Carlos G贸rriz L贸pez

Month: March 2018

El TS se pronuncia sobre la distribuci贸n de los impuestos derivados de los pr茅stamos hipotecarios

Por fin se ha publicado la decisi贸n del Tribunal Supremo sobre la validez de las cl谩usulas que imputan al cliente bancario los tributos generados en un pr茅stamo con garant铆a hipotecaria. O mejor dicho, las decisiones, pues se trata de dos sentencias con un contenido id茅ntico: 147/2018, de 15 de marzo y 148/2017, de 15 de marzo. No es la primera vez que la m谩xima autoridad judicial analiza la abusividad de condiciones generales relativas a gastos relacionados con pr茅stamos hipotecarios. Como ella misma recuerda en los fallos que nos ocupan, ha tratado ese tema en sus sentencias 550/2000, de 1 de junio; 842/2011, de 25 de noviembre y 795/2015, de 23 de diciembre.

Antes de ir m谩s all谩, conviene reproducir una de las condiciones generales en cuesti贸n. Se trata de la cl谩usula 5.陋 de la escritura p煤blica de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria del primer litigio.

鈥淕astos a cargo del prestatario: La parte deudora asume el pago de los gastos de tasaci贸n del inmueble hipotecado, de todos los dem谩s gastos y tributos derivados de esta escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripci贸n en el Registro de la Propiedad, de los originados por cuantos otorgamientos sean precisos para que este documento tenga acceso al citado Registro y de los causados por las cartas de pago parcial o total del pr茅stamo y por la cancelaci贸n de la hipoteca, as铆 como de cuantos se ocasionen para exigir el cumplimiento de lo pactado o para la defensa por parte de Banco Herrero, de su cr茅dito, comprendidos los de la interposici贸n y la oposici贸n a tercer铆as, incluidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aunque su intervenci贸n no fuere preceptiva, la deudora asume la totalidad de los gastos de gesti贸n y tramitaci贸n necesarios para la inscripci贸n de la hipoteca鈥.

El TS declara que es abusiva y, por lo tanto, nula. La raz贸n es que contraviene normas imperativas. La cl谩usula imputa al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos generados por un pr茅stamo con hipoteca inmobiliaria, mientras que la ley los reparte entre sus partes. Pese a que la afirmaci贸n de la alta autoridad judicial es cierta, cabe destacar que grava sobre el deudor todos los tributos salvo el derecho de cuota fija por los actos jur铆dicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial. Ve谩moslo.

El primer hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur铆dicos documentados, en el caso que nos ocupa, es la constituci贸n del pr茅stamo hipotecario. Siguiendo la doctrina de su Sala Tercera 鈥搃nterprete m谩ximo de las normas tributarias espa帽olas-, el TS afirma que grava sobre el prestatario en virtud de los arts. 8 y 15.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur铆dicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). El segundo hecho es la documentaci贸n del acto en escritura p煤blica. Se distinguen dos modalidades: un derecho de cuota variable en funci贸n de la cuant铆a del acto o negocio jur铆dico que se documenta y un derecho de cuota fija por los actos jur铆dicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas. El sujeto pasivo del primero es el prestatario. As铆 se deriva del art. 69 del Reglamento del Impuesto (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo). En cambio, la soluci贸n es diversa respecto de la cuota fija. Los de la matriz corresponden al prestatario, salvo en los casos en que las partes acordaran otra cosa sobre la distribuci贸n. Los de las copias gravan sobre la parte, bien el prestamista bien el prestatario, que las solicite. El tercer y 煤ltimo hecho imponible es la cancelaci贸n de la hipoteca. El art. 45 B.18 del Texto Refundido de la LITPAJD declara exentas las primeras copias de la escritura que la documente.

As铆 las cosas, el TS declara nula la cl谩usula y obliga a la entidad de cr茅dito a reembolsar al consumidor las cantidades que satisfizo y que correspond铆a abonarlas a aqu茅lla. Pero se trata exclusivamente de las sumas correspondiente a la expedici贸n de las copias solicitadas a instancias del prestamista, con lo que puede ser que la cantidad sea m铆nima

鈥淎unque s铆 deber铆a restituir el banco las cantidades cobradas por la expedici贸n de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, este pronunciamiento no afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia recurrida, pues m谩s all谩 de su escasa incidencia econ贸mica, no se ha acreditado que, por el concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur铆dicos documentados, la demandante hubiera pagado alguna cantidad distinta a la correspondiente a la constituci贸n del pr茅stamo y haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias.鈥

Llamada a comunicaciones para la IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia

La IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia se celebrar谩 en la Facultad de Derecho de la UVEG (Valencia)聽el pr贸ximo聽viernes 1 de Junio de 2018.
Las propuestas de comunicaciones para la Jornada RADC pueden versar sobre cualquier tema en materia de Derecho de la聽Competencia. La solicitud de inter茅s puede enviarse hasta el 1 de mayo pr贸ximo聽al correo聽electr贸nico teresa.palomar@uv.es , y deber谩 incluir:
鈥 T铆tulo
鈥 Resumen de 500 palabras como m谩ximo
鈥 Nombre del autor/a o autores/as y, en caso de que corresponda, adscripci贸n institucional
鈥 Direcci贸n de correo electr贸nico
Las comunicaciones podr谩n ser presentadas en castellano o ingl茅s. El texto final se entregar谩聽antes聽del聽25 de mayo por la misma v铆a.聽La selecci贸n se realizar谩 por el Consejo Directivo de la RADC, quienes decidir谩n cu谩les ser谩n objeto de exposici贸n p煤blica, lo que se comunicar谩 a los autores con antelaci贸n.

“La Mafia se sienta a la mesa”: marca prohibida

El Tribunal General ha confirmado la decisi贸n de la EUIPO de no registrar la marca figurativa solicitada por la Mafia Franchises, SL para las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza. La raz贸n es que es contraria al orden p煤blico y a las buenas costumbres (art. 7.1.f) del Reglamento 207/2009; actualmente 7.1.f) Reglamento 2017/1001). Estamos hablando de la sentencia de 15 de marzo de 2018 (T-1/17), La Mafia Franchises, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni贸n Europea (EUIPO).

La autoridad judicial europea explica que al aplicar esta prohibici贸n hay que valorar 鈥溾as cualidades intr铆nsecas de la marca solicitada y no (las) circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante de la marca [鈥鈥 (p谩rr. 40). As铆 pues, cabe empezar subrayando que el tribunal destaca el papel central que poseen los t茅rminos 鈥淟a Mafia鈥 en el signo distintivo, tanto por el tama帽o de su graf铆a como por su posici贸n central. Identifican una organizaci贸n criminal, con origen italiano, que se ha extendido por todo el mundo. Se dedica al todo tipo de actividades il铆citas, destacando el tr谩fico de drogas, de armas, el blanqueo de dinero y la corrupci贸n. Utiliza medios deplorables, como la intimidaci贸n, la violencia f铆sica y el asesinato. Por lo tanto, contraviene los valores de la libertad y la dignidad humana, pilares sobre los que se asienta la Uni贸n Europea.

La expresi贸n 鈥渟e sienta a la mesa鈥 contribuye a banalizar la percepci贸n negativa de esta organizaci贸n criminal. A pesar de ocupar un lugar secundario en el signo distintivo, transmite el mensaje de compartir una comida; o sea una atm贸sfera de bienestar y familiaridad, lo que disminuye la connotaci贸n negativa del nombre 鈥淟a Mafia鈥. Por otra parte, el hecho de que numerosos libros, revistas o pel铆culas se refieran a esta organizaci贸n tampoco elimina el car谩cter peyorativo de este nombre.

En consecuencia, 鈥溾a marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organizaci贸n criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organizaci贸n y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organizaci贸n perpetra contra los valores fundamentales de la Uni贸n … La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no s贸lo para las v铆ctimas de dicha organizaci贸n criminal y sus familias, sino tambi茅n para cualquier persona que, en el territorio de la Uni贸n se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.鈥 (parr. 47)

Congreso sobre traslado de domicilio y reestructuraci贸n empresarial

Los d铆as 26 y 27 del pr贸ximo mes de abril se celebrar谩 en el Sal贸n de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el Congreso sobre Traslado de domicilio y reestructuraci贸n empresarial, organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de dicha Universidad, y la colaboraci贸n de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), el Registro de Economistas Forenses (REFOR), y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Tras la conferencia inaugural impartida por Christoph Teichmann, el Congreso se organiza en Mesas Redondas en las que intervendr谩n acad茅micos y profesionales especialistas en las implicaciones societarias, preconcursales y concursales de la operaci贸n de traslado de domicilio. Los interesados pueden obtener la informaci贸n en https://eventos.ucm.es/18432/detail/traslado-de-domicilio-y-reestructuracion-empresarial.html.

Contrato de alquiler de cajas de seguridad (STS 96/2018)

La STS 96/2018, de 26 de febrero plantea una interesante cuesti贸n sobre un contrato de alquiler de caja de seguridad. En particular, la determinaci贸n del montante de la indemnizaci贸n derivada del robo de la caja fuerte. No se trata de un tema nuevo, sino que varias sentencias anteriores ya hab铆an abordado este contrato y en tres de ellas se basa ahora el Tribunal Supremo para fundamentar su fallo: SSTS 21/1994, de 27 de enero; 985/2008, de 4 de noviembre y 38/2013, de 15 de febrero.

El TS cita su sentencia 985/2008 para resolver el problema de la naturaleza jur铆dica del contrato de alquiler de caja de seguridad. En el fundamento de Derecho primero mantuvo: 鈥淟a naturaleza jur铆dica del contrato bancario denominado de alquiler de cajas de seguridad no es la de dep贸sito en su variedad de dep贸sito cerrado, sino la de un contrato at铆pico, surgido de la conjunci贸n de prestaciones del arriendo de cosas y de dep贸sito, en el que la finalidad pretendida por el cliente no es el mero goce de la cosa arrendada, sino el de la custodia y seguridad de lo que se guarda en la caja, que se consigue de una forma indirecta, a trav茅s del cumplimiento por el banco de una prestaci贸n consistente en la vigilancia de la misma y de su integridad a cambio de una remuneraci贸n. La entidad bancaria no asume la custodia de ese contenido, sino del da帽o que la ruptura, sustracci贸n o p茅rdida de la caja pueda ocasionar al cliente. Es claro que la situaci贸n m谩s an谩loga a la descrita es la determinada por la existencia de un dep贸sito cerrado y sellado, contemplada en el art. 1.769 del C贸digo civil . El contrato litigioso, en suma, tiene una causa mixta鈥.

Tambi茅n sigue a esta decisi贸n en cuanto a la normativa aplicable. Ahora bien, en la que nos ocupa parte del art. 310 Ccom para afirmar que el contrato tiene naturaleza mercantil y aplicar la prelaci贸n de fuentes que establece.

鈥溾rimero habr谩 que estar a lo dispuesto en los estatutos de la entidad depositaria, esto es, la normativa administrativa que regula la contrataci贸n bancaria y que, en el presente caso, viene constituida por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprob贸 el Reglamento de Seguridad Privada, y por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, que no contienen una previsi贸n espec铆fica sobre el problema litigioso.

En segundo lugar, resulta de aplicaci贸n lo previsto en el art. 307 II CCom., que en el caso de los dep贸sitos cerrados dispone que 芦Los riesgos de dichos dep贸sitos correr谩n a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los da帽os que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable禄. De donde se presume la responsabilidad de la demandada.

Pero, en cualquier caso, el art. 307 CCom no ofrece respuesta al problema de la prueba o acreditaci贸n de la preexistencia y valor de los objetos depositados, por lo que habr谩 que estar a lo dispuesto en el art. 1769 CC鈥︹

As铆 las cosas, en resoluci贸n 96/2018, de 26 de febrero, la m谩xima autoridad jurisdiccional espa帽ola decide dos cuestiones importantes. La primera es el fundamento de la responsabilidad; en otras palabras, las causas de exoneraci贸n que puede esgrimir la entidad de cr茅dito demandada. Parte de que el contrato imputa al depositario un deber de custodia consistente en la vigilancia y seguridad de la caja. La responsabilidad que asume es objetiva, ex art. 1769 Cc.: responde del incumplimiento salvo cuando pruebe que el quebrantamiento de la clausura o cierre de la caja fue debido a un hecho ajeno imprevisible e inevitable. Falla que el banco ha incumplido y es responsable porque no ha probado que la causa del robo fuera un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor. Esta tesis choca con la que mantuvo en una de las sentencias que cita. En efecto, en el fallo 21/1994, de 27 de enero afirm贸 que el art. 1769 Cc introduce una presunci贸n relativa de culpa del depositario. Por lo tanto, la entidad de cr茅dito no necesitar铆a acreditar la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, sino simplemente que fue diligente.

La segunda cuesti贸n debatida es el c谩lculo de la indemnizaci贸n. El TS mantiene que el art. 1769 Cc. otorga preferencia a la declaraci贸n del depositante sobre la existencia y valor de los efectos depositados, salvo prueba en contrario. Considera que, en el litigio concreto, el depositante ha aportado un principio de prueba que no ha sido rebatido por el depositario.

En este tema interesa traer a colaci贸n la STS 985/2008, 聽citada con anterioridad. Tras explicar que el precepto en cuesti贸n establec铆a una presunci贸n relativa, destacaba que la prueba en contrario normalmente ser铆an meramente indicios. Pero otorg贸 eficacia a los esgrimidos por el banco para exonerarle, puesto que el depositante no hab铆a acreditado la propiedad de los objetos desaparecidos:

鈥淓n el caso de autos, los indicios aportados por el Banco demandante han de considerarse s贸lidos para dejar de dar credibilidad a la declaraci贸n por la actora del valor de lo depositado, pues la misma no va acompa帽ada de ning煤n indicio de propiedad sobre las joyas y objetos preciosos desaparecidos. S贸lo se remite a que han sido heredados, y a la tradici贸n de que pasen de madre a hija, pero, repetimos, sin el m谩s m铆nimo indicio de su adquisici贸n. Por ello son cre铆bles las alegaciones contrarias a la preexistencia de los objetos en la caja de seguridad antes de su robo, y por ende a su valor, que formul贸 la entidad bancaria demandada, y que la sentencia recurrida acogi贸.鈥

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