Hace poco m√°s de un mes, explic√°bamos que el sector del taxi hab√≠a ganado un asalto en el combate que libra con Uber al regular Catalu√Īa las licencias VTC (aqu√≠). Hoy contamos la revancha: el pasado 13 de noviembre el Tribunal Supremo confirm√≥ la nulidad de las resoluciones de la Consejer√≠a de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que denegaban la solicitud de autorizaciones de arrendamiento de veh√≠culo con conductor. Es decir, Jojucar, S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L. obtienen sesenta y veinte, respectivamente, nuevas licencias VTC.

Cabe remontarse a 2009. El art√≠culo 21.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci√≥n de diversas leyes para su adaptaci√≥n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (m√°s conocida como Ley √ďmnibus) suprim√≠a los art√≠culos 49 y 50 LOTT, que establec√≠an la posibilidad de establecer limitaciones y restricciones a las autorizaciones en materia de transporte terrestre. Nada dec√≠a respecto de los preceptos que desarrollaban estos art√≠culos; esencialmente, los art√≠culos 44 y 45.3 ROTT y 14 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero. La presentaci√≥n de diversas solicitudes de licencias VTC gener√≥ la duda acerca de su vigencia. El Tribunal Supremo se pronunci√≥ en sentido contrario al considerar que hab√≠an quedado desprovistas de respaldo legal. Por lo tanto, no era correcta la denegaci√≥n de la petici√≥n de las autorizaciones para prestar servicios de arrendamiento de veh√≠culo con conductor. V√©ase las SSTS 27.1.2014 (N.¬ļ Recurso 5892/2011 y 969/2012); 29.1.2014 (N.¬ļ Recurso 105/2012; 384/2012; 2169/2012 y 527/2013) y 30.1.2014 (N.¬ļ Recurso 110/2012 y 4163/2012). T√©ngase tambi√©n en cuenta la STS 14.2.2012 (N.¬ļ de Recurso 427/2010).

El contexto legal volvi√≥ a cambiar cuatro a√Īos m√°s tarde con la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci√≥n de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A√©rea. El apartado vigesimocuarto de su art√≠culo 1 daba nueva redacci√≥n al art√≠culo 48 LOTT y dispon√≠a que cab√≠a limitar cuantitativamente la concesi√≥n de autorizaciones para prestar servicios de transporte p√ļblico de viajeros en veh√≠culos turismo. No obstante, se remit√≠a a un desarrollo reglamentario. Surg√≠a as√≠ la duda de si cab√≠a entender que esa remisi√≥n devolv√≠a la vigencia a los art√≠culos 181.2 ROTT y 14.1 de la Orden FOM/36/2008, al menos hasta que se promulgara una nueva norma de desarrollo. La duda se plante√≥ con toda su crudeza cuando las dos mercantiles citadas, Jojucar, S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L., solicitaron licencias VTC. El Tribunal Supremo la plasm√≥ con las palabras siguientes:

‚ÄúLa controversia suscitada se contrae a determinar si al amparo de la previsi√≥n contenida en el art√≠culo 48.2 que acabamos de transcribir cabe considerar subsistentes o renacidas las limitaciones que establec√≠an los art√≠culos 181.2 del Reglamento de la Ley de Ordenaci√≥n de los Transportes Terrestres (ROTT) aprobado por Real Decreto 1211/1990 y 14.1 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero (tesis que sostiene la resoluci√≥n impugnada y mantenida por la Comunidad de Madrid en el curso del proceso), o si, por el contrario, la supresi√≥n de los art√≠culos 49 y 50 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (LOTT) por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley omnibus), dej√≥ privadas de todo respaldo y cobertura a aquellas normas reglamentarias, de manera que la previsi√≥n contenida en el nuevo art√≠culo 48.2 LOTT, redactado por Ley 9/2013, de 4 de julio, no tiene efectividad hasta que se produzca el desarrollo reglamentario que en ella se anuncia y que finalmente tuvo lugar por Real Decreto 1057/2015, de 21 de noviembre (tesis de la parte demandante).‚ÄĚ

En las sentencias 1711/2017 y 1713/2017, ambas de 13 de noviembre, el Tribunal Supremo se posiciona a favor de la parte demandante; es decir, no existen limitaciones cuantitativas hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario del nuevo art√≠culo 48.2 LOTT, lo que sucedi√≥ con la entrada en vigor del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre. El argumento principal es que los art√≠culos 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008 son incompatibles con la Ley 9/2013 y con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant√≠a de la unidad de mercado. La alta autoridad judicial espa√Īola reconoce que los dos preceptos referidos no fueron formalmente derogados por la Ley √ďmnibus y subraya que la DF 1.¬™ de la Ley 9/2013 declara vigentes el ROTT y las disposiciones dictadas para su ejecuci√≥n. Ahora bien, su vigencia est√° condicionada: los declara en vigor ‚Äú‚Ķen lo que no se opongan a lo dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Uni√≥n Europea que resulten de aplicaci√≥n en la materia‚ÄĚ. Esta soluci√≥n determina que no puedan considerarse v√°lidas y eficaces las limitaciones y restricciones basadas en los arts. 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008, pues no son compatibles con la Ley 9/2013 ni con la Ley 20/2013.

‚Äú‚Ķel art√≠culo 48.2 de la Ley de Ordenaci√≥n de los Transportes Terrestres, seg√ļn redacci√≥n dada por Ley 9/2013, de 4 de julio, no autoriza cualquier clase de limitaciones o restricciones que se establezcan por v√≠a reglamentaria, pues la remisi√≥n que hace el precepto legal contiene determinadas reservas y cautelas: de un lado, el establecimiento de limitaciones por v√≠a reglamentaria habr√° de hacerse ‚Äė(…) de conformidad con las normas comunitarias y dem√°s disposiciones que, en su caso, resulten de aplicaci√≥n‚Äô; de otra parte, el posible establecimiento reglamentario de limitaciones no se contempla de forma amplia sino acotada, esto es, ‚Äė(…) cuando la oferta de transporte p√ļblico de viajeros en veh√≠culos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el √°mbito auton√≥mico o local‚Äô.

Por otra parte, el art√≠culo 99.4 de la Ley de Ordenaci√≥n de los Transportes Terrestres, redactado tambi√©n por la Ley 9/2013, establece que ‚Äė(…) El arrendamiento de veh√≠culos de turismo con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estar√° condicionado a la obtenci√≥n de la correspondiente autorizaci√≥n de conformidad con lo dispuesto en los art√≠culos 42 y 43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con car√°cter espec√≠fico en relaci√≥n con dicha modalidad de transporte‚Äô.

Ello significa que la posibilidad de establecimiento de limitaciones por v√≠a reglamentaria queda acotada en los preceptos de la propia Ley de Ordenaci√≥n de los Transportes Terrestres redactados por Ley 9/2013.‚ÄĚ

En cuanto a la Ley 20/2013, explica que sus arts. 16, 17 y 18 establecen pautas y criterios sobre la base de los principios de libre iniciativa econ√≥mica y de necesidad y proporcionalidad, a fin de impedir restricciones u obst√°culos injustificados. Los art√≠culos 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008 no se ajustan a ellos. Consecuentemente, concede a Jojucar S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L. las licencias solicitadas. Seg√ļn la prensa (aqu√≠ y aqu√≠), es probable que estas licencias acaben en manos de Cabify o Uber, para desesperaci√≥n de los taxistas. Pero deber√°n desembolsar sumas importantes, pues se calcula que su precio de mercado oscilar√° entre 30.000 y 70.000 euros. El lucro para las solicitantes no est√° nada mal si se considera que las tasas de obtenci√≥n son 35 √≥ 40 euros. Como dijo Gordon Gekko (Michael Douglas) en ‘Wall Street’: “Capitalismo en su m√°ximo explendor”.