Carlos G贸rriz L贸pez

Month: December 2017

Competencia para conocer de la acci贸n de responsabilidad ex art. 367 LSC (STJUE 14.12.2017)

A finales de 2017 el TJUE ha vuelto a resolver una cuesti贸n prejudicial sobre el Derecho europeo de sociedades. En este caso, sobre la competencia de los juzgados de lo social para conocer de una acci贸n de responsabilidad contra los administradores por no convocar junta general pese a que las p茅rdidas existentes constitu铆an causa de disoluci贸n. En la sentencia de 14 de diciembre de 2017 (C-243/16), Antoni Miravitlles Ciurana et al v Contimark SA y Jordi Soc铆as Gispert, la corte europea declara que el Derecho comunitario no lo exige.

鈥…la Directiva 2009/101, y en particular sus art铆culos 2 y 6 a 8, y la Directiva 2012/30, en particular sus art铆culos 19 y 36, deben interpretarse en el sentido de que no confieren a los trabajadores que sean acreedores de una sociedad an贸nima, a ra铆z de la extinci贸n de su contrato de trabajo, el derecho a ejercitar, ante la misma jurisdicci贸n social que la competente para conocer de la acci贸n declarativa de su cr茅dito salarial, una acci贸n de responsabilidad contra el administrador de esa sociedad, por no haber convocado la junta general pese a las p茅rdidas importantes sufridas por la empresa, con el fin de que se declare a dicho administrador responsable solidario de la referida deuda salarial.鈥

El origen de la sentencia reside en dos acciones interpuestas por varios trabajadores contra la sociedad Contimark, SA y su administrador 煤nico ante el Juzgado de lo Social n煤m. 30 de Barcelona. En una de ellas exig铆an los atrasos salariales y la indemnizaci贸n por despido; en la otra, instaban la responsabilidad del administrador ex art. 376 LSC. Aunque el Juzgado de lo Social considera que no es competente para conocer de la 煤ltima acci贸n, plantea varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretaci贸n de los arts. 2, 6 y 8 de la Directiva 2009/101, 19 y 36 de la Directiva 2012/30 y 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea. En particular, pregunta si los trabajadores que sean acreedores de la sociedad pueden ejercitar la acci贸n de responsabilidad contra los administradores en los juzgados de lo social competentes para conocer la acci贸n declarativa del cr茅dito salarial.

La respuesta es negativa. Aunque el art铆culo 19 de la Directiva 2012/30 obliga a convocar la junta general en caso de p茅rdidas importantes, no desarrolla esta obligaci贸n ni regula su incumplimiento. Y ni 茅ste ni los dem谩s preceptos referidos responsabilizan a los administradores en caso de no convocar junta, ni mucho menos otorgan competencia a los 贸rganos de la jurisdicci贸n social para conocer de la posible acci贸n. Es una cuesti贸n que queda al arbitrio de los ordenamientos nacionales, En el caso de Espa帽a, los trabajadores-acreedores deber谩n interponer dos demandes ante dos juzgados diferentes. Exigir谩n el pago de los salarios atrasados y las indemnizaciones por terminaci贸n del contrato laboral ante los juzgados de lo social. Y podr谩n pedir la responsabilidad de los administradores por no convocar la junta general, pese a existir causa de disoluci贸n, ante los juzgados de lo mercantil.

Dep贸sito de cuentas anuales y per铆odo medio de pago a acreedores

Durante los 煤ltimos d铆as se ha publicado una avalancha de resoluciones de la DGRN sobre el dep贸sito de cuentas anuales. La cuesti贸n debatida es siempre la misma, si bien algunos supuestos plantean una variante que ha resultado trascendental para la soluci贸n final. Se valora si procede el dep贸sito de las cuentas anuales en formato normalizado y abreviado cuando no aparece totalmente cumplimentada la hoja IDA2; en particular, cuando no se proporciona informaci贸n sobre el periodo medio de pago a proveedores. Este periodo es el n煤mero medio de d铆as que transcurre entre la entrega material de los bienes o la prestaci贸n de servicios a cargo de los proveedores y el pago de las cantidades adeudadas. La variante es el supuesto en que la sociedad estaba inactiva.

La DGRN ha emitido diecisiete resoluciones con un contenido casi id茅ntico, evidenciando un control absoluto de la t茅cnica del 鈥榗orte y pega鈥. En doce de ellas, ha desestimado el recurso y confirmado la calificaci贸n del Registrador, argumentando que la sociedad hab铆a incumplido sus deberes y que, por tanto, la documentaci贸n era defectuosa. Todas ellas resuelven recursos contra decisiones de los registradores mercantiles y de bienes muebles I, II y IV de Murcia y est谩n fechadas los d铆as 14, 15 y 16 de noviembre (BOE n煤m. 294, de 4 de diciembre y n煤m. 297, de 7 de diciembre). En cinco ocasiones la DGRN ha estimado el recurso (resoluciones de 7 de noviembre de 2017, publicadas en el BOE n煤m. 293, de 2 de diciembre). Hac铆an referencia a calificaciones del Registrador mercantil I de Alicante y ten铆an en com煤n que la compa帽铆a que solicitaba el dep贸sito de cuentas estaba inactiva.

El marco normativo est谩 formado, en primer lugar, por los art铆culos 34 y 35 Ccom., 253, 254, 260, 261 y 279 LSC, en cuanto a la obligaci贸n de formular las cuentas anuales, su contenido y la obligaci贸n de dep贸sito. En segundo t茅rmino, es relevante la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaci贸n de la Ley 3/2003, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, su D.A. 3.陋 obliga a las sociedades mercantiles a incluir en la memoria de las cuentas anuales 鈥溾u per铆odo medio de pago a proveedores鈥. Y ordena al Instituto de Contabilidad y Auditor铆a de Cuentas indicar las adaptaciones que resulten relevantes para que las compa帽铆as mercantiles puedan cumplir esta obligaci贸n. Este organismo cumpli贸 su cometido a trav茅s de la Resoluci贸n de 29 de enero de 2016. Su art铆culo 5 regula el c谩lculo del periodo medio de pago a proveedores y el 6 la informaci贸n de los datos correspondientes. En el caso de las sociedades mercantiles que elaboren la memoria con el modelo abreviado o que opten por la aplicaci贸n del Plan General de Contabilidad de Peque帽as y Medianas Empresas, se impone la f贸rmula siguiente:

Per铆odo medio de pago = (saldo medio de acreedores comerciales / compras netas y gastos por servicios exteriores) x 365

Por 煤ltimo, la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo aprueba los modelos para presentaci贸n de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Su anexo I contiene los modelos normalizados de dep贸sito de cuentas anuales abreviado. En la hoja titulada 鈥淒atos generales de identificaci贸n e informaci贸n complementaria requerida en la legislaci贸n espa帽ola鈥 (IDA2) existen dos casillas para hacer constar el periodo medio de pago a proveedores, tanto respecto del ejercicio al que van referidas las cuentas anuales como del anterior.

La DGRN afirma que es preceptivo indicar el n煤mero medio de d铆as que se tarda para pagar a los proveedores. En el caso de las peque帽as y medianas empresas o de las compa帽铆as que puedan elaborar una memoria abreviada, deber谩 rellenarse la casilla correspondiente en la hoja IDA2 con el resultado de aplicar la f贸rmula referida. La falta de cumplimentaci贸n representa un defecto que no permite aceptar el dep贸sito de las cuentas anuales.

Se plantea un problema cuando la sociedad ha estado inactiva, pues el saldo medio de acreedores sociales y el importe de las compras netas y gastos por servicios exteriores ser谩 0, con lo que la cifra de promedio de pago tambi茅n ser谩 0. La DGRN entiende que en estos supuestos no es necesario cumplimentar la casilla, pero deber谩 justificarse esa omisi贸n en la memoria de las cuentas anuales.

鈥淟legados a este punto la cuesti贸n se traslada a c贸mo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, y es forzoso reconocer, que como afirma el recurrente, la consignaci贸n en el ep铆grafe correspondiente (01903), de la hoja IDA1, sobre datos generales de identificaci贸n e informaci贸n complementaria requerida en la legislaci贸n espa帽ola, de que la empresa est谩 inactiva es suficiente para justificar la ausencia de datos en los ep铆grafes relativos al periodo medio de pago a proveedores.鈥

As铆 las cosas, la DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificaci贸n en los casos de Alicante. Pese a que no se hab铆a completado la casilla de per铆odo medio de pago, las mercantiles hab铆an informado acerca de su inactividad en la memoria de las cuentas anuales. En cambio, en los casos de Murcia, subraya que no hay constancia de que las mercantiles estuvieran inactivas, por lo que considera que los documentos presentaban defectos y no pod铆an inscribirse.

鈥淣o ocurre as铆 en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al per铆odo medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligaci贸n legal. Bien al contrario, del conjunto de la documentaci贸n presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de p茅rdidas y ganancias.鈥

El TS falla a favor de conceder licencias VTC (SSTS 1711/2017 y 1713/2017)

Hace poco m谩s de un mes, explic谩bamos que el sector del taxi hab铆a ganado un asalto en el combate que libra con Uber al regular Catalu帽a las licencias VTC (aqu铆). Hoy contamos la revancha: el pasado 13 de noviembre el Tribunal Supremo confirm贸 la nulidad de las resoluciones de la Consejer铆a de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que denegaban la solicitud de autorizaciones de arrendamiento de veh铆culo con conductor. Es decir, Jojucar, S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L. obtienen sesenta y veinte, respectivamente, nuevas licencias VTC.

Cabe remontarse a 2009. El art铆culo 21.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci贸n de diversas leyes para su adaptaci贸n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (m谩s conocida como Ley 脫mnibus) suprim铆a los art铆culos 49 y 50 LOTT, que establec铆an la posibilidad de establecer limitaciones y restricciones a las autorizaciones en materia de transporte terrestre. Nada dec铆a respecto de los preceptos que desarrollaban estos art铆culos; esencialmente, los art铆culos 44 y 45.3 ROTT y 14 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero. La presentaci贸n de diversas solicitudes de licencias VTC gener贸 la duda acerca de su vigencia. El Tribunal Supremo se pronunci贸 en sentido contrario al considerar que hab铆an quedado desprovistas de respaldo legal. Por lo tanto, no era correcta la denegaci贸n de la petici贸n de las autorizaciones para prestar servicios de arrendamiento de veh铆culo con conductor. V茅ase las SSTS 27.1.2014 (N.潞 Recurso 5892/2011 y 969/2012); 29.1.2014 (N.潞 Recurso 105/2012; 384/2012; 2169/2012 y 527/2013) y 30.1.2014 (N.潞 Recurso 110/2012 y 4163/2012). T茅ngase tambi茅n en cuenta la STS 14.2.2012 (N.潞 de Recurso 427/2010).

El contexto legal volvi贸 a cambiar cuatro a帽os m谩s tarde con la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A茅rea. El apartado vigesimocuarto de su art铆culo 1 daba nueva redacci贸n al art铆culo 48 LOTT y dispon铆a que cab铆a limitar cuantitativamente la concesi贸n de autorizaciones para prestar servicios de transporte p煤blico de viajeros en veh铆culos turismo. No obstante, se remit铆a a un desarrollo reglamentario. Surg铆a as铆 la duda de si cab铆a entender que esa remisi贸n devolv铆a la vigencia a los art铆culos 181.2 ROTT y 14.1 de la Orden FOM/36/2008, al menos hasta que se promulgara una nueva norma de desarrollo. La duda se plante贸 con toda su crudeza cuando las dos mercantiles citadas, Jojucar, S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L., solicitaron licencias VTC. El Tribunal Supremo la plasm贸 con las palabras siguientes:

鈥淟a controversia suscitada se contrae a determinar si al amparo de la previsi贸n contenida en el art铆culo 48.2 que acabamos de transcribir cabe considerar subsistentes o renacidas las limitaciones que establec铆an los art铆culos 181.2 del Reglamento de la Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres (ROTT) aprobado por Real Decreto 1211/1990 y 14.1 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero (tesis que sostiene la resoluci贸n impugnada y mantenida por la Comunidad de Madrid en el curso del proceso), o si, por el contrario, la supresi贸n de los art铆culos 49 y 50 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (LOTT) por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley omnibus), dej贸 privadas de todo respaldo y cobertura a aquellas normas reglamentarias, de manera que la previsi贸n contenida en el nuevo art铆culo 48.2 LOTT, redactado por Ley 9/2013, de 4 de julio, no tiene efectividad hasta que se produzca el desarrollo reglamentario que en ella se anuncia y que finalmente tuvo lugar por Real Decreto 1057/2015, de 21 de noviembre (tesis de la parte demandante).鈥

En las sentencias 1711/2017 y 1713/2017, ambas de 13 de noviembre, el Tribunal Supremo se posiciona a favor de la parte demandante; es decir, no existen limitaciones cuantitativas hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario del nuevo art铆culo 48.2 LOTT, lo que sucedi贸 con la entrada en vigor del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre. El argumento principal es que los art铆culos 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008 son incompatibles con la Ley 9/2013 y con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant铆a de la unidad de mercado. La alta autoridad judicial espa帽ola reconoce que los dos preceptos referidos no fueron formalmente derogados por la Ley 脫mnibus y subraya que la DF 1.陋 de la Ley 9/2013 declara vigentes el ROTT y las disposiciones dictadas para su ejecuci贸n. Ahora bien, su vigencia est谩 condicionada: los declara en vigor 鈥溾n lo que no se opongan a lo dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Uni贸n Europea que resulten de aplicaci贸n en la materia鈥. Esta soluci贸n determina que no puedan considerarse v谩lidas y eficaces las limitaciones y restricciones basadas en los arts. 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008, pues no son compatibles con la Ley 9/2013 ni con la Ley 20/2013.

鈥溾l art铆culo 48.2 de la Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres, seg煤n redacci贸n dada por Ley 9/2013, de 4 de julio, no autoriza cualquier clase de limitaciones o restricciones que se establezcan por v铆a reglamentaria, pues la remisi贸n que hace el precepto legal contiene determinadas reservas y cautelas: de un lado, el establecimiento de limitaciones por v铆a reglamentaria habr谩 de hacerse 鈥(…) de conformidad con las normas comunitarias y dem谩s disposiciones que, en su caso, resulten de aplicaci贸n鈥; de otra parte, el posible establecimiento reglamentario de limitaciones no se contempla de forma amplia sino acotada, esto es, 鈥(…) cuando la oferta de transporte p煤blico de viajeros en veh铆culos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el 谩mbito auton贸mico o local鈥.

Por otra parte, el art铆culo 99.4 de la Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres, redactado tambi茅n por la Ley 9/2013, establece que 鈥(…) El arrendamiento de veh铆culos de turismo con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estar谩 condicionado a la obtenci贸n de la correspondiente autorizaci贸n de conformidad con lo dispuesto en los art铆culos 42 y 43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con car谩cter espec铆fico en relaci贸n con dicha modalidad de transporte鈥.

Ello significa que la posibilidad de establecimiento de limitaciones por v铆a reglamentaria queda acotada en los preceptos de la propia Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres redactados por Ley 9/2013.鈥

En cuanto a la Ley 20/2013, explica que sus arts. 16, 17 y 18 establecen pautas y criterios sobre la base de los principios de libre iniciativa econ贸mica y de necesidad y proporcionalidad, a fin de impedir restricciones u obst谩culos injustificados. Los art铆culos 181.2 ROTT y 14.1 Orden FOM/36/2008 no se ajustan a ellos. Consecuentemente, concede a Jojucar S.L. y Gran Via Rent A Car, S.L. las licencias solicitadas. Seg煤n la prensa (aqu铆 y aqu铆), es probable que estas licencias acaben en manos de Cabify o Uber, para desesperaci贸n de los taxistas. Pero deber谩n desembolsar sumas importantes, pues se calcula que su precio de mercado oscilar谩 entre 30.000 y 70.000 euros. El lucro para las solicitantes no est谩 nada mal si se considera que las tasas de obtenci贸n son 35 贸 40 euros. Como dijo Gordon Gekko (Michael Douglas) en ‘Wall Street’: “Capitalismo en su m谩ximo explendor”.

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