Como es por todos bien conocido, la Ley de Competencia Desleal se aplica a los actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial. El apartado 2.潞 del art铆culo 2 presume que concurre el segundo requisito 鈥溾 cuando, por las circunstancias en que se realice, (el acto) se revele objetivamente id贸neo para promover o asegurar la difusi贸n en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero鈥. Entre las dudas que plantea la determinaci贸n del 谩mbito de aplicaci贸n, se halla el sentido objetivo o subjetivo de la finalidad concurrencial. Es decir, si hay que descubrir la voluntad de la persona que realiz贸 el acto presuntamente desleal o si pueden tomarse en consideraci贸n otros elementos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto; la 煤ltima recientemente, en la sentencia 59/2019, de 29 de enero. Se ha mostrado coherente con la posici贸n mantenida en fallos anteriores: los dos criterios son v谩lidos; lo relevante es c贸mo impacta ese acto en el mercado. La primera decisi贸n clave es la 720/2010, de 22 de noviembre. Se discut铆a el car谩cter desleal de la cr铆tica, publicada en varias webs especializadas, que hab铆a hecho un patr贸n de yate a una empresa de alquiler de embarcaciones de recreo respecto del trato personal y de la calidad del servicio prestado. Aunque la Audiencia Provincial hab铆a considerado que no hab铆a finalidad concurrencial, la m谩xima autoridad judicial se pronuncia en sentido contrario: s铆 exist铆a.

鈥溾anto desde un punto de vista objetivo como del subjetivo es constatable el fin concurrencial. Si esta finalidad se configura en torno a una incidencia, real o potencial, en el tr谩fico econ贸mico, consistente en una tendencia a producir, aunque no se consiga el prop贸sito, lo que se denomina 鈥榙istorsi贸n de la decisi贸n de consumo鈥, no cabe desconocer, seg煤n resulta de los propios t茅rminos de la carta o comunicaci贸n, tanto su funci贸n objetiva como la voluntad del autor (la inicia diciendo 鈥楳i opini贸n de que si quer茅is alquilar un velero en alguna ocasi贸n no lo hagas en Sitges con la empresa Surcandomares, yo tuve una mala experiencia con esta gente…鈥, y la termina se帽alando 鈥楨l a帽o pasado alquil茅 un velero en Ron谩utica me sali贸 algo m谩s caso, pero esos si que son unos profesionales. Espero que esa mala experiencia que pas茅 con esa gente evite que otro se encuentre en la misma situaci贸n, un saludo鈥) fue la de afectar a la empresa arrendadora, influyendo en potenciales clientes en beneficio de las empresas de la competencia en el sector, sin que el despecho por el descontento con el desarrollo de la relaci贸n contractual ahogue dicha finalidad.鈥

El mismo criterio se halla presente en la STS 170/2014, de 8 de abril, que valora la deslealtad de un acto de sabotaje de dos trabajadores de Wolters Kluwer a El Derecho. Utilizando claves de acceso privilegiado al sistema de la 煤ltima empresa, los primeros cerraron m谩s de tres mil sesiones de clientes en un mes. La primera instancia desestim贸 la demanda al considerar que no hab铆a finalidad concurrencial. En cambio, la Audiencia Provincial mantuvo que s铆 exist铆a. Y lo mismo hizo el Tribunal Supremo al estimar que el acto ten铆a tenido trascendencia en el mercado. Adem谩s subray贸 que resultaba irrelevante que la conducta enjuiciada no hubiera tenido los frutos deseados (la captaci贸n de clientes).

El origen de la sentencia 59/2019, de 29 de enero es la demanda de una sociedad contra uno de sus socios por competencia desleal. El demandado era el propietario del local donde la mercantil desarrollaba su actividad de restauraci贸n en calidad de arrendataria. El socio hab铆a interpuesto y ganado una demanda de desahucio contra la compa帽铆a de la que formaba parte. 脡sta ejercit贸 acciones de competencia desleal contra 茅l y una camarera por haber comunicado a proveedores y clientes que el restaurante cerrar铆a, por haber enviado a cobradores de morosos y por haber inducido a trabajadores a abandonar la empresa. Las tres instancias judiciales niegan que esos actos entren dentro del 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley 3/1991. El Tribunal Supremo se centra en las manifestaciones del propietario del local y de la camarera de que el restaurante iba a cerrar, pues eran los 煤nicos hechos probados. Explica que, para valorar si existe finalidad concurrencial, hay que atender a la intenci贸n de los operadores econ贸micos. A pesar del sentido subjetivo que parece desprenderse de ese criterio, afirma que, en base a la presunci贸n del art. 2.3,

鈥溾o relevante es si los comportamientos denunciados y acreditados son id贸neos para influir en el mercado, en concreto porque mermen la competitividad de la sociedad demandante en beneficio de sus competidores鈥.