Carlos G贸rriz L贸pez

Month: April 2017

Generalitat vs Uber

1. Tras leer la noticia de que el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de la Generalitat de Catalunya contra las sentencias que anularon su sanci贸n a Uber (por ejemplo, en Expansi贸n, 3.4.2017), decid铆 informarme un poco m谩s al respecto. As铆 que localic茅 los fallos en cuesti贸n: las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo n煤meros 15 y 17 de Barcelona 179/2016, de 18 de julio y 287/2016, de 5 de octubre, respectivamente. Su lectura me suscit贸 algunas preguntas. Despu茅s de reflexionar al respecto, comparto con Vds las siguientes consideraciones.

Antes que nada, conviene advertir que las dos decisiones comparten la misma doctrina; tanto es as铆, que la segunda se limita a reproducir literalmente los fundamentos de la primera. Por lo tanto, pueden ahorrarse su lectura.

2. Los dos jueces rechazan la petici贸n de la actora de nulidad de las sanciones por carecer de competencia la Administraci贸n auton贸mica. Argumentan que, como la Generalitat carece de una normativa propia 鈥溾eguladora de los transportes de viajeros en r茅gimen de arrendamiento de veh铆culos con conductor鈥︹, puede aplicar la LOTT. El fundamento es el art. 149.3 de la Constituci贸n espa帽ola:

鈥溾os hallamos ante una aplicaci贸n supletoria, l铆cita y justificada, del art 149.3 CE 78 por la Generalitat de Catalu帽a en el supuesto que nos ocupa鈥.

Ahora bien, vale la pena recordar que s铆 existe una normativa ordenadora del transporte por carretera en Catalu帽a: la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulaci贸n del transporte de viajeros por carretera mediante veh铆culos de motor (DOGC, 851, de 12 de junio y BOE 151, de 25 de junio). Su art铆culo 1.3 incluye dentro de su 谩mbito de aplicaci贸n:

鈥渁) Las actividades auxiliares del transporte de viajeros por carretera que se hagan al margen de este transporte y que lo faciliten o contribuyan al mismo.

b) Los arrendamientos de veh铆culos y otros elementos de transporte destinados a las actividades que sean objeto de la presente Ley.鈥

Y sus art铆culos 31 y 38 exigen autorizaci贸n para llevar a cabo servicios discrecionales

3.聽Las dos sentencias niegan que la LOTT exija autorizaci贸n para la actividad de intermediaci贸n en el trasporte terrestre de pasajeros. Argumentan que su art. 122 s贸lo se refiere al transporte de mercanc铆as y no cabe extenderlo al de pasajeros puesto que las sanciones administrativas deben interpretarse restrictivamente. Aunque la cita es larga, creo que vale la pena reproducir literalmente las palabras de la sentencia 179/2016:

鈥溾l art 122 LOTT anterior a la reforma operada por Ley 9/13 hablaba de mediaci贸n en la prestaci贸n de servicios de transporte, pero lo centraba exclusivamente en la figura de las agencias de viaje (la actora pues, no es ni lo ha sido nunca una agencia de viajes), concepto 茅ste que fue ampliado tras la reforma legal citada 9/13 a cualquier operador log铆stico o empresa especializada, para dar cabida a nuevas formas de mediaci贸n u organizaci贸n en la prestaci贸n del servicio de transporte, pero el legislador, bien por olvido, bien expresamente, ha querido centralizar tal actividad llevada a cabo por operadores log铆sticos a transporte de MERCANC脥AS (art 122 LOTT), omitiendo cualquier referencia a transporte de viajeros o personas. Ante tal omisi贸n o vac铆o legal, no cabe hacer una interpretaci贸n extensiva de la norma, m谩xime cuando nos hallamos ante una sanci贸n administrativa, y por ende, ha de ser aplicada 茅sta rigurosamente, en sus estrictos t茅rminos, por lo que se ha de abogar por una interpretaci贸n restrictiva en su aplicaci贸n pr谩ctica. En tal sentido, no podemos hablar que la aqu铆 demandante sea una operadora log铆stica del art 122 LOTT, ya que si as铆 lo hubiera querido el legislador as铆 lo habr铆a hecho o dicho, y por el contrario, en la exposici贸n de motivos de la Ley 9/13 ya se nos habla de una liberalizaci贸n plena en la intermediaci贸n en la contrataci贸n de transportes de viajeros. Tampoco cabe atribuir a la actividad llevada a t茅rmino por la demandante como actividad clandestina, en terminolog铆a del art 138.1.b) “in fine” LOTT, ya que aqu茅lla est谩 debidamente publicitada v铆a internet.鈥

Modestamente, no comparto esa argumentaci贸n. En primer lugar, el arrendamiento de veh铆culos con conductor, al que se refieren las sentencias en el primer fragmento citado, est谩 sometido a autorizaci贸n administrativa (art. 99 LOTT). Y la combinaci贸n de los art铆culos 42, 91 y 99 LOTT, m谩s el 42.1 ROTT, permite interpretar que tambi茅n se aplica a las actividades 鈥榓ccesorias鈥, como puede ser la intermediaci贸n en el transporte p煤blico de pasajeros. En segundo t茅rmino, se podr铆a separar el r茅gimen de autorizaci贸n y el de sanci贸n y mantener que la Administraci贸n demandada hizo una interpretaci贸n extensiva del primero y no del segundo. Y esta ex茅gesis podr铆a estar justificada por la necesidad de adaptar las normas a la 鈥溾ealidad social del tiempo en que han de ser aplicadas鈥︹ (art. 3.1 Cc). Y tercero, se podr铆a tambi茅n defender que Uber no es un mero intermediario en el transporte de pasajeros, sino que es quien presta los servicios en cuesti贸n. La raz贸n es que sus conductores no son empresarios independientes, sino que est谩n sometidos a la direcci贸n y control de Uber, que selecciona a los conductores y veh铆culos, imponi茅ndoles conductores para formar parte de su red, designa a los que van a hacer el servicio, fija el precio, lo cobra y, una vez deducida su comisi贸n, lo transfiere a los conductores. Recordemos que el 28 de octubre de 2016, los Employment Tribunals de Londres calificaron a los 煤ltimos como trabajadores de la multinacional estadounidense en una sentencia que puede consultarse aqu铆 (v茅ase un comentario de Adri谩n Todol铆-Signes aqu铆 y aqu铆).

4. Igualmente, los dos jueces consideran que Uber presta servicios de sociedad de la informaci贸n. Por lo tanto, es aplicable la Ley 30/2002, de 11 de julio, de servicio de la sociedad de la informaci贸n y de comercio electr贸nico. La consecuencia es que no se les puede exigir autorizaci贸n alguna y, por lo tanto, las sanciones impuestas por su ausencia son nulas.

鈥溾a actividad organizada llevada a cabo por la actora, ya se entienda de mediaci贸n o intermediaci贸n (鈥), ya se entienda de organizaci贸n de un servicio a prestar contratado v铆a electr贸nica, enfocado en la tem谩tica del transporte urbano de viajeros, no es una de las actividades excluidas del art 5 de la Ley 34/02 y sin embargo, s铆 se incardina dentro del 谩mbito de aplicaci贸n del art 1 de la Ley 34/02 , ley 茅sta que por lo dem谩s, establece un cat谩logo propio de infracciones, e inclusive en su art 6 postula la no autorizaci贸n previa en relaci贸n a esta prestaci贸n de servicios “sui generis”. Y es desde este enfoque de indebida aplicaci贸n por la demandada de la LOTT en relaci贸n al caso que nos ocupa, bajo el que han de estimarse las pretensiones anulatorias de la demandante.鈥

De nuevo tengo dudas al respecto. A mi humilde entender, Uber presta un servicio de transporte p煤blico discrecional de pasajeros en veh铆culos autom贸viles. Su 鈥榥egocio鈥 no reside en la 鈥榓pp鈥, que cualquiera 聽puede descargarse gratuitamente. Su actividad principal reside en transportar personas a trav茅s de los conductores que forman parte de la red. No se limita a poner en contacto a los ch贸feres con los usuarios; organiza y dirige la actividad de los primeros. Las dos caracter铆sticas que los jueces destacan para diferenciar Uber de los taxis no son, a mi juicio, esenciales sino accidentales. Una es que sus servicios s贸lo pueden contratarse por v铆a telem谩tica o electr贸nica. Es cierto que los taxis pueden solicitarse en plena calle; pero tambi茅n existen 鈥榓pps鈥 que permiten contratar sus servicios a trav茅s de dispositivos electr贸nicos m贸viles (vid. G贸rriz, 鈥淯ber. A prop貌sit de la decisi贸 de la Court of Appeals for the Seventh Circuit鈥, E-ci猫ncies jur铆diques, 2017 (1)). La segunda diferencia es que Uber no aplica las tarifas de los taxis. Pero eso no significa que su actividad sea legal; es m谩s, puede constituir un supuesto de competencia desleal (aqu铆).

Por lo tanto, no creo que sea aplicable la Ley 34/2002 a la actividad de Uber. Ahora bien, mi opini贸n no tiene mayor trascendencia. La que s铆 la tendr谩 ser谩 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea que resuelva la cuesti贸n prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n煤mero 3 de Barcelona en verano de 2015. Su decisi贸n ser谩 clave para el futuro de Uber, los taxistas, los consumidores y la econom铆a (colaborativa) en Europa.

LES DESPESES DE FORMALITZACI脫 DE LA HIPOTECA, EL PR脫XIM GRAN PROBLEMA DELS BANCS

Fa un any i quatre mesos d鈥檈n莽脿 que el Tribunal Suprem, en la seva sentencia 705/2015 de 23 de desembre, va declarar per primer cop com abusives les cl脿usules que el BBVA i el Banco Popular imposaven als seus clients el pagament de totes les despeses, tributs i comissions derivades de la formalitzaci贸 de la hipoteca. La sentencia va determinar que aquestes despeses havien de ser assumides pels bancs, al menys una part, ja que les entitats bancaries eren les interessades en registrar l鈥檈scriptura hipotecaria. La cl脿usula est脿ndard que apareixia en els contractes de pr茅stec hipotecari era la seg眉ent:

鈥淪on de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparaci贸n, formalizaci贸n, subsanaci贸n, tramitaci贸n de escrituras, modificaci贸n -incluyendo divisi贸n, segregaci贸n o cualquier cambio que suponga alteraci贸n de la garant铆a- y ejecuci贸n de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, as铆 como por la constituci贸n, conservaci贸n y cancelaci贸n de su garant铆a, siendo igualmente a su cargo las primas y dem谩s gastos correspondientes al seguro de da帽os, que la parte prestataria se obliga a tener vigente鈥.

A la mateixa sentencia, a la decisi贸 final del Tribunal inclou la seg眉ent argumentaci贸: 鈥渜uien tiene el inter茅s principal en la documentaci贸n e inscripci贸n de la escritura de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria es, sin duda, el prestamista [鈥鈥. Per tant, el ple del Tribunal Suprem va ratificar la decisi贸 de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Madrid, que obligava, en aquest cas, a BBVA a retornar les despeses de constituci贸 de la hipoteca, al declarar la nul路litat d鈥檃questa cl脿usula del contracte.

Cal mencionar que alguns bancs com el BBVA, Banc Santander, Caixabank, Banc Sabadell, Bankia i Ibercaja, a 9 de gener de 2017, ja han modificat les seves cl脿usules per assumir part de les despeses. Per tant, ells mateixos comencen a assumir despeses relacionades amb la formalitzaci贸 de la hipoteca entre el 25 i el 40%. Per altre banda, el Banc Popular, que ho est脿 estudiant cas per cas, i Bankinter admeten que, de moment, no han fet ningun canvi i segueixen repercutint totes les despeses al client.

En aquests moments ens trobem en un punt d鈥檌nflexi贸, en que aquell consumidor que havia firmat un contracte de pr茅stec hipotecari on apareixia una cl脿usula com l鈥檃nteriorment exposada, derivant-se la mateixa finalitat encara que la seva redacci贸 fos diferent, haur脿 de realitzar les oportunes reclamacions al Servei d鈥橝tenci贸 al Client del Banc, i en el cas que escaigui, iniciar un procediment judicial. Ara mateix el consumidor t茅 varies formes d鈥檃ctuar, o a trav茅s d鈥檜n servei jur铆dic contractat de manera privada o acollint-se a les plataformes que ofereixen serveis d鈥檃jut.

En referencia a les despeses, tributs i comissions que es poden reclamar, a continuaci贸 s鈥檈smenten:

– Factures de Notaria i Registre de la Propietat: El Tribunal Suprem a la sentencia citada anteriorment al路lega:聽鈥渆n lo que respecta a la formalizaci贸n de escrituras notariales e inscripci贸n de las mismas (necesaria para la constituci贸n de la garant铆a real 鈥搊 sea la hipoteca-), tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligaci贸n de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el inter茅s principal en la documentaci贸n e inscripci贸n de la escritura de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues as铆 obtiene un t铆tulo ejecutivo, constituye la garant铆a real, y adquiere la posibilidad de ejecuci贸n especial鈥.

Al no permetre una m铆nima reciprocitat en la distribuci贸 de les despeses produ茂des com a conseq眉猫ncia de la intervenci贸 notarial i registral, fent recaure la seva totalitat sobre el deutor, es genera un desequilibri sobre el consumidor, provocant l鈥檃busivitat de la cl脿usula.

– Impost d鈥橝ctes Jur铆dics Documentats: D鈥檃cord amb la llei que regula l鈥橧mpost de Transmissions Patrimonial i Actes Jur铆dics Documentats: 鈥渟er谩 sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aqu茅llos en cuyo inter茅s se expidan鈥. Per tant, l鈥橝lt Tribunal ent茅n que el subjecte passiu, 茅s el Banc o Entitat prestadora.

Sobre molts despatxos d鈥檃dvocats sobrevolen dubtes referents a que si, d鈥檃cord amb la sentencia del TS, es pot aplicar tamb茅 a les cancel路lacions i novacions hipotecaries, on encara no hi han not铆cies fermes al respecte i caldr脿 estar atent durant els pr貌xims mesos a les not铆cies que apareguin al respecte.

En refer猫ncia al termini per poder sol路licitar la nul路litat de la cl脿usula i reclamar la restituci贸 de les quantitats pagades, en aquelles hipoteques que actualment es trobin vigents ser脿 de 4 anys a comptar des del dia seg眉ent a la data de la sentencia del Tribunal Suprem (23/12/2015), 茅s a dir, el termini acabar脿 el 24 de desembre de 2019; i per aquelles hipoteques que hagin estat totalment abonades, es podr脿 procedir a la reclamaci贸, si el seu pagament total es va realitzar dintre del termini dels 4 anys anteriors al 23 de desembre de 2015.

Per finalitzar, 聽enunciar que estem a l鈥檌nici d鈥檃quest proc茅s, on els Tribunals comencen a aplicar aquesta resoluci贸. A mode exemplificatiu, el jutjat de primera instancia de Oviedo, i el de primera instancia de Granollers, 聽van declarar la nul路litat per abusiva la cl脿usula: 鈥渆n lo relativo a la obligaci贸n del prestatario de pagar los gastos de notario, registro, e impuestos de actos jurdicos documentados. Fins i tot, algunes inst脿ncies m茅s elevades com les Audi猫ncies Provincials de Zaragoza i Pontevedra, s鈥檃dhereixen a la resoluci贸 del suprem. S鈥檋a de tenir en compte que, encara que el TS hagi iniciat un cam铆 que permet la reclamaci贸 de les despeses, no tots el Tribunals acullen aquesta pretensi贸. En resposta a la dicotomia jurisprudencial que tenim ara mateix, cal recordar que nom茅s hi ha una Sentencia del Tribunal Suprem que ha estat acollida per alguns Tribunals de Primera Instancia i per algunes Audi猫ncies Provincials, per貌 no crea jurisprud猫ncia ja que per crear-la s贸n necess脿ries dos sentencies de l鈥橝lt Tribunal en el mateix sentit, tal com resa l鈥檃rticle 1.6 del Codi Civil.

“La jurisprudencia complementar谩 el ordenamiento jur铆dico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.

 

Marc Espinosa Ovejero

Graduat en ADE + Dret per la聽Universitat Aut貌noma de Barcelona

Sobre la distinci贸n entre el Derecho p煤blico y el Derecho privado

Acabo de publicar un art铆culo en ingl茅s sobre la distinci贸n entre el Derecho p煤blico y el Derecho privado en SSRN. Tiene su origen en una conferencia que pronuncie en la Asamblea General de la European Law Faculties Association el a帽o pasado en Groningen. En 茅l explico que la divisi贸n de estas dos grandes ramas del Derecho es muy utilizada en Espa帽a; no s贸lo en el 谩mbito universitario, sino tambi茅n en la praxis jur铆dica. Dos ejemplos as铆 lo acreditan: el Tribunal Constitucional la utiliz贸 para precisar el significado de la 鈥渓egislaci贸n mercantil鈥 a efectos del art. 149.1.6 de la Constituci贸n y el Tribunal Supremo para excluir la responsabilidad del consignatario de buques respecto de los da帽os a las mercanc铆as.

Sin embargo, no debe constituir un dogma de fe: su aplicaci贸n r铆gida y descontextualizada puede llevar a equ铆vocos e impedir una correcta apreciaci贸n de la realidad. Examino tres ejemplos que as铆 lo demuestran. El primero es la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima, que aglutina normas de Derecho p煤blico y de Derecho privado, pero cuyo art铆culo 2 se remite al 鈥淒erecho com煤n鈥 para colmar las lagunas. El segundo 谩mbito es la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados de il铆citos concurrenciales. El an谩lisis de la Directiva 2014/104/UE y de la propuesta de Ley que la transpone pone de manifiesto la imbricaci贸n de aspectos p煤blicos y privados; en particular, evidencia que la pol铆tica de clemencia condiciona el ejercicio de las acciones de los perjudicados. Por 煤ltimo, el estudio de casos sobre 鈥減articipaciones preferentes鈥 demuestra la necesidad de tomar en consideraci贸n los aspectos p煤blicos y privados para valorar adecuadamente el conflicto de intereses subyacente.

Los interesados pueden descargar gratuitamente el art铆culo aqu铆.

Cesi贸n de cr茅ditos y morosidad (STS 158/2017)

El inter茅s de la STS 158/2017, de 8 de marzo reside en que subjetiviza el devengo de intereses por morosidad ex art. 6 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Es decir, el retraso en el pago de deudas monetarias en operaciones comerciales no devenga intereses cuando no ha existido culpa. El fallo de la alta instancia judicial espa帽ola resulta sorprendente -y discutible-, porque el art. 6 en ning煤n momento se refiere a la culpa o negligencia del deudor. Vale la pena recordar su literalidad:

鈥淎rt铆culo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.- El acreedor tendr谩 derecho a intereses de demora cuando concurran simult谩neamente los siguientes requisitos:

a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensaci贸n previstas en esta ley se calcular谩n 煤nicamente sobre la base de las cantidades vencidas.鈥

La sentencia trae causa de una cesi贸n de cr茅ditos. El acreedor originario eran una empresa de vigilancia y otra de limpieza, mientras que el deudor era la Sociedad Estatal Correos y Tel茅grafos, S.A. (Correos). Los primeros hab铆an cedido sus cr茅ditos al Banco Espa帽ol de Cr茅dito, S.A. (actualmente Banco de Santander, S.A.) en virtud de un contrato de factoring. A pesar de que se hab铆a informado al deudor de la existencia de este contrato, Correos decidi贸 pagar las cantidades debidas a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, al serle notificadas las diligencias de embargo que pesaban sobre los acreedores originarios. El Banco de Santander formul贸 demanda contra Correos exigi茅ndole el pago de las cantidades debidas, m谩s los intereses devengados conforme a la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial respecto de la plena eficacia traslativa de la cesi贸n de cr茅ditos:

鈥溾os contratos de factoring sin recurso suscritos contemplaban la plena determinaci贸n de los elementos esenciales del cr茅dito, as铆 como su r茅gimen de cesi贸n. Por lo que los cr茅ditos se cedieron de forma autom谩tica con la emisi贸n de las facturas por los servicios prestados a Correos, tal y como constaba en la leyenda de todas y cada una de las facturas emitidas y se corroboraba con el pago habitual de las mismas. A su vez, tampoco hay duda de que dichos contratos de factoring sin recurso y, con ellos, la cesi贸n de los cr茅ditos, fue comunicada a Correos con anterioridad a la notificaci贸n de las diligencias de embargo por la Tesorer铆a de la Seguridad Social, con lo que los pagos realizados en favor de esta 煤ltima carec铆an de efectos liberatorios frente al titular de la cesi贸n operada, esto es, Banesto (ahora Banco de Santander).鈥

En cambio, estima el recurso respecto de la morosidad; es decir, niega que procediera el pago de intereses ex art. 6 de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad.

鈥淟a raz贸n de la estimaci贸n del motivo radica en que el art铆culo 6 de la LLCM debe ser interpretado de un modo sistem谩tico y teleol贸gico. En efecto, de acuerdo con la propia finalidad de esta Ley (Pre谩mbulo) y su objeto y 谩mbito de aplicaci贸n (art铆culos 1 y 3), los supuestos de pago a terceros que constituyen situaciones de controversia, como la del presente caso, no representan supuestos que puedan ser asimilados a la morosidad que es objeto de atenci贸n en la citada normativa. Morosidad que se valora respecto del retraso en el pago regular de las deudas dinerarias en las operaciones comerciales realizadas entre las empresas por los contratos suscritos y, por tanto, sin extensi贸n a otros supuestos de distinta 铆ndole o justificaci贸n.鈥

Validez de una cl谩usula suelo (STS 171/2017)

La STS 171/2017, de 9 de marzo tiene inter茅s porque declara la validez de una cl谩usula suelo al ser transparente. Esta condici贸n general hab铆a sido incluida en un contrato de pr茅stamo hipotecario concedido por la Caja Rural de Teruel a dos particulares. Seg煤n el Juzgado de Primera Instancia n煤m. 1 de Teruel y la Audiencia Provincial, la cl谩usula hab铆a sido negociada. Adem谩s, la entidad de cr茅dito hab铆a proporcionado cuadros simulados de amortizaci贸n donde se reflejaba las consecuencias que ten铆a. De ah铆 que ambas instancias desestimaran la demanda de nulidad interpuesta por los deudores.

El Tribunal Supremo confirma la decisi贸n recurrida. De un lado, subraya que la cl谩usula era n铆tida, en el sentido de que no estaba enmascarada en la mara帽a de previsiones del contrato, de modo que los contratantes pod铆an f谩cilmente conocerla. De otro, argumenta que hab铆a sido negociada individualmente. Fundamenta su decisi贸n en que el tipo usado para fijar el 鈥榮uelo鈥 era inferior que ven铆a imponiendo la entidad de cr茅dito y que el notario hab铆a advertido a los contratantes de la cl谩usula en cuesti贸n. Por lo tanto, concluy贸 que

鈥溾 (l)a cl谩usula cumple los requisitos de transparencia exigidos por la sala, en la medida en que, como declaramos en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, 芦la informaci贸n suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cl谩usula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligaci贸n de pago, y tener un conocimiento real y razonablemente completo de c贸mo juega o puede jugar en la econom铆a del contrato禄.鈥

Para finalizar, vale la pena a帽adir que el Tribunal Supremo expresa sus dudas acerca de que la cl谩usula suelo hubiera sido predispuesta en este caso, por las razones expuestas. No obstante, como ninguna de las partes hab铆a cuestionado esta circunstancia, la autoridad judicial no procede a abordarla. Por otra parte, acertadamente vuelve a repetir que no tiene que analizar cada uno de los par谩metros valorados en la famosa STS 241/2013, de 9 de mayo, al examinar la transparencia de una cl谩usula suelo.

鈥溾as circunstancias enumeradas constituyen par谩metros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas cl谩usulas analizadas. No se trata de una relaci贸n exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusi贸n de cualquier otra.鈥

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