de ellos a ra铆z de una reciente decisi贸n del Tribunal de Justicia: la sentencia de 3 de marzo de 2020 (C鈥482/18), Google Ireland Limited y Nemzeti Ad贸- 茅s V谩mhivatal Kiemelt Ad贸- 茅s V谩migazgat贸s谩ga.

La instituci贸n judicial europea valora la compatibilidad de la Ley h煤ngara XXII de 2014, relativa al impuesto sobre la publicidad con el Derecho comunitario; en particular, con el art. 56 TFUE (libre prestaci贸n de servicios). La Ley 聽grava la publicidad o difusi贸n de publicidad por internet predominantemente en h煤ngaro. Obliga a todas las empresas que difundan publicidad en ese idioma a darse de alta ante la Administraci贸n Tributaria h煤ngara. Este organismo impuso una multa de 31.000 euros a Google Ireland Limited por incumplir la citada obligaci贸n. Y como segu铆a sin cumplir, fijo nuevas sanciones en los cuatro d铆as siguientes hasta llegar al astron贸mico montante de 3,1 millones de euros. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Budapest que debe conocer del recurso interpuesto por la multinacional sancionada plantea siete cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En su respuesta, aborda esencialmente dos temas.

Primero, la obligaci贸n de darse de alta ante la Administraci贸n Tributaria h煤ngara no es contraria al art. 56 TFUE. Es una mera formalidad administrativa que no genera unos costes que desincentiven la prestaci贸n de servicios. Es cierto que los residentes en Hungr铆a no necesitan cumplirla. Pero la instituci贸n judicial entiende que no constituye un trato discriminatorio. En primer lugar, est谩n exentos porque deben haberse dado de alta con anterioridad en relaci贸n con otros tributos. Segundo, obligar a los residentes h煤ngaros constituir铆a una 鈥渇ormalidad administrativa in煤til, toda vez que la referida obligaci贸n de informaci贸n tiene precisamente por objeto que dicha Administraci贸n pueda identificar a los sujetos pasivos del impuesto sobre la publicidad鈥. Tercero, estas gestiones no son m谩s gravosas que las que deben realizarse para registrarse en virtud de otro impuesto o para inscribirse en el Registro Mercantil.

Segundo, las sanciones impuestas por no ofrecer la informaci贸n exigida son contrarias al Derecho de la Uni贸n. Es cierto que la ley no distingue entre residentes y no residentes. Sin embargo, las multas s贸lo recaen sobre los 煤ltimos, dado que los prestadores de servicios h煤ngaros est谩n exentos de la obligaci贸n cuyo incumplimiento genera la penalidad. La raz贸n es que ya est谩n registrados como contribuyentes. Por otra parte, las sanciones son muy superiores y se incrementan mucho m谩s r谩pido que las previstas en el r茅gimen general. Consecuentemente, 鈥溾l r茅gimen sancionador controvertido en el litigio principal constituye una restricci贸n a la libre prestaci贸n de servicios, en principio prohibida en el art铆culo 56 TFUE鈥 (p谩rr. 44).

Ahora bien, la restricci贸n puede ser l铆cita si est谩 justificada y es necesaria y proporcionada. Pero no cumple esto requisitos. El TJUE concede que las sanciones pueden ser id贸neas para desincentivar el incumplimiento de la ley y permitir al Estado controlar la eficacia del impuesto. Sin embargo, la Ley va m谩s all谩 de lo necesario y es desproporcionada: 鈥渘o existe correlaci贸n alguna entre el aumento exponencial, en plazos especialmente breves, del importe acumulado de las multas, que puede ascender a varios millones de euros, y la gravedad del incumplimiento, en tales plazos, de la formalidad administrativa que constituye la obligaci贸n de informaci贸n establecida en el art铆culo 7/B, apartado 1, de la Ley relativa al impuesto sobre la publicidad. Por lo tanto, resulta que el importe de las multas impuestas se establece sin considerar el volumen de negocios que constituye la base imponible del impuesto que se supone debe recaudarse鈥 (p谩rr. 50).

3. A pesar de que la sentencia afirma que la Ley es incompatible con el Derecho de la Uni贸n, el problema no reside tanto en el hecho imponible como en la sanci贸n. No se cuestiona que se pueda imponer un impuesto a una empresa no residente por prestar un servicio en Hungr铆a; o mejor dicho, por hacer publicidad en h煤ngaro. Y la raz贸n de elegir ese hecho imponible reside en la habilidad que tienen las plataformas econ贸micas para 鈥渂urlar鈥 la legislaci贸n tributaria. Gracias a la ingenier铆a financiera y corporativa, organizan su estructura y actividad del modo que les sea m谩s beneficioso para pagar menos impuestos. Esa realidad, combinada con la falta de respuesta de la Uni贸n Europea, obliga a los legisladores nacionales a aguzar el ingenio para conseguir que las multinacionales digitales contribuyan tributariamente. Por eso, es probable que otros pa铆ses repliquen esta iniciativa legislativa o la mejoren. Esperemos que con un r茅gimen sancionador menos desproporcionado.

Insuficiente titulaci贸n del capit谩n y seguro mar铆timo

El Tribunal Supremo ha declarado que la insuficiente titulaci贸n del capit谩n excluye la cobertura del seguro cuando es la causa del siniestro. Se trata de la sentencia 160/2020, de 10 de marzo. Tiene su origen en el hundimiento de un buque palangrero en aguas internacionales por causas desconocidas. Pese a exigir un seguro de casos y otro de pesca, la aseguradora se neg贸 a satisfacer la indemnizaci贸n al estimar que el buque no estaba en condiciones de navegabilidad en el momento del hundimiento. Aleg贸 que la persona que ejerc铆a las funciones de capit谩n carec铆a de titulaci贸n suficiente, por lo que la embarcaci贸n no contaba con la dotaci贸n m铆nima de seguridad. Interesa destacar que el art. 5.e) de las condiciones generales de ambos seguros exclu铆a la cobertura en caso de que el buque no estuviera en condiciones de navegabilidad. No obstante, el Tribunal Supremo le priva de eficacia, dado que la aseguradora no hab铆a facilitado el clausulado al asegurado. Con todo, aplica el art. 756 Ccom., dado que todav铆a no hab铆a entrado en vigor la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima cuando se produjeron los hechos, cuyo apartado 7.潞 conduce a un resultado parecido:

鈥淣o responder谩n los aseguradores de los da帽os y perjuicios que sobrevengan a las cosas aseguradas por cualquiera de las causas siguientes, aunque no se hayan excluido en la p贸liza: 鈥

7.潞 Falta de los documentos prescritos en este C贸digo, en las ordenanzas y reglamentos de marina o de navegaci贸n u omisiones de otra clase del capit谩n, en contravenci贸n de las disposiciones administrativas, a no ser que se haya tomado a cargo del asegurador la barater铆a del patr贸n.鈥

El Tribunal Supremo explica que este precepto exige una relaci贸n de causalidad entre la infracci贸n y el siniestro. Considera que s铆 exist铆a en el caso: la falta de titulaci贸n suficiente del capit谩n y el incumplimiento de las condiciones m铆nimas de seguridad del buque fueron la causa del naufragio. En relaci贸n a la primera, afirma que genera una presunci贸n de impericia que se vio confirmada por realidad de la actuaci贸n del capit谩n:

鈥溾a conducta del Sr.聽 Juan Pablo merece un claro reproche y fue causal en la g茅nesis del resultado da帽oso acaecido. Manifiesta que se entera de la v铆a de agua por el jefe de m谩quinas pese a lo cual no baja a comprobar lo sucedido, lo que llama poderosamente la atenci贸n; lejos de ello permaneci贸 en el puente, dando la se帽al de naufragio para proceder al rescate de la tripulaci贸n. En este primer momento, con subversi贸n del orden natural del mando, act煤a bajo las 贸rdenes del jefe de m谩quinas, autorizando el abandono del buque por indicaci贸n y juicio de aqu茅l.

En claro incumplimiento de sus funciones no dio tampoco ninguna orden de cierre de las puertas estancas de los diversos compartimentos del barco para garantizar su nivel de flotabilidad, ni comprob贸 tal circunstancia, pese a que se trataba de una operaci贸n de f谩cil ejecuci贸n, ni la situaci贸n era tan alarmante cuando el barco, con los compartimientos estancos sin cerrar, a煤n tarda unas diez horas en hundirse.

El jefe de m谩quinas declar贸 ser conocedor de que la sala de m谩quinas cuenta con tres cierres para estancarla y que si se cierran se crea una reserva de flotabilidad, pero pese a ello 煤nicamente cierra dos de dichas puertas, dejando una tercera, la correspondiente al guardacalor, abierta, lo que conforma un comportamiento dif铆cil de concebir para una tripulaci贸n m铆nimamente consciente de sus obligaciones, con una absoluta falta de control del patr贸n del barco, manifiestamente sobrepasado por lo que ocurr铆a y carecer de la cualificaci贸n precisa para actuar ante una situaci贸n como la acontecida.

Se abandona el buque, en menos de una hora, y se hunde unas 10 horas despu茅s, pese a no cerrarse las puertas de los diversos compartimientos del barco. Tampoco se hace ning煤n intento para salvar el buque. Incluso el perito, ingeniero naval Sr. Carmelo, sostiene que el buque, con el agua confinada en la sala de m谩quinas, conservar铆a un coeficiente de flotabilidad suficiente para no hundirse. Tampoco, por supuesto, se orden贸 aligerar la carga del buque a tales efectos. Ni se realiz贸 gesti贸n alguna para conseguir el salvamento de la embarcaci贸n, siendo obligaci贸n adem谩s dimanante del contrato de seguro (art. 17 de la LCS)[i] e impuesta al capit谩n del barco por las leyes del mar.鈥

El Tribunal Supremo concluye que la falta de cualificaci贸n de la tripulaci贸n fue la causa del siniestro. Y a帽ade que el armador era consciente de ello, como se desprende del hecho que intentara justificarlo alegando las dificultades de contratar personal cualificado.

Tambi茅n consideran que la insuficiencia de la titulaci贸n del capit谩n excluye la cobertura la STS 12.12.1988, RJ\1988\9432, aunque a帽ade que el asegurado actu贸 con negligencia grave al contratar un capit谩n sin titulaci贸n suficiente, y la SAP Pontevedra 556/2012, de 5 de noviembre. No obstante, estas dos resoluciones destacan que las condiciones generales exclu铆an de la cobertura la innavegabilidad del buque por falta de titulaci贸n suficiente del capit谩n.

Esta resoluci贸n puede servir para interpretar el r茅gimen actual. La Ley de Navegaci贸n Mar铆tima obliga al asegurado a mantener la navegabilidad del buque durante la duraci贸n de la cobertura (art. 444). Aunque no establece expresamente ninguna consecuencia para el incumplimiento, cabe interpretar que desaparece la cobertura del seguro, dado que el asegurado ha incumplido una obligaci贸n esencial. Y como acertadamente razona la doctrina[ii], no es necesario que concurra dolo o culpa grave, pues la ley trata esta cuesti贸n en un precepto diferente (art. 419)[iii]. As铆, a la luz de la sentencia que referimos, cabr谩 mantener que el art. 444 LNA excluye la cobertura del seguro de cascos en caso de innavegabilidad del buque cuando exista una relaci贸n de causalidad entre esta circunstancia y el siniestro.

[i] Confirmando su doctrina, el Tribunal Supremo mantiene que la Ley de Contrato de Seguro se aplica supletoriamente al seguro mar铆timo.
[ii] L贸pez Quiroga, Julio: 鈥淓l seguro mar铆timo de buques鈥, en Emparanza Sobejano, Alberto y Mart铆n Osante, Jos茅 Manuel (Dirs.): Comentarios sobre la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima, Marcial Pons, Madrid et al., 2015, 662 ss.
[iii] El Tribunal Supremo entendi贸 que la contrataci贸n de un capit谩n que carec铆a de titulaci贸n suficiente constitu铆a una negligencia grave que exclu铆a la cobertura del delito (STS 12.12.1988, RJ\1988\9432). Con todo, tambi茅n mantuvo que el riesgo en cuesti贸n estaba excluido por las condiciones generales del contrato de seguro.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén