Carlos G贸rriz L贸pez

Month: March 2020

Firma de las cl谩usulas limitativas de un contrato de seguro (STS 140/2020)

Si una cl谩usula limitativa se incluye en las condiciones generales, 驴es suficiente, a los efectos del art. 3 LCS, con que el asegurado firme las condiciones particulares que contienen una cl谩usula que remite a las generales? El Tribunal Supremo responde negativamente en la sentencia 140/2020, de 2 de marzo.

Explica la doctrina que mantuvo en sus fallos 402/2015, de 14 de julio; 76/2017, de 9 de febrero y 520/2017, de 27 de diciembre. A la luz de la misma afirma que no se exige que se firme cada una de las cl谩usulas limitativas. Pero no es suficiente con la firma del contrato general ni con la firma de las condiciones particulares cuando la cl谩usula limitativa objeto de controversia aparece entre las generales, a pesar de que exista una remisi贸n de aqu茅llas a 茅stas.

鈥渟i 鈥 las condiciones particulares se remiten a las cl谩usulas limitativas que aparezcan en las condiciones generales que se entregan al tomador/asegurado, este deber谩 铿乺mar tambi茅n estas condiciones generales鈥

Escisi贸n y acci贸n pauliana: STJUE 20.1.2020 (C-394/18)

驴Pueden los acreedores de una sociedad escindida ejercitar la acci贸n pauliana para que se declare la ineficacia de la operaci贸n respecto de sus cr茅ditos? La respuesta parecer铆a negativa dado que no se halla entre los medios de tutela que les dispensa la normativa societaria. El art. 146 de la Directiva 2017/1132 se remite al Derecho nacional[i]. La Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LMESM) contempla tres medidas: el derecho de oposici贸n, la responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias, junto a la escindida si subsiste, y la impugnaci贸n de la fusi贸n ex art. 47 en virtud del 73 LMESM. Cabr铆a a帽adir la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios en virtud del primer precepto de la LMESM. Sin embargo, no parecer铆a posible ejercitar la acci贸n revocatoria a la luz del primer apartado del art. 47: 鈥淣inguna fusi贸n podr谩 ser impugnada tras su inscripci贸n siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley.鈥

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha afirmado que s铆 cabe en su sentencia de 20.1.2020 (C-394/18), IGI Srl y Maria Grazia Cicenia et al. Responde a una cuesti贸n prejudicial sobre los arts. 12 y 18 de la Sexta Directiva (no se refiere a la Directiva 2017/1132 puesto que los hechos son anteriores a su entrada en vigor). Y aunque la sociedad escindida no era una an贸nima ni la escisi贸n era total, se declara competente pues el legislador italiano decidi贸 aplicar las normas que transponen aquella Directiva a todas las sociedades de capital:

鈥溾 los art铆culos 2503, 2504聽quater, 2506聽ter聽y 2506聽quater, 煤ltimo p谩rrafo, del C贸digo Civil, cuya aplicaci贸n al caso de autos solicitan las partes en el litigio principal, transponen al Derecho nacional los art铆culos 12 y 19 de la Sexta Directiva.鈥

La instituci贸n europea responde que los acreedores de la escindida cuyo cr茅dito haya nacido antes de la escisi贸n pueden ejercitar una acci贸n pauliana para que se declare que la escisi贸n no surte efectos frente a ellos y pueden entablar acciones de ejecuci贸n sobre el patrimonio transmitido. Aunque la Sexta Directiva no la contempla expresamente, su art. 12.2 establece un sistema m铆nimo de protecci贸n de los intereses de los acreedores. Al ser m铆nimo, los Estados Miembros pueden a帽adir otros mecanismos de tutela. Es el caso de la acci贸n pauliana en el Derecho italiano. Refuerza su argumentaci贸n con el Considerando octavo de la Sexta Directiva, que ordena proteger a los acreedores de la sociedad escindida para que la operaci贸n no les perjudique.

En respuesta a la segunda pregunta, diferencia la acci贸n pauliana de la nulidad de la escisi贸n. La 煤ltima implica la cancelaci贸n (desde la perspectiva del Derecho espa帽ol, m谩s bien ineficacia total) del acto y sus efectos son erga omnes. En cambio, la primera s贸lo protege a los acreedores y no invalida totalmente la operaci贸n:

聽鈥溾e limita a hacer inoponible la escisi贸n en cuesti贸n y, en particular, la transmisi贸n de determinados bienes de los mencionados en el acto de escisi贸n. Esta acci贸n no afecta a la validez de la escisi贸n, no implica su cancelaci贸n ni surte efectos聽erga omnes.鈥

Por lo tanto, no est谩 comprendida dentro del concepto de nulidad a que se refiere el art铆culo 19 de la Sexta Directiva.

[i] 鈥1. Las legislaciones de los Estados miembros prever谩n un sistema de protecci贸n adecuado de los intereses de los acreedores de las sociedades que participen en la escisi贸n, para las deudas nacidas con anterioridad a la publicaci贸n del proyecto de escisi贸n y a煤n no vencidas en el momento de esta publicaci贸n.鈥

El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el 铆ndice IRPH

El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia dict贸 la esperada sentencia sobre el 铆ndice IRPH (C-125/18, Marc G贸mez del Moral Guasch y Bankia, S.A.). Como los medios de comunicaci贸n se han hecho eco de la misma y ya me hab铆a ocupado de las conclusiones del Abogado General en una entrada anterior, voy a ser muy escueto en la presente. Me limito a exponer los cuatro aspectos esenciales de la decisi贸n.

Primero, la corte europea afirma que s铆 es aplicable la normativa nacional que transpone la Directiva 93/13/CEE. La raz贸n es que no concurren los dos requisitos que el art. 1.2 exige para excluir su eficacia: la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 no obligaba a utilizar un 铆ndice de referencia oficial; se limitaba fijar los requisitos que deb铆a cumplir un 铆ndice para que las entidades de cr茅dito pudieran utilizarlos. Por lo tanto, el IRPH no fue impuesto por una norma legal imperativa.

Segundo, todas las cl谩usulas de un contrato con consumidores deben cumplir con las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia. Si el Derecho nacional ha incorporado el art. 4.2 de la Directiva, como es el caso de Espa帽a seg煤n el Gobierno espa帽ol y Bankia, no se valorar谩 el car谩cter abusivo de una cl谩usula que se refiera al objeto principal del contrato, siempre que se haya redactado de forma clara y comprensible. O sea, todas las cl谩usulas quedan sometidas a los controles de incorporaci贸n y transparencia.

Tercero, hay que informar al consumidor acerca de las condiciones contractuales y de las consecuencias de la celebraci贸n del contrato antes de su conclusi贸n. No es suficiente que las cl谩usulas sean comprensibles en un plano formal y gramatical. La exigencia de transparencia requiere que 鈥溾l consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, est茅 en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de c谩lculo de dicho tipo de inter茅s y de valorar as铆, bas谩ndose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias econ贸micas, potencialmente significativas, de tal cl谩usula sobre sus obligaciones financieras鈥. El TJUE asevera que el juez nacional debe valorar que los elementos principales relativos al c谩lculo del tipo de inter茅s resultaban f谩cilmente asequibles a cualquier persona que tuviera inter茅s en contratar un pr茅stamo hipotecario al estar especificados en la Circular 8/1990, publicada en el B.O.E. Y tambi茅n pide que se otorgue relevancia a la obligaci贸n que pesaba sobre las cajas de ahorros de informar a sus clientes sobre la evoluci贸n del IRPH durante los dos a帽os naturales anteriores a la celebraci贸n del contrato.

La 煤ltima cuesti贸n tiene especial inter茅s porque el Abogado General no se pronunci贸 sobre la misma. Tiene por objeto la sustituibilidad del 铆ndice. Es decir, en caso de que el IRPH sea nulo, 驴el juez nacional debe sustituir ese 铆ndice por otro legal o imponer al prestatario la obligaci贸n de devolver el capital prestado en los plazos estipulados sin el abono de intereses? El TJUE recuerda que la regla general es que una cl谩usula nula es ineficaz y no cabe sustituirla por otra. Ahora bien, el juez nacional debe hacer una excepci贸n cuando el contrato no pueda substituir sin esa cl谩usula y la desaparici贸n del mismo perjudicar铆a al consumidor. Parece que el Tribunal considere que as铆 sucede en el litigio de fondo porque subraya que el IRPH fue reemplazo por un 铆ndice sustitutivo en virtud de la disposici贸n adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

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