Las sentencias sobre transporte ferroviario son escasas; m√°s a√ļn las que se centran en los aspectos contractuales. De ah√≠ el inter√©s de la STJUE 7 noviembre 2019 (C-349/18 a C-351/18), Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) y Mbutuku Kanyeba, Larissa Nijs, Jean-Louis Anita Dedroog. Se trata de una cuesti√≥n prejudicial sobre los recargos reclamados a tres personas que han viajado en tren sin t√≠tulo. En primer lugar, se pregunta al tribunal si se genera una relaci√≥n contractual con la empresa ferroviaria. Responde afirmativamente. Analiza los arts. 3.8, 3.10 y 9 del Reglamento 1371/2007 y 6 de las Reglas Uniformes CIV y concluye que la ausencia de t√≠tulo de transporte no significa que no exista una relaci√≥n contractual cuando el acceso al tren es libre, pudiendo adquirirse el billete despu√©s. Recurre a la finalidad del Reglamento 1371/2007 para reforzar su tesis. Dado que √©ste busca proteger a los viajeros, considerar que no existe contrato de transporte porque no poseen un t√≠tulo v√°lido les privar√≠a de los derechos que les otorga la norma citada. As√≠ las cosas:

Foto: Mayeenul Islam

‚Äú‚Ķprocede responder a la primera cuesti√≥n prejudicial que el art√≠culo 3, punto 8, del Reglamento n.¬ļ 1371/2007 debe interpretarse en el sentido de que est√° comprendida dentro del concepto de ¬ęcontrato de transporte¬Ľ, en el sentido de dicha disposici√≥n, una situaci√≥n en la que un viajero accede a un tren de acceso libre con el fin de realizar un trayecto sin haber adquirido un billete.‚ÄĚ (p√°rr. 53)

Como existen sanciones elevadas para los polizones ferroviarios, el Juez de Paz de Amberes también pregunta si es posible moderarlas. En particular, si el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 permite a los jueces nacionales modular las cláusulas penales de los contratos con consumidores o aplicar las normas de la responsabilidad extracontractual. Esta vez el TJUE se pronuncia en sentido negativo. Recuerda su doctrina: el carácter abusivo de una condición general comporta su total ineficacia. De ese modo, el juez nacional no puede modular una cláusula penal que sea abusiva; si pudiera hacerlo, desaparecería el efecto disuasorio buscado con la prohibición. Con todo, existe una excepción. Cuando la nulidad de la cláusula abusiva comporte la nulidad de todo el contrato y el consumidor resulte perjudicado, el juez podrá sustituir la cláusula abusiva por una disposición supletoria de su Derecho nacional, siempre que permita conseguir un equilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes. En palabras del Tribunal:

‚Äú‚Ķel art√≠culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone, por una parte, a que un juez nacional que constata el car√°cter abusivo de una cl√°usula penal pactada en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor module el importe de la sanci√≥n que dicha cl√°usula impone al consumidor y, por otra parte, a que, con arreglo a principios de su Derecho contractual, un juez nacional sustituya la referida cl√°usula por una disposici√≥n de Derecho nacional de car√°cter supletorio, salvo que el contrato controvertido no pueda subsistir en caso de supresi√≥n de la cl√°usula abusiva y si la anulaci√≥n del contrato en su conjunto expone al consumidor a consecuencias particularmente perjudiciales.‚ÄĚ (p√°rr. 74)