Carlos G贸rriz L贸pez

Month: July 2017

SJM 2 Madrid 30/2017 sobre Blablacar. Diferencias con Uber

1. Hace cinco meses que el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 2 de Madrid dict贸 su Sentencia 30/2017, de 2 de febrero, sobre la demanda interpuesta por la Confederaci贸n Espa帽ola de Transporte en Autob煤s (Confeb煤s) contra la plataforma colaborativa Blablacar. Cabe mencionar que dicha plataforma consiste en una aplicaci贸n inform谩tica que conecta a aquellas personas que desean viajar en coche compartido y que coinciden en el trayecto. De ah铆 que Confeb煤s acuse a Blablacar de infringir la normativa de ordenaci贸n de los transportes terrestres y de realizar un acto de competencia desleal contra el gremio de los transportistas profesionales de pasajeros, bas谩ndose en el art铆culo 15 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que reza como sigue:

Art铆culo 15. Violaci贸n de normas.

  1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracci贸n de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.
  2. Tendr谩 tambi茅n la consideraci贸n de desleal la simple infracci贸n de normas jur铆dicas que tengan por objeto la regulaci贸n de la actividad concurrencial

Seg煤n la patronal de autobuses, Blablacar est谩 llevando a cabo una actividad de transporte de pasajeros sin atenerse a los requisitos exigidos por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres (LOTT). Principalmente, destaca que los conductores de la plataforma no poseen la autorizaci贸n administrativa preceptiva para efectuar dicho transporte. Adem谩s, a帽ade que, gracias a ello, la plataforma colaborativa est谩 obteniendo una ventaja competitiva significativa, lo cual est谩 comportando un descenso en su actividad y una crisis en el sector del transporte en autocar.

2. Sin embargo, tras analizar los servicios prestados por Blablacar, el juez mercantil concluye, por un lado, que no est谩 sujeta a la normativa de ordenaci贸n de los transportes terrestres, sino que en realidad se centra 煤nica y exclusivamente en el transporte privado particular. Por lo tanto, no considera que haya infringido norma alguna de ordenaci贸n de los transportes terrestres. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que para valorar la ventaja significativa debe acudirse al potencial para atraer la demanda, mantiene que tampoco ha obtenido tal ventaja. Ello se debe a que, aunque la plataforma disponga de cierto potencial para atraer la demanda, no puede acreditarse que sea de tal magnitud como para perjudicar al sector de transporte en autocar, sino que probablemente sean otros competidores los causantes del descenso de su actividad. De modo que, no habiendo infringido ninguna ley ni habiendo obtenido una ventaja competitiva significativa gracias a dicha infracci贸n, no puede considerarse que haya actuado de forma desleal. Al contrario, el juez afirma que la actividad que realiza Blablacar es la propia de un servicio de la sociedad de la informaci贸n, regulada por la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur铆dicos de los servicios de la sociedad de la informaci贸n, en particular el comercio electr贸nico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr贸nico) y la ley que la transpone, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico.

3. Tratando el asunto de Blablacar, no podemos pasar por alto las razones por las cuales el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 2 de Madrid aprecia distintos su caso y el de Uber. A diferencia del primero, el segundo es una aplicaci贸n inform谩tica que intermedia para contratar servicios de transporte prestados por conductores que se encuentran inscritos en la plataforma. En la demanda interpuesta por la Asociaci贸n Madrile帽a del Taxi contra Uber Technologies Inc tambi茅n se acusaba a la plataforma de operar de forma ilegal y de cometer un acto de competencia desleal, contemplado en el art铆culo 15 LCD. Tras el pertinente an谩lisis, el juez concluy贸 en diciembre de 2014, al resolver la petici贸n de medidas cautelares, que Uber ofrece servicios de transporte p煤blico de pasajeros sin la autorizaci贸n administrativa preceptiva para ello. Por tanto, infringe la normativa relativa a la ordenaci贸n de los transportes terrestres. Asimismo, en su caso, el potencial para atraer la demanda pod铆a llegar a ser muy elevado, teniendo en cuenta que la plataforma no aplicaba las tarifas del taxi, sino que pod铆a fijar un precio menor, por lo que la ventaja competitiva era significativa. Consecuentemente, falla, en el marco del procedimiento cautelar, que actu贸 de forma desleal.

As铆 pues, mientras que el juez considera a Blablacar un transporte privado particular no sujeto a autorizaci贸n administrativa, tilda a Uber de transporte p煤blico de pasajeros sometido a autorizaci贸n y a todos los requisitos que exige la LOTT.

4. Finalmente, y en relaci贸n con lo anterior, cabe tratar una cuesti贸n reciente y de inter茅s para plataformas como Blablacar. Tras la publicaci贸n el pasado 11 de mayo de las conclusiones del Abogado General sobre la cuesti贸n prejudicial del caso Uber (v茅ase la entrada ‘Conclusiones del AG Szpunar sobre el caso Uber’) y a expensas de conocer el fallo final del TJUE, puede surgir la duda de si dichas consideraciones ser谩n aplicables tambi茅n a casos como el de Blablacar. Cabe significar que con la cuesti贸n prejudicial se pretende aclarar si una actividad como la que lleva a cabo Uber 鈥揷oncretamente, su modalidad UberPop鈥 se excluye del 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios) por considerarse una actividad propia de un servicio de transporte o si, por el contrario, es considerada un servicio electr贸nico de intermediaci贸n, propio de la sociedad de la informaci贸n, ya que en el primer caso ser谩 necesario que cuente con una autorizaci贸n administrativa previa y, en cambio, en el segundo caso no.

En sus conclusiones, el Abogado General trata un aspecto novedoso a la vez que controvertido, que es el de los 鈥渟ervicios mixtos鈥. Tales servicios se caracterizan porque una parte se presta por v铆a electr贸nica y la otra no. Es decir, se conecta a los usuarios a trav茅s de una red electr贸nica y se efect煤a el transporte de manera f铆sica. En ese sentido, considera que, a pesar de que alguna de las actividades de Uber puedan ser consideradas servicios de la sociedad de la informaci贸n, su actividad principal es la de organizar y operar transportes de personas. Adem谩s, para que un servicio sea considerado de la sociedad de la informaci贸n es necesario que el elemento prestado por v铆a electr贸nica sea o bien econ贸micamente independiente o bien principal respecto al segundo elemento. De no ser as铆, significa que ambos elementos son indisociables y que por tanto sin uno no existir铆a el otro. Con lo cual, en el caso de Uber, el Abogado General entiende que su servicio no podr铆a prestarse si no existiese la compa帽铆a y sostiene que no ofrece 煤nicamente un servicio que pone en contacto a conductores y clientes por medio de una plataforma digital, sino que se comporta como una empresa de transportes, siendo 茅sta su actividad principal y la que le aporta valor econ贸mico. De modo que no puede acogerse a la libre prestaci贸n de servicios de la que disfrutan las empresas de la sociedad de la informaci贸n. Por contra, a diferencia de Uber, un servicio como el que presta Blablacar seguir铆a d谩ndose si no existiese dicha compa帽铆a, puesto que su actividad ya se daba antes de que surgiera esta empresa, aunque fuese a diferente escala.

Dicho esto, y para acabar, cabe pensar que si el TJUE comparte la interpretaci贸n del Abogado General sobre Uber 鈥搇o cual suele ser lo habitual鈥, actividades como las que lleva a cabo dicha plataforma ser谩n consideradas desleales; pero en cambio no suceder谩 lo mismo con las realizadas por plataformas como la de Blablacar, por las diferencias existentes mencionadas.

Noem铆 Lachica Molero

Graduada en ADE + Derecho

Universidad Aut贸noma de Barcelona

La ‘Societas Unius Personae’ en el contexto jur铆dico-econ贸mico franco-espa帽ol: 驴oportunidad o espejismo?

El Derecho europeo de sociedades busca realizar un nuevo paso en el largo sendero de su armonizaci贸n. Ante la constataci贸n de un exiguo tr谩fico econ贸mico dentro del Mercado 煤nico por parte de las Pymes -solamente un 2% de los 20,2 millones de ellas invierten fuera de sus fronteras-, en 2014 la Comisi贸n present贸 su propuesta de Directiva relativa a las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. Gravemente enmendada por el Consejo en 2015, las instituciones europeas buscaron el levantamiento de barreras a la libertad de establecimiento que para dichas Pymes constituyen los costes de informaci贸n y asesoramiento a la implantaci贸n de sociedades en otros Estados miembros, especialmente en lo relativo al conocimiento del ordenamiento extranjero, a menudo ajeno.

Para Espa帽a, una tal propuesta aparece de marcada importancia cuando 茅sta se sit煤a en el contexto de sus relaciones con su vecina Francia. En datos de 2015, el pa铆s galo era el segundo proveedor y primer cliente de Espa帽a, y ella fue el sexto proveedor y tercer cliente de Francia, a lo que le debemos sumar que las Pymes representan el 99,9% de las empresas de ambos Estados. Un desbloqueo de la actividad empresarial de los m谩s peque帽os, en parte representados por sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, representa un potencial m谩s que remarcable en sus econom铆as. Desde un punto de vista jur铆dico, la legislaci贸n espa帽ola no se entender铆a sin la influencia francesa, de la que se inspira gran parte de su Derecho privado y p煤blico, ni de la europea, fuente e impulso de su modernidad.

Ahora bien, 驴qu茅 puede aportar de nuevo la Societas Unius Personae en Derechos hermanos como el espa帽ol y franc茅s? Desde la superficialidad, ambas regulaciones de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada pueden parecer similares. Mas un estudio detallado de las disposiciones de la Propuesta, comparadas con las respectivas de los ordenamientos de cada Estado, muestran divergencias que, si bien pueden parecer de menor importancia, tienen una trascendencia notable para el peque帽o empresario. As铆, la Propuesta aborda cuestiones clave como la simplificaci贸n administrativa en la creaci贸n de empresas, la libre elecci贸n del domicilio social registral, la apertura del proceso de fundaci贸n de la sociedad y su funcionamiento o la revisi贸n de la funci贸n de su capital social. Tales aspectos, o bien son tratados de forma diferente en ambos ordenamientos, o directamente no aparecen suficientemente regulados en sus respectivas legislaciones. Por ello, las disposiciones europeas no solamente pueden aportar una mayor coherencia y cohesi贸n entre ambas legislaciones, sino que tambi茅n se encuentran en posici贸n de modernizarlas, especialmente en lo relativo a su liberalizaci贸n e informatizaci贸n, ambas cuestiones ineludibles.

Sin embargo, la Propuesta parece ser tan necesaria como incompleta. No pocas veces la Propuesta abandona a la regulaci贸n interna de cada Estado miembro cuestiones de notable importancia, especialmente a partir del texto remitido por el Consejo. Observamos en este sentido la aplicaci贸n del sistema de fuentes en 谩mbitos como el registro de la sociedad, en los aspectos concretos de su administraci贸n o en lo relativo a las disposiciones que regulan los contratos celebrados entre el socio 煤nico y la sociedad, entre otros. Si bien no hay que olvidar que se trata de una propuesta de Directiva y no de Reglamento, no es menos cierto que la t茅cnica de la armonizaci贸n plena no resulta desconocida por unas instituciones europeas que ya hicieron uso de ella en lo relativo a la protecci贸n del consumidor; mas una tal voluntad no existe en la cuesti贸n que nos ocupa.

Hoy paralizada, la Propuesta para la armonizaci贸n de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada evidencia las divergencias de enfoque legislativo que ordenamientos hermanos como el franc茅s y espa帽ol todav铆a mantienen y que la Propuesta, en mayor o menor medida, est谩 en posici贸n de aproximar. A pesar del estado en el que se encuentra su texto, no hay lugar a dudas que, de forma vertical u horizontal, m谩s r谩pida o m谩s lentamente, la armonizaci贸n de este tipo societario avanzar谩 hacia una mayor cohesi贸n y, cual f茅nix que renace de sus cenizas, las disposiciones de la Propuesta servir谩n, en un futuro, a la sosegada construcci贸n del Mercado 煤nico europeo.

Enric Comabasosa i Esqu茅

STS 317/2017: c谩lculo de la indemnizaci贸n por clientela y obligaci贸n de recomprar el stock

La STS 317/2017, de 19 de mayo plantea dos cuestiones interesantes sobre un contrato de distribuci贸n en exclusiva y de duraci贸n indefinida. El litigio se genera cuando el proveedor resuelve unilateralmente el contrato y el distribuidor reclama la indemnizaci贸n por clientela, la compensaci贸n del lucro cesante y que se obligue a su contraparte a recomprar el stock existente. Tras afirmar que procede la aplicaci贸n anal贸gica de los arts. 25 y 28 de la Ley del Contrato de Agencia y desestimar la exceptio non adimpleti contractus, el TS aborda el c贸mputo de la indemnizaci贸n por clientela. Recuerda que se pronunci贸 al respecto en los fallos聽356/2016, de 30 de mayo y 137/2017 de 1 de marzo (v茅ase la entrada Indemnizaci贸n por clientela y contrato de distribuci贸n: beneficios netos) en los que declar贸 que deb铆an tenerse en cuenta los beneficios netos del distribuidor. Su aplicaci贸n al caso objeto de examen le lleva a confirmar la sentencia recurrida, puesto que la AP

鈥溾xpresamente tiene en cuenta 芦aquellos gastos que resultan precisos para la obtenci贸n del producto de las ventas (gastos de personal, transportes, gastos financieros, y la repercusi贸n de los gastos generales), esto es, el beneficio neto -diferencia entre el beneficio bruto (ingresos menos gastos de la operaci贸n) y los gastos generados (salarios, amortizaciones, tributos, rentas intereses)禄.鈥

En cuanto a la obligaci贸n de recomparar el stock, asevera que no es un elemento natural del contrato. Por lo tanto, hay que acudir al acuerdo de las partes. Si nada previeron, la soluci贸n viene dada por la integraci贸n del contrato a trav茅s del principio de buena fe. Mantiene que聽las circunstancias del contrato conducen a la obligaci贸n de recompra del stock:

鈥淓n el presente caso, conforme a la integraci贸n del contrato, con arreglo al principio de buena fe, debe concluirse que la distribuidora viene legitimada para exigir a la concedente el pago del stock de productos conexo a la ejecuci贸n que ven铆an efectu谩ndose del contrato de distribuci贸n. En este sentido, abunda la valoraci贸n de las circunstancias del presente caso. As铆 en primer t茅rmino, debe tenerse en cuenta que la concedente no ha negado el hecho de que la distribuidora asum铆a una obligaci贸n de mantenimiento de un cierto stock de productos para la ejecuci贸n del contrato de distribuci贸n. En segundo t茅rmino, debe destacarse la larga duraci贸n de la relaci贸n negocial que vinculaba a las partes. Relaci贸n de distribuci贸n en exclusiva, claramente acreditada al menos con cinco a帽os de antelaci贸n con respecto a la resoluci贸n contractual ejercitada. En tercer t茅rmino, y estrictamente relacionado con lo anterior, tambi茅n merece resaltarse que la concedente no comunic贸 su decisi贸n de resolver el contrato con un preaviso suficiente a la distribuidora, de forma que 茅sta pudiera gestionar con cierta antelaci贸n la venta de su stock.鈥 Por lo tanto, concluye: 鈥渓a distribuidora debe ser indemnizada por el da帽o ocasionado (da帽o emergente) que le ha supuesto tener a disposici贸n de la concedente un stock que finalmente no va a ser objeto de venta en los centros hospitalarios. Si bien, como declar贸 la sentencia de primera instancia, dicha indemnizaci贸n debe ser calculada con relaci贸n al precio de adquisici贸n de los productos en stock y no al precio de venta de las mismas, como pretende la recurrente鈥.

As铆 pues, reitera la tesis que defendi贸 en su sentencia聽593/2016, de 5 de octubre, que rese帽amos en la entrada “Distribuci贸n ‘just in time’: STS 593/2016”, de 6 de diciembre de 2016.

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