Contrato de alquiler de cajas de seguridad (STS 96/2018)

La STS 96/2018, de 26 de febrero plantea una interesante cuesti贸n sobre un contrato de alquiler de caja de seguridad. En particular, la determinaci贸n del montante de la indemnizaci贸n derivada del robo de la caja fuerte. No se trata de un tema nuevo, sino que varias sentencias anteriores ya hab铆an abordado este contrato y en tres de ellas se basa ahora el Tribunal Supremo para fundamentar su fallo: SSTS 21/1994, de 27 de enero; 985/2008, de 4 de noviembre y 38/2013, de 15 de febrero.

El TS cita su sentencia 985/2008 para resolver el problema de la naturaleza jur铆dica del contrato de alquiler de caja de seguridad. En el fundamento de Derecho primero mantuvo: 鈥淟a naturaleza jur铆dica del contrato bancario denominado de alquiler de cajas de seguridad no es la de dep贸sito en su variedad de dep贸sito cerrado, sino la de un contrato at铆pico, surgido de la conjunci贸n de prestaciones del arriendo de cosas y de dep贸sito, en el que la finalidad pretendida por el cliente no es el mero goce de la cosa arrendada, sino el de la custodia y seguridad de lo que se guarda en la caja, que se consigue de una forma indirecta, a trav茅s del cumplimiento por el banco de una prestaci贸n consistente en la vigilancia de la misma y de su integridad a cambio de una remuneraci贸n. La entidad bancaria no asume la custodia de ese contenido, sino del da帽o que la ruptura, sustracci贸n o p茅rdida de la caja pueda ocasionar al cliente. Es claro que la situaci贸n m谩s an谩loga a la descrita es la determinada por la existencia de un dep贸sito cerrado y sellado, contemplada en el art. 1.769 del C贸digo civil . El contrato litigioso, en suma, tiene una causa mixta鈥.

Tambi茅n sigue a esta decisi贸n en cuanto a la normativa aplicable. Ahora bien, en la que nos ocupa parte del art. 310 Ccom para afirmar que el contrato tiene naturaleza mercantil y aplicar la prelaci贸n de fuentes que establece.

鈥溾rimero habr谩 que estar a lo dispuesto en los estatutos de la entidad depositaria, esto es, la normativa administrativa que regula la contrataci贸n bancaria y que, en el presente caso, viene constituida por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprob贸 el Reglamento de Seguridad Privada, y por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, que no contienen una previsi贸n espec铆fica sobre el problema litigioso.

En segundo lugar, resulta de aplicaci贸n lo previsto en el art. 307 II CCom., que en el caso de los dep贸sitos cerrados dispone que 芦Los riesgos de dichos dep贸sitos correr谩n a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los da帽os que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable禄. De donde se presume la responsabilidad de la demandada.

Pero, en cualquier caso, el art. 307 CCom no ofrece respuesta al problema de la prueba o acreditaci贸n de la preexistencia y valor de los objetos depositados, por lo que habr谩 que estar a lo dispuesto en el art. 1769 CC鈥︹

As铆 las cosas, en resoluci贸n 96/2018, de 26 de febrero, la m谩xima autoridad jurisdiccional espa帽ola decide dos cuestiones importantes. La primera es el fundamento de la responsabilidad; en otras palabras, las causas de exoneraci贸n que puede esgrimir la entidad de cr茅dito demandada. Parte de que el contrato imputa al depositario un deber de custodia consistente en la vigilancia y seguridad de la caja. La responsabilidad que asume es objetiva, ex art. 1769 Cc.: responde del incumplimiento salvo cuando pruebe que el quebrantamiento de la clausura o cierre de la caja fue debido a un hecho ajeno imprevisible e inevitable. Falla que el banco ha incumplido y es responsable porque no ha probado que la causa del robo fuera un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor. Esta tesis choca con la que mantuvo en una de las sentencias que cita. En efecto, en el fallo 21/1994, de 27 de enero afirm贸 que el art. 1769 Cc introduce una presunci贸n relativa de culpa del depositario. Por lo tanto, la entidad de cr茅dito no necesitar铆a acreditar la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, sino simplemente que fue diligente.

La segunda cuesti贸n debatida es el c谩lculo de la indemnizaci贸n. El TS mantiene que el art. 1769 Cc. otorga preferencia a la declaraci贸n del depositante sobre la existencia y valor de los efectos depositados, salvo prueba en contrario. Considera que, en el litigio concreto, el depositante ha aportado un principio de prueba que no ha sido rebatido por el depositario.

En este tema interesa traer a colaci贸n la STS 985/2008, 聽citada con anterioridad. Tras explicar que el precepto en cuesti贸n establec铆a una presunci贸n relativa, destacaba que la prueba en contrario normalmente ser铆an meramente indicios. Pero otorg贸 eficacia a los esgrimidos por el banco para exonerarle, puesto que el depositante no hab铆a acreditado la propiedad de los objetos desaparecidos:

鈥淓n el caso de autos, los indicios aportados por el Banco demandante han de considerarse s贸lidos para dejar de dar credibilidad a la declaraci贸n por la actora del valor de lo depositado, pues la misma no va acompa帽ada de ning煤n indicio de propiedad sobre las joyas y objetos preciosos desaparecidos. S贸lo se remite a que han sido heredados, y a la tradici贸n de que pasen de madre a hija, pero, repetimos, sin el m谩s m铆nimo indicio de su adquisici贸n. Por ello son cre铆bles las alegaciones contrarias a la preexistencia de los objetos en la caja de seguridad antes de su robo, y por ende a su valor, que formul贸 la entidad bancaria demandada, y que la sentencia recurrida acogi贸.鈥

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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