Carlos G贸rriz L贸pez

Month: February 2020

Supresi贸n del l铆mite de indemnizaci贸n del porteador (STS 99/2020, de 12 de febrero)

El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre un tema de gran inter茅s te贸rico. En la sentencia 99/2020, de 12 de febrero, analiza la validez de una cl谩usula que exclu铆a el l铆mite de indemnizaci贸n en relaci贸n con un contrato de transporte terrestre de mercanc铆as. Es decir, exclu铆a la aplicaci贸n del art. 61.3 LCTTM. La cl谩usula en cuesti贸n rezaba: 鈥溾l proveedor ser谩 responsable de todas las p茅rdidas o da帽os que se produzcan en los bienes entregados por GEOL para su transporte por Megabiaga鈥. El porteador recurri贸 en casaci贸n al considerar que la Audiencia Provincial hab铆a infringido el precepto citado al otorgar eficacia a la cl谩usula. Subray贸 que no se hab铆a realizado ninguna declaraci贸n de valor ni se hab铆a pagado ning煤n suplemento al porte. El Tribunal Supremo estima su petici贸n.

Empieza recordando que la limitaci贸n de la deuda indemnizatoria constituye un principio general b谩sico de la normativa del contrato de transporte. Subraya que no s贸lo beneficia al porteador sino tambi茅n a los intereses de la carga, ya que permite asegurar la responsabilidad del primero y abarata el precio del acarreo. 鈥淒e este modo, la limitaci贸n de responsabilidad del porteador constituye una f贸rmula de reparto de los riesgos de la operaci贸n entre las partes que produce efectos beneficiosos en la econom铆a del contrato, tanto desde la perspectiva del transporte en s铆 como de su aseguramiento鈥.

A continuaci贸n examina las tres previsiones del art铆culo 61 respecto de la limitaci贸n de la responsabilidad del porteador. Las dos primeras son las declaraciones de valor y de inter茅s. Interpreta el precepto en el sentido de que la eficacia de las dos declaraciones est谩 condicionada a su incorporaci贸n a la carta de porte (鈥減actos cartulares鈥) y al pago de un suplemento al precio consignado en la carta de porte.

El apartado 3.潞 permite incrementar los l铆mites de indemnizaci贸n previstos en el art铆culo 57 LCTTM. No es necesario que el pacto aparezca en la carta de porte. Las razones son que el apartado 3.潞 no lo prev茅, a diferencia de los dos anteriores, y que la letra m) del art. 10.1 tampoco hace referencia a 茅l al especificar el contenido de t铆tulo de transporte. Ahora bien, el Tribunal Supremo s铆 considera imperativo que se pacte una cantidad superior a la prevista, dada la letra del precepto. Igualmente, debe pagarse el suplemento de porte. Recurre a la finalidad del l铆mite de indemnizaci贸n para sustentar su afirmaci贸n: 鈥淪i atendemos a la finalidad de una mejor distribuci贸n de riesgos que beneficie la econom铆a del contrato, a que hemos hecho antes referencia, no parece l贸gico incrementar el riesgo de una parte sin contraprestaci贸n alguna. Sobre todo, en casos de desequilibrio contractual entre grandes cargadores, que pueden imponer sus condiciones, y peque帽os o medianos transportistas鈥.

La autoridad judicial concluye la nulidad de la cl谩usula porque contraviene el art. 61.3 LCTTM: permite aumentar el l铆mite de la deuda resarcitoria, pero no suprimirla haciendo responsable al porteador de todas las p茅rdidas o da帽os sufridos por las mercanc铆as transportadas.

No comparto la soluci贸n del Tribunal Supremo. Aunque la sentencia est谩 bien fundamentada, humildemente creo que se aferra demasiado a la letra de la ley y no otorga un peso suficiente a otros principios y normas presentes en la normativa del contrato de transporte. En cuanto a la necesidad de que las declaraciones de valor y de inter茅s est茅n previstas en la carta de porte, es cierto que los arts. 10 y 61 LCTTM as铆 parecen exigirlo y que la misma impresi贸n genera el Convenio CMR, en el que se inspir贸 el legislador espa帽ol. Ahora bien, cabe recordar que este t铆tulo de porte es contingente y no necesario. Puede existir un contrato de transporte terrestre de mercanc铆as v谩lido y eficaz pese a que no se haya emitido la carta. 驴En ese caso no cabr铆an declaraciones de valor ni de inter茅s?

Algo parecido sucede con el suplemento de porte. Es cierto que las normas referidas aluden siempre a este elemento y parecen configurarlo como una condici贸n necesaria para la eficacia de las declaraciones de valor y de inter茅s, as铆 como para elevar el montante del l铆mite de la deuda resarcitoria. Pero el principio de autonom铆a de la voluntad tiene un rango superior. Y este principio permite al porteador renunciar a percibir el suplemento de flete. 驴Por qu茅 neg谩rselo? No tiene porque ser una respuesta a presiones abusivas de su contraparte; puede ser una estrategia empresarial para conseguir mayor competitividad. Y lo mismo cabe decir respecto del l铆mite de indemnizaci贸n: el porteador debe poder renunciar a este beneficio y asumir frente a su cliente una responsabilidad ilimitada. Cabe recordar que es el principio general que rige la responsabilidad de los empresarios: deben indemnizar todos los da帽os y perjuicios que generen.

Responsabilidad del suministrador por producto defectuoso

El Tribunal Supremo aclara diversas dudas sobre la responsabilidad del suministrador por productos defectuosos (art. 138.2 TRLGDCU) en su sentencia 34/2020, de 21 de enero. El caso versaba sobre una pr贸tesis de cadera que hab铆a sido reemplazada y que hab铆a generado da帽os. Interesa subrayar que hab铆a una cierta confusi贸n entre el fabricante y el suministrador, puesto 茅ste utilizaba un anagrama en el que se hac铆a referencia al productor.

Tras explicar que la responsabilidad del suministrador es excepcional y subsidiaria, subraya que la finalidad de los arts. 3.3 Directiva 85/374 y 138.2 TRLGDCU es facilitar la indemnidad de la v铆ctima en el supuesto de que el productor no puede ser identificado. De ah铆 que no sea precisa una imposibilidad absoluta de identificaci贸n del 煤ltimo para que el primero responda, sino que baste con que a la v铆ctima no le sea razonablemente f谩cil hacerlo. En segundo t茅rmino, el suministrador est谩 obligado a informar sobre qui茅n es el fabricante. No es suficiente que afirme no ser 茅l para excluir su responsabilidad. Debe especificar qui茅n es el productor o qui茅n le ha suministrado el producto. 鈥溾 el requisito de proporcionar tal informaci贸n en un 鈥榩lazo razonable鈥, en el sentido del art铆culo 3, apartado 3, de la Directiva 85/374, implica la obligaci贸n, a cargo del suministrador demandado por un perjudicado, de comunicar a 茅ste, por iniciativa propia y de manera diligente, la identidad del productor o de su propio suministrador鈥. En cuanto al plazo de tres meses de que el art. 138.2 establece para identificar al fabricante, el Tribunal Supremo niega que sea necesaria un requerimiento previo y fija el inicio del lapso en el momento en que el perjudicado entra en contacto con el suministrador para informarle de que un producto que ha comercializado le ha producido da帽os.

Aplica este razonamiento al caso y confirma la sentencia recurrida, que hab铆a condenado al suministrado demandado puesto

“… que la demandante no conoc铆a la identidad del fabricante como consecuencia de la confusi贸n entre entidades que reflejaba toda la documental existente; que la demandada, ante los requerimientos que recibi贸 de la demandante no actu贸 correctamente, no indic贸 a la demandante cu谩l era la empresa fabricante de la pr贸tesis, y contribuy贸 a mantener dicha confusi贸n, dando por v谩lidas las comunicaciones que se le hac铆an, sin indicar que no era la fabricante y expresar la identidad de quien lo era; que la demandada comunic贸 la identidad del fabricante al contestar a la demanda, cuando ya hab铆an transcurrido tres meses desde que recibi贸 la primera comunicaci贸n de la v铆ctima.”

Pr茅stamo vs apertura de cr茅dito

En la sentencia 693/2019, de 18 de diciembre, el Tribunal Supremo debe decidir si un determinado contrato es de pr茅stamo o de apertura de cr茅dito en relaci贸n con la validez de la cl谩usula que permit铆a a la entidad de cr茅dito resolver anticipadamente el contrato ante el impago de alguna de las cuotas.

Tras explicar que son dos contratos de activo creados para financiar a los clientes, explica sus diferencias:

El de pr茅stamo es un contrato por el que la entidad bancaria entrega una suma de dinero determinada, oblig谩ndose quien la recibe a restituir la totalidad del capital en las condiciones pactadas y a pagar los correspondientes intereses. A falta de una regulaci贸n espec铆fica del pr茅stamo bancario de dinero, se le aplican los arts. 311 a 324 del C贸digo de Comercio (CCom) y, supletoriamente, lo dispuesto en el C贸digo Civil (CC).

La apertura de cr茅dito es un contrato at铆pico, aunque se le menciona en el art. 175.7 CCom. Conocido tambi茅n como cuenta de cr茅dito o l铆nea de cr茅dito, consiste en un acuerdo por el que una entidad de cr茅dito (acreditante) se obliga a poner a disposici贸n de un cliente (acreditado) un determinado capital por un cierto plazo, en forma de l铆mite m谩ximo; y con cargo al cual se obliga a entregar las cantidades que el cliente solicite, de acuerdo con los t茅rminos pactados, mediante el pago de una comisi贸n de apertura y al tipo de inter茅s pactado sobre las cantidades efectivamente dispuestas (鈥).

Confirma la sentencia recurrida al considerar que se trata de un contrato de pr茅stamo y no de apertura de cr茅dito. La raz贸n es que la cantidad prestada fue dispuesta de una sola vez y los clientes fueron devolvi茅ndola mediante sumas peri贸dicas del mismo importe, conforme al cuadro de amortizaciones estipulado en el contrato. Consecuentemente la cl谩usula litigiosa era nula.

Casos b谩sicos de Derecho Internacional Privado con sus soluciones

Rafael Arenas Garc铆a, compa帽ero de Facultad y sin embargo, ha tenido la gentileza de obsequiarme con un ejemplar de su 煤ltimo libro: Casos b谩sicos de Derecho Internacional Privado con sus soluciones, Atelier, Barcelona, 2020, 243 p谩ginas. Como su t铆tulo da a entender, se trata de una recopilaci贸n de supuestos pr谩cticos de Derecho Internacional Privado. Se enmarca dentro de los cambios docentes que venimos introduciendo los profesores de Derecho con el fin de adecuar las ense帽anzas de nuestras asignaturas a la idea de que el sistema debe girar alrededor del aprendizaje del estudiante. Es decir, lo importante no es son (s贸lo) los contenidos que el profesor desea transmitir, sino el trabajo y el aprendizaje del alumno, tanto los conocimientos sustanciales como las habilidades y competencias que adquiere.

La obra se estructura en catorce lecciones, que recogen el contenido esencial de la asignatura tal como se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Aut贸noma de Barcelona. Las dos primeras tienen un contenido general e introductorio, pues se refieren al cl谩sico trinomio concepto, sistema y fuentes. Contienen cuatro casos en total. Las cuatro lecciones siguientes se dedican a la competencia judicial, reconocimiento y ejecuci贸n de decisiones en general. Veinte casos. A continuaci贸n, vienen seis lecciones sobre jurisdicci贸n competente y Derecho aplicable en los siguientes 谩mbitos: obligaciones contractuales, obligaciones extracontractuales, derechos reales, crisis de pareja, sucesiones y menores. Diecisiete casos. Las dos 煤ltimas lecciones se dedican a las excepciones a la aplicaci贸n del Derecho extranjero y a la cooperaci贸n judicial internacional. Cuatro casos.

El t铆tulo contiene las dos notas calificadoras del libro. La primera es el adjetivo 鈥渂谩sicos鈥 relativo a los casos. La obra est谩 pensada para los alumnos de Grado que se aproximan por primera vez a la asignatura. Como explica el autor en la introducci贸n, no est谩 dirigida a los profesionales y especialistas, sino a los estudiantes. La segunda caracter铆stica, que singulariza el manual, es que ofrece respuestas a los casos pr谩cticos. No se trata de unas simples indicaciones para que los alumnos lleguen a soluciones aceptables, sino que el profesor Arenas contesta a las preguntas de forma extensa, completa y razonada.

La conclusi贸n s贸lo puede ser una: enhorabuena, Rafael.

Servicios funerarios y Derecho de la competencia

En 1965 Sergio Leone estrenaba La muerte ten铆a un precio. En 2016 el Tribunal Supremo afirmaba que, si el precio es abusivo, la empresa que gestiona un tanatorio puede haber cometido un il铆cito anticoncurrencial; en particular, puede haber abusado de su posici贸n de dominio. Y en 2019 manten铆a esta declaraci贸n en relaci贸n a la negativa a arrendar sus salas a otra empresa para que prestara servicios funerarios. Aunque ser铆a mucho m谩s entretenido, no voy a hablarles de la pel铆cula protagonizada por Clint Eastwood sino de las sentencias 2567/2016, de 9 de diciembre (Roj: STS 5306/2016) y 1689/2019, de 10 de diciembre (Roj: STS 4085/2019). La 煤ltima capt贸 la atenci贸n de la prensa al confirmar la sanci贸n impuesta a la empresa que gestionaba un tanatorio por no permitir el acceso a un competidor para prestar servicios de vela. Se bas贸 en la doctrina sentada por el fallo de 2016 que, en un supuesto similar, fall贸 que la mercantil demandada hab铆a abusado de su posici贸n de dominio. Interesa comentar que, pese a su similitud, los dos fallos centran su atenci贸n en aspectos diferentes. Mientras que la sentencia 2567/2016 analiza si concurren los requisitos del abuso de posici贸n de dominio, la 1689/2019 se prodiga en la obligaci贸n del operador dominante de atender a la petici贸n de servicios de competidores suyos y en cu谩ndo est谩 justificada la negativa.

Empecemos por el il铆cito concurrencial. El Tribunal Supremo sigue la doctrina del Tribunal de Justicia 鈥揺n particular, se refiere a su sentencia de 24 de mayo de 2012, T-111/08, MasterCard– y afirma que hay que seguir tres pasos sucesivos. En primer lugar, hay que determinar el mercado relevante, tanto respecto del producto como del 谩mbito geogr谩fico. Segundo, debe analizarse si existe una posici贸n dominante. Y tercero, hay que valorar si el operador dominante ha abusado de su poder.

El Tribunal Supremo afirma que los servicios funerarios tienen una dimensi贸n local. Primero, todas las localidades importantes tienen un servicio de sala de veladores, a pesar de que el tiempo de desplazamiento de un municipio a otro sea escaso. Segundo, los servicios de velatorio de los dos tanatorios en cuesti贸n no son sustituibles: 鈥溾o creemos que los vecinos de Valencia de Alc谩ntara estuvieran dispuestos a velar el cad谩ver de su familiar en la sala de velatorios de Alburquerque, para luego enterrarlo en el lugar de su residencia, pese a que la empresa denunciada subiera los precios de forma moderada (entre el 5% y el 10%) y permanente.鈥 Tercero, los cuadros resumen de los servicios de las empresas enfrentadas confirman el car谩cter local de los servicios. Los funerarios se prestaron, casi en su totalidad, en la localidad donde gestionan el tanatorio. Y cuarto, los h谩bitos de los consumidores demuestran que los mercados tienen un car谩cter marcadamente local. 鈥淣o parece en efecto que pueda hablarse de intercambiabilidad entre las salas de velatorio de las localidades de la zona, aunque sean pr贸ximos entre s铆, sino que tiene raz贸n la Sentencia impugnada cuando aprecia que los vecinos de cada localidad no se muestran propicios a velar el cad谩ver de un familiar en otra localidad para luego enterrarlo en el lugar de su residencia, pese una hipot茅tica diferencia de precios鈥.

La dimensi贸n local del mercado facilita considerar que la empresa que gestiona el tanatorio tiene una posici贸n dominante. En la decisi贸n de 2016 fundamenta esta afirmaci贸n con cuatro argumentos: i) es la 煤nica empresa que presta el servicio, ii) tiene casi la totalidad de la cuota de mercado de los servicios de velatorio efectuados, iii) no es un servicio sustituible en t茅rminos de demanda, y iv) las propias caracter铆sticas de la demanda (鈥渘ecesaria, reactiva, forzosa, local, temporal, sin formaci贸n y cuasi inel谩stica鈥). Y a帽ade dos razones m谩s. La primera es la existencia de barreras de entrada: para poder instalar un tanatorio es necesario contar con una autorizaci贸n administrativa. La segunda son los costes: hay una serie de instalaciones m铆nimas imprescindibles, que no son f谩ciles de asumir por una empresa que pr谩cticamente acaba de comenzar su andadura comercial en el sector.

Al estimar que existe posici贸n dominante, el Tribunal Supremo valora si dos conductas de la empresa que gestiona el tanatorio son abusivas. La primera es la imposici贸n de precios diferentes en funci贸n de que se contrate un 煤nico servicio o un conjunto de ellos. Falla que es il铆cita porque no responde a una estructura de costes diferentes. La raz贸n de fijar precios dis铆miles tiene por finalidad evitar que los consumidores contraten alg煤n servicio con los competidores. Por lo tanto, perjudica a 茅stos y tambi茅n a los clientes, 鈥溾a que la enorme diferencia de precio condicionar谩 necesariamente su decisi贸n de contratar el conjunto de servicios que conlleva la muerte de una persona鈥.

La segunda conducta es la negativa a prestar servicios a funerarias competidoras; en particular, no permitirles usar las salas del tanatorio para realizar servicios de velatorio. En la sentencia de 2016 el Tribunal Supremo hace suyo el razonamiento de la Comisi贸n Nacional de la Competencia en la Resoluci贸n de 4 de octubre de 2013 (SAMAD/12/10 Tanatorios Coslada). Afirma que el tanatorio es una instalaci贸n esencial, necesaria para prestar servicios funerarios respecto de los que compet铆an la titular de la instalaci贸n con la empresa que solicit贸 el acceso a la misma.

La m谩xima autoridad judicial espa帽ola reitera esta doctrina en su sentencia de 2019. Antes de eso, se pronuncia acerca de la compatibilidad del il铆cito de abuso de posici贸n dominante con los derechos fundamentales de propiedad privada y libertad de empresa. Afirma que prevalece el inter茅s p煤blico a la existencia de una competencia efectiva en el mercado. 鈥淎parte de que estos derechos recogidos en los art铆culos 33 y 38 de la Constituci贸n est谩n sometidos a su funci贸n social, sucede que el perjuicio que de aquella negativa injustificada se deriva para los consumidores supera con creces los beneficios que puedan existir para los intereses privados que invoquen鈥.

En cuanto a la calificaci贸n de la negativa a ceder el tanatorio para realizar servicios de velatorio, el Tribunal Supremo vuelve a subrayar el car谩cter esencial de la infraestructura. 鈥淧ara que la prestaci贸n resulte obligada, so pena de incurrir el operador dominante en una conducta abusiva y vulneradora de la competencia, aquella prestaci贸n ha de constituir un elemento esencial para que la empresa competidora pueda prestar el servicio de que se trate, entendiendo por esencial el elemento que no tenga una alternativa real o potencial o para el que no existe un sustituto racionalmente viable鈥. As铆, considera que la negativa de la titular del tanatorio es injustificada y constituye una explotaci贸n abusiva de su posici贸n de dominio.

A nuestro modesto entender, las dos sentencias resultan acertadas: tanto la delimitaci贸n geogr谩fica del mercado, que conduce a fallar la existencia de una posici贸n de dominio, como la calificaci贸n de las conductas como abusivas est谩n justificadas y deben compartirse. Sin embargo, debe criticarse la alusi贸n a la STJUE 24.5.2012. La raz贸n es que esta sentencia no fundamenta la doctrina sobre el abuso de posici贸n de dominio. Es m谩s, no trata este il铆cito. Confirma la decisi贸n de la Comisi贸n sobre un acuerdo restrictivo de la competencia. Es cierto que en su p谩rrafo 171 se refiere al art. 82 TCE (actual art. 102 TFUE). Explica que antes que valorar la existencia de una posici贸n de dominio y el posible abuso hay que delimitar el mercado relevante. Pero hace esta afirmaci贸n para trazar una diferencia entre el papel que desempe帽a esta delimitaci贸n en los arts. 101 y 102 TFUE. No explica c贸mo hay que fijar el mercado relevante, ni ofrece un concepto de posici贸n de dominio o de explotaci贸n abusiva. Aunque errare humanum est, resulta desconcertante encontrar errores como 茅stos en un fallo de la m谩xima autoridad judicial espa帽ola.

 

 

 

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