SJM 2 Madrid 30/2017 sobre Blablacar. Diferencias con Uber

1. Hace cinco meses que el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 2 de Madrid dict贸 su Sentencia 30/2017, de 2 de febrero, sobre la demanda interpuesta por la Confederaci贸n Espa帽ola de Transporte en Autob煤s (Confeb煤s) contra la plataforma colaborativa Blablacar. Cabe mencionar que dicha plataforma consiste en una aplicaci贸n inform谩tica que conecta a aquellas personas que desean viajar en coche compartido y que coinciden en el trayecto. De ah铆 que Confeb煤s acuse a Blablacar de infringir la normativa de ordenaci贸n de los transportes terrestres y de realizar un acto de competencia desleal contra el gremio de los transportistas profesionales de pasajeros, bas谩ndose en el art铆culo 15 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que reza como sigue:

Art铆culo 15. Violaci贸n de normas.

  1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracci贸n de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.
  2. Tendr谩 tambi茅n la consideraci贸n de desleal la simple infracci贸n de normas jur铆dicas que tengan por objeto la regulaci贸n de la actividad concurrencial

Seg煤n la patronal de autobuses, Blablacar est谩 llevando a cabo una actividad de transporte de pasajeros sin atenerse a los requisitos exigidos por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres (LOTT). Principalmente, destaca que los conductores de la plataforma no poseen la autorizaci贸n administrativa preceptiva para efectuar dicho transporte. Adem谩s, a帽ade que, gracias a ello, la plataforma colaborativa est谩 obteniendo una ventaja competitiva significativa, lo cual est谩 comportando un descenso en su actividad y una crisis en el sector del transporte en autocar.

2. Sin embargo, tras analizar los servicios prestados por Blablacar, el juez mercantil concluye, por un lado, que no est谩 sujeta a la normativa de ordenaci贸n de los transportes terrestres, sino que en realidad se centra 煤nica y exclusivamente en el transporte privado particular. Por lo tanto, no considera que haya infringido norma alguna de ordenaci贸n de los transportes terrestres. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que para valorar la ventaja significativa debe acudirse al potencial para atraer la demanda, mantiene que tampoco ha obtenido tal ventaja. Ello se debe a que, aunque la plataforma disponga de cierto potencial para atraer la demanda, no puede acreditarse que sea de tal magnitud como para perjudicar al sector de transporte en autocar, sino que probablemente sean otros competidores los causantes del descenso de su actividad. De modo que, no habiendo infringido ninguna ley ni habiendo obtenido una ventaja competitiva significativa gracias a dicha infracci贸n, no puede considerarse que haya actuado de forma desleal. Al contrario, el juez afirma que la actividad que realiza Blablacar es la propia de un servicio de la sociedad de la informaci贸n, regulada por la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur铆dicos de los servicios de la sociedad de la informaci贸n, en particular el comercio electr贸nico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr贸nico) y la ley que la transpone, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico.

3. Tratando el asunto de Blablacar, no podemos pasar por alto las razones por las cuales el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 2 de Madrid aprecia distintos su caso y el de Uber. A diferencia del primero, el segundo es una aplicaci贸n inform谩tica que intermedia para contratar servicios de transporte prestados por conductores que se encuentran inscritos en la plataforma. En la demanda interpuesta por la Asociaci贸n Madrile帽a del Taxi contra Uber Technologies Inc tambi茅n se acusaba a la plataforma de operar de forma ilegal y de cometer un acto de competencia desleal, contemplado en el art铆culo 15 LCD. Tras el pertinente an谩lisis, el juez concluy贸 en diciembre de 2014, al resolver la petici贸n de medidas cautelares, que Uber ofrece servicios de transporte p煤blico de pasajeros sin la autorizaci贸n administrativa preceptiva para ello. Por tanto, infringe la normativa relativa a la ordenaci贸n de los transportes terrestres. Asimismo, en su caso, el potencial para atraer la demanda pod铆a llegar a ser muy elevado, teniendo en cuenta que la plataforma no aplicaba las tarifas del taxi, sino que pod铆a fijar un precio menor, por lo que la ventaja competitiva era significativa. Consecuentemente, falla, en el marco del procedimiento cautelar, que actu贸 de forma desleal.

As铆 pues, mientras que el juez considera a Blablacar un transporte privado particular no sujeto a autorizaci贸n administrativa, tilda a Uber de transporte p煤blico de pasajeros sometido a autorizaci贸n y a todos los requisitos que exige la LOTT.

4. Finalmente, y en relaci贸n con lo anterior, cabe tratar una cuesti贸n reciente y de inter茅s para plataformas como Blablacar. Tras la publicaci贸n el pasado 11 de mayo de las conclusiones del Abogado General sobre la cuesti贸n prejudicial del caso Uber (v茅ase la entrada ‘Conclusiones del AG Szpunar sobre el caso Uber’) y a expensas de conocer el fallo final del TJUE, puede surgir la duda de si dichas consideraciones ser谩n aplicables tambi茅n a casos como el de Blablacar. Cabe significar que con la cuesti贸n prejudicial se pretende aclarar si una actividad como la que lleva a cabo Uber 鈥揷oncretamente, su modalidad UberPop鈥 se excluye del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios) por considerarse una actividad propia de un servicio de transporte o si, por el contrario, es considerada un servicio electr贸nico de intermediaci贸n, propio de la sociedad de la informaci贸n, ya que en el primer caso ser谩 necesario que cuente con una autorizaci贸n administrativa previa y, en cambio, en el segundo caso no.

En sus conclusiones, el Abogado General trata un aspecto novedoso a la vez que controvertido, que es el de los 鈥渟ervicios mixtos鈥. Tales servicios se caracterizan porque una parte se presta por v铆a electr贸nica y la otra no. Es decir, se conecta a los usuarios a trav茅s de una red electr贸nica y se efect煤a el transporte de manera f铆sica. En ese sentido, considera que, a pesar de que alguna de las actividades de Uber puedan ser consideradas servicios de la sociedad de la informaci贸n, su actividad principal es la de organizar y operar transportes de personas. Adem谩s, para que un servicio sea considerado de la sociedad de la informaci贸n es necesario que el elemento prestado por v铆a electr贸nica sea o bien econ贸micamente independiente o bien principal respecto al segundo elemento. De no ser as铆, significa que ambos elementos son indisociables y que por tanto sin uno no existir铆a el otro. Con lo cual, en el caso de Uber, el Abogado General entiende que su servicio no podr铆a prestarse si no existiese la compa帽铆a y sostiene que no ofrece 煤nicamente un servicio que pone en contacto a conductores y clientes por medio de una plataforma digital, sino que se comporta como una empresa de transportes, siendo 茅sta su actividad principal y la que le aporta valor econ贸mico. De modo que no puede acogerse a la libre prestaci贸n de servicios de la que disfrutan las empresas de la sociedad de la informaci贸n. Por contra, a diferencia de Uber, un servicio como el que presta Blablacar seguir铆a d谩ndose si no existiese dicha compa帽铆a, puesto que su actividad ya se daba antes de que surgiera esta empresa, aunque fuese a diferente escala.

Dicho esto, y para acabar, cabe pensar que si el TJUE comparte la interpretaci贸n del Abogado General sobre Uber 鈥搇o cual suele ser lo habitual鈥, actividades como las que lleva a cabo dicha plataforma ser谩n consideradas desleales; pero en cambio no suceder谩 lo mismo con las realizadas por plataformas como la de Blablacar, por las diferencias existentes mencionadas.

Noem铆 Lachica Molero

Graduada en ADE + Derecho

Universidad Aut贸noma de Barcelona

About Carles G贸rriz L贸pez

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
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