Carlos G贸rriz L贸pez

Month: May 2017

Conclusiones del AG Szpunar sobre el caso Uber

1. El pasado 11 de mayo, el Abogado General Maciej Szpunar public贸 sus conclusiones sobre la cuesti贸n prejudicial del caso Uber. Calific贸 su actividad como transporte urbano de pasajeros y descart贸 que fuera un servicio de sociedad de la informaci贸n. La calificaci贸n resulta esencial para afirmar que bien la plataforma colaborativa, bien sus conductores precisan una autorizaci贸n administrativa para poder llevar a cabo su actividad de transporte urbano de pasajeros. Claro est谩, siempre que el TJUE mantenga la misma interpretaci贸n que el Abogado General, lo que acostumbra a ser la regla general. Ahora bien, aunque as铆 sea, la sentencia no traer谩 la paz al conflicto abierto entre Uber y los taxistas. Ni ser谩 directamente aplicable a los dem谩s frentes abiertos (Blablacar, Airbnb, etc.) que tiene abierta la econom铆a colaborativa.

2. Las conclusiones tienen su origen en el litigio que enfrenta a la Asociaci贸n Profesional 脡lite Taxi y Uber Systems Spain, SL. La primera acus贸 a la segunda de competencia desleal; sustancialmente, de vulnerar el art. 15 de la Ley de Competencia Desleal. Afirm贸 que la filial espa帽ola de la multinacional estadounidense se aprovechaba concurrencialmente de la ventaja que obten铆a al no cumplir la normativa de ordenaci贸n del transporte de pasajeros. En el marco del procedimiento correspondiente, el titular del Juzgado de lo Mercantil n煤m. 3 de Barcelona formul贸 cuatro cuestiones prejudiciales, que fueron recibidas por el TJUE el 7 de agosto de 2015. El Abogado General las sintetiza del modo siguiente:

鈥溾e trata principalmente de saber si una posible regulaci贸n de las condiciones de funcionamiento de Uber est谩 sujeta a las exigencias del Derecho de la Uni贸n, ante todo las de la libre prestaci贸n de servicios [Directivas 2006/123, 2000/31 y 98/34], o si est谩 incluida en la competencia compartida de la Uni贸n Europea y los Estados miembros en el 谩mbito de los transportes locales, que la Uni贸n a煤n no ha ejercido鈥.

La raz贸n es que, si se trata de un servicio de sociedad de la informaci贸n, los Estados miembros no podr谩n exigir una autorizaci贸n para su prestaci贸n, conforme al art. 3.2. de la Directiva 2000/31, salvo cuando est茅 justificada por una de las razones enumeradas en el art铆culo 3.4 de la Directiva y su exigencia sea proporcionada al objetivo perseguido.

3.聽Maciej Szpunar define los servicios de la sociedad de la informaci贸n a la luz del art. 2.a) de la Directiva 2000/31, que se remite al art. 1.2 de la Directiva 98/34: 鈥溾ervicio prestado a cambio de una remuneraci贸n, a distancia, por v铆a electr贸nica y a petici贸n individual de un destinatario鈥. La actividad de Uber genera problemas de calificaci贸n, pues se trata de un servicio 鈥榤ixto鈥. De un lado, pone en contacto los conductores con los pasajeros a trav茅s de su app Uberpop [aunque la multinacional estadounidense tiene otros servicios y software, el litigio que dio origen a las conclusiones versaba sobre esta aplicaci贸n]. De otro, los primeros transportan a los 煤ltimos en las ciudades en las que est谩 implantada la app (en el caso era Barcelona). La Directiva no regula espec铆ficamente los servicios mixtos. Por ello, el Abogado General parte de su finalidad para determinar si la prestaci贸n de Uber queda sometida a su r茅gimen: garantizar la eficacia de la libre prestaci贸n de servicios de la sociedad de la informaci贸n.

鈥溾ara que la Directiva 2000/31 pueda alcanzar su objetivo de liberalizaci贸n de los servicios de la sociedad de la informaci贸n, la liberalizaci贸n limitada al mero elemento electr贸nico debe tener una influencia real sobre la posibilidad de ejercer la actividad. Por esta raz贸n, el legislador se ha concentrado en los servicios que, en principio, se transmiten 铆ntegramente por v铆a electr贸nica, dado que los servicios opcionales que se prestan por otras v铆as no son sino un elemento accesorio de estos servicios.鈥

Esta premisa le lleva a aplicar, en primer lugar, el criterio de la independencia de las prestaciones. Es decir, valorar si el servicio transmitido electr贸nicamente es independiente del no electr贸nico. As铆 sucede, por ejemplo, en el caso de la compra de billetes de avi贸n o de reserva de hoteles. Cuando el mismo prestador facilita los dos servicios o cuando no son independientes, entonces hay que examinar cu谩l prima. Si es el electr贸nico, ser谩 un servicio de la sociedad de la informaci贸n.

En el caso de Uber, estima que las dos prestaciones no son independientes y que prima la de acarreo de personas, por lo que no es un servicio de sociedad de la informaci贸n. En primer lugar, argumenta que Uberpop no es un servicio para compartir coche: el conductor pone su veh铆culo para desplazar al pasajero elegido por 茅ste. Segundo, Uber no se limita a intermediar entre oferta y demanda. 鈥淒e hecho, Uber hace bastante m谩s que intermediar entre oferta y demanda: ella misma ha creado la oferta. Tambi茅n regula sus caracter铆sticas esenciales y organiza su funcionamiento鈥. Destaca que es la plataforma colaborativa quien impone los requisitos para acceder a la prestaci贸n, tanto a los conductores y sus veh铆culos, como a los pasajeros. Es ella quien indica a los primeros los lugares y horas en los que pueden contar con un n煤mero importante de carreras o tarifas ventajosas, a fin de adaptar la oferta a la fluctuaci贸n de la demanda. Igualmente, la aplicaci贸n permite evaluar a los conductores y a los pasajeros, lo que condiciona el acceso al servicio e incrementa el control sobre los prestadores y los usuarios. Adem谩s, la multinacional estadounidense fija el precio del transporte y la remuneraci贸n que percibir谩n los ch贸feres (p谩rr. 49).

El 煤ltimo dato que destaca es que los consumidores eligen el servicio de Uber en funci贸n de la reputaci贸n y del nombre de la plataforma colaborativa. De ah铆 que, a juicio del Abogado General, el servicio de los conductores no tiene sentido sin ella. Pero tampoco tiene sentido per se la mera prestaci贸n de conectar pasajeros y automovilistas. Ambos forman un servicio 煤nico y en 茅l prima la actividad f铆sica de traslado de personas en autom贸viles. De ah铆 que el servicio de conectar los conductores con los pasajeros no pueda calificarse de 鈥渟ervicio de la sociedad de la informaci贸n鈥 (p谩rr. 65). Maciej Szpunar concluye que Uber presta un servicio de transporte. Le es aplicable el art. 2.2.d) de la Directiva 2006/123, que excluye el transporte del 谩mbito de aplicaci贸n de la norma europea:

鈥溾n el caso de servicios mixtos compuestos de un elemento prestado por v铆a electr贸nica y de otro que no se presta por esta v铆a, para poder ser calificados de 芦servicio de la sociedad de la informaci贸n禄 el primer elemento debe ser, bien econ贸micamente independiente, bien principal, en relaci贸n con el segundo. La actividad de Uber debe analizarse como un conjunto que engloba tanto el servicio de conexi贸n entre pasajeros y conductores mediante la aplicaci贸n para tel茅fonos inteligentes como la prestaci贸n de transporte en s铆 misma, que constituye, desde un punto de vista econ贸mico, el elemento principal. Por tanto, esta actividad no puede dividirse en dos para clasificar una parte del servicio entre los servicios de la sociedad de la informaci贸n. En consecuencia, tal servicio debe calificarse de 芦servicio en el 谩mbito del transporte禄鈥 (p谩rr. 71).

4. Si el TJUE confirmara las conclusiones del Abogado General, la consecuencia deber铆a ser, aparentemente, que Uber precisa autorizaci贸n para llevar a cabo su actividad. Sin embargo, no est谩 tan claro, como reconoce Maciej Szpunar. La raz贸n es que existen dudas acerca de si el Derecho espa帽ol exige una autorizaci贸n administrativa para prestar servicios de transporte urbano de pasajeros o intermediar en ellos.

鈥溾 la demandada en el litigio principal se帽ala que la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987 y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A茅rea, ha suprimido la obligaci贸n de disponer de una autorizaci贸n espec铆fica para prestar servicios de intermediaci贸n de transporte de viajeros. No obstante, no es seguro que esta reforma haya entrado en vigor en todas las Comunidades Aut贸nomas.鈥

A mi modesto entender, la respuesta hay que buscarla en la normativa auton贸mica, pues Uber presta un servicio de transporte urbano p煤blico y discrecional de pasajeros; por lo tanto, dentro del territorio de una Comunidad Aut贸noma (arts. 148.5 y 149.1.21 de la Constituci贸n Espa帽ola). En el caso de Catalu帽a 鈥搑ecordemos que el litigio que origina la cuesti贸n prejudicial se refiere a la competencia con el taxi en Barcelona-, la norma aplicable es la Llei 12/1987, de 29 de mayo, de regulaci贸 del transporte de viatgers per carretera mitjan莽ant vehicles de motor. Sus art铆culos 31 y 38 exigen una autorizaci贸n para poder llevar a cabo servicios discrecionales de transporte de pasajeros, fijando una duraci贸n m谩xima de cinco a帽os renovables. Coherentemente, lo mismo sucede con el taxi. La norma clave es la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. Su art铆culo 4 exige la obtenci贸n de licencia habilitante para prestar el servicio. Y el 31 dispone que las tarifas deben garantizar en todo momento la cobertura del coste del servicio y asegurar un beneficio empresarial razonable.

Interesa a帽adir que Uber no es un simple intermediario, sino que debe ser considerado como el prestador del servicio de transporte. La raz贸n es que detenta su control. Fija las condiciones de acceso, tanto respecto de los conductores 鈥搚 sus veh铆culos- como de los pasajeros, pudiendo excluirlos en caso de opiniones negativas. Igualmente, establece las condiciones del servicio, incluidos aspectos tan transcendentales como el precio del transporte y la remuneraci贸n de los ch贸feres. Asimismo, designa el conductor que va a realizar el servicio y les incentiva para trabajar en determinadas franjas horarias. Adem谩s, los consumidores identifican el transporte con la plataforma colaborativa, en el sentido que aceptan el servicio de los ch贸feres debido a la reputaci贸n que 茅sta tiene. Y el hecho de que no sea la propietaria de los veh铆culos carece de trascendencia, como indica el Abogado General. De ah铆 que est茅 de acuerdo con su afirmaci贸n:

鈥淯ber no es un mero intermediario entre conductores dispuestos a proponer ocasionalmente un servicio de transporte y pasajeros en busca de dicho servicio. Al contrario, Uber es un verdadero organizador y operador de servicios de transporte urbano en las ciudades en las que est谩 presente. Si bien es cierto, como afirma Uber en sus observaciones en el presente asunto, que su concepto es innovador, esta innovaci贸n est谩 incluida en el sector del transporte urbano鈥 (p谩rr. 61 y v茅ase tambi茅n p谩rr. 86).

5. La sentencia del TJUE no pondr谩 fin a la batalla entre Uber y los taxistas. Aunque el Juzgado de lo Mercantil n煤m. 3 de Barcelona concluya que la plataforma colaborativa ha realizado competencia desleal, el conflicto seguir谩 vivo. La raz贸n es que, en la actualidad, Uber ha cambiado de estrategia y ofrece sus servicios, a imagen de Cabify, bajo el paraguas de la autorizaci贸n de los servicios de arrendamiento de veh铆culo con conductor, las famosas licencias VTC. Podr铆a considerarse que se trata de un abuso de derecho, pues se ampara en el art. 99.4 LOTT para seguir compitiendo con los taxistas. Pero hay que tener en cuenta que, efectivamente, cuenta con una habilitaci贸n administrativa para prestar su servicio y que el el precepto citado califica el arrendamiento de veh铆culo con conductor como 鈥溾na modalidad de transporte de viajeros鈥︹

Cabe hacer dos consideraciones. La primera es precisamente si debe seguir asimil谩ndose el arrendamiento de veh铆culos con conductor y el transporte o si deber铆an diferenciarse. La segunda es comentar que se ha creado un nuevo mercado: el de las licencias VTC. Y muy lucrativo. Seg煤n El Confidencial, se est谩n pagando estas licencias a 30.000 euros, pudiendo llegar a alcanzar los 70.000. Si tenemos en cuenta que las tasas de su obtenci贸n est谩n entre 35 y 40 euros, el lucro no est谩 nada mal. En cuanto a las licencias de taxi, las decisiones del TJUE y del Juzgado de lo Mercantil (rectius, TS en caso de recursos sucesivos) ser谩n claves para saber si existe mercado 鈥搚, por lo tanto, los que disponen de una licencia podr谩n rentabilizar su inversi贸n- o no. Ahora bien, la evoluci贸n de la tecnolog铆a revolucionar谩 el sector cuando los coches sin conductor tomen las ciudades.

6. Por 煤ltimo, la decisi贸n tampoco constituir谩 un precedente aplicable a todo el espectro de la econom铆a colaborativa. Ni siquiera del transporte. La raz贸n es que la normativa es muy variada. As铆, no cabe exigir a Blablacar autorizaci贸n administrativa, pues no lleva a cabo un servicio de transporte p煤blico de pasajeros, sino privado, como acertadamente mantuvo el Juzgado de lo Mercantil n煤m. 2 de Madrid en la sentencia 30/2017, de 2 de febrero. En cuanto a Airbnb, hay que tener en cuenta que la legislaci贸n sobre servicios se muestra muy restrictiva con los requisitos de acceso al mercado, como coment茅 en la entrada 鈥淰alencia sanciona a Airbnb, pero鈥︹

La CNMC sanciona a la ACB por restringir la competencia

1. La CNMC ha sancionado a la Asociaci贸n de Clubs de Baloncesto (ACB) por pr谩cticas restrictivas de la competencia (Resoluci贸n 11 abril 2017 (Expte. S/DC/0558/15 ACB). En particular, ha considerado que algunos de los requisitos econ贸mico-administrativos del r茅gimen de ascenso de la Liga LEB ORO a la ACB son injustificados, desproporcionados, inequitativos y discriminatorios. Su aplicaci贸n ha petrificado la competici贸n y favorecido los equipos que ya participaban en la liga en perjuicio de los que hab铆an ganado el ascenso en la cancha.

Las 鈥溾ondiciones econ贸mico-administrativas impuestas por la ACB para ascender a la Liga ACB generan en su conjunto unos efectos restrictivos de la competencia, al obstaculizar el ascenso de nuevos clubes a la Liga ACB, lo que reduce el dinamismo competitivo y econ贸mico de esta liga, y afecta negativamente a espectadores, jugadores, anunciantes, operadores audiovisuales, etc.

Estos efectos restrictivos de la competencia se han sustanciado en una fosilizaci贸n de la Liga ACB, que se evidencia en el escaso n煤mero de ascensos y descensos que se han producido efectivamente, especialmente en los 煤ltimos cinco a帽os.鈥

Por eso la CNMC, adem谩s de una multa de 400.000 euros, exige a la ACB que elimine esos requisitos (id est, le intima 鈥溾ara que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente Resoluci贸n鈥).

2. La determinaci贸n de la normativa aplicable plantea tres cuestiones. En primer lugar, la vinculaci贸n entre el Derecho y el deporte. La autoridad de la competencia trae a colaci贸n el tema de si procede aplicar la normativa de la competencia a una asociaci贸n encargada de organizar una liga de baloncesto profesional masculino. La respuesta es afirmativa, en la medida en que esta entidad desarrolle una actividad econ贸mica. As铆 lo afirma bas谩ndose en la doctrina del Tribunal de Justicia (sentencias 18.7.2006 (C-519/04 P) David Meca Medina e Igor Mancej contra la Comisi贸n Europea y 1.7.2008 (C 49/07), MOTOE v Elliniko Dimosio).

鈥淓n el presente expediente, la Sala considera evidente que la Liga ACB tiene una doble dimensi贸n deportiva y econ贸mica, en la medida que la participaci贸n en esta competici贸n deportiva implica para los clubes la percepci贸n de importantes ingresos econ贸micos derivados de taquilla, derechos audiovisuales, publicidad, patrocinio, etc.鈥

La segunda cuesti贸n enfrenta a las dos 煤ltimas Leyes de defensa de la competencia vigentes en Espa帽a, la de 1989 y la de 2007. La raz贸n es que las conductas examinadas iniciaron sus efectos en 1992, por lo que ca铆an bajo el 谩mbito de aplicaci贸n de la primera, y prosiguieron hasta la actualidad, en que est谩 vigente la segunda. La autoridad de la competencia se decanta por la LDC 2007 al ser m谩s favorable para la asociaci贸n investigada. Guarda as铆 coherencia con la doctrina que mantuvo en ocasiones anteriores y con la de la Audiencia Nacional (por ejemplo, sentencia 2.4.2014, ECLI:ES:AN:2014:1589: 鈥渆l r茅gimen sancionador dise帽ado por la Ley 15/2007 , es, desde un punto de vista global, m谩s favorable a los infractores que el contemplado por la anterior Ley 16/1989. As铆虂 resulta, entre otros elementos de juicio, del sistema de graduaci贸n de las infracciones inexistente en la legislaci贸n anterior, del establecimiento de topes m谩ximos al importe de algunas sanciones de cuant铆a inferior al general previsto por el art铆culo 10 de la Ley 16/1989 , de la reducci贸n de los plazos de prescripci贸n para algunas de las conductas tipificadas o de la especialmente destacable en este supuesto la posibilidad, com煤n a todos los que hayan participado en un c谩rtel, de solicitar la exenci贸n o reducci贸n de la sanci贸n鈥). Ahora bien, aplica la LDC 1989 a la determinaci贸n de la sanci贸n al ser m谩s favorable:

鈥淓fectivamente, en la medida en que la ACB es una asociaci贸n, la Ley 16/1989 (art铆culo 10) prev茅 que la multa aplicable no podr谩 superar la cuant铆a de 901.518,15 euros, y como tal norma m谩s beneficiosa deber谩 ser la que se aplique para sancionar la conducta de la ACB.鈥

En tercer lugar, descarta la eficacia del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea al considerar que el r茅gimen de ascensos a la m谩xima liga profesional de baloncesto masculino no afecta, ni puede afectar, al comercio entre Estados miembros. La CNCM sustenta su decisi贸n en tres argumentos. El primero es que el expediente afecta exclusivamente al r茅gimen de ascenso de la Liga LEB Oro a la ACB; no ha analizado otras competiciones de 谩mbito supranacional. Segundo, la estructura del baloncesto profesional en Europa determina que el sistema de ascensos y descensos de las ligas profesionales nacionales no pueda afectar de forma significativa a las competiciones extranjeras. Y en tercer lugar, descarta la incidencia de la participaci贸n de jugadores y capital extranjero en la Liga ACB. A su entender, s贸lo demuestra que se permite la libre circulaci贸n de personas, servicios y capitales, pero no acredita que el r茅gimen de ascensos y descensos pueda afectar al comercio entre Estados miembros.

Sin embargo, aqu铆 reside uno de los puntos controvertidos de la decisi贸n. En esta resoluci贸n la autoridad de la competencia se muestra muy restrictiva con la valoraci贸n de la posible afectaci贸n al comercio entre Estados miembros. No ha sido esa la regla general. Tanto la Comisi贸n Europea, como el Tribunal de Justicia y la propia CNMC acostumbran a mantener una aproximaci贸n muy abierta, respecto de los posibles efectos al comercio entre Estados miembros. Baste recordar que esa afectaci贸n no tiene por qu茅 ser directa y real; puede ser indirecta y potencial (T茅ngase en cuenta la Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los art铆culos 81 y 82 del Tratado (DOUE C 101, de 27 de abril de 2004). De ah铆 que no ser铆a descabellado admitirse que la presencia de capital, jugadores, entrenadores e intermediarios extranjeros en las Ligas ACB y LEB Oro demuestra que el r茅gimen de ascensos y descensos puede afectar a las competiciones de otro Estados y a las supranacionales, como la Euroliga.

3. La CNMC afirma que la ACB se ha infringido el art. 1 LDC 2007. Afirma que el r茅gimen de ascensos a la m谩xima liga profesional masculina de baloncesto es equiparable a acuerdos horizontales entre competidores; pero niega que se trate de un c谩rtel al no tener car谩cter secreto. Parece, pues, afirmar que se trata de un acuerdo entre empresas. No es as铆, a mi modesto entender. Se trata m谩s bien de una decisi贸n de una asociaci贸n de empresas que restringe la competencia entre sus miembros.

La CNMC centra su atenci贸n en dos requisitos econ贸mico-administrativos: la cuota de entrada y el fondo de regulaci贸n de ascensos y descensos (FRAD). La primera es un importe que tienen que abonar los equipos que ascienden a la Liga ACB por primera vez. No se recupera en caso de descenso. En cuanto al FRAD, sirve para ayudar a los equipos que descienden, dado que esta circunstancia merma significativamente sus ingresos. La autoridad de la competencia afirma que son contrarios a la competencia debido a sus requisitos.

La cuota de entrada es injustificada porque 鈥溾o existe ning煤n argumento econ贸mico ni jur铆dico que permita explicar o acreditar su necesidad dentro del sistema organizativo de la Liga ACB y, en particular, de su mecanismo de ascensos y descensos鈥. Es desproporcionada puesto que 鈥溾u cuant铆a es muy superior a los ingresos anuales medios que tiene un club antes de participar en la ACB, y supera claramente los beneficios medios anuales que tienen los clubes de la ACB que participan en esta competici贸n, especialmente los nuevos entrantes鈥. Y es discriminatoria, ya que 鈥溾ay actualmente ocho clubes en Liga ACB que nunca han pagado la misma y, en el futuro, si descienden y vuelven a ascender, s贸lo tendr铆an que pagar una actualizaci贸n, de una cuant铆a mucho menor鈥.

En cuanto al FRAD, la autoridad de la competencia asume la tacha de la Direcci贸n de la Competencia de tratarse de un requisito 鈥渋njustificado, desproporcionado, inequitativo y discriminatorio鈥. Niega que el principio de solidaridad lo justifique: 鈥溾esultar铆a m谩s justificado y proporcionado que la cuant铆a del fondo regulador de ascensos y descensos fuese cubierta por todos los clubes que han participado en la Liga ACB y que se han beneficiado del seguro que cubre su riesgo de descenso, y que disfrutan de unos ingresos m谩s elevados por la participaci贸n en dicha competici贸n y no por los nuevos entrantes鈥. Adem谩s, lo calificado de discriminatorio, porque 鈥溾xisten actualmente nueve clubes en la ACB que se benefician del seguro que genera el fondo de regulaci贸n de ascensos y descensos, a pesar de no haber contribuido nunca al mismo鈥.

Tambi茅n critica la exigencia de una prenda o aval bancario de 600.000 euros por un espacio de 30 meses a los nuevos entrantes. Es desproporcionado, pues existen medios alternativos menos restrictivos. Igualmente subraya que no est谩 cuestionando la existencia de requisitos econ贸mico-administrativos ni que el derecho a participar constituya un activo econ贸mico. Simplemente considera que las condiciones referidas son, por su configuraci贸n y ejecuci贸n, contrarias a la competencia al ser desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias.

No existe ninguna exenci贸n para estos comportamientos. Por un lado, la autoridad de la competencia niega que cumplan los requisitos del apartado 3.潞 del art铆culo 1 LDC 2007 (o art. 3 de la LDC 1989):

鈥溾o se ha acreditado que los acuerdos adoptados en el seno de la ACB examinados y, en concreto, los referidos a la cuota de entrada y al FRAD, contribuyan a mejorar la producci贸n o la comercializaci贸n y distribuci贸n de bienes y servicios o a promover el progreso t茅cnico o econ贸mico sino, m谩s bien, se considera que su aplicaci贸n ha perjudicado la comercializaci贸n de la Liga ACB, rest谩ndola inter茅s como espect谩culo deportivo y beneficiando 煤nicamente a los clubes ya participantes en la misma 鈥 restricciones que no son en modo alguno indispensables 鈥 eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados, al dificultar al extremo el ascenso de nuevos clubes a la ACB 鈥 tampoco se han detectado eficiencias o ventajas significativas para los consumidores鈥.

Tampoco procede aplicar la exenci贸n legal prevista en el art. 4 LDC 2007. La Asamblea General de la ACB aprob贸 unilateralmente las condiciones restrictivas, sin que fueran impuestas por el Consejo Superior de Deportes ni fueran exigidas por los convenios suscritos con la Federaci贸n Espa帽ola de Baloncesto. La CNMC recuerda que la exenci贸n legal debe estar prevista legalmente de forma expl铆cita y, adem谩s, ser interpretada restrictivamente.

4. Por lo que respecta a la sanci贸n, la CNMC aplica la LDC 1989 鈥溾 debido a su car谩cter m谩s favorable en el caso de las asociaciones鈥. Califica la actuaci贸n de la ACB de negligente, pues deb铆a ser consciente de que las condiciones econ贸mico-administrativas impuestas eran injustificadas, desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias. Ahora bien, niega que constituyan un c谩rtel y que concurran circunstancias agravantes o atenuantes. Pero s铆 destaca que los acuerdos han tenido un largo recorrido, pues han desplegado sus efectos desde la temporada 1992/1993 hasta la actualidad. As铆 pues, declara acreditada la existencia de una conducta prohibida por el art. 1 LDC, le impone una multa de 400.000 euros y le insta para que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes.

Condiciones generales en pr茅stamo hipotecario con doble finalidad

La realidad es siempre sorprendente. Y cu谩ndo piensas que ya lo has visto todo, siempre aparece un nuevo caso que te sorprende. Es lo que me ha pasado con la STS 224/2017, de 5 de abril. A pesar de que ya hab铆a le铆do muchas decisiones sobre el concepto de consumidor, no recuerdo ning煤n caso de un contrato con doble finalidad 鈥搒eguramente, porque mi memoria es como la de 鈥淒oris鈥, el personaje de la pel铆cula de animaci贸n Buscando a Nemo-. Es decir, cu谩ndo el destino del pr茅stamo es doble: empresarial y, a la vez, personal.

El origen del litigio es un pr茅stamo con garant铆a hipotecaria para rehabilitar un inmueble que constitu铆a el domicilio familiar, pero algunas de cuyas habitaciones se iban a alquilar. El contrato conten铆a una cl谩usula suelo, cuya nulidad origin贸 la demanda. El Juzgado de lo Mercantil estim贸 铆ntegramente la demanda y la Audiencia Provincial hizo lo propio con el recurso de apelaci贸n. El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida, dando la raz贸n a la entidad de cr茅dito.

Como he adelantado, la clave del caso es si cabe considerar consumidor a qui茅n destina un pr茅stamo a satisfacer necesidades personales, pero tambi茅n para una actividad empresarial o profesional. El TS se帽ala que la normativa vigente no se pronuncia expresamente al respecto. Pero recuerda que el considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE exige valorar qu茅 finalidad predomina.

鈥淟a definici贸n de consumidor debe incluir a las personas f铆sicas que act煤an fuera de su actividad comercial, en颅 presa, oficio o profesi贸n. No obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no rela颅cionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deber谩 ser considerada como consumidor.鈥

Y es el criterio que ha seguido el TJUE en las sentencias de 20.1.2005 (C-464/01), Johann Gruber y Bay Wa AG, y 3.9.2015 (C-110/14), Horatiu Ovidiu Costea y SC Volksbank Romania SA, as铆 como en el auto de 19.11.2015 (C-74/15), Tarc盲u. Por lo tanto, el TS aplica el criterio del objeto predominante y valora si los prop贸sitos empresariales priman sobre los personales, o al rev茅s.

鈥溾 cuando no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un prop贸sito ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuesti贸n deber谩 ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato, en atenci贸n a la globalidad de las circunstancias y a la apreciaci贸n de la prueba鈥.

As铆 las cosas, falla a favor de la entidad de cr茅dito, pues en las instancias inferiores se hab铆a considerado que la finalidad empresarial no era marginal, sino preponderante 鈥溾a que [el pr茅stamo] se utiliz贸 primordialmente, entre otros fines, para reparar y acondicionar todo un edificio para dedicarlo a negocio de alquiler inmobiliario鈥.

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