El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el 铆ndice IRPH

El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia dict贸 la esperada sentencia sobre el 铆ndice IRPH (C-125/18, Marc G贸mez del Moral Guasch y Bankia, S.A.). Como los medios de comunicaci贸n se han hecho eco de la misma y ya me hab铆a ocupado de las conclusiones del Abogado General en una entrada anterior, voy a ser muy escueto en la presente. Me limito a exponer los cuatro aspectos esenciales de la decisi贸n.

Primero, la corte europea afirma que s铆 es aplicable la normativa nacional que transpone la Directiva 93/13/CEE. La raz贸n es que no concurren los dos requisitos que el art. 1.2 exige para excluir su eficacia: la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 no obligaba a utilizar un 铆ndice de referencia oficial; se limitaba fijar los requisitos que deb铆a cumplir un 铆ndice para que las entidades de cr茅dito pudieran utilizarlos. Por lo tanto, el IRPH no fue impuesto por una norma legal imperativa.

Segundo, todas las cl谩usulas de un contrato con consumidores deben cumplir con las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia. Si el Derecho nacional ha incorporado el art. 4.2 de la Directiva, como es el caso de Espa帽a seg煤n el Gobierno espa帽ol y Bankia, no se valorar谩 el car谩cter abusivo de una cl谩usula que se refiera al objeto principal del contrato, siempre que se haya redactado de forma clara y comprensible. O sea, todas las cl谩usulas quedan sometidas a los controles de incorporaci贸n y transparencia.

Tercero, hay que informar al consumidor acerca de las condiciones contractuales y de las consecuencias de la celebraci贸n del contrato antes de su conclusi贸n. No es suficiente que las cl谩usulas sean comprensibles en un plano formal y gramatical. La exigencia de transparencia requiere que 鈥溾l consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, est茅 en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de c谩lculo de dicho tipo de inter茅s y de valorar as铆, bas谩ndose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias econ贸micas, potencialmente significativas, de tal cl谩usula sobre sus obligaciones financieras鈥. El TJUE asevera que el juez nacional debe valorar que los elementos principales relativos al c谩lculo del tipo de inter茅s resultaban f谩cilmente asequibles a cualquier persona que tuviera inter茅s en contratar un pr茅stamo hipotecario al estar especificados en la Circular 8/1990, publicada en el B.O.E. Y tambi茅n pide que se otorgue relevancia a la obligaci贸n que pesaba sobre las cajas de ahorros de informar a sus clientes sobre la evoluci贸n del IRPH durante los dos a帽os naturales anteriores a la celebraci贸n del contrato.

La 煤ltima cuesti贸n tiene especial inter茅s porque el Abogado General no se pronunci贸 sobre la misma. Tiene por objeto la sustituibilidad del 铆ndice. Es decir, en caso de que el IRPH sea nulo, 驴el juez nacional debe sustituir ese 铆ndice por otro legal o imponer al prestatario la obligaci贸n de devolver el capital prestado en los plazos estipulados sin el abono de intereses? El TJUE recuerda que la regla general es que una cl谩usula nula es ineficaz y no cabe sustituirla por otra. Ahora bien, el juez nacional debe hacer una excepci贸n cuando el contrato no pueda substituir sin esa cl谩usula y la desaparici贸n del mismo perjudicar铆a al consumidor. Parece que el Tribunal considere que as铆 sucede en el litigio de fondo porque subraya que el IRPH fue reemplazo por un 铆ndice sustitutivo en virtud de la disposici贸n adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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