Carlos G贸rriz L贸pez

Month: February 2019

Acci贸n de rescisi贸n concursal y garant铆as contextuales: STS 717/2018, de 19 de diciembre

1. A finales del a帽o pasado rese帽aba en este blog (aqu铆) el libro Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital, dirigido por Andr茅s Guti茅rrez, que incluye un art铆culo de Juan Verdugo Garc铆a y Pablo Garc铆a Castro dedicado a las garant铆as cruzadas (鈥淕arant铆as cruzadas, rescisi贸n y compensaci贸n adecuada: un enfoque pr谩ctico y de Derecho comparado鈥). Pues bien, por las mismas fechas el Tribunal Supremo dictaba una resoluci贸n sobre el mismo tema que viene a confirmar la tesis de los autores referidos. Se trata de la STS 717/2018, de 19 de diciembre que versa sobre las presunciones absoluta y relativa de los apartados 2.潞 y 3.潞 del art铆culo 71 en relaci贸n con el grupo societario Sodecia. Varias compa帽铆as que formaban este conglomerado empresarial, as铆 como dos de los socios de la matriz hab铆an sido declarados en concurso. La administraci贸n concursal ejercit贸 la acci贸n de rescisi贸n ex art. 71 LC respecto de los tres negocios jur铆dicos. El primero era el pago de la deuda de una empresa del grupo. Alarcos solicit贸 un pr茅stamo a la CAM para pagar una deuda que Urbaja ten铆a con la misma entidad crediticia. El segundo era la constituci贸n de una hipoteca para garantizar la devoluci贸n del pr茅stamo. Esta garant铆a real recay贸 sobre dos inmuebles propiedad de otra sociedad del grupo, Lesepa. Y el tercero era la fianza que prestaron dos de los principales socios de la matriz, tambi茅n para garantizar la primera operaci贸n.

El Juzgado de lo Mercantil n煤m. 5 de Madrid estim贸 la demanda al considerar que los actos anteriores se hab铆an hecho a t铆tulo gratuito. La Audiencia Provincial se pronunci贸 en sentido contrario al considerar que no resultaba aplicable la presunci贸n del art铆culo 71.2 de la Ley Concursal (LC) y que no se hab铆a probado el perjuicio la masa activa. El Tribunal Supremo confirma su decisi贸n.

2. En primer lugar, la m谩s alta instancia judicial niega que Alarcos realizara un acto de liberalidad que generara la presunci贸n iuris et de iure del art. 71.2 LC. Se trataba del pago de la deuda de un tercero; pero ten铆a car谩cter oneroso, porque la entidad que satisfizo la obligaci贸n detentaba un 75% del capital de la sociedad beneficiada, Urbaja. Adem谩s, la operaci贸n result贸 fruct铆fera, pues mejor贸 la situaci贸n financiera de la deudora y, por lo tanto, benefici贸 a su socio principal. El hecho de que ese beneficio no fuera directo sino indirecto no ten铆a mayor trascendencia; en ambos casos imped铆a la aplicaci贸n el art. 71.2 LC. En palabras de la autoridad judicial: 鈥淎larcos tiene un inter茅s econ贸mico-patrimonial en el resultado de la actividad empresarial de la deudora, Urbaja, representado por la rese帽ada participaci贸n, y ese inter茅s muestra que el pago de la deuda de Urbaja no fue un acto de mera liberalidad, sino que su causa estaba ligada al beneficio indirecto que percibir铆a por el mejor resultado econ贸mico de Urbaja.鈥

En cuanto a las dos garant铆as, una real y otra personal, el Tribunal Supremo afirma que su car谩cter contextual excluye su naturaleza gratuita. Reitera as铆 la doctrina que mantuvo en una de las decisiones m谩s importantes en la materia: la STS 100/2014, de 30 de abril. Tras explicar la diferencia entre los actos de disposici贸n a t铆tulo gratuito y a t铆tulo oneroso, asevera:

鈥淟a garant铆a a favor de tercero se constituye a t铆tulo oneroso cuando el acreedor, como equivalencia de la garant铆a prestada, se obliga a una determinada prestaci贸n a favor del garante o del deudor principal, que si resulta incumplida permitir谩 al garante liberarse de su obligaci贸n de garant铆a. Salvo prueba en contrario, la constituci贸n de la garant铆a coet谩nea o contextual con el nacimiento del cr茅dito garantizado se entender谩 correspectiva a la concesi贸n de este y por tanto onerosa, pues el acreedor concede el cr茅dito en vista de la existencia de la garant铆a, es decir, recibe como correspectivo conjunto de su cr茅dito la promesa de pago del deudor y la garant铆a del tercero鈥.

Ahora bien, la m谩s alta instancia judicial espa帽ola explica, a continuaci贸n, que el car谩cter oneroso del acto no significa que no pueda perjudicar negativamente a la masa activa del concurso. Y tampoco que no puedan aplicarse las presunciones relativas del art. 71.3 LC.

3. Acto seguido, el Tribunal Supremo se ocupa del perjuicio para la masa activa. Niega que pueda presumirse en virtud de los ordinales 1.潞 y 2.潞 del art. 71.3; es decir, por tratarse de actos entre personas especialmente relacionadas con el concursado y por la constituci贸n de garant铆as reales a favor de obligaciones preexistentes. La raz贸n es que los garantes obtuvieron un beneficio patrimonial, no directo, pero s铆 indirecto, adem谩s de que no se trataba de obligaciones preexistentes sino contextuales. As铆, en cuanto a la propietaria de las fincas que fueron hipotecadas, comenta que:

鈥淟a Audiencia razona correctamente en que hab铆a consistido en este caso el beneficio indirecto: garantizar la financiaci贸n indirecta de una sociedad (Urbaja) en la que tiene una participaci贸n muy significativa (del 75%), por medio de Cartera (100% participada por Lesepa), para asegurar el 茅xito de una empresa, que adem谩s consta acreditado que se logr贸. Lo que, en atenci贸n a la estructura societaria, redunda en un incremento de valor del activo de Lesepa.鈥

Y algo parecido sucede con las garant铆as personales. 鈥溾a estructura societaria muestra con claridad la incidencia patrimonial que el buen 茅xito de la empresa desarrollada por Urbaja tiene en los intereses econ贸micos de estos dos fiadores, a trav茅s de la participaci贸n mayoritaria en Solventia鈥︹

Cabe se帽alar que ya hab铆a seguido esa doctrina en la decisi贸n 100/2014, de 30 de abril, aunque acab贸 fallando en sentido contrario. En efecto, reconoci贸 que el beneficio que exclu铆a el perjuicio patrimonial pod铆a ser indirecto. Ahora bien, el mero hecho de que existiera un grupo de sociedades no implicaba que hubiera existido ese beneficio. Es m谩s, se aplicaba la presunci贸n relativa del art. 71.3.1 al caso, por lo que era el acreedor beneficiado con la garant铆a quien ten铆a la carga de probar que no hab铆a habido perjuicio.

鈥淣o puede aceptarse por tanto la afirmaci贸n de la recurrente de que no existe perjuicio para la masa porque el grupo societario de la concursada y, por ende, la concursada, han percibido una cuantiosa suma de dinero por los pr茅stamos con relaci贸n a los cuales se constituyeron las hipotecas. El dinero lo ha recibido la otra sociedad. No lo ha recibido “el grupo”, que carece de personalidad como tal, ni la concursada, que se limit贸 a hipotecar su nave industrial para garantizar el pr茅stamo concedido a la otra sociedad, y las sentencias de instancia consideran probado que la concursada no recibi贸 contraprestaci贸n alguna, pues tales pr茅stamos no sirvieron siquiera para que la prestataria saldara la deuda que manten铆a con la garante, la posteriormente declarada en concurso鈥.

Algo parecido sucedi贸 en la sentencia 401/2014, de 21 de julio. El Tribunal Supremo puso el acento en que no se trataba de una garant铆a contextual, lo que exclu铆a su car谩cter oneroso, y en que se garantizaban obligaciones preexistentes, con lo que resultaba aplicable el art. 71.3.2 LC. En cambio, en la decisi贸n 717/2018 la autoridad judicial valor贸 positivamente que la ayuda a Urbaja tuviera 茅xito. Algo parecido hab铆a sucedido ya en las SSTS 290/2015, de 2 de junio y 295/2015, de 3 de junio, en las que se consider贸 acreditada la existencia de un beneficio patrimonial indirecto.

Pagar茅 y condici贸n general nula: STS 696/2018, de 12 de diciembre

En la sentencia 696/2018, de 12 de diciembre, el Tribunal Supremo considera nulas, por abusivas, las cl谩usulas de tres contratos de pr茅stamo personal que obligaban al deudor a emitir y firmar tres pagar茅s en blanco como garant铆a del cumplimiento. Ante la falta de devoluci贸n de las cantidades pendientes, el banco dio por vencidos los pr茅stamos, rellen贸 los t铆tulos y los present贸 al cobro. Como el deudor no cumpli贸, ejercit贸 la acci贸n cambiaria correspondiente. La primera instancia estim贸 la demanda y la Audiencia Provincial confirm贸 su decisi贸n. Pero la m谩xima autoridad judicial espa帽ola se posiciona en sentido contraria. Estima el recurso de casaci贸n al considerar que la cl谩usula en cuesti贸n es una cl谩usula general abusiva. Justifica su afirmaci贸n citando el fragmento siguiente de la STS 466/2014, de 12 de septiembre, que tambi茅n recoge la STS 645/2015, de 11 de noviembre:

鈥減ermite al profesional el acceso a un proceso privilegiado que comienza con un embargo cautelar sin necesidad de o铆r al demandado y sin que tenga que prestar cauci贸n ni justificar el periculum in mora, con base en un contrato que requiere una previa liquidaci贸n para determinar la cantidad adeudada en un momento concreto, sin que el acreedor deba justificar los elementos de hecho y de c谩lculo utilizados para fijar la cantidad reclamada y sin que la correcci贸n de la liquidaci贸n haya sido controlada por un fedatario p煤blico. Por tanto se impide que el demandado tenga los elementos de hecho y de c谩lculo que le permitan enjuiciar la correcci贸n de la cantidad que se le reclama y, en su caso, impugnarla, invirti茅ndose adem谩s la carga de la prueba en el perjuicio del consumidor鈥

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén