Carlos G贸rriz L贸pez

Month: December 2016

Transporte vs dep贸sito: STS 705/2016

En la sentencia 705/2016, de 25 de noviembre, el Tribunal Supremo se enfrenta al problema de calificar una prestaci贸n como transporte o dep贸sito al decidir sobre la responsabilidad derivada de la p茅rdida de las mercanc铆as. La diferencia resultaba trascendental pues condicionaba el c谩lculo de la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios. La raz贸n es que la normativa aplicable al contrato de transporte limita el montante del resarcimiento debido por el transportista. El Tribunal Supremo se refiere al Convenio de Varsovia de 1929, modificado por el Protocolo de 1955, cuyo art铆culo 22.2 restring铆a la responsabilidad del porteador a 250 francos por kilogramo. Cabe recordar que este convenio fue substituido por el llamado Convenio de Montreal de 1999, cuyos l铆mites de indemnizaci贸n hab铆a sido actualizados por la OACI (v茅ase el BOE 306, de 17.12.2010) a 17 鈧/grm.

Se trataba de un transporte a茅reo de un cargamento de azafr谩n desde Teher谩n a Barcelona. Su peso era de 10 kgrms. y el precio de 2490鈧/kgrm. Interesa a帽adir que el transportista, Austrian Airlines, hab铆a contratado a Air Logistics como empresa de carga en el aeropuerto de Barcelona y 茅sta hab铆a subcontratado a Europa Air Transport, en cuyos almacenes se produjo la p茅rdida.

Tanto la primera instancia como la apelaci贸n aplicaron el r茅gimen del dep贸sito al estimar la demanda. En cambio, el Tribunal Supremo considera que rige la normativa del contrato de transporte al haberse producido el hecho perjudicial “durante el transporte a茅reo”. Las razones fueron las siguientes. Primera, “…en estos supuestos de transporte a茅reo de mercanc铆as, una vez depositada la mercanc铆a en tierra, no por ello el contrato de transporte suscrito se convierte autom谩ticamente, salvo pacto en contrario, en un contrato de dep贸sito mercantil…” El TS recuerda que el deber de custodia no es exclusiva del contrato de dep贸sito. Tambi茅n el transportista asume esta obligaci贸n mientras detenta la posesi贸n de las mercanc铆as. En segundo lugar, la responsabilidad del porteador p茅rdida o da帽os a las mercanc铆as se extiende a los hechos perjudiciales acontencidos durante el transporte a茅reo. “Transporte que, a los referidos efectos, se considera existente durante el tiempo en que las mercanc铆as est谩n bajo la custodia del porteador o sus dependientes, 芦sea en un aer贸dromo, a bordo de una aeronave, o en un lugar cualquiera en caso de aterrizaje fuera de un aer贸dromo禄”. Considera que es lo que hab铆a sucedido en el caso en cuesti贸n, puesto que el almacenamiento de la carga en las instalaciones de European Air Transport formaba parte de la actividad de transporte. Por 煤ltimo, no se hab铆a probado el dolo, o falta equivalente, del transportista o de sus dependientes. Consecuentemente, adquir铆an eficacia los l铆mites de indemnizaci贸n del art. 22 del Convenio de Varsovia.

Para finalizar, el Tribunal Supremo hab铆a tenido ocasi贸n de pronunciarse sobre el mismo problema en las sentencias de 10.6.1987 (ROJ: STS 9075/1987 – ECLI:ES:TS:1987:9075) y, respecto de la delimitaci贸n entre los transportes a茅reo y terrestre, 479/2010, de 15 de julio.

 

Retroacci贸n de la nulidad de las cl谩usulas suelo

1. El pasado mi茅rcoles 21 de diciembre se produc铆a una de las noticias jur铆dicas del a帽o: el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea declaraba que no se puede limitar temporalmente la eficacia retroactiva de la nulidad de las cl谩usulas abusivas. Es decir, los consumidores con una hipoteca con cl谩usula suelo tienen derecho a que el banco les devuelva todas las cantidades que les ha cobrado de m谩s. Romp铆a as铆 la doctrina del Tribunal Supremo que, en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, hab铆a limitado ese derecho a los intereses devengados despu茅s de su fallo. Y en la 139/2015, de 25 de marzo, hab铆a confirmado su interpretaci贸n. La decisi贸n de la corte europea ha resultado sorprendente, puesto que no ha seguido las conclusiones del Abogado General Paolo Mengozzi que hab铆a bendecido la doctrina de la alta autoridad judicial espa帽ola.

2. La sentencia 21.12.2016 (C-154/15, C-307/15 y C-308/15) tiene su origen en tres litigios de deudores hipotecarios contra entidades de cr茅dito para conseguir que les restituyeran las cantidades abonadas en virtud de cl谩usulas suelo. El Juzgado de lo Mercantil n煤m. 1 de Granada y, en dos ocasiones, la Audiencia Provincial de Alicante formularon diversas cuestiones prejudiciales sobre el art铆culo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que reza:

Los Estados miembros establecer谩n que no vincular谩n al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cl谩usulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 茅ste y un profesional y dispondr谩n que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos t茅rminos, si 茅ste puede subsistir sin las cl谩usulas abusivas.

Como es sabido, la clave era la sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo. Hab铆a declarado la nulidad de las cl谩usulas 鈥渟uelo鈥 cuando la entidad de cr茅dito no hab铆a proporcionado suficiente informaci贸n al cliente sobre las consecuencias econ贸micas y jur铆dicas derivadas de la aplicaci贸n de las cl谩usulas (control de transparencia material). Ahora bien, tambi茅n hab铆a limitado la retroactividad de los efectos de la nulidad. Se bas贸 en el principio de seguridad jur铆dica, para restringirlos a partir de la fecha de su fallo. Es decir, la sentencia no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013. De ese modo, en caso de que la cl谩usula suelo fuera nula, la entidad de cr茅dito s贸lo deber铆a restituir las cantidades indebidamente percibidas a partir de la fecha citada. El Tribunal Supremo confirm贸 su doctrina en la resoluci贸n 139/2015, de 25 de marzo.

3. El TJUE refunde las diversas cuestiones que se le formulan en una sola: 鈥溾os tribunales remitentes piden sustancialmente que se dilucide si el art铆culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaraci贸n judicial del car谩cter abusivo, con arreglo al art铆culo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cl谩usula incluida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicaci贸n de tal cl谩usula con posterioridad al pronunciamiento de la resoluci贸n judicial mediante la que se declar贸 el mencionado car谩cter abusivo.鈥

Tras recordar que la Directiva 93/13/CEE fundamenta el control de transparencia tanto en su dimensi贸n formal como sustancial (STJUE 21.3.2013 (C-92/11), RWE Vertrieb), la corte europea procede a analizar su art. 6.1. Lo califica como norma de orden p煤blico e imperativa, cuyo fin es 鈥溾eemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre las partes鈥 (p谩rrafo 55). Obliga a los Estados miembros a prever medios adecuados y eficaces para conseguir el cese de las cl谩usulas abusivas. De ese modo, los jueces nacionales deben privarles de eficacia, de manera que no tengan efectos frente al consumidor y se reestablezca la situaci贸n de hecho y de Derecho en que se encontraban.

鈥淒e lo anterior se deduce que la obligaci贸n del juez nacional de dejar sin aplicaci贸n una cl谩usula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relaci贸n con tales importes.鈥 (p谩rrafo 62). Y a帽ade, que la limitaci贸n del efecto restitutorio podr铆a reducir la fuerza disuasoria del precepto.

El TJUE reconoce que existe cierto espacio para las normas nacionales. Pero se limita a los aspectos procesales. No alcanzan a la dimensi贸n temporal de la prohibici贸n de vinculaci贸n del art铆culo 6.1. Consecuentemente, una resoluci贸n judicial nacional que introduzcan l铆mites en este 谩mbito es contraria al precepto referido al restringir la protecci贸n que debe ser dispensada al consumidor.

As铆 las cosas, responde a la cuesti贸n prejudicial que

El art铆culo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaraci贸n del car谩cter abusivo, en el sentido del art铆culo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cl谩usula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicaci贸n de tal cl谩usula con posterioridad al pronunciamiento de la resoluci贸n judicial mediante la que se declar贸 el car谩cter abusivo de la cl谩usula en cuesti贸n.

Jornada sobre las empresas en Europa: nuevas formas de financiaci贸n y libertad de establecimiento

El pasado 16 de diciembre celebramos la jornada titulada 鈥淟as empresas en Europa: nuevas formas de financiaci贸n empresarial y cuestiones jur铆dicas en torno a su libertad de establecimiento鈥, en la Sala de Actos de la聽Direcci贸 General de Planificaci贸 i Estudis Fiscals de la Generalitat de Catalunya.

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La Dra. Montserrat Pereto, profesora titular de Derecho financiero y tributario y聽Directora General de Planificaci贸 i Estudis Fiscals de la Generalitat de Catalunya, present贸 la jornada. Destac贸 la necesidad de aproximar la universidad a la sociedad y la importancia de la transferencia de conocimiento. Explic贸 que el acto ha sido posible gracias a las investigaciones realizadas en el marco de dos proyectos. Uno es el Proyecto de Redes de Excelencia DER2015-70960-REDT, cuyo investigador principal es el Dr. Jos茅 Pedreira Men茅ndez. El segundo es el origen de este bloque: 鈥淒esarrollo del derecho de socie颅dades en la Uni贸n Europea: libertad de establecimiento, fiscalidad e interacci贸n con los ordena颅mientos nacionales鈥 (DER2013-46535-P) y sus investigadores principales son los Drs. Rafael Arenas y Carlos G贸rriz.

imagen-2La primera mesa redonda tuvo por objeto los llamados聽business angels. El Sr. Andr茅s C谩rdenas present贸 la figura, destacando el aspecto de la financiaci贸n. Traz贸 las diferencias entre los pr茅stamos bancarios, los聽business angel, las empresas de聽capital venture, las subvenciones y las ayudas p煤blicas. A continuaci贸n, centr贸 su atenci贸n en los聽business angels. Subray贸 que no s贸lo aportan dinero, sino tambi茅n experiencia y que pueden generar un efecto llamada.

Acto seguido, la Dra. Marta Montero Sim贸, profesora titular de Derecho financiero y tributario en la Universidad Loyola de Andaluc铆a, analiz贸 los aspectos tributarios de esta figura, poniendo el acento en las diferencias entre las normas estatales y las auton贸micas. Explic贸 que la participaci贸n de los聽business angels聽suele canalizarse a trav茅s de la adquisici贸n de participaciones o acciones de la sociedad del emprendedor. En segundo lugar, coment贸 las iniciativas legislativas que se hab铆a realizado para otorgar beneficios fiscales a los聽business angels, tanto en Espa帽a como en pa铆ses vecinos. Y luego analiz贸 la fiscalidad en las tres fases de la figura: cuando se realiza la inversi贸n; durante la misma y su resultado. Finaliz贸 con propuestas de聽lege ferenda. Miguel 脕ngel S谩nchez Huete, profesor de Derecho financiero y tributario en la Universidad Aut贸noma de Barcelona moder贸 el debate que tuvo lugar.

La segunda mesa redonda vers贸 sobre otra moderna forma de financiaci贸n empresarial: el聽crowdfunding. Dos expertos fiscalistas examinaron los principales aspectos tributarios. El Dr. Rafael Jes煤s Sanz G贸mez, profesor de la Universidad de Sevilla, present贸 las cuestiones regulatorias y tributarias. Empez贸 con la definici贸n, tipos, regulaci贸n y partes del crowdfunding. Acto seguido examin贸 la tributaci贸n de la plataforma -se帽alando los problemas que se plantean para determinar cu谩ndo opera en Espa帽a-, del acto de inversi贸n, del retorno de inversi贸n y de la desinversi贸n. Coment贸 tambi茅n que, respecto de los beneficios fiscales, no existen normas especiales, sino que son de aplicaci贸n las reglas generales.

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El Dr. Manuel Jes煤s Lucas Duran, profesor de Derecho financiero y tributario en la Universidad de Alcal谩 de Henares, centr贸 su intervenci贸n en la fiscalidad internacional de las rentas derivadas de crowdfunding financiero. Reflexion贸 sobre el concepto de聽crowdfunding, sobre la fiscalidad en las diversas fases de la inversi贸n e hizo referencia a las cuestiones que se generan cuando existen elementos de internacionalidad. Despu茅s aludi贸 a la fiscalidad de los dividendos, de los intereses, de las ganancias y de las p茅rdidas patrimoniales desde la perspectiva de la libre circulaci贸n de capitales. El profesor Fern谩ndez Amor moder贸 el debate.

imagen-4De nuevo el Derecho financiero y tributario protagoniz贸 la tercera mesa redonda. El Dr. Miguel 脕ngel S谩nchez Huete examin贸 la cl谩usula antielusion de la Directiva 2016/1164. Empez贸 recordando la doctrina del TJUE en la materia, que combina dos principios b谩sicos: la autonom铆a privada y el deber de contribuir. Luego, explic贸 que la normativa tributaria desea prevenir la elusi贸n. Pero el principio de buena fe genera dificultades, al no poderse presumir la voluntad de eludir del deber de contribuir. Y en este marco incardina la cl谩usula antielusi贸n de la Directiva. Disert贸 cr铆ticamente sobre la cl谩usula, glosando su 谩mbito de aplicaci贸n, el hecho imponible y su eficacia, con referencias a la planificaci贸n fiscal abusiva.

El Dr. Jos茅 Antonio Fern谩ndez Amor, profesor de Derecho financiero y tributario en la Universidad Aut贸noma de Barcelona, coment贸 la doctrina del TJUE sobre la libertad de establecimiento en el 谩mbito fiscal. Parti贸 de la realidad de la Uni贸n como mercado 煤nico y afirm贸 que la fiscalidad es y debe ser un elemento clave para conseguirlo. De ah铆 que se haya armonizado la imposici贸n indirecta, si bien s贸lo existe coordinaci贸n en la directa. Expuso los 煤ltimos avances de la UE en el impuesto de sociedades y el papel fundamental que ha jugado el TJUE en la coordinaci贸n y avance en la imposici贸n directa y, en particular en el impuesto de sociedades. Glos贸 la doctrina de la corte europea al respecto (prohibici贸n medidas discriminatorias y su desarrollo, prohibici贸n de restringir la libertad de los nacionales de establecerse en otro Estado miembro, el equilibrio de competencias entre la Uni贸n y los Estados, la lucha contra el fraude fiscal, la coherencia del sistema tributario y la distribuci贸n de la carga tributaria con convenios doble imposici贸n). Carlos G贸rriz moder贸 el debate.

La cuarta mesa redonda tuvo un enfoque mercantil. En ella, el Dr. Carlos G贸rriz y el Dr. Jorge Miquel, profesores de Derecho mercantil en la UAB, comentaron diversos aspectos de inter茅s en el desarrollo del Derecho europeo de sociedades. El primero se centr贸 en las PYMEs. Revis贸 la evoluci贸n de las normas europeas en materia corporativa para afirmar su fracaso al no haber proporcionado ning煤n instrumento id贸neo para que las peque帽as y medianas empresas puedan desarrollar todo su potencial.

imagen-5El Dr. Miquel hizo diversas reflexiones generales. Las primeras en relaci贸n con las fusiones interprovinciales y transnacionales. En segundo t茅rmino, trajo a colaci贸n la tesis del profesor Lutter de que el r茅gimen de la sociedad de responsabilidad limitada no ha sufrido precisamente una mejora con la armonizaci贸n normativa europea. En tercer lugar, subray贸 el cambio que ha experimentado la legislaci贸n europea, que ha abandonado el ideal armonizador para centrarse en el gobierno corporativo. Y critic贸 la extensi贸n de las normas pensadas para las grandes empresas a las PYMEs. Por 煤ltimo, expuso que existen datos que confirman que la migraci贸n societaria no s贸lo se debe a razones tributarias sino que tambi茅n influye la carga normativa y burocr谩tica existente. El Dr. Rafael Arenas Garc铆a, catedr谩tico de Derecho Internacional Privado en la Universidad Aut贸noma de Barcelona, moder贸 el debate.

El t铆tulo de la quinta mesa redonda era 鈥淓l derecho fundamental a la libertad de establecimiento de sociedades en la Uni贸n Europea鈥. En ella intervinieron dos profesores de Derecho internacional privado, Drs. Rafael Arenas y Miquel Garde帽es, y otro de Derecho financiero y tributario, el Dr. Angel Baena; todos ellos de la Universidad Aut贸noma de Barcelona. El primero traz贸 un paralelismo entre el derecho al libre establecimiento de las personas f铆sicas y de las jur铆dicas. El art. 54 TFUE equipara el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la aplicaci贸n de esta disposici贸n ha evolucionado en el tiempo. Durante un primer momento, se consider贸 que la persona jur铆dica lo era solo en el Estado donde se incorporaba. Sin embargo, a ra铆z del caso聽Centros,聽esta doctrina cambi贸. Se consider贸 incompatible con el art. 54 que no se le reconociera personalidad jur铆dica en otros Estados miembros. La consecuencia era que la聽lex societatis聽deber铆a ser la del lugar de constituci贸n de la sociedad. A continuaci贸n, analiz贸 si esta doctrina es acorde con una interpretaci贸n sistem谩tica del art. 54 del TFUE. Se manifest贸 en sentido negativo puesto que, si la base del precepto es la equiparaci贸n de personas jur铆dicas con personas f铆sicas, con respecto a las segundas esta necesaria conservaci贸n del r茅gimen jur铆dico de procedencia no se produce con el rigor que se exige para las personas jur铆dicas en la sentencia citada.

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El Dr. Garde帽es reflexion贸 sobre tres aspectos de la libertad de establecimiento de sociedades: el reconocimiento rec铆proco de las sociedades en el 谩mbito de la UE, la prevenci贸n del fraude en las operaciones societarias y la聽lex societatis. Por lo que respecta al primer punto, plante贸 si la libertad de establecimiento contiene una obligaci贸n de reconocer la personalidad jur铆dica. Afirm贸 que la sentencia聽Centros聽fundamenta esta idea. La consecuencia es que la libertad pensada para la libre competencia se puede traducir en un factor para decidir en qu茅 estado incorporarse, pero en funci贸n de criterios espurios, ajenos a la pura raz贸n societaria o claramente fraudulentos. Esta cuesti贸n condujo al ponente a exponer que el TJUE asume esta posibilidad y la pretende limitar con la flexibilizaci贸n del derecho por razones de 鈥榠nter茅s general鈥 nacional. Se ha de tener en cuenta, dando lugar a la tercera reflexi贸n, que el reconocimiento de la personalidad jur铆dica se extiende m谩s all谩 de la mera incorporaci贸n para abarcar otros temas de la sociedad (por ejemplo, la responsabilidad de administradores). Seg煤n el ponente esta soluci贸n no es un铆voca puesto que podr铆an aplicarse la normativa de conflicto de normas para dirimir el Derecho aplicable en estos otros aspectos tal y como se puede derivar de la聽Sentencia聽Kornhaas.

El Dr. Baena realiz贸 una exposici贸n en torno a aspectos fiscales del derecho al libre establecimiento, partiendo de la base que se trata de una garant铆a contra la discriminaci贸n fiscal. Tanto personas f铆sicas como jur铆dicas pueden invocarlo buscando un trato semejante en un Estado miembro a sus nacionales o a los residentes. Presenta diferencias con otras libertades como es el caso de la libertad de circulaci贸n, en tanto que esta 煤ltima no se relaciona con el necesario control de filiales para ser efectiva y, adem谩s, puede ser reivindicada no solo por ciudadanos europeos, sino tambi茅n por sujetos de terceros pa铆ses. No obstante, como ya hab铆an advertido otros ponentes, se trata de una libertad cuya efectividad se ha flexibilizado por motivos de 鈥榠nter茅s general鈥 de los Estados miembros. Entre esos motivos est谩 luchar contra el fraude fiscal en los t茅rminos de la sentencia聽Cadbury Schweppes:聽no resulta il铆cito buscar un mejor entorno fiscal salvo que sea construyendo planificaciones artificiosas y sin un motivo econ贸mico v谩lido. Sin embargo, el equilibrio necesario entre derecho comunitario y lucha contra el fraude, en la actualidad y a ra铆z de la crisis de 2008, se est谩 decantando hacia un endurecimiento de los requisitos para la planificaci贸n fiscal v谩lida. En este sentido, destac贸 que se combate el fraude fiscal mediante mecanismos de car谩cter internacional, entre los destaca la BEPS en el seno de la OCDE y las actividades del G-20. Tambi茅n mediante la introducci贸n en el ordenamiento de un principio de prevenci贸n del incumplimiento normativo cuyo ejemplo puede ser la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El profesor Jorge Miquel moder贸 el debate.

imagen-7Carlos G贸rriz L贸pez y Jos茅 Antonio Fern谩ndez Amor

Denominaci贸n social: Res. DGRN 6 de septiembre de 2016

En la Resoluci贸n de la DGRN de 6 de septiembre de 2016 se valora si puede inscribirse la constitutici贸n de la sociedad “Forge Arquitectura, S.L.” El registrador lo deniega al no tratarse de una sociedad profesional pero incluir en su denominaci贸n referencia a una actividad profesional (arquitectura).
La DGRN confirma la decisi贸n pues la utilizaci贸n del t茅rmino “arquitectura” en la denominaci贸n, sin hacer la precisi贸n de que es de intermediaci贸n de actividades de arquitectura, puede generar confusi贸n.
Merece destacarse la exposici贸n sucinta del r茅gimen b谩sico de la denominaci贸n social:

Dicha denominaci贸n social responde a un principio general de libertad de elecci贸n, si bien sujeta a determinadas limitaciones y exigencias: de unidad (no es posible m谩s de una denominaci贸n por persona jur铆dica), de originalidad o especialidad (no puede ser id茅ntica a la de otra sociedad preexistente) y al de veracidad (no puede inducir a confusi贸n sobre la identidad o naturaleza de la sociedad).

Se basa en la doctrina que ya sentara la misma DGRN en su resoluci贸n de 23 de septiembre de 2015, adem谩s de en otras anteriores.

Distribuci贸n “just in time”: STS 593/2016

La STS 593/2016, de 5 de octubre, tiene por objeto un contrato de distribuci贸n just in time. Se caracteriza 鈥溾 por ser una modalidad del contrato de suministro funcionalmente vinculada al sistema de fabricaci贸n y comercializaci贸n del producto, de forma que el suministrador asume la obligaci贸n de entregar bienes y, en ocasiones, realizar servicios conexos, conforme a la solicitud del suministrado en un plazo breve de tiempo establecido por el contrato o por los usos mercantiles del sector.鈥

La cuesti贸n que se plantea en el caso es si, tras la resoluci贸n unilateral del contrato por el proveedor, el distribuidor estaba obligado a retirar y pagar el stock existente en las instalaciones de la contraparte. El problema con que se enfrenta el 煤ltimo, demandante en el caso, es que el contrato no preve铆a expresamente esa obligaci贸n, raz贸n por la cual el Tribunal Supremo se plantea si es 鈥渆sencial o natural en esta modalidad de contrato de suministro 鈥 o si por el contrario, esta obligaci贸n debe ser pactada expresamente por las partes, de forma que, a falta de dicho pacto, s贸lo pueda ser acordada en sede judicial como una obligaci贸n de resarcimiento de da帽os y perjuicios鈥︹.

El TS se pronuncia a favor de la segunda tesis: no es un elemento natural del contrato. Ahora bien, estima la demanda en virtud de la integraci贸n del contrato con el principio de buena fe. Tres circunstancias determinan que el proveedor pueda exigir esa obligaci贸n al distribuidor. En primer lugar, la larga duraci贸n del contrato (25 a帽os) fundada en la confianza rec铆proca. En segundo t茅rmino, exist铆a una situaci贸n de dependencia econ贸mica entre el suministrador y el suministrado, pues el primero hab铆a adecuado su organizaci贸n empresarial a las necesidades del 煤ltimo. Y tercero, el proveedor fabricaba el suministro directamente, sin recurso a terceros, y s贸lo pod铆a ser utilizado por el distribuidor, sin posibilidad de venta a otras empresas. Para finalizar cabe repetir que la soluci贸n de este caso viene condicionada por sus circunstancias; no es transplantable a cualquier contrato de distribuci贸n; ni siquiera just in time.

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