En marzo de 2016, el Grupo Informal de Expertos en Derecho de Sociedades (ICLEG, en su abreviatura en lengua inglesa) public贸 un informe sobre la Digitalizaci贸n del Derecho de Sociedades. En enero de 2015 la Comisi贸n hab铆a formalizado el encargo y en octubre del mismo a帽o alberg贸 una conferencia al respecto, en la que se destacaba las oportunidades que ofrece la digitalizaci贸n y la necesidad de no perder el tren del progreso tecnol贸gico.

El informe empieza con la introducci贸n preceptiva, en la que se destacan los aspectos relacionados con la digitalizaci贸n, los beneficios que puede generar y se dibuja el estado de la cuesti贸n. En esta primera parte el ICLEG destaca que los Estados miembros no est谩n sacando todo el provecho de la digitalizaci贸n y que sus aproximaciones var铆an considerablemente. As铆 sucede, por ejemplo, con la creaci贸n en l铆nea de compa帽铆as, la publicidad de la informaci贸n o la relaci贸n entre las compa帽铆as y los socios. No obstante, tambi茅n se reconoce que la transici贸n a la Era Digital tiene sus costes, tanto para el Estado (por ejemplo, la digitalizaci贸n del Registro Mercantil), como para las sociedades y sus miembros. En cuanto a las normas existentes, los expertos citan las Directivas 1999/93 (reemplazada por el Reglamento 910/2014), 2004/109 (modificada por la 2013/50), 2007/36 y 2009/101 (modificada por la 2012/17), as铆 como la propuesta de Directiva SUP.

La segunda parte contiene los principios generales en la materia. Son tres. En primer lugar, la digitalizaci贸n debe respetar y acomodarse a los diferentes modelos corporativos existentes en los Estados miembros. El segundo principio es la neutralidad tecnol贸gica. No obstante, el ICLEG defiende que, en caso de conflicto, debe darse preferencia a la tecnolog铆a abierta. El 煤ltimo principio es el de reconocimiento mutuo.

A continuaci贸n el informe examina la digitalizaci贸n en las comunicaciones entre las sociedades y las Administraciones p煤blicas. Comienza reconociendo la libertad que tienen los Estados miembros para dise帽ar su propio Derecho de sociedades. Ahora bien, es preciso que sus normas respeten y sean compatibles con las libertades comunitarias. De ah铆 que sea necesario asegurar la interrelaci贸n entre los sistemas jur铆dico-societarios de los Estados miembros. Por ejemplo, es imprescindible que la informaci贸n que las sociedades deben proporcionar en un Estado miembro sea accesible para los nacionales de todos los dem谩s pa铆ses que conforman la Uni贸n Europea. A continuaci贸n el Grupo de Expertos se refiere a los temas siguientes: formaci贸n en l铆nea de sociedades, creaci贸n de sucursales, publicidad de la informaci贸n y representaci贸n electr贸nica.

La parte cuarta se centra en el 谩mbito privado de las comunicaciones; es decir, las que median entre las sociedades y sus accionistas y los dem谩s interesados. El principio general debe ser el de libertad: deben poderse utilizar sistemas electr贸nicos para intercambiar informaci贸n y ejercer derechos, siempre que garanticen la identidad de los comunicantes y la integridad del mensaje. No obstante, podr谩 tomarse en cuenta la dimensi贸n de la sociedad para establecer normas especiales.

El ICLEG pasa revista a los 谩mbitos en los que la digitalizaci贸n tiene m谩s importancia y realiza diversas recomendaciones a la Comisi贸n. Por ejemplo, obligar a los Estados miembros a eliminar todas las trabas al uso de la tecnolog铆a digital, forzar a las sociedades a proporcionar determinada informaci贸n en su p谩gina web, o permitir que los socios elijan el modo de acceder a la informaci贸n de las compa帽铆as. El Grupo de Expertos formula algunas recomendaciones exclusivamente dirigidas a las sociedades cotizadas. Por ejemplo, plantea la posibilidad de prescindir de la celebraci贸n de una junta general cuando los accionistas as铆 lo acuerden o la necesidad de facilitar la representaci贸n de los socios.

El informe concluye con dos anexos. En el primero se pasa revista al estado de la digitalizaci贸n en los Derechos nacionales de sociedades. El segundo es un diagrama que ilustra la complejidad del voto transfronterizo.