1. La Comisi贸n se ha posicionado recientemente sobre las principales cuestiones de la econom铆a colaborativa. El 2 de junio de 2016 ha publicado un breve informe titulado A European agenda for the collaborative economy (COM(2016) 356 final) en el que aborda cinco problemas esenciales: el acceso al mercado, el r茅gimen de responsabilidad, la protecci贸n de los consumidores, la condici贸n de trabajador o aut贸nomo y la tributaci贸n.

Antes que nada, interesa comentar que la instituci贸n europea se muestra favorable a la econom铆a colaborativa. Los argumentos principales son que puede constituir un factor de crecimiento importante y contribuir a la creaci贸n de empleo. En particular, alude a un estudio del Servicio de Investigaci贸n del Parlamento Europeo que calcula que este nuevo fen贸meno puede aportar entre 160 y 572 billones de euros (The cost of non-Europe in the sharing economy. Economic, social and legal challenges and opportunities, EPRS, Enero de 2016; puede consultarse aqu铆). Adem谩s, ofrece otras ventajas, como la posibilidad de reducir costes, incrementar la oferta disponible para los consumidores o reducir el impacto medioambiental.

No obstante, existen tambi茅n riesgos que la Comisi贸n no menciona en esta ocasi贸n pero que son conocidos por todos. Por ejemplo, la deslealtad concurrencial cuando los prestados de servicios no cumplen los requisitos que la normativa exige a los competidores tradicionales; la posibilidad de evitar el pago de impuestos debido a la opacidad de la actividad; la diluci贸n de la protecci贸n del consumidor y de los trabajadores; o perjudicar el medio ambiente al incrementar su exposici贸n a la actividad empresarial

2. En el informe se define la econom铆a colaborativa como aquellos modelos de negocio en que las actividades son facilitadas por plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes o servicios prestado a menudo por particulares. En 茅l act煤an tres grupos de agentes: los proveedores de servicios, las plataformas colaborativas y los usuarios.

Resulta encomiable que la Comisi贸n haya proporcionado una definici贸n de econom铆a colaborativa. Mas no por ello debe estar ausente de cr铆tica. A bote pronto pueden hacerse dos objeciones. La primera es un cierto car谩cter tautol贸gico al incluir las plataformas 鈥渃olaborativas鈥 dentro de la definici贸n. Ser铆a necesario que precisara el significado de esta expresi贸n para salvar la cr铆tica. En segundo lugar, la alusi贸n al 鈥渕odelo de negocio鈥 y a la intermediaci贸n de las plataformas colaborativas genera la duda de si quedan excluidas las actividades que no tengan naturaleza empresarial. Es decir, cuando el 鈥減restador de servicio鈥 act煤a de forma puntual, sin organizaci贸n o 谩nimo de lucro.

Por otra parte, se plantea la cuesti贸n de si ser铆a necesario diferenciar el r茅gimen jur铆dico de la econom铆a colaborativa en funci贸n del uso que se d茅 a la tecnolog铆a, como han puesto de relieve opiniones autorizadas (Llobet, Gerard: 鈥淨u茅 no es econom铆a colaborativa y por qu茅 no nos deber铆a importar que no lo sea鈥, en Nada es Gratis, 12.5.2016). La raz贸n es que no se ve raz贸n para aplicar normas diferentes 鈥rectius, menos rigurosas- a las empresas de econom铆a colaborativa frente a las que prestan sus servicios por los c谩nones tradicionales. La mera utilizaci贸n de la tecnolog铆a digital no constituye justificaci贸n suficiente para proporcionar un trato de favor a las primeras. De ah铆 que, a mi modesto entender, resulte m谩s acertado establecer normas diferentes en funci贸n del uso que se haga de ella. Y para superar las dificultades que puede plantear el trazar la l铆nea divisoria, se podr铆an utilizar diversos umbrales como el volumen de negocios o los ingresos obtenidos (v茅ase la entrada del profesor Llobet referida)

3. Tras la introducci贸n, la publicaci贸n aborda los requisitos de acceso al mercado. Para ello diferencia los proveedores de servicios y las plataformas colaborativas; y respecto de los primeros, distingue entre los profesionales/empresarios y los particulares. La Comisi贸n reconoce que el Derecho europeo carece de un criterio definido y que los utilizados por los Estados miembros var铆an. Sin embargo, propone utilizar l铆menes sectoriales basados en el nivel de ingresos generados o en su regularidad.

El ordenamiento comunitario se muestra muy cr铆tico con las barreras de acceso al mercado. En el caso de los servicios, la Directiva 2006/123/CE establece unos requisitos severos: las condiciones de entrada no deben ser discriminatorias, deben estar justificadas por una raz贸n imperiosa de inter茅s general y no debe existir medidas menos restrictivas para conseguir los mismos objetivos (v茅ase los arts. 9 a 15). De ah铆 que la Comisi贸n invite a los Estados miembros a aprovechar la ocasi贸n que ofrece la necesidad de regular la econom铆a colaborativa para revisar los requisitos de acceso al mercado.

En cuanto a las plataformas colaborativas, no se le puede condicionar su entrada cuando ofrecen servicios de la sociedad de la informaci贸n; es decir, servicios prestados a cambio de una remuneraci贸n, a distancia, por v铆a electr贸nica y a petici贸n individual de un destinatario de servicios. La Comisi贸n fundamenta su afirmaci贸n en el art. 4 de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electr贸nico.

Art铆culo 4. Principio de no autorizaci贸n previa.- 1. Los Estados miembros dispondr谩n que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la informaci贸n no pueda someterse a autorizaci贸n previa ni a ning煤n otro requisito con efectos equivalentes.

2.聽Lo dispuesto en el apartado 1 no ir谩 en perjuicio de los reg铆menes de autorizaci贸n que no tengan por objeto espec铆fico y exclusivo los servicios de la sociedad de la informaci贸n, ni de los reg铆menes cubiertos por la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco com煤n en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el 谩mbito de los servicios de telecomunicaciones鈥

Sin embargo, la situaci贸n cambia cuando ofrecen otro tipo de servicios; es decir, cuando no se limitan a poner en contacto a los proveedores de servicios con los usuarios. La Comisi贸n est谩 pensando en el caso en que la plataforma colaborativa tiene el control o ejerce una influencia decisiva sobre la prestaci贸n subyacente que se ofrece a trav茅s suyo. Si detenta el control, pueden impon茅rsele requisitos de acceso al mercado; en particular, los mismos que al resto de los oferentes. Para dilucidar cu谩ndo se produce esta situaci贸n, la Comisi贸n ofrece tres criterios: qui茅n fija el precio a pagar, qui茅n fija las condiciones contractuales esenciales y qui茅n detenta la propiedad de los activos b谩sicos para la prestaci贸n del servicio.

La conclusi贸n que la Comisi贸n extrae es la siguiente:

Yet, generally speaking, the more collaborative platforms manage and organise the selection of the providers of the underlying services and the manner in which those underlying services are carried out 鈥 for example, by directly verifying and managing the quality of such services 鈥 the more apparent it becomes that the collaborative platform may have to be considered as also providing the underlying services itself.

4. El segundo extremo es la responsabilidad de las plataformas colaborativas. La Comisi贸n trae a colaci贸n la Directiva 2000/31/CE que exonera a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci贸n. Para ello es necesario que act煤en de forma t茅cnica, autom谩tica y pasiva (art铆culo 12 a 14). Ahora bien, como la propia Comisi贸n subraya, la excepci贸n se aplica exclusivamente al 谩mbito de la transmisi贸n de datos; no a otro tipo de servicios. De ah铆 que les recomiende que luchen contra el contenido ilegal e incrementen la confianza en el comercio electr贸nico.

5. Uno de los principales problemas que genera la econom铆a colaborativa es la diluci贸n de la distinci贸n entre profesional/empresario y consumidor. Es relevante porque de ella depende la aplicaci贸n de la normativa tuitiva de los usuarios y consumidores. El 贸rgano presidido por Jean-Claude Juncker explica que, en el marco de la econom铆a colaborativa, los Estados miembros han adoptado criterios diferentes para calificar al prestador de servicios como profesional/empresario o consumidor. Propone tres, ninguno de los cuales es decisivo: la frecuencia de los servicios, el 谩nimo de lucro y el volumen de negocios.

Con independencia de la aplicaci贸n de las leyes de defensa de los consumidores, en el informe se encarece a los prestadores de servicios y a las plataformas colaborativas a incrementar la confianza de los usuarios. Se alude a los sistemas de calificaci贸n en l铆nea, a los distintivos de calidad y a la necesidad de proteger los datos personales. Ahora bien, tambi茅n se advierte la necesidad de evitar cargas excesivas a las empresas; de ah铆 que se pida un especial esfuerzo para lograr un equilibrio entre los diversos intereses en juego.

6. La econom铆a colaborativa puede ser una fuente de empleo vital para la Uni贸n Europea. El problema que se plantea es su calidad: existe el temor de que convierta el trabajo estable en precario. El informe aborda esta cuesti贸n por medio de la distinci贸n entre el empleo dependiente y aut贸nomo, pues el primero disfruta de determinados derechos y libertades de los que carece el segundo. Eufem铆sticamente se alude a la flexibilizaci贸n del mercado laboral, a la diluci贸n de las fronteras entre trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, as铆 como al incremento de la temporalidad y de la parcialidad.

La Comisi贸n se niega a posicionarse sobre la relaci贸n entre las plataformas colaborativas y las personas que prestan los servicios. Considera que hay que proceder casu铆sticamente y prestar atenci贸n a las circunstancias de cada situaci贸n. No obstante, extrae tres criterios de la doctrina del TJUE sobre la definici贸n de trabajador. El primero es la existencia de una relaci贸n de subordinaci贸n. As铆 ocurre cuando el prestador del servicio act煤a bajo la direcci贸n de la plataforma, en el sentido de que 茅sta fija la actividad, la remuneraci贸n y las condiciones laborales. El segundo criterio es la naturaleza del trabajo: el prestador del servicio debe realizar una actividad con valor econ贸mico sustancial. No existe relaci贸n laboral si los servicios presentan car谩cter marginal y accesorio. Y tercero, la prestaci贸n del trabajador es remunerada; no puede consistir simplemente en la compensaci贸n o restituci贸n de los costes de su actividad.

A modo de conclusi贸n, la Comisi贸n pide a los Estados Miembros que valoren la adecuaci贸n de su Derecho laboral respecto de las necesidades de los trabajadores y de los aut贸nomos en el 谩mbito digital y del car谩cter innovador de la econom铆a colaborativa. Igualmente les ruega que proporcionen informaci贸n sobre la aplicaci贸n de sus normas laborales a esta nueva realidad.

7. La 煤ltima cuesti贸n que analiza el informe es la tributaci贸n de los servicios de la econom铆a colaborativa. Acertadamente, la Comisi贸n se hace eco de los principales problemas que se plantean: la identificaci贸n del sujeto pasivo y de la base imponible, la ausencia de informaci贸n sobre los servicios prestados, la aplicaci贸n de esquemas de ingenier铆a financiera y corporativa para eludir el pago de tributos, la existencia de diferencias sustanciales entre los ordenamientos nacionales y la insuficiencia de intercambio de informaci贸n. Invita a los Estados miembros a regular estas cuestiones de forma coherente, imponiendo obligaciones similares a actividades an谩logas y, sobre todo, reduciendo las cargas administrativas en general. Subraya la necesidad de proporcionar informaci贸n a todos los interesados. Igualmente, considera imperativo incrementar la transparencia y la claridad de las obligaciones tributarias. Por 煤ltimo, recomienda a las administraciones tributarias que aprovechen las oportunidades que la econom铆a colaborativa les ofrece; sobre todo la trazabilidad de los servicios y la posibilidad de colaboraci贸n de las plataformas digitales.